Reformas a Constitución Política y Código Electoral: Atinadas y oportunas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de mayo del 2017 – El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí manifestó que la pérdida de credencial de los diputados es oportuna pero solicitó mejorar el procedimiento para llegar a una sanción proponiendo la reforma del artículo 262 del Código Electoral.

El proyecto de ley pretende reformar el artículo 112 de la Constitución Política y en criterio de Chinchilla Sandí la misma es oportuna, atinada y con buen contenido.

El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia compareció en la Comisión Especial que actualmente se encuentra analizando la reforma constitucional, donde el diputado perdería su credencial por violación al principio de probidad.

Agregó la existencia de una laguna o un vacío de regulación con respecto a incluir el deber de probidad como causal para la perdida de credencial del diputado, por ello la reforma constitucional es esencial y es básica.

“Sin esa reforma no es posible hacer ninguna sanción tal y como indicó la Sala Constitucional, lo que si se podría mejorar es el procedimiento para llegar a una sanción, es necesario que el artículo 262 del Código Electoral sea remozado, ampliado y darle un contenido importante”, explicó el Magistrado.

“Los vacíos que tiene el artículo 262 del Código Electoral son determinaciones, plazos y términos, me parece una regulación más cercana al debido proceso y aspectos propios de lo que es un procedimiento normal, no tiene que ser tan extenso pero si por lo menos principios básicos para hablar del debido proceso”, comentó.

Según la iniciativa en el año 2008, mediante voto 18564, la Sala Constitucional se pronunció sobre el vacío procedimental existente para sancionar a un diputado o diputada por violación al principio de probidad, declaró la incompetencia del Tribunal Supremo de Elecciones para esos efectos y designó al mismo Plenario Legislativo como el órgano responsable de establecer el procedimiento necesario para imponer la sanción que resulte pertinente a un diputado o diputada por haber violado el deber de probidad.

A pesar de que dicho vacío procedimental se intentó subsanar en el año 2009, mediante las competencias y procedimientos que el artículo 262 del nuevo Código Electoral le otorga al Tribunal Supremo de Elecciones.

En el 2010, mediante voto 11352, la Sala Constitucional declara que existe reserva constitucional en cuanto al establecimiento de las causales de pérdida de credencial de las diputadas y los diputados, por lo que la ley ordinaria no es la vía para establecer este tipo de sanciones a las y los diputados.

Actualmente existe un procedimiento y un órgano competente para sancionar la violación al deber de probidad por parte de los legisladores -el Tribunal Supremo de Elecciones-, pero en la Constitución Política no se establece que la violación al deber de probidad sea una casual para que un diputado o diputada pierda su credencial .

Fuente: Asamblea Legislativa.