Convención contra la Tortura
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES,
SUSCRITO EN NUEVA YORK, EL 4 DE FEBRERO DE 1985
ARTICULO 1.- Apruébase la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, suscrita en Nueva York el 4 de febrero de 1985,
cuyo texto es el siguiente:
"CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES,
SUSCRITO EN NUEVA YORK, EL 4 DE FEBRERO DE 1985
(Aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1984)
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de
las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y
la paz en el mundo,
Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona
humana,
Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en
particular del artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de
los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman
que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la protección de todas las personas
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada
por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975,
Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes en todo el mundo,
Han Convenido en lo siguiente:
PARTE I
ARTICULO 1
1.- A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura"
todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales , con el fin de obtener de ella o de un tercero
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones
publicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones
legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
2.- El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento
internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones
de mayor alcance.
ARTICULO 2
1.- Todo Estado Parte tomará medidas legislativas administrativas, judiciales
o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que
esté bajo su jurisdicción. 2.- En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales
tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna
o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.
3.- No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad
pública como justificación de la tortura.
ARTICULO 3
1.- Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de
una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en
peligro de ser sometida a tortura.
2.- A los efectos de determinar si existen esas razones las autoridades competentes
tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda,
la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones
manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.
ARTICULO 4
1.- Todo Estado Parte velará porque todos los actos de tortura constituyan delitos
conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer
tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación
en la tortura.
2.- Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se
tenga en cuenta su gravedad.
ARTICULO 5
1.- Todo Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su
jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el
artículo 4 en los siguientes casos:
a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción
o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado.
b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado. c) Cuando la víctima
sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado.
2.- Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer
su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente
se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda
la extradición, con arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en
el párrafo 1 del presente artículo.
3.- La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de
conformidad con las leyes nacionales.
ARTICULO 6
1.- Todo Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se
supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el
artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias
lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas
para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad
con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario
a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.
2.- Tal Estado procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los
hechos.
3.- La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo
tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante
correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si
se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.
4.- Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona,
notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a
los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 5. El Estado que
proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2 del presente artículo
comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará
si se propone ejercer su jurisdicción.
ARTICULO 7
1.- El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona
de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia
en el artículo 4, en los supuestos previstos en el artículo 5, si no procede a su
extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.
2.- Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las
aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de
tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2 del artículo 5, el nivel de las
pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo alguno menos
estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1 del artículo
5. 3.- Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados
en el artículo 4 recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento.
ARTICULO 8
1.- Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 se considerán
incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición
celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir dichos
delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre
sí en el futuro.
2.- Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado,
si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud
de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria
para la extradición referente a tales delitos. La extradición estará sujeta a las
demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.
3.- Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un
tratado reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva
de las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.
4.- A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los
delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también
en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo
con el párrafo 1 del artículo 5.
ARTICULO 9
1.- Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta
a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo
4, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren
en su poder.
2.- Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud
del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial
mutuo que existan entre ellos.
ARTICULO 10
1.- Todo Estado Parte velará porque se incluyan una educación y una información
completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal
encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal médico,
de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia,
el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma
de arresto, detención o prisión.
2.- Todo Estado Parte incluirá esta prohibición en las normas o instrucciones
que se publiquen en relación con los deberes y funciones de esas personas.
ARTICULO 11
Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen las normas e instrucciones,
métodos y prácticas de interrogatorio, así como las disposiciones para la custodia
y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención
o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar
todo caso de tortura.
ARTICULO 12
Todo Estado Parte velará porque, siempre que haya motivos razonables para
creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades
competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.
ARTICULO 13
Todo Estado Parte velará porque toda persona que alegue haber sido sometida
a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar
una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades
competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los
testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de
la queja o del testimonio prestado.
ARTICULO 14
1.- Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima
de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada,
incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de
muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo
tendrán derecho a indemnización.
2.- Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho
de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a
las leyes nacionales.
ARTICULO 15
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre
que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún
procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba de
que se ha formulado la declaración.
ARTICULO 16
1.- Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio
bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1,
cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe
en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento
o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las
obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias
a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes.
2.- La presente Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otros
instrumentos internacionales o leyes nacionales que prohíban los tratos y las penas
crueles, inhumanos o degradantes o que se refieran a la extradición o expulsión.
PARTE II
ARTICULO 17
1.- Se constituirá un Comité contra la Tortura (denominado en adelante
el Comité), el cual desempeñará las funciones que se señalan más adelante. El Comité
estará compuesto de diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia
en materia de derechos humanos, que ejercerán sus funciones a título personal.
Los expertos serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distribución
geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas personas que
tengan experiencia jurídica.
2.- Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de
personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá
designar una persona entre sus propios nacionales. Los Estados Partes tendrán presente
la utilidad de designar personas que sean también miembros del Comité de Derechos
Humanos establecido con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y que estén dispuestas a prestar servicio en el Comité contra la Tortura.
3.- Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones bienales de los Estados
Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas.
En estas reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los Estados
Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor
número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los
Estados Partes presentes y votantes.
4.- La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha
de entrada en vigor de la presente Convención. Al menos cuatro meses antes de la
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una
carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candidaturas en un plazo
de tres meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de
todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las
han designado, y la comunicará a los Estados Partes. 5.- Los miembros del Comité
serán elegidos por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su
candidatura. No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección,
el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente
artículo designará por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
6.- Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otra causa no puede
ya desempeñar sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó su candidatura
designará entre sus nacionales a otro experto para que desempeñe sus funciones durante
el resto de su mandato, a reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados
Partes. Se considerará otorgada dicha aprobación a menos que la mitad o más de los
Estados Partes respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a contar
del momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas les comunique la
candidatura propuesta.
7.- Los Estados Partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras
éstos desempeñen sus funciones.
ARTICULO 18
1.- El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. Los miembros de la
Mesa podrán ser reelegidos.
2.- El Comité establecerá su propio reglamento, en el cual se dispondrá, entre
otras cosas, que:
a) Seis miembros constituirán quórum.
b) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros
presentes.
3.- El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y
los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en
virtud de la presente Convención.
4.- El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la primera reunión
del Comité. Después de su primera reunión, el Comité se reunirá en las ocasiones
que se prevean en su reglamento.
5.- Los Estados Partes serán responsables de los gastos que se efectúen en relación
con la celebración de reuniones de los Estados Partes y del Comité, incluyendo el
reembolso a las Naciones Unidas de cualesquiera gastos, tales como los de personal
y los de servicios, que hagan las Naciones Unidas conforme el párrafo 3 del presente
artículo.
ARTICULO 19
1.- Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General
de las Naciones Unidas, los informes relativos a las medidas que hayan adoptado
para dar efectividad a los compromisos que han contraído en virtud de la presente
Convención, dentro del plazo del año siguiente a la entrada en vigor de la Convención
en lo que respecta al Estado Parte interesado. A partir de entonces, los Estados
Partes presentarán informes suplementarios cada cuatro años sobre cualquier nueva
disposición que se haya adoptado, así como los demás informes que solicite el Comité.
2.- El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes a todos
los Estados Partes.
3.- Todo informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer los comentarios
generales que considere oportunos y los transmitirá al Estado Parte interesado.
El Estado Parte podrá responder al Comité con las observaciones que desee formular.
4.- El Comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier
comentario que haya formulado de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo,
junto con las observaciones al respecto recibidas del Estado Parte interesado, en
su informe anual presentado de conformidad con el artículo 24. Si lo solicitara
el Estado Parte Interesado, el Comité podrá también incluir copia del informe presentado
en virtud del párrafo 1 del presente artículo.
ARTICULO 20
1.- El Comité, si recibe información fiable que a su juicio parezca indicar
de forma fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio
de un Estado Parte, invitará a ese Estado Parte a cooperar en el examen de la información
y a tal fin presentar observaciones con respecto a la información de que se trate.
2.- Teniendo en cuenta todas las observaciones que haya presentado el Estado
Parte de que se trate, así como cualquier otra información pertinente de que disponga,
el Comité podrá, si decide que ello está justificado, designar a uno o varios de
sus miembros para que procedan a una investigación confidencial e informen urgentemente
al Comité. 3.- Si se hace una investigación conforme al párrafo 2 del presente artículo,
el Comité recabará la cooperación del Estado Parte de que se trate. De acuerdo con
ese Estado Parte, tal investigación podrá incluir una visita a su territorio.
4.- Después de examinar las conclusiones presentadas por el miembro o miembros
conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité transmitirá las conclusiones
al Estado Parte de que se trate, junto con las observaciones o sugerencias que estime
pertinentes en vista de la situación.
5.- Todas las actuaciones del Comité a las que se hace referencia en los párrafos
1 a 4 del presente artículo serán confidenciales y se recabará la cooperación del
Estado Parte en todas las etapas de las actuaciones. Cuando se hayan concluido actuaciones
relacionadas con una investigación hecha conforme al párrafo 2, el Comité podrá,
tras celebrar consultas con el Estado Parte Interesado, tomar la decisión de incluir
un resumen de los resultados de la investigación en el informe anual que presente
conforme al artículo 24.
ARTICULO 21
1.- Con arreglo al presente artículo, todo Estado Parte en la presente
Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité
para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro
Estado Parte no cumple las obligaciones que le impone la Convención.
Dichas comunicaciones sólo se podrán admitir y examinar conforme al procedimiento
establecido en este artículo si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho
una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del
Comité. El Comité no tramitará de conformidad con este artículo ninguna comunicación
relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.
Las comunicaciones recibidas en virtud del presente artículo se tramitarán de
conformidad con el procedimiento siguiente:
a) Si un Estado Parte considera que otro Estado Parte no cumple las disposiciones
de la presente Convención podrá señalar el asunto a la atención de dicho Estado
mediante una comunicación escrita. Dentro de un plazo de tres meses, contado desde
la fecha de recibo de la comunicación, el Estado destinatario proporcionará al Estado
que haya enviado la comunicación una explicación o cualquier otra declaración por
escrito que aclare el asunto, la cual hará referencia, hasta donde sea posible y
pertinente, a los procedimientos nacionales y a los recursos adoptados, en trámite
o que puedan utilizarse al respecto. b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción
de los dos Estados Partes interesados en un plazo de seis meses contado desde la
fecha en que el Estado destinatario haya recibido la primera comunicación, cualquiera
de ambos Estados Partes interesados tendrá derecho a someterlo al Comité, mediante
notificación dirigida al Comité y al otro Estado.
c) El Comité conocerá de todo asunto que se le someta en virtud del presente
artículo después de haberse cerciorado de que se han interpuesto y agotado en tal
asunto todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer, de
conformidad con los principios del derecho internacional generalmente admitidos.
No se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se
prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la situación
de la persona que sea víctima de la violación de la presente Convención.
d) El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones
previstas en el presente artículo.
e) A reserva de las disposiciones del apartado c), el Comité pondrá sus buenos
oficios a disposición de los Estados Partes interesados a fin de llegar a una solución
amistosa del asunto, fundada en el respeto de las obligaciones establecidas en la
presente Convención. A tal efecto, el Comité podrá designar, cuando proceda, una
comisión especial de conciliación.
f) En todo asunto que se le someta en virtud del presente artículo, el Comité
podrá pedir a los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado
b) que faciliten cualquier información pertinente.
g) Los Estados Partes interesados a que se hace referencia en el apartado b)
tendrán derecho a estar representados cuando el asunto se examine en el Comité y
a presentar exposiciones verbalmente, o por escrito, o de ambas maneras.
h) El Comité, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recibo de la
notificación mencionada en el apartado b), presentará un informe en el cual:
i) Si se ha llegado a una solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado
e), se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución alcanzada.
ii) Si no se ha llegado a ninguna solución con arreglo a lo dispuesto en el apartado
e), se limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones
escritas y las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados Partes
interesados. En cada asunto, se enviará el informe a los Estados Partes interesados.
2.- Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados
Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia
en el párrafo 1 de este artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los
Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá
copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse
en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro
no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación
ya transmitida en virtud de este artículo, no se admitirá en virtud de este artículo
ninguna nueva comunicación de un Estado Parte una vez que el Secretario General
haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado
Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
ARTICULO 22
1.- Todo Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento,
de conformidad con el presente artículo, que reconoce la competencia del Comité
para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su
jurisdicción, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado
Parte de las disposiciones de la Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación
relativa a un Estado Parte que no haya hecho esa declaración.
2.- El Comité considerará inadmisible toda comunicación recibida de conformidad
con el presente artículo que sea anónima, o que, a su juicio, constituya un abuso
del derecho de presentar dichas comunicaciones, o que sea incompatible con las disposiciones
de la presente Convención.
3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, el Comité señalará las comunicaciones
que se le presenten de conformidad con este artículo a la atención del Estado Parte
en la presente Convención que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1 y
respecto del cual se alegue que ha violado cualquier disposición de la Convención.
Dentro de un plazo de seis meses, el Estado destinatario proporcionará al Comité
explicaciones o declaraciones por escrito que aclaren el asunto y expongan, en su
caso, la medida correctiva que ese Estado haya adoptado.
4.- El Comité examinará las comunicaciones recibidas de conformidad con el presente
artículo, a la luz de toda la información puesta a su disposición por la persona
de que se trate, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado.
5.- El Comité no examinará ninguna comunicación de una persona, presentada de
conformidad con este artículo, a menos que se haya cerciorado de que:
a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo examinada según otro procedimiento
de investigación o solución internacional.
b) La persona ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que
se pueda disponer; no se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados
recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente
la situación de la persona que sea víctima de la violación de la presente Convención.
6.- El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones
previstas en el presente artículo.
7.- El Comité comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona
de que se trate.
8.- Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados
Partes en la presente Convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia
en el párrafo 1 de este artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los
Estados Partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá
copia de las mismas a los demás Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse
en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro
no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación
ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo
ninguna nueva comunicación de una persona, o hecha en su nombre, una vez que el
Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a
menos que el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración.
ARTICULO 23
Los miembros del Comité y los miembros de las comisiones especiales de
conciliación designados conforme el apartado e) del párrafo 1 del artículo 21 tendrán
derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos
que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en
las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de
las Naciones Unidas.
ARTICULO 24
El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente
Convención a los Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
PARTE III
ARTICULO 25
1.- La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados.
2.- La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 26
La presente Convención está abierta a la adhesión de todos los Estados.
La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder
del Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 27
1.- La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2.- Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión,
la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
ARTICULO 28
1.- Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma o ratificación
de la presente Convención o de la adhesión a ella, que no reconoce la competencia
del Comité según se establece en el artículo 20.
2.- Todo Estado Parte que haya formulado una reserva de conformidad con el párrafo
1 del presente artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en cualquier momento
mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 29
1.- Todo Estado Parte en la presente Convención podrá proponer una enmienda
y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le
notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes
a la fecha de esa notificación un tercio al menos de los Estados Partes se declara
a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia con
los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados
Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General
a todos los Estados Partes para su aceptación.
2.- Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo
entrará en vigor cuando dos tercios de los Estados Partes en la presente Convención
hayan notificado al Secretario General de las Naciones Unidas que la han aceptado
de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
3.- Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados
Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados
por las disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que
hayan aceptado.
ARTICULO 30
1.- Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto
a la interpretación o aplicación de la presente Convención, que no puedan solucionarse
mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos. Si
en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud
de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo,
cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional
de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de
la Corte.
2.- Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención
o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el
párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por
dicho párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado dicha reserva.
3.- Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario
General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 31
1.- Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación
hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas.
La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación
haya sido recibida por el Secretario General.
2.- Dicha denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le impone
la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la
fecha en que haya surtido efecto la denuncia, ni la denuncia entrañará tampoco la
suspensión del examen de cualquier asunto que el Comité haya empezado a examinar
antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.
3.- A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia de un Estado Parte,
el Comité no iniciará el examen de ningún nuevo asunto referente a ese Estado.
ARTICULO 32
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados que hayan firmado la presente
Convención o se hayan adherido a ella:
a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones con arreglo a los artículos 25 y 26.
b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arreglo al artículo
27, y la fecha de entrada de vigor de las enmiendas con arreglo al artículo 29.
c) Las denuncias con arreglo al artículo 31.
ARTICULO 33
1.- La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
2.- El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas
de la presente Convención a todos los Estados."
ARTICULO 2.- Rige a partir de su publicación.
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