Castigarán el cohecho en funcionarios públicos

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de mayo del 2017 – Los diputados aprobaron en segundo debate y de forma unánime, el expediente 20120 Aprobación del Canje de Notas entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) Constitutivo para la adhesión a la Convención para combatir el cohecho en servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

Según el convenio, el cohecho es un fenómeno ampliamente generalizado en transacciones comerciales internacionales, incluyendo comercio e inversiones, lo cual plantea serios problemas morales y políticos, minimiza la buena gobernanza y el desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales;

Se considera que todos los países comparten la responsabilidad de combatir el cohecho en transacciones comerciales internacionales; es por ello que cada una de las partes tomará aquellas medidas que se requiera para tipificar que, de conformidad con sus leyes, es un delito penal que una persona deliberadamente ofrezca, prometa u otorgue alguna ventaja pecuniaria o cualquier otra ventaja indebida, a un servidor público extranjero.

Ya sea de forma directa o por medio de intermediarios, para beneficio de ese funcionario o para un tercero, con el objeto de que ese servidor actúe o se abstenga de actuar en relación con el cumplimiento de sus deberes oficiales, a fin de obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida en la conducción de negocios internacionales.

El proyecto establece además que cada una de las partes adoptará las medidas necesarias para establecer que la complicidad, incluyendo incitación, ayuda e instigación o autorización de un acto de cohecho de un servidor público extranjero será considerados delitos penales.

La tentativa y conspiración para sobornar a un servidor público extranjero constituirán delitos penales en la misma medida que lo son la tentativa y la conspiración para sobornar a un servidor público de esa Parte.

Para efectos de la convención se considera “servidor público extranjero” a toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea nombrado o electo; toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluyendo para una entidad pública o para una empresa pública; y todo funcionario o representante de un organismo público internacional.

El plan establece que el cohecho de un servidor público extranjero deberá ser castigable con sanciones penales efectivas, proporcionales y disuasivas. El rango de sanciones será comparable al aplicable al cohecho de servidores públicos propios de la parte y en el caso de personas físicas, deberá incluir privación de libertad suficiente para permitir asistencia jurídica recíproca y extradición.

En caso de que, bajo el sistema legal de una de las Partes, la responsabilidad penal no sea aplicable a las personas jurídicas, dicha Parte deberá garantizar que las personas jurídicas estarán sujetas a sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas no penales, incluyendo sanciones monetarias, por cohecho de servidores públicos extranjeros.

Fuente: Asamblea Legislativa.