Director de Policía Fiscal señala problemas de falta de personal

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

18 de octubre del 2012

El Director de la Policía Fiscal, Luis Alonso Bonilla Guzmán junto a otros funcionarios comparecieron hoy ante la Comisión especial que analiza la situación de Puntarenas para referirse a las acciones emprendidas en contra de la evasión fiscal.

Dentro de su exposición el jerarca indicó que la dependencia solamente cuenta con 80 funcionarios de policía fiscal, de los cuales están asignados al área de inteligencia 12 funcionarios, 52 policías en labores operaciones, en el área de logística trabajan 8 y en la parte técnico-jurídico 5.

Sostuvo que del total de policías, 48 se encuentran asignado a los diferentes puesto de carretera con lo cual cada funcionario abarca 1065 km2 .

“Tenemos una gran responsabilidad a pesar de los escasos recursos y  muchas de las funciones no son especificas de nosotros sino de otras dependencias”, Director de la Policía Fiscal, Luis Alonso Bonilla Guzmán.

Asimismo se tienen asignados 24 oficiales en puestos de control que están distribuidos en el puerto de Caldera 2, 8 policías en Limón, en las frontera norte con 9 y la zona limítrofe del sur con 4.

Para el Director de la Policía Fiscal, la zona sur es una de las más complicadas  ya que no se cuenta con un almacén fiscal y por lo tanto todo lo que se decomise debe enviarse a Cartago o Caldera con un alto costo en transporte.

Igualmente resaltó que se negocia con los diferentes almacenes fiscales para que continúen recibiendo mercadería.

Dentro de los datos del trabajo realizados mencionó el aumento del decomiso de vehículos, en un 450% en el decomiso de textiles, 568% en aparatos eléctricos, 1223% en artículos personales , 898% en calzado, 3500% en accesorios para celular, 223% en licor.

Como ejemplo indicó con satisfacción que la Sala III acaba de ratificar una condena contra una banda que trasegaban licor en la zona sur y los condeno al pagó de 15 millones de colones como acción civil resarcitoria.

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