Factoreo beneficiaría las transacciones financieras y comerciales

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de julio del 2015 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos recibieron en audiencia a los miembros de la Cámara de Factoreo para que se refirieran al expediente N° 19072 Ley marco del contrato de factoreo.

Fredy Mayorga, Secretario de la Cámara explicó que el tema es necesario para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, pero que el texto en discusión debería ser más amplio por lo que proponen un texto sustitutivo.

El factoreo es una operación que instrumenta la prestación de una serie de servicios de la entidad financiera o empresa especializada a un cliente, vinculados con la atención financiera, administrativa y contable de su cartera de créditos, por un precio previamente estipulado. En nuestro país, normalmente combina el descuento de facturas y créditos con el servicio de cobro de ellas, lo cual permite a las empresas enfrentar la agresiva competencia y asegurar su permanencia en el mercado, sin necesidad de invertir grandes cantidad de recursos en el manejo de la cartera crediticia.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el contrato de factoreo es un instrumento esencial y optativo más de financiamiento, porque permite la administración eficiente de la cartera de cuentas por cobrar.

Mayorga señaló que esta propuesta que inició con factura cambiaria pretende también que la actividad de descuentos se realice de manera electrónica.

En esta ley introduce el concepto de factura cambiaria que consiste en emitir la factura original por duplicado, con el fin de que el segundo original, denominado factura cambiaria, sea objeto de negociación. Esto se justifica por el hecho de que una de las situaciones que más dificultades ha generado en la práctica, es la inseguridad jurídica en que se encuentran las empresas de factoreo para ser reconocidas por terceros, como legítimos titulares de los créditos que le son traspasados por sus clientes.

La iniciativa establece además el concepto de factura electrónica que será un documento comercial con efectos jurídicos y tributarios, expresados y transmitidos en un formato electrónico, debidamente autorizado por la Administración Tributaria. Deberá formalizarse un documento en el cual se endosa la factura donde consten las respectivas firmas digitales de los contratantes, y se notificará al deudor de la obligación.

El proyecto de ley “prohíbe todo acuerdo, estipulación o actuación de cualquier naturaleza que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de un crédito que consta en una factura.

También se prohíbe la retención, destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia cedible de una factura, así como su respectivo recibo y la negativa de entregarlo. En este supuesto se impondrá la sanción contenida en el delito de supresión, ocultación y destrucción de documentos”.

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