Fortalecen protección legal y adminsitrativa de personas menores de edad

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

26 de enero del 2016 – Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, dictaminaron en forma positiva, el expediente 19248 Reforma de los epígrafes de la sección I del título III de los artículos 162, 168, 244 y otros del Código Penal para fortalecer la protección legal y administrativa de las personas menores de edad en situaciones de violencia intrafamiliar y de género.

Dentro de las reformas planteadas de la iniciativa, se establece una pena de prisión de tres a ocho años a quien mantenga o promueva la corrupción de una persona menor de edad o incapaz, ejecutando o haciendo a esa persona ejecutar a otro u otros actos sexuales con fines perversos, pornográficos u obscenos.

La misma pena se impondrá a quien utilice a personas menores de edad o incapaces en exhibiciones o espectáculos, públicos o privados, de tal índole.

Así mismo se establece la pena de cuatro a diez años de prisión, si el actor, utilizando las redes sociales o cualquier otro medio informático o telemático, u otro medio de comunicación, busca encuentros de carácter sexual para sí, para otro o para grupos, con una persona menor de edad o incapaz; utiliza a estas personas para promover la corrupción o las obliga a realizar actos sexuales de naturaleza perversa, pornográfica u obscena.

También será reprimido con prisión de uno a tres años a quien, por cualquier medio, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de edad o incapaz.

El proyecto de ley establece además prisión de uno a cuatro años a quien, con ánimo de lucro y abusando de las necesidades o inexperiencia de una persona menor de edad o de una persona con deficiencias en su capacidad cognoscitiva o volitiva, la induzca a realizar un acto que importe efectos jurídicos perjudiciales a ella o para un tercero.

Otras de las penas propuestas en el plan es de cinco a ocho años de prisión cuando la persona ofendida sea menor de trece años, el autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima, el autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima, sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima, o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima.

Finalmente será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo.

El proyecto pasará a ocupar un lugar dentro de la agenda del Plenario Legislativo.

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