Decreto Ejecutivo No. 25038-H
El Primer Vice-Presidente de la República en ejercicio de la Presidencia y el Ministro
de Hacienda
En ejercicio de las facultades que les confieren el artículo 140, incisos 3) y 18)
de la Constitución Política y la Ley 7494 de 2 de mayo de 1995,
Decretan:
El siguiente:
REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Capítulo I
Cobertura y régimen jurídico
1. Cobertura.-
1.1 Las presentes disposiciones regulan la actividad de contratación administrativa
de los siguientes órganos y entes:
1.1.1 Los Ministerios y órganos adscritos del Gobierno Central.
1.1.2 El Poder Legislativo.
1.1.3 El Poder Judicial.
1.1.4 El Tribunal Supremo de Elecciones.
1.1.5 La Contraloría General de la República.
1.1.6 La Defensoría de los Habitantes.
1.1.7 Las instituciones descentralizadas.
1.1.8 Las municipalidades.
1.1.9 Los entes públicos no estatales.
1.1.10 Las empresas públicas cuyo capital social pertenezca en un 50% o más al Estado
o a otro ente público.
1.2 Quedan además vinculados por los principios del presente Reglamento, la actividad
contractual financiada total o parcialmente con recursos públicos, independientemente
de la naturaleza jurídica de la persona que se trate.
1.3 Cuando en la presente reglamentación se utilice el término Administración, se
entenderá que se hace referencia a los sujetos que deben someter su actividad contractual
a los preceptos de la Ley de Contratación Administrativa, independientemente de
la circunstancia que en sentido estricto no formen parte de la Administración Pública.
2.- Régimen jurídico
2.1 La actividad de contratación administrativa se rige por las normas y principios
del ordenamiento jurídico administrativo.
2.2 Los distintos componentes de este ordenamiento se aplicarán en el siguiente
orden:
2.2.1 Constitución Política
2.2.2 Instrumentos Internacionales en materia de contratación administrativa vigentes
en Costa Rica.
2.2.3 Ley de Contratación Administrativa, Ley General de la Administración Pública,
leyes especiales en materia de concesión de obra pública, concesión de servicios
públicos y concesión de instalaciones públicas, Ley de Administración Financiera,
y demás regulaciones legislativas relacionadas con la materia de contratación administrativa.
2.2.4 Reglamento General de Contratación Administrativa, Reglamento de reajustes
y revisión de precios, Reglamento de concesión de obra pública, Reglamento de concesión
de gestión de servicios públicos, Reglamento de la Proveeduría Nacional y Proveedurías
ministeriales, otras reglamentaciones sobre la materia con rango de Decreto Ejecutivo.
2.2.5 Reglamentos Institucionales de Contratación Administrativa, Reglamentos institucionales
de proveedurías y otras normas de rango reglamentario institucional.
2.2.6 El cartel o el pliego de condiciones.
2.3 Solamente en ausencia de disposición expresa de estos cuerpos normativos, se
podrá aplicar las disposiciones pertinentes del derecho privado. Cuando se utilice
alguna de las figuras contractuales privadas, se entenderá que se hace con un sentido
instrumental, prevaleciendo en todo caso, la regulación de derecho público en lo
que concierne la formación de la voluntad administrativa, y el respeto de los principios
y procedimientos propios de la contratación administrativa.
2.4 No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Reglamento en forma
alguna que limite las facultades de fiscalización superior de la hacienda pública
que constitucional y legalmente competen a la Contraloría General.-
3.- Régimen de nulidades
Las normas y principios consagrados en la Ley General de la Administración Pública
respecto de la validez de la actividad administrativa, se aplicarán en toda su extensión
en la valoración de los actos de los procedimientos de contratación administrativa.
En la apreciación de la conformidad con el ordenamiento jurídico de la actividad
de contratación y las actuaciones de las partes, tanto la Administración como la
Contraloría General, estarán vinculadas por los principios de conservación e informalismo.
Capítulo II
Principios generales de los procedimientos de contratación administrativa
4.- Principio de eficiencia
4.1 En virtud del principio de eficiencia, el fin primordial de los procedimientos
de contratación administrativa es la selección de la oferta más conveniente a la
satisfacción del interés general.
4.2 Toda norma procedimental en materia de contratación administrativa debe interpretarse
en concordancia con el principio de eficiencia, de modo que en todo momento se favorecerá
la conservación de los actos de las partes y se procurará facilitar las condiciones
para la adopción de la decisión final.
4.3 En todo caso prevalecerá el contenido sobre la forma y no podrá deducirse de
la voluntad de las partes, salvo evidente prueba en contrario, la intención de apartarse
de las regulaciones normativas y las condiciones fijadas por la Administración en
el cartel o en el pliego de condiciones.
4.4 Todo defecto u omisión contenido en las ofertas, podrá ser subsanado, en la
medida que no implique modificación del precio, objeto y condiciones ofrecidos y
no se vulneren los principios generales desarrollados en este capítulo. Interpretación
conforme a la Constitución por Resolución 565-I-98: "La posibilidad de subsanar
vicios formales contenida en el artículo 4.4, resulta posible únicamente en tanto
no se refiera a requisitos formales que afecten los contenidos fundamentales o esenciales
de la oferta".
5.- Principio de igualdad y libre competencia
5.1 La Administración garantiza la igualdad de participación de todos los potenciales
oferentes en los procedimientos de contratación. Con las salvedades que indica esta
sección, no podrá introducirse en las condiciones del concurso ni en los parámetros
de calificación, ninguna disposición que coloque a alguna parte en posición de ventaja
respecto de otros competidores.
5.2 Como corolario del principio de igualdad, el principio de libre competencia
entre los oferentes implicará la imposibilidad de introducir en las condiciones
de los concursos cláusulas limitativas de la participación, más allá de las estrictamente
derivadas de las especificaciones técnicas propias del bien o servicio por adquirir.
5.3 El principio de reciprocidad impide a los oferentes extranjeros la obtención
de ventajas de participación que los oferentes nacionales no tienen en su país de
origen. Para acreditar el cumplimiento del principio de reciprocidad, la Administración
podrá solicitar como condición para participar en un concurso, la demostración de
los aspectos que considere pertinentes.
6.- Principio de publicidad
6.1 El principio de publicidad de los procedimientos de contratación administrativa
tiene las siguientes manifestaciones:
6.1.1. El inicio de todo procedimiento debe darse a conocer de conformidad con las
reglas que corresponden a su naturaleza. De esta forma, en los procedimientos de
licitación pública, a través de publicación, en los procedimientos de licitación
por registro, a través de la invitación a los proveedores acreditados, salvo aquellos
casos en que se permite la comunicación por publicación, y en la licitación restringida,
mediante la comunicación respectiva.
6.1.2. Una vez adoptada la decisión de contratar, toda persona tendrá acceso al
expediente levantado al efecto, sus anexos y estudios complementarios.
6.1.3. Todo interesado en participar podrá obtener de las oficinas correspondientes
la información relacionada con los recursos presupuestarios que dan sustento al
concurso.
6.1.4. Las partes interesadas podrán tener acceso a los estudios técnicos de las
ofertas elaborados por la Administración, salvo en aquellos casos en que esto pueda
colocar a alguno de los oferentes en situación de ventaja. Para hacer valer esta
excepción, la Administración deberá adoptar un acto debidamente motivado.
6.1.5. Quedan excluidos del acceso de las partes y el público en general, los documentos
confidenciales de los oferentes aportados con la única finalidad de acreditar requerimientos
particulares de la Administración solicitados con el propósito de establecer su
idoneidad. Para considerar de tal naturaleza alguna información suministrada por
los oferentes, deberá hacerse la indicación correspondiente en las condiciones del
concurso.
7. Publicidad del programa de adquisiciones
7.1 Por medio de la publicación del programa de adquisiciones, la Administración
dará a conocer a todos los potenciales oferentes, sus necesidades de contratación
durante un período presupuestario determinado.
7.2 El programa de adquisiciones deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta
durante el primer mes de cada período presupuestario, y deberá estar a disposición
de los interesados en cualquier momento que lo soliciten.
7.3 La Administración procurará incluir en el programa de adquisiciones al menos
la siguiente información:
7.3.1. Tipo de bien, servicio u obra por contratar.
7.3.2. Proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación.
7.3.3. Monto estimado de la contratación.
7.3.4. Período estimado del inicio de los procedimientos de contratación.
7.3.5. Fuente de financiamiento.
7.3.6. Cualquier otra información complementaria que contribuya a la identificación
del bien o servicio.
7.4 Cuando en una institución existan diversas áreas con sistemas de aprovisionamiento
independientes, podrá publicarse un programa de adquisiciones por cada una de éstas.
7.5 El programa de adquisiciones podrá ser modificado cuando surja una necesidad
administrativa no prevista, pero para surtir efectos, deberá publicarse el cambio
en el Diario Oficial La Gaceta, antes del inicio de los procedimientos. Quedan excluidos
de este requisito las contrataciones efectuadas con prescindencia de los procedimientos
ordinarios y las efectuadas con fundamento en los supuestos de urgencia.
7.6 La inclusión de un rubro dentro del programa de adquisiciones no significa obligación
alguna por parte de la Administración de iniciar el respectivo procedimiento de
contratación.
7.7 El incumplimiento de la obligación de publicar los programas de adquisiciones
obligará a la Administración a adoptar las medidas disciplinarias que correspondan
de conformidad con el régimen de personal interno correspondiente.
7.8 En el caso del Gobierno Central, el Ministerio de Hacienda, a través de la Proveeduría
Nacional, podrá emitir directrices sobre los programas de adquisiciones.
8. Sección especializada en el Diario Oficial
8.1 En el Diario Oficial La Gaceta existirá una sección especializada en contratación
administrativa, en donde se publicará:
8.1.1. Los programas de adquisiciones institucionales.
8.1.2 Las modificaciones a los programas de adquisiciones.
8.1.3 Las invitaciones a concursos de contratación que tengan este requisito.
8.1.4. Las adjudicaciones que tengan este requisito de eficacia.
8.1.5. Las variaciones anuales en los parámetros de contratación y clasificación
institucional.
8.1.6. Las resoluciones de la Contraloría General sobre la materia de interés para
los operadores de la contratación administrativa.
8.1.7. Las invitaciones a integrar los registros de proveedores.
8.1.8. Las disposiciones de la Proveeduría Nacional como órgano técnico director,
así como otras informaciones de interés tales como resoluciones, estadísticas e
informes que se generen de su labor.
8.2 Las comunicaciones a que se refieren los numerales 8.1.2, 8.1.3 y 8.1.4 deberán
aparecer publicadas dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación
en las oficinas de la Imprenta Nacional.
8.3 La Imprenta Nacional podrá establecer tarifas diferenciadas para las publicaciones
en la sección especializada en contratación administrativa, con el propósito de
cubrir los costos y obtener una utilidad razonable.
Capítulo III
Requisitos previos de los procedimientos de contratación
9. Inicio del procedimiento de contratación
9.1 La decisión inicial que origina los procedimientos ordinarios de contratación
administrativa debe adoptarse por el órgano o funcionario competente, una vez verificada
la necesidad de su realización y preparadas las condiciones del concurso. Deberá
hacerse mención expresa de la finalidad pública que se persigue satisfacer con el
procedimiento, y una referencia a su justificación dentro del presupuesto por programas
de la Administración respectiva o del Plan Nacional de Desarrollo o el instrumento
similar que corresponda.
9.2 Una vez que se adopte la decisión inicial, se formará un expediente al cual
se incorporarán los estudios previos que motivaron el inicio de los procedimientos,
y original o copia de todas las actuaciones internas o externas que tengan relación
con la contratación.
9.3 La decisión inicial indicará la unidad administrativa que estará a cargo de
la tramitación del procedimiento y ordenará que se realicen los actos de comunicación
que correspondan según el tipo de concurso. Esta unidad tendrá bajo su custodia
el expediente. Los folios estarán debidamente numerados y se deberá incorporar los
documentos en el mismo orden en que se presentan por los oferentes o interesados,
o se producen por las unidades administrativas internas. No podrá postergarse la
inclusión de documentos en el expediente a la espera de la adopción del acto de
adjudicación.
10.- Disponibilidad presupuestaria
10.1 En la decisión inicial deberá indicarse expresamente los recursos presupuestarios
con que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación.
10.2 Cuando una contratación se desarrolle por más de un período presupuestario,
la Administración se encuentra obligada a señalar esta circunstancia en la decisión
inicial, y a tomar las previsiones necesarias para garantizar en su oportunidad
el pago de las obligaciones que contraerá. Cuando se incumpliere esta obligación,
la Administración deberá adoptar las medidas que corresponda en contra del funcionario
responsable, de acuerdo con su régimen disciplinario interno.
10.3 Excepcionalmente, podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin
contar con los recursos presupuestarios suficientes, si se tiene la seguridad que
se contará con ellos en el momento de la ejecución. En estos casos, la Administración
solicitará autorización a la Contraloría General, quien dispondrá de un plazo de
diez días hábiles para pronunciarse sobre el particular. En las bases del concurso
se advertirá expresamente sobre esta circunstancia, y se indicará que la adjudicación
queda condicionada a la efectiva existencia de los recursos presupuestarios.
11.- Previsión de verificación
11.1 En la decisión inicial, en los procedimientos de licitación pública, licitación
por registro y licitación restringida, la Administración hará constar expresamente
los recursos humanos y materiales de que dispone para verificar la correcta ejecución
del objeto de la contratación. Se incluirá además una valoración de la capacidad
operativa de que se dispone para llevar a cabo dicha tarea.
11.2 Si por la naturaleza de la contratación, la verificación de la disposición
de estos recursos no llega a ser necesaria sino hasta la etapa de ejecución, se
indicará expresamente la unidad responsable de adoptar las medidas que hagan factible
dicha tarea y el plazo en que deberá cumplir con dicho cometido.
Capítulo IV
Derechos y obligaciones de las partes
Sección Primera
Derechos y obligaciones de la Administración
Derechos de la Administración
12.- Sumisión a la normativa administrativa
12.1 Es una prerrogativa de la Administración, en toda contratación administrativa,
el sometimiento de las partes al ordenamiento jurídico administrativo. Esta sumisión
operará de pleno derecho por la sola circunstancia de la participación del particular
en el procedimiento de contratación e implicará la incorporación dentro del contenido
de la relación contractual de las normas de la Ley de Contratación Administrativa,
el presente Reglamento, el Reglamento institucional respectivo y las bases o condiciones
del concurso. No será necesaria mención alguna del oferente sobre este extremo,
y cualquier indicación en sentido contrario se tendrá como no puesta y se notificará
de tal circunstancia al concursante. De persistir el oferente en su negativa a someterse
al ordenamiento costarricense, será descalificado y se ejecutará su garantía de
participación.
12.2 La Administración no puede inaplicar el régimen de contratación administrativa
para un caso particular. Únicamente el legislador, mediante autorización expresa,
puede establecer la aplicación de procedimientos sustitutivos especiales, sea por
definición expresa de esos procedimientos o por remisión a conjuntos ciertos y determinados
de normas. En estos casos, serán de plena aplicación los principios generales de
la contratación administrativa regulados en la Ley y el presente reglamento.
13- Derecho de rescisión y resolución unilateral
13.1 La Administración se encuentra facultada para dar por terminadas unilateralmente
sus relaciones contractuales.
13.2 Resolución.
13.2.1 En caso de incumplimiento imputable al contratista, la Administración podrá
resolver sus relaciones contractuales. De previo a la audiencia que se conferirá
al interesado, la Administración debe haber verificado preliminarmente las causales
de la resolución y acreditarlas en el expediente que se levantará al efecto.
13.2.2 A partir de la notificación de la audiencia, el contratista dispondrá de
un plazo de diez días hábiles para expresar su posición y aportar la prueba que
considere pertinente.
13.2.3 Dentro de los primeros cinco días hábiles luego de notificado, el contratista
podrá solicitar a la Administración que su posición se atienda por medio de una
comparecencia oral. En estos casos, se aplicarán supletoriamente las disposiciones
que sobre la comparecencia oral contempla el Libro Segundo de la Ley General de
la Administración Pública.
13.2.4 Una vez contestada la audiencia, la Administración dispondrá de un plazo
de un mes para dictar la resolución final. Esta resolución tendrá los recursos ordinarios
y extraordinarios que señala la Ley General de la Administración Pública.
13.2.5 Una vez firme la decisión administrativa de resolver, se procederá a la ejecución
de la garantía de cumplimiento y de ser procedente, a la ejecución de las cláusulas
penales previstas contractualmente.
13.2.6 La garantía de cumplimiento se ejecutará en la proporción necesaria para
resarcir a la Administración de los daños y perjuicios causados.
13.2.7 En caso que el incumplimiento del contratista haya ocasionado a la Administración
daños y perjuicios no compensados con la ejecución de la garantía de cumplimiento,
se dispondrá la adopción de las medidas necesarias para el debido resarcimiento.
13.3 Rescisión.
13.3.1 En cualquier momento podrá la Administración rescindir unilateralmente, por
motivos de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, sus relaciones contractuales,
no iniciadas o en curso de ejecución.
13.3.2 El acuerdo de rescisión debe estar precedido de los estudios e informes técnicos
que acrediten fehacientemente las causales de la rescisión. Este acuerdo se notificará
al interesado, para que en el término de diez días hábiles se manifieste sobre el
particular.
13.3.3 El acuerdo de rescisión tendrá los recursos ordinarios y extraordinarios
que señala la Ley General de la Administración Pública.
13.3.4 Una vez firme el acuerdo de rescisión, se procederá a la liquidación de las
indemnizaciones que correspondan.
13.3.5 Cuando la rescisión se origine en caso fortuito o fuerza mayor, la Administración
deberá resarcir por completo la parte efectivamente ejecutada del contrato y los
gastos en que haya debido incurrir el contratista para la ejecución total del contrato.
13.3.6. Cuando la rescisión se fundamente en motivos de interés público, la Administración
deberá resarcir, además, cualquier daño o perjuicio que causare al contratista con
motivo de la terminación del contrato.
13.3.7 Término por mutuo acuerdo
En cualquier momento podrán las partes poner término a la contratación de mutuo
acuerdo, cuando medien circunstancias de interés público suficientes para ello.
Antes de acordarse la rescisión, las partes deberán haber fijado con todo detalle
las modalidades de liquidación o indemnización que correspondan.
13.4 Trámite de la indemnización.
13.4.1. Para el reconocimiento de la indemnización, la parte interesada deberá presentar,
un detalle de la liquidación, acompañado de la prueba correspondiente.
13.4.2 La Administración dispondrá de un plazo de treinta días hábiles para tramitar
la liquidación y estará obligada a la verificación de todos los rubros presentados.
A falta de acuerdo, el contratista podrá presentar un reclamo administrativo o solicitar
el sometimiento del asunto a arbitraje, de acuerdo con las regulaciones sobre la
materia.
13.5 Aprobación de la liquidación. Las liquidaciones de los extremos anteriores
podrán ser reconocidos en sede administrativa, y requerirán para su pago, de la
aprobación de la Contraloría General, órgano que dispondrá de treinta días hábiles
para aprobar o improbar la resolución o efectuar las observaciones que considere
pertinentes.
14.- Derecho de modificación unilateral
14.1 La Administración podrá modificar, disminuir o aumentar unilateralmente, durante
la ejecución del contrato, hasta en un cincuenta por ciento la prestación objeto
de la contratación, cuando concurran al menos las siguientes circunstancias:
14.1.1 Que obedezca a una situación de naturaleza imprevisible al momento de iniciarse
los procedimientos de contratación.
14.1.2 Que la modificación, aumento, o disminución sea la única forma de satisfacer
plenamente el interés público perseguido con la contratación.
14.1.3 Que el monto de la suma de la contratación original, más el incremento adicional
que la modificación implica, no excedan el límite previsto por la ley para la determinación
del procedimiento de contratación seguido, ni tampoco sea superior al cincuenta
por ciento del precio adjudicado originalmente.
14.2 El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional
a las condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución,
el contratista tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya debido
incurrir para atender la ejecución total de la obligación.
14.3 En los contratos de obra únicamente se podrá hacer uso de la facultad de aumento
del objeto, en aquellos aspectos que no puedan contratarse independientemente sin
afectar la uniformidad, la coordinación o la integridad global de la obra.
14.4 Cuando se haga uso de la facultad de modificación, la Administración deberá
solicitar al contratista ajustar el monto de la garantía de cumplimiento.
14.5 Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros o servicios
adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista siempre
que se cumpla con los siguientes requisitos:
14.5.1 Que el contratista libremente convenga en ello;
14.5.2 Que el nuevo contrato se concluya sobre las mismas bases del precedente;
14.5.3 Que el monto del nuevo contrato sume no más del 50% del contrato anterior;
14.5.4 Que no hayan transcurrido más de seis meses después de la recepción provisional
del objeto del primer contrato; y
14.5.5 Que se ajuste a las disposiciones del presente Reglamento en los demás aspectos
pertinentes.
15.- Derecho de fiscalización
15.1 El contratista se encuentra obligado a ofrecer a la Administración las facilidades
necesarias para el ejercicio de la fiscalización.
15.2 Para el efectivo ejercicio del derecho de fiscalización, la Administración
designará un órgano que asumirá la obligación de tomar oportunamente las providencias
necesarias para que el contratista se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones,
especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones implícitas
en éste.
15.3 Corresponde a dicho órgano verificar el cumplimiento del objeto de la contratación,
advertir, a quien corresponda de acuerdo con el régimen interno, la conveniencia
de introducir modificaciones o señalar correcciones en la ejecución, recomendar
la ejecución de las garantías o bien la rescisión o resolución del contrato cuando
advierta fundamento para ello. En el caso del Gobierno Central, estas atribuciones
se ejercerán sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Proveeduría
Nacional.
15.4 La ausencia de fiscalización por parte de la Administración, no exime al contratista
de cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad que de ello se
derive.
16.- Derecho de ejecución de garantías
16.1 Ejecución de la garantía de participación
16.1.1 El incumplimiento en que incurra el oferente dará lugar a la Administración
para disponer en sede administrativa la ejecución de la garantía de participación,
mediante resolución debidamente razonada y fundamentada, previa audiencia, por al
menos tres días hábiles, para que exponga sus alegatos y pruebas de descargo.
16.1.2 El adjudicatario que no comparece dentro del término señalado a la formalización
del contrato en los términos previstos en el cartel u omite rendir la garantía de
cumplimiento, pierde la garantía de participación, a favor de la respectiva Administración,
previa audiencia por al menos tres días hábiles.
16.2 Ejecución de la garantía de cumplimiento
16.2.1 Cuando el contratista incumpla las obligaciones que asume frente a la Administración,
ésta ejercerá su derecho de ejecutar en sede administrativa la respectiva garantía
de cumplimiento, mediante resolución debidamente razonada y legalmente fundamentada.
Previamente a la decisión final se dará audiencia al interesado para que presente
sus alegatos y pruebas de descargo, dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la respectiva notificación.
16.3 La ejecución de las garantías de participación y de cumplimiento no excluye
el cobro de los daños y perjuicios irrogados a la Administración con el incumplimiento
del oferente o del contratista, ni excluye la aplicación de las cláusulas penales
expresamente previstas en el contrato, ni las retenciones acordadas por las partes,
cuando resulte necesario para cubrir el monto de los respectivos daños y perjuicios
16.4 Cuando la ejecución de la garantía de cumplimiento no afecte la continuación
de la ejecución del contrato, el contratista deberá rendir una nueva garantía que
respalde el cumplimiento de sus obligaciones contractuales durante la vigencia de
éste y hasta su ejecución total.
16.5 Prevenido el contratista, con al menos diez días hábiles de anticipación, de
la necesidad de prorrogar la vigencia de la garantía de cumplimiento por vencer,
y este no atendiera la prevención, la Administración estará facultada para proceder
a la ejecución un día hábil antes de su vencimiento, si no está acreditado en el
expediente el debido cumplimiento de la prestación objeto del contrato.
Obligaciones de la Administración
17.- Obligación de cumplimiento.
17.1 La obligación de cumplimiento de la Administración derivada del contrato se
contrae a dos aspectos:
17.1.1 Atender debidamente los compromisos válidamente asumidos en la contratación,
en forma completa y oportuna.
17.1.2 Prestar la adecuada colaboración al contratista para que este a su vez pueda
ejecutar sin obstáculos y en forma idónea el objeto de la contratación.
18.- Obligación de tramitación.
18.1 Las gestiones que formule el contratista a la Administración, cuando sean necesarias
y conducentes para ejecutar la contratación, deberán ser tramitadas y debidamente
resueltas por ésta dentro de un plazo de treinta días hábiles.
18.2 Si transcurrido ese plazo la Administración no produce una respuesta motivada
al respecto, operará el silencio positivo y la gestión se tendrá por acogida, sin
perjuicio de la responsabilidad que asume el funcionario respectivo, de conformidad
con el artículo 96 de la Ley de Contratación Administrativa o de las sanciones disciplinarias
que correspondan según el régimen interno de la respectiva Administración.
Sección Segunda
Derechos y obligaciones de los contratistas
Derechos de los contratistas
19.- Derecho a la ejecución
El contratista tiene el derecho de ejecutar plenamente y sin obstáculos lo pactado
en el respectivo contrato, salvo cuando se produce alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa, o cuando acuerde
con la Administración suspender temporalmente la ejecución del contrato o rescindirlo
de mutuo acuerdo.
20.- Derecho al equilibrio económico del contrato
El derecho al mantenimiento del equilibrio económico del contrato se ejercerá de
conformidad con las disposiciones del Reglamento de reajustes y revisión de precios
promulgado por el Poder Ejecutivo.
21.- Derecho al reconocimiento de intereses
21.1 Cuando la Administración incurra en atraso en el pago efectivo de sus obligaciones
pecuniarias con el contratista, por más de tres meses, a partir de la correcta presentación
de las facturas para su pago, deberá reconocer al acreedor intereses sobre lo adeudado,
contabilizados a partir de transcurrido el tercer mes, según la tasa básica pasiva
del Banco Central de Costa Rica para operaciones en moneda nacional y a la tasa
'prime rate' para operaciones en dólares americanos.. La Administración dispondrá
de un plazo de dos meses para dictar la resolución correspondiente. (Una correcta
interpretación de la Resolución S4 6432-98, lleva a entender que el plazo de tres
meses no se aplica y el cómputo se inicia desde que se generó la obligación de pago,
pese a que dicha Resolución anuló el artículo 19 de la Ley de Contratación Administrativa).
21.2 El reconocimiento de intereses se hará, previo reclamo del interesado, mediante
resolución administrativa, en donde se indicará cual fue la causa del retardo en
el pago.
21.3 En las contrataciones de obra pública en que se efectúen pagos por avance de
obra, podrá hacerse reconocimientos de intereses por los atrasos en el pago durante
el transcurso de la ejecución.
21.4 Posteriormente, si se estableciera que el retardo es imputable a algún funcionario,
la Administración deberá iniciar las gestiones cobratorias respectivas, con respeto
del debido proceso.
Obligaciones de los contratistas
22.- Cumplimiento de lo pactado
22.1 El contratista está obligado a cumplir, plenamente, con las condiciones del
concurso, lo ofrecido tanto en su oferta como en cualquier manifestación formal
documentada que haya aportado adicionalmente durante el procedimiento del concurso
o aceptado en la formalización o ejecución del contrato.
22.2 Solamente se autorizarán prórrogas para la ejecución del contrato por razones
de fuerza mayor debidamente acreditada por el contratista, o por demoras ocasionadas
por la propia Administración. En uno y otro caso, el contratista, solicitará dicha
prórroga a más tardar dentro de los ocho días siguientes al conocimiento del hecho
que demorará la ejecución. No se concederán prórrogas vencidos los términos de ejecución
previstos, sin perjuicio del derecho de justificar el incumplimiento por los medios
legales establecidos.
23.- Verificación de procedimientos
23.1 El contratista está obligado a verificar la legalidad y corrección del procedimiento
de contratación administrativa seguido para la adjudicación a su favor del contrato,
así como en la ejecución de éste. En virtud de esta obligación, el contratista no
podrá alegar desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable en la especie,
para fundamentar gestiones resarcitorias o para eludir responsabilidades originadas
en tales incorrecciones.
23.2 Dentro de esta obligación, el contratista deberá comunicar a los respectivos
jerarcas administrativos las incorrecciones que detecte, a efecto de salvar su responsabilidad
eventual en el caso.
Capítulo V
Verificación del cumplimiento del régimen de prohibiciones
24.- Medidas de verificación
24.1 La Administración se encuentra obligada a desplegar las medidas de verificación
necesarias para el cumplimiento y respeto del régimen de prohibiciones establecido
en el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa.
24.2 La Proveeduría Nacional levantará un inventario de las personas físicas y jurídicas
alcanzadas por el régimen de prohibiciones, con el propósito de facilitar al Gobierno
Central, y a las Administraciones Públicas en general, la verificación del cumplimiento
de la ley sobre este particular.
24.3 La Administración prestará especial atención al pleno cumplimiento de la prohibición
que abarca a los funcionarios públicos con influencia o participación, directa o
indirecta, en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa y
a las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido, como asesores, en cualquier
etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de
las especificaciones, los diseños y los planos respectivos.
24.4 Deberá además la Administración solicitar de todo oferente:
24.4.1 Una declaración jurada de no encontrarse sujeto a ninguna de las causales
de prohibición de contratar con la Administración.
24.4.2 Cuando se trate de personas jurídicas costarricenses, requerirá además, una
declaración con indicación de los titulares del capital social de la persona oferente.
24.4.3 Cuando una persona física o jurídica se encuentre inscrita en el Registro
de Proveedores de la Administración licitante, y ya haya cumplido con estos requisitos,
no será necesario acreditarlos de nuevo, mientras no varíe la situación declarada,
lo cual se indicará en la oferta.
24.4.4: No podrán participar en concursos o licitaciones convocadas por instituciones
o dependencias del sector público las personas jurídicas o físicas cuyas actividades
están comprendidas en el Decreto Ejecutivo N° 26042-S-MINAE de 14 de abril de 1997
"Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales", y no tengan en operación el
sistema de tratamiento de aguas residuales, cuyo funcionamiento debe estar aprobado
de previo por el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio deSalud. (Adicionado
por Decreto Ejecutivo 30729-H-S-MINAE de 23 de agosto de 2002).
25.- Levantamiento de la incompatibilidad
25.1 La incompatibilidad generada por la prohibición dispuesta por los incisos d)
y e) del artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa, será levantada por
la Contraloría General, mediante resolución motivada, cuando las personas allí descritas
demuestren que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad potencialmente
objeto de una contratación administrativa, por lo menos un año antes del surgimiento
del supuesto de la inhibición.
25.2 Para tales efectos, los interesados deberán dirigir una petición fundamentada
a la Contraloría General, aportando los elementos probatorios que demuestren tal
circunstancia.
25.3 La Contraloría General estará facultada para efectuar las investigaciones que
considere pertinentes y a solicitarle al interesado que aporte la información complementaria
que permita constatar la procedencia de la gestión.
25.4 La Contraloría General deberá resolver la solicitud dentro del plazo de quince
días hábiles.
25.5 Los oferentes que se encuentren beneficiados por el levantamiento de la incompatibilidad,
deberán presentar, en cada oferta, copia de la Resolución respectiva de la Contraloría
General. Si esta resolución consta acreditada como antecedentes en el registro de
proveedores de la Administración respectiva, no será necesaria su presentación en
cada oportunidad.
Transitorio: Los levantamientos de incompatibilidad efectuados por la Contraloría
General con anterioridad al primero de mayo de mil novecientos noventa y seis, seguirán
surtiendo efectos una vez que entre en vigencia la Ley de Contratación Administrativa.
26.- Constatación de prohibiciones
Los funcionarios encargados de la tramitación de los procedimientos de contratación
deberán tener al alcance el registro de prohibiciones, y se encontrarán obligados
a denunciar ante la Contraloría General a cualquiera de las personas allí descritas,
cuando hayan intervenido o intenten intervenir directa o indirectamente en los trámites
a su cargo.
27.- Nulidad absoluta de la oferta
Será absolutamente nula la oferta presentada en contravención del régimen de prohibiciones
señalado por la Ley de Contratación Administrativa, lo cual acarreará su exclusión
inmediata del concurso, sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias o administrativas
que esto pueda implicar.
Capítulo VI
Procedimientos de contratación
Sección Primera
Regulaciones generales
28.- Clases de procedimientos
28.1 Los procedimientos de contratación que podrá emplear la Administración Publica
son la licitación publica, la licitación por registro, la licitación restringida
y el remate. Podrá incorporar entre los procedimientos las modalidades de precalificación,
la adjudicación por subasta a la baja y la licitación con financiamiento, sin perjuicio
de definir mediante reglamento interno otro tipo contractual que contribuya a satisfacer
el interés general y las necesidades particulares de la entidad u órgano, todo dentro
del marco general y los procedimientos ordinarios fijados en la Ley y el presente
Reglamento.
28.2 La determinación del procedimiento a seguir estará sujeta a los parámetros
que establece la ley, en atención al monto de la contratación y al presupuesto de
la respectiva Administración, salvo cuando la ley disponga un procedimiento especifico
en función del tipo de contrato.
28.3 La Administración podrá emplear procedimientos más calificados o más rigurosos
que el correspondiente a la naturaleza y monto de la respectiva contratación, cuando
así convenga a la satisfacción del fin público.
28.4 Cuando se haya determinado un procedimiento con fundamento en la estimación
preliminar del negocio, y posteriormente las ofertas presentadas superen los límites
para la aplicación del procedimiento respectivo, no se invalidará el concurso, si
este exceso no supera el diez por ciento y la Administración dispone de los recursos
presupuestarios suficientes para asumir la erogación.
28.5 Cuando se trate de administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior
a quinientos millones de colones, corresponde a la Contraloría General dictar mediante
resolución, una tabla donde se establezca la modalidad de procedimiento que corresponde
seguir en orden al monto de la contratación .
28.6 Dicha tabla, así como los parámetros para establecer el procedimiento para
el resto de órganos y entes, será ajustada anualmente por la Contraloría General,
en la primera quincena de febrero, de conformidad con el monto correspondiente al
porcentaje oficial de inflación de los doce meses anteriores.
28.7 Para efectos de clasificación, los órganos que cuenten con su propia proveeduría,
se considerarán como una unidad separada. En todo caso, la Proveeduría Nacional
se clasificará de acuerdo con el monto global del Presupuesto del Gobierno Central.
29.- Motivación de la declaratoria de deserción
29.1 Cuando la Administración decida declarar desierto un procedimiento de contratación,
deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés público considerados
para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo
expediente de la contratación.
29.2 Si se hubiere producido la publicación de la invitación a participar, la resolución
deberá publicarse en los mismos medios que aquella.
29.3 Cuando se tratare de una licitación por registro, o de una licitación restringida,
se comunicará oportunamente dicha resolución a los proveedores participantes.
29.4 Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el
concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá acreditar
el cambio en las circunstancias que justifican tal medida.
30.- Variación del procedimiento en caso de licitación o remate infructuoso
30.1 La licitación y el remate se considerarán infructuosos cuando no hubiere habido
oferentes o los que se hubieren presentado hayan formulado sus ofertas en términos
que contravinieren el cartel o resultaren inaceptables para la Administración.
30.2 Si se produce una licitación publica infructuosa, la Administración podrá utilizar
el procedimiento de licitación por registro en el nuevo concurso, dejando constancia
de los motivos del cambio de procedimiento en el expediente respectivo.
30.3 Igualmente, si una licitación por registro resulta infructuosa, la Administración
está autorizada para emplear una licitación restringida y dejará constancia de los
motivos específicos del cambio de procedimiento en el respectivo expediente.
30.4 Cuando se trate de un remate infructuoso, en el siguiente remate la Administración
podrá disminuir la base fijada en el avalúo respectivo, hasta en un veinticinco
por ciento del último remate. En caso de sucesivos remates infructuosos, la base
no podrá ser, en ningún caso, inferior al veinticinco por ciento del avalúo original.
30.5 Cuando el concurso resultare infructuoso por contener el cartel cláusulas que
de alguna manera limiten el interés de los eventuales oferentes, la Administración
deberá corregirlas y repetir el procedimiento .
31.- Estimación de la contratación
31.1 En la estimación de la contratación se tomarán en cuenta el monto, al momento
de cursar la invitación a participar, de todas las formas de remuneración, incluyendo
el costo principal, los fletes, los seguros, las comisiones, los intereses, los
tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba reembolsar la
Administración como consecuencia de la contratación.
31.2 Cuando la contratación de objeto continuo, sucesivo o periódico, se celebrare
por un plazo determinado, la estimación se efectuará sobre el valor total del contrato
durante su vigencia.
31.3 Si la contratación fuere por plazo indeterminado, con opción de compra o sin
ella, la estimación se efectuará sobre la base del pago mensual estipulado multiplicado
por cuarenta y ocho.
31.4 Cuando en el contrato para satisfacer servicios por periodos menores de cuatro
años, se establezcan o existan prórrogas facultativas que puedan superar ese límite,
o en caso de duda sobre si el plazo es indeterminado o no, se aplicará el método
de cálculo previsto en el párrafo anterior.
31.5 Cuando las bases del concurso contengan cláusulas que permitan cotizar bienes
o servicios opcionales o alternativos, la base para estimarlos será el valor total
de la compra máxima permitida, incluidas las posibles compras optativas
32.- Validez, perfeccionamiento y formalización del contrato
32.1 Será válido el contrato administrativo sustancialmente conforme con el ordenamiento
jurídico, particularmente cuando en su trámite se observan las disposiciones de
la Ley de Contratación Administrativa, el presente Reglamento y demás instrumentos
jurídicos sobre la materia.
32.2 Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración
y el contratista cuando el acto de adjudicación adquiera firmeza y, en los casos
que se exija la constitución de garantía de cumplimiento, ésta sea válidamente otorgada.
32.3 Cuando el adjudicatario no otorgue la garantía de cumplimiento a entera satisfacción
o prevenido para ello no comparezca a la formalización del contrato, se tendrá por
insubsistente la adjudicación y la Administración dispondrá de un plazo de diez
días hábiles para readjudicar a la segunda oferta mejor posicionada, si esta resultare
conveniente a sus intereses. En caso que hubiere cesado la vigencia de la oferta
o de la garantía de participación, se le prevendrá para que las restablezca en el
plazo de tres días hábiles. De no hacerlo, la Administración podrá optar por continuar
con las ofertas subsiguientes. Las partes disconformes con la readjudicación, podrán
impugnar, si antes de interponer el recurso, restablecen o prorrogan la vigencia
de las oferta y de la garantía de participación.
32.4 Los contratos administrativos se formalizarán en simple documento, el cual
será suscrito por el funcionario legalmente facultado para ello.
32.5 Esta formalización podrá omitirse si de la documentación originada por el respectivo
procedimiento de contratación resultan indubitables los alcances de los derechos
y las obligaciones contraídas por las partes.
32.6 Cuando no resultare necesario formalizar una contratación, el documento de
ejecución presupuestaria denominado orden de compra constituirá instrumento idóneo
para continuar con los trámites de pago respectivos, todo bajo responsabilidad del
funcionario que la emite.
32.7 Para efectos tributarios, en toda contratación formalizada deberá constar la
estimación del negocio y adjuntarse las especies fiscales correspondientes o el
entero de gobierno que demuestre su cancelación.
32.8 Sólo requieren formalización en escritura pública las contrataciones administrativas
que deban inscribirse en el Registro Nacional y las que por ley tengan que sujetarse
a ese requisito.
33.- Garantía de participación
33.1 En las licitaciones públicas y por registro, obligatoriamente, y en los demás
procedimientos, facultativamente, la Administración exigirá a los oferentes una
garantía de participación cuyo monto se definirá en el cartel o en el pliego de
condiciones, entre un uno por ciento (1%) y un cinco por ciento ( 5%) de la propuesta,
en relación con la complejidad del objeto del procedimiento y la necesidad de respaldar
los daños que pueda causar el incumplimiento del oferente. Si se omitiere la indicación
de este porcentaje en el cartel, se entenderá que este será de un uno por ciento
(1%).
33.2 Cuando así lo considere oportuno, y bajo su exclusiva decisión, la Administración
podrá establecer un monto fijo de garantía de participación, entre el uno y el cinco
por ciento de la estimación de la contratación .
33.3 Si el objeto de la contratación es de cuantía inestimable o no representa erogaciones
para la Administración, se podrá fijar un monto fijo de garantía, proporcionado
a las circunstancias.
33.4 En aquellos casos que se pueda presentar una cotización por renglones, la garantía
de participación corresponderá al componente ofrecido.
33.5 En el caso de cotizaciones alternativas, la garantía corresponderá a la propuesta
de mayor precio.
33.6 Cuando se presenten ofertas conjuntas, cada participante garantizará por el
componente que le corresponda dentro de la propuesta.
33.7 Anulado por Resolución S4 998-98. [Cuando esta se hubiere pedido, la garantía
de participación aceptada por la Administración legitimará la oferta presentada.]
34 Garantía flotante. Anulado por Resolución S4 998-98
[La Administración podrá establecer mediante reglamento interno, la posibilidad
de emplear la modalidad de garantías flotantes, que puedan respaldar la participación
de un mismo oferente en distintos concursos.]
35.- Garantía de cumplimiento
35.1 La Administración exigirá, obligatoriamente en las licitaciones públicas y
por registro, y facultativamente en los demás procedimientos, una garantía de cumplimiento
entre un cinco por ciento (5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la contratación,
con el objeto de asegurar el resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio
ocasionado por el adjudicatario. El porcentaje respectivo deberá indicarse en el
cartel o en el pliego de condiciones, en atención a la complejidad del contrato,
y en la necesidad de un eventual resarcimiento, a juicio de la Administración. Si
ésta omitiera indicarlo en el cartel, se tendrá como porcentaje el 5% del monto
de la contratación. El adjudicatario deberá aportar la garantía de cumplimiento
dentro del plazo indicado en el cartel, o en caso de omisión de este plazo, dentro
de los diez días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación.
35.2 Queda facultada la Administración para que cuando la naturaleza de la prestación
sea por tiempo indefinido o inestimable, establezca garantías de cumplimiento por
un monto fijo.
36.- Ejecución de la garantía de cumplimiento
36.1 La garantía de cumplimiento se ejecutará, parcial o totalmente, hasta por el
monto necesario para resarcir a la Administración por los daños y perjuicios imputables
al contratista. Cuando la garantía resultare insuficiente para indemnizar los daños
y perjuicios ocasionados, la Administración podrá aplicar el importe de las retenciones
del precio que se hubieren practicado y los saldos de pago pendientes, a dicha indemnización.
Si quedare algún saldo en descubierto, la Administración deberá reclamarlo por las
vías legales pertinentes.
36.2 Además de la garantía de cumplimiento, la Administración podrá incorporar en
el cartel cláusulas de retención porcentual de las sumas pagadas, cuando esto sea
necesario para asegurar que la ejecución total se efectuará dentro de condiciones
de satisfacción del interés general.
36.3 Igualmente el cartel podrá contemplar la existencia de cláusulas penales por
ejecución tardía o prematura o multas por defectos en la ejecución, tomando en consideración
el monto del contrato y el plazo convenido para la ejecución o entrega total, y
las repercusiones de su eventual incumplimiento. Por la naturaleza de estas cláusulas,
para su aplicación no será necesario demostrar el daño.
36.4 Cuando exista cláusula penal por demora o ejecución prematura del contrato,
la garantía de cumplimiento no podrá ejecutarse invocando este motivo, salvo cuando
el contratista se niegue a cancelar los montos correspondientes por ese concepto
previstos en la cláusula penal.
36.5 La ejecución de la garantía de cumplimiento o la aplicación de la cláusula
penal por demora o ejecución prematura, no exime al contratista de indemnizar a
la Administración por los daños y perjuicios que no cubran esas garantías.
36.6 Si la Administración se viere obligada a ejecutar anticipadamente la garantía
de cumplimiento, el adjudicatario deberá rendir una nueva por el mismo monto, de
suerte que el contrato en todo momento quede garantizado hasta su ejecución total.
37.- Disposiciones comunes a las garantías de participación y cumplimiento
37.1 Cuando se presenten ofertas conjuntas, cada uno de los oferentes deberá garantizar
su participación o ejecución según la estimación del componente que le corresponda,
o bien rendir una sola garantía ejecutable indistintamente del oferente que incumpla.
37.2 Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento se rendirán independientemente
para cada negocio, mediante depósito de bono de garantía de instituciones aseguradoras
reconocidas en el país, o de uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional o el
Banco Popular y Desarrollo Comunal, certificados de depósito a plazo, bonos del
Estado o de sus instituciones, cheques certificados o de gerencia de un banco del
Sistema Bancario Nacional, dinero en efectivo mediante depósito a la orden de un
banco del mismo sistema, presentando la boleta respectiva o mediante depósito en
la Administración interesada.
37.3 Las garantías podrán además ser extendidas por bancos internacionales de primer
orden, según el reconocimiento que hace el Banco Central de Costa Rica, cuando cuenten
con un corresponsal autorizado en el país, siempre y cuando sean emitidas de acuerdo
con la legislación costarricense y sean ejecutables en caso de ser necesario.
37.4 La garantía deberá rendirse en la moneda en que se cotiza, o en su equivalente
en moneda nacional al día anterior de la presentación de la oferta. Queda facultada
la Administración para exigir a los oferentes o contratistas ajustar los montos
de las garantías cuando ocurran variaciones en los tipos de cambio que desmejoren
la cobertura que se persigue con dichos instrumentos. En caso de negativa a efectuar
dichos ajustes, la Administración podrá proceder a la ejecución de las garantías.
37.5 Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse
de una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas de valores legalmente
reconocidas. Se exceptúan de la obligación de presentar esta estimación, los certificados
de depósito a plazo emitidos por los Bancos estatales, cuyo vencimiento ocurra dentro
del mes siguiente al plazo máximo exigido en las reglas del concurso para la garantía
respectiva.
37.6 No se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por la
Administración licitante; sin embargo, los que devenguen los títulos hasta el momento
en que se ejecuten, pertenecen a su legítimo dueño o a su depositante.
37.7 Las garantías de participación y de cumplimiento, salvo disposición en contrario
del cartel, deberán tener una vigencia original de acuerdo con las siguientes reglas:
37.7.1 La garantía de participación, hasta por un plazo mínimo de un mes contado
a partir de la fecha máxima establecida para dictar el acto de adjudicación; y
37.7.2 La garantía de cumplimiento, hasta por un plazo mínimo de dos meses adicionales
a la fecha probable de recepción definitiva del objeto del contrato.
37.8 Cuando el oferente presente una garantía por un plazo inferior al requerido,
la Administración deberá, en el tanto esta se encuentre vigente, y no sea inferior
a un 80% del plazo exigido, advertir la necesidad de ampliarla, para lo cual conferirá
un plazo razonable, que no podrá extenderse más allá de la fecha de expiración de
la vigencia de la garantía que debe subsanarse. En caso que el oferente no cumpla
con la prevención, se le tendrá por incumpliente e incurso en la causal de ejecución
de la garantía.
37.9 En los casos en los que el oferente omita indicar el plazo de vigencia de su
garantía de participación, rendida mediante cheque certificado o de gerencia, certificado
de depósito a plazo o dinero en efectivo, ella se entenderá vigente por el plazo
mínimo exigido por el cartel o, en ausencia de éste, por un término de dos meses
contados a partir de la fecha máxima establecida para dictar el acto de adjudicación.
37.10 Si cesare la vigencia de la garantía de participación, la Administración o
la Contraloría General, según corresponda, tan pronto como adviertan tal circunstancia
y siempre que no exista otro incumplimiento que determine la exclusión de la oferta,
prevendrá al interesado, aún después de dictado el acto de adjudicación, para que
dentro del término de tres días hábiles proceda a su restablecimiento.
37.11 Las garantías serán devueltas, salvo disposición en contrario de las condiciones
del concurso, de la siguiente manera:
37.11.1 La de participación, a pedido del interesado, dentro de los ocho días hábiles
siguientes a la firmeza en vía administrativa del acto de adjudicación, salvo en
el caso del adjudicatario, que le será devuelta hasta que rinda la garantía de cumplimiento.
En aquellos casos en que se haya descalificado una oferta, el interesado podrá retirar
la garantía desde el momento en que se constate dicha circunstancia.
37.11.2 La de cumplimiento, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha
en que la Administración licitante tenga por definitivamente ejecutado el contrato
a satisfacción y se haya rendido el informe correspondiente. La Administración queda
facultada para establecer en las condiciones del concurso la posibilidad de devoluciones
parciales de la garantía de cumplimiento.
37.12 La garantía de participación no se devolverá al adjudicatario, en tanto este
no rinda la garantía de cumplimiento y satisfaga las demás formalidades conducentes
a asegurar el cumplimiento del contrato dentro del plazo que a tal efecto haya dispuesto
el cartel.
37.13 En caso de silencio del cartel, el adjudicatario se entiende obligado a asegurar
el contrato dentro de los diez días hábiles posteriores a la firmeza del acto de
adjudicación.
37.14 La Administración podrá aceptar la sustitución de garantías siempre y cuando
se cubran los supuestos previstos al momento de fijarla. Igualmente, podrá aceptar,
bajo su exclusivo criterio, la sustitución de retenciones por una garantía.
37.15 Queda terminantemente prohibido el uso o disposición de las garantías o fondos
retenidos para otro fin que no sea el previsto.
38.- Prescripción de la responsabilidad del contratista
38.1 La facultad de la Administración de reclamar al contratista la indemnización
por daños y perjuicios, originados por el incumplimiento de sus obligaciones, prescribirá
en cinco años, contados a partir del recibo, a satisfacción de la Administración,
del servicio, el suministro o la obra.
38.2 Si se trata de obras públicas, el término para reclamar la indemnización por
vicios ocultos será de diez años, contados a partir del recibo definitivo de la
obra.
38.3 Se entenderá por vicio oculto una deficiencia comprobada en las cantidades
y calidades de los materiales y equipos incorporados en alguna parte de la obra,
que implique destrucción parcial o total, o riesgo inminente de que ocurra, respecto
a lo establecido en los planos, especificaciones y bitácora del proyecto.
39.- Límites de la cesión
39.1 Los derechos y las obligaciones del contratista no podrán ser objeto de cesión,
salvo autorización previa y expresa de la Administración contratante emitida por
medio de una resolución debidamente razonada, cuando circunstancias de fuerza mayor
u otras muy calificadas así lo aconsejen en beneficio del interés público y las
condiciones personales y profesionales del virtual cesionario lo califiquen como
apto para asumir los compromisos del contratista. No se considerará como cesión,
la disposición que haga el contratista sobre la forma y destino del pago.
39.2 Sin embargo, cuando la cesión corresponda a más de un cincuenta por ciento
(50 %) del objeto o el monto de lo contratado , se requerirá autorización de la
Contraloría General.
39.3 En ningún caso la cesión procede en contra de las prohibiciones establecidas
en el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa.
40.- Prohibición de fragmentar
40.1 La Administración no podrá fragmentar sus adquisiciones de bienes y servicios
ni la contratación de obras, con el propósito de variar el procedimiento de contratación.
40.2 La adquisición de bienes y servicios que sean para uso o consumo urgente, no
se considerará como fraccionamiento.
40.3 No existirá fragmentación cuando en una Institución, con el propósito de atender
programas, proyectos o servicios regionalizados o especializados, existan unidades
de adquisición de suministros independientes o desconcentradas.
41.- Ofertas en consorcio
41.1 Dos o más personas, físicas o jurídicas, pueden complementar sus antecedentes
y experiencia, por medio de la presentación de una oferta en consorcio.
41.2 La utilización de esta modalidad de oferta no obliga a la creación de una nueva
persona jurídica, aunque sí se requerirá de un acuerdo consorcial mediante el cual
se establezcan los términos que regularán las relaciones entre las partes y sus
relaciones con la Administración.
41.3 Una copia certificada del acuerdo de consorcio deberá ser presentada a la Administración,
junto con la propuesta.
41.4 Los integrantes del consorcio responderán solidariamente por todas las obligaciones
derivadas de la oferta, de la eventual adjudicación y su ejecución.
42.- Ofertas conjuntas
42.1 Cuando distintos componentes del objeto de la contratación puedan ser brindados
por diversas personas, y esto contribuya a la mejor satisfacción del interés público,
la Administración podrá contemplar en las bases del concurso la posibilidad de que
en una sola propuesta figuren dos o más oferentes en forma conjunta.
42.2 En estos supuestos la oferta debe establecer con toda claridad el componente
de la prestación que corresponde a cada oferente conjunto. En ausencia de esta especificación
los oferentes conjuntos responderán solidariamente ante la Administración por todas
las consecuencias de su participación.
43.- Comunicación por medios electrónicos
43.1 La Administración podrá comunicar por medios electrónicos los actos de procedimiento
cuando sea posible establecer con toda precisión, por medio de registros fidedignos
la identificación del emisor y el receptor, la hora, la fecha y el contenido del
mensaje. Para tales efectos, la Administración podrá requerir de los oferentes la
indicación de casilleros electrónicos, facsímiles u otros medios telemáticos para
dirigir las comunicaciones oficiales.
43.2 Cuando se utilicen estas formas de comunicación se dejará constancia en una
minuta en el expediente de la contratación, firmada por el funcionario responsable,
de la modalidad, fecha y hora de la comunicación.
43.3 Cuando lo considere oportuno, la Administración podrá establecer en las condiciones
del concurso las reglas bajo las cuales aceptará ofertas o aclaraciones a través
de medios telemáticos. En ningún caso esta modalidad de oferta podrá excluir, para
el oferente que así lo desee, la presentación escrita en tiempo ante la oficina
competente de la Administración.
Sección Segunda
La licitación pública
44.- Supuestos
El procedimiento de licitación pública deberá observarse en los siguientes supuestos:
a) En los casos que contempla el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa,
en atención al volumen del presupuesto ordinario de la Administración interesada
en el contrato, y en el monto de éste.
b) En toda venta, enajenación o arrendamiento de bienes públicos, sean estos muebles
o inmuebles, salvo cuando se utiliza el procedimiento de remate.
c) En la concesión de instalaciones públicas
45.- Contenido del cartel
45.1 EI cartel de la licitación deberá contener al menos lo siguiente:
45.1.1. Un encabezado que contenga la identificación de la Administración promovente,
la indicación del tipo y número de la licitación y una breve descripción del objeto
contractual;
45.1.2. El costo y forma de pago para adquirir las bases de la licitación, cuando
tales complementos al cartel publicado resulten necesarios;
45.1.3. Indicación de la Oficina que tramita el procedimiento y que proporcionará
la información adicional necesaria respecto de las especificaciones y documentación
relacionada;
45.1.4. El día y hora límite y la dirección para la presentación de ofertas;
45.1.5. El número de copias que deberá adjuntarse a la oferta original;
45.1.6. El porcentaje de las garantías que se deben rendir;
45.1.7. Indicación de las especies fiscales y demás timbres que deba aportar el
oferente;
45.1.8. Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios objeto
del procedimiento, incluidos especificaciones técnicas, certificados de conformidad
y planos, diseños e instrucciones correspondientes.
45.1.9. Indicación de cualquier opción de compra futura, y de ser posible, una estimación
del momento en que se podrían ejercer dichas opciones;
45.1.10. Sistema de valoración y comparación de las ofertas, con expresa indicación
de los factores a considerar, el grado de importancia de cada uno de ellos en la
comparación global de las ofertas , así como el método para valorar y comparar las
ofertas en relación con cada factor ;
45.1.11. Solicitud de muestras, cuando se estimen indispensables;
45.1.12. Indicación precisa de los documentos que se deberán aportar para la evaluación
de la idoneidad del oferente en aspectos económicos, técnicos u otros, cuando así
lo demande la naturaleza o complejidad del negocio;
45.1.13. Términos de pago;
45.1.14. Plazo de vigencia de la oferta, el cual no podrá exceder de treinta días
hábiles, salvo que por la complejidad de la evaluación de las ofertas, la Administración
acredite en el expediente la necesidad de establecer un plazo superior.
45.1.15. Plazo de adjudicación e indicación de posibilidad de prórroga. Este plazo
será en todo caso razonable y proporcionado al objeto de la contratación;
45.1.16. Lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de los bienes o servicios.
45.1.17 Los procedimientos de control de calidad que se aplicarán durante la ejecución
del contrato y la recepción de la obra, suministro o servicio.
45.2 El cartel indicará en que casos deberá adjuntarse un desglose de los componentes
de cada línea del objeto ofrecido y cuando deberán presentarse precios unitarios.
La Administración deberá advertir en este último caso, cuando se reserva la potestad
de adjudicar parcialmente.
45.3 El cartel no podrá imponer restricciones ni exigir el cumplimiento de requisitos
que no sean técnicamente indispensables, si con ello limita las posibilidades de
concurrencia a eventuales participantes.
45.4 La Administración no podrá exigir en el cartel que el oferente efectúe manifestaciones,
repeticiones o transcripciones de aspectos del pliego sobre los cuales los participantes
no tengan ningún poder de disposición.
45.5 Las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones
de similar naturaleza que deba contener el cartel, se establecerán con la mayor
amplitud que permita la clase de negocio de que se trate, en lo posible utilizándolos
como punto de referencia.
45.6 Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos, o equipos,
cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura,
simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se hará a manera de
referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá.
45.7 El cartel podrá contemplar la utilización de telex, telegrama, facsímil u otros
medios electrónicos de transmisión de datos para la presentación de ofertas, previendo
en el cartel un plazo de confirmación por escrito, si así se considera necesario,
cumpliendo en ambos casos con el suministro de la información solicitada en las
condiciones del concurso. Se entenderá como medio electrónico de transmisión de
datos, aquel a través del cual el receptor puede producir una copia impresa de la
oferta en el lugar de destino de la transmisión. En ningún caso se aceptará la presentación
de ofertas por la vía telefónica.
45.8 La solicitud de muestras deberá ajustarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad
y se solicitarán en la medida que se estimen indispensables para verificar el cumplimiento
de las especificaciones del cartel y asegurar el cumplimiento de la finalidad propuesta.
El cartel deberá indicar el destino que se dará a las muestras, y si fuere el caso,
señalará el plazo en que el oferente podrá retirarlas, vencido el cual la Administración
dispondrá libremente de ellas.
46.- Publicación de la invitación
La invitación a participar se publicará en el Diario Oficial La Gaceta, y en los
diarios nacionales o extranjeros que decida la Administración. El cartel y sus anexos
deberá estar a disposición de cualquier interesado al menos desde el día en que
aparezca la invitación en el Diario Oficial. Queda facultada la Administración para
cobrar el costo de impresión o reproducción de dicho material.
47.- Modificaciones y aclaraciones al cartel
47.1 Las modificaciones a las condiciones o especificaciones del cartel deberán
anunciarse por los mismos medios que se cursó la invitación, con al menos ocho días
hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas.
47.2 Por modificaciones se entienden para estos efectos aquellas que no cambien
el objeto del negocio ni constituyan una variación fundamental en la concepción
original de este. Cuando mediante publicación posterior se introduzca una alteración
importante en la concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas
serán ampliados como mínimo en el número de días que disponen los numerales 48.1.1
y 48.1.2, según corresponda de acuerdo con la naturaleza del negocio.
47.3 Cuando se trate de simples aclaraciones pedidas o acordadas de oficio, que
no impliquen modificación, es deber de la Administración incorporarlas de inmediato
al expediente y darles una adecuada difusión.
48. Plazo de recepción de ofertas
48.1 EI plazo mínimo, con indicación de la hora y fecha de vencimiento, que el cartel
debe señalar para la recepción de ofertas, se rige por las siguientes disposiciones:
48.1.1. Licitaciones para construcción de obra o concesión de obra y licitaciones
para suministros importados o para importar, 30 días hábiles.
48.1.2. Licitaciones para toda otra clase de negocios, 15 días hábiles.
48.2 Dentro de los plazos anteriores, no se cuenta el día de la publicación y sí
el del vencimiento.
48.3 Las prórrogas al plazo para recibir ofertas deben estar publicadas en "La Gaceta"
a más tardar el día anterior al que previamente se hubiere señalado como límite
para la presentación de aquellas.
48.4 En los concursos con precalificación, la publicación podrá ser sustituida por
la notificación directa a cada uno de los oferentes precalificados, salvo en el
caso de la comunicación del acto de adjudicación.
49. Alcance y efectos de la oferta
49.1 La oferta debe cumplir con los requisitos y adjuntar la documentación y anexos
señalados por el cartel.
49.2 La sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca
de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones
y especificaciones del cartel y a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
49.3 Es elegible la oferta que se ajuste a las condiciones y especificaciones esenciales
del cartel. Únicamente serán excluidas del concurso las ofertas contrarias al ordenamiento
jurídico o que impidan la satisfacción del interés general perseguido por el respectivo
procedimiento de contratación.
49.4 Salvo cuando el cartel lo disponga de otra manera, el oferente se entiende
obligado a cotizar por la totalidad del objeto de la licitación. Sin embargo, en
el caso de que el cartel se refiera a una pluralidad de renglones diversos se permitirá
presentar oferta respecto a uno o varios de estos, salvo los casos de renglones
dependientes entre sí. En todo caso, no se permitirá la cotización parcial de un
renglón. La Administración no podrá exigir la participación en la totalidad de los
renglones cuando no exista una justificación técnica para ello.
49.5 Una vez recibida por la oficina correspondiente, la oferta no podrá ser retirada
de ésta y se tendrá como propiedad de la Administración interesada en el concurso.
50.- Forma de la oferta
50.1 Las ofertas se presentarán por escrito, en forma personal, o por correo, o
por los medios electrónicos establecidos en el cartel. Cuando la oferta se envíe
por correo, se tomará en cuenta, para todos los efectos, la fecha y hora de recepción
en la Administración.
50.2 La oferta se confeccionará en idioma español. El cartel indicará la información
complementaria que deberá presentarse en idioma español. La Administración podrá
contemplar en el cartel, la posibilidad de presentar anexos y literatura técnica
en otros idiomas e indicará en que casos requerirá de una traducción libre bajo
la responsabilidad del oferente.
50.3 Serán de uso obligatorio las unidades y medidas del Sistema Internacional de
Unidades, basado en el sistema métrico decimal. La Administración prevendrá la corrección,
en un plazo de cinco días hábiles, de cualquier indicación contraria a esta disposición.
50.4 Salvo que en el cartel se especifique otra modalidad, las ofertas serán presentadas
en sobre cerrado, el cual deberá indicar, aparte de la dirección de la oficina que
la recibe, el número y nombre de la licitación de que se trate. La no presentación
de la oferta en sobre cerrado, bajo la responsabilidad del oferente, no acarreará
ningún vicio de la propuesta ni relevará a los funcionarios encargados de su deber
de confidencialidad antes de la apertura.
50.5 Anulado por Resolución S4 998-98 [Toda propuesta debe ser firmada por el legítimo
representante del oferente, sin embargo, en aquellos casos en que se haya exigido
garantía de participación y esta haya sido rendida correctamente, la oferta será
válida independientemente que no haya sido firmada o lo hubiera sido por persona
no facultada legalmente para hacerlo. No obstante, en este último caso, si el legítimo
representante adujere la falta de autorización de quien firmó, la oferta se tendrá
por insubsistente y se ejecutará la garantía a favor de la Administración.]
51.- Vigencia de la oferta
51.1 Por el solo hecho de su presentación, se entiende que la oferta se somete al
plazo de vigencia indicado en el cartel, o en ausencia de este último, por el plazo
previsto para dictar el acto de adjudicación.
51.2 En caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la establecida, si
esta diferencia no es superior a un 20%, la Administración prevendrá que se corrija
dicha situación dentro del término de tres días hábiles. En caso que no se cumpla
la prevención, se ejecutará la garantía de participación y se descalificará la oferta.
51.3 Si cesare la vigencia de la oferta, la Administración o la Contraloría General,
según corresponda, tan pronto como adviertan tal circunstancia , prevendrán al interesado,
aún después de dictado el acto de adjudicación, para que dentro del término de tres
días hábiles manifieste por escrito si mantiene los términos de la oferta y por
cuanto tiempo. Vencido el término de la prevención, sin que esta haya sido atendida,
la oferta se tendrá por caduca y se ejecutará la garantía de participación.
52.- El precio
52.1 Los precios que contenga la oferta serán firmes, sin perjuicio de la aplicación
de los mecanismos de revisión y ajuste de precios vigentes o que se indiquen en
el cartel.
52.2 El cartel indicará la moneda en que podrán efectuarse las cotizaciones, de
acuerdo con las regulaciones monetarias vigentes.
52.3 En los contratos de obra, en que intervengan factores que necesariamente deban
cotizarse en moneda extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes
nacionales y extranjeros.
52.4 Es admisible el establecimiento de descuentos a los precios unitarios cotizados,
en razón del mayor número de unidades o de renglones que se llegaren a adjudicar,
todo dentro de los límites que establezca el cartel.
52.5 El precio total cotizado deberá presentarse en números y en letras coincidentes.
En caso de divergencia entre ambas formas, prevalecerá la consignada en letras.
52.6 Cuando la Administración, para el pago de bienes que requiera, ofrezca en el
cartel la entrega de otros bienes de su propiedad, el oferente deberá cotizar atribuyendo
un precio líquido tanto al bien que propone en venta como a aquel o aquellos que
recibiría en pago. No podrá aceptarse un precio inferior al determinado por el personal
especializado de la Administración. Es facultativo para la Administración entregar
al adjudicatario los bienes ofrecidos para el pago, o cubrir el precio atribuido
a los mismos, en dinero.
52.7 Cuando lo exija el cartel, la oferta deberá indicar el monto y la naturaleza
de los impuestos que la afectan. Si se omite esta referencia se tendrán por incluidos
en el precio cotizado, tanto los impuestos, tasas, sobretasas y aranceles de importación,
como los demás impuestos del mercado local.
53.- Declaraciones juradas
53.1 La oferta contendrá declaración jurada de que el oferente se encuentra al día
en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. En caso de resultar adjudicatario,
el contratista deberá aportar una certificación en donde se acredite oficialmente
esta condición, antes de que se efectúe cualquier pago.
53.2 Deberá declarar el oferente bajo juramento que no le alcanza ninguna de las
prohibiciones que prevé el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa.
54.- Representación
54.1 El oferente puede concurrir a través de representante de casas extranjeras.
En estos casos el oferente deberá hacer indicación expresa de tal circunstancia
en la propuesta original.
54.2 El representante de casas extranjeras podrá concurrir directamente a nombre
de un tercero, cuando acredite en forma fidedigna la existencia de un contrato de
representación, aportando una copia certificada del mismo.
54.3 También se podrá concurrir a través de cualquiera de las formas de representación
reconocidas por el derecho común.
54.4 Cuando se participe en calidad de distribuidor , se podrá ofrecer precios en
plaza, a precios de catálogo o mediante ofertas recibidas del fabricante, exportador
o casa extranjera, según corresponda, siempre y cuando se presenten con la oferta
dichos documentos.
54.5 El cartel establecerá los requisitos que deberán aportar los oferentes nacionales
y extranjeros para establecer la certeza en cuanto a la existencia, representación
y capital social de estos.
55.- Cierre de recepción de ofertas y apertura
55.1 Se tendrá por cerrado automáticamente el plazo de recepción de ofertas a la
hora y fecha señaladas. A continuación, el funcionario encargado procederá a abrir
las ofertas en presencia de los asistentes y levantará un acta haciendo constar
los datos generales de las ofertas presentadas. Los oferentes o sus representantes
tendrán derecho a examinar las demás ofertas y a hacer constar sus observaciones
en el acta.
55.2 Con posterioridad al cierre del plazo de recepción no se admitirá el retiro
ni la modificación de las ofertas, pero sí las aclaraciones que tengan a bien presentar
los participantes por su propia iniciativa o a petición de la Administración, con
tal que no impliquen alteración de sus elementos esenciales.
56.- Selección y adjudicación
56.1 Dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de apertura, la Administración
procederá al análisis de los aspectos formales de las ofertas, y concederá un plazo
de al menos cinco días hábiles para que se subsane cualquier defecto formal o se
supla cualquier información o documento trascendente omitido, siempre que con ello
no se modifique su contenido en cuanto a las características de las obras, bienes
o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega ni las garantías de los
productos. Esta prevención podrá ser efectuada de oficio o por señalamiento de alguno
de los participantes o del propio interesado. Luego de esta etapa, la Administración
conserva su facultad de solicitar de oficio la subsanación de defectos no advertidos
durante los primeros cinco días hábiles.
Interpretación conforme a la Constitución por Resolución 565-I-98: "La facultad
que se le otorga a la Administración para "solicitar de oficio la subsanación de
defectos no advertidos durante los primeros cinco días hábiles" siguientes al acto
de apertura de las ofertas, contenida en el artículo 56.1 del Reglamento, debe entenderse
únicamente respecto de los requisitos formales no esenciales"
56.1.1 En todo caso, se entenderán como subsanables la omisión de los siguientes
documentos:
56.1.1.1. Certificaciones sobre la personería legal de los oferentes y la naturaleza
y propiedad de las acciones.
56.1.1.2 Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del
bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de presentación
de la oferta.
56.1.1.3 Declaraciones juradas.
56.1.1.4 Estados financieros,
56.1.1.5. Documentación técnica complementaria
56.1.1.6 Copias de la oferta
56.1.1.7 Cualquier omisión de especies fiscales o timbres, si estos fueran exigidas
por norma de rango legal.
56.1.2 Igualmente podrán subsanarse, al menos, los siguientes defectos:
56.1.2.1 Anulado por Resolución S4 998-98 [El plazo de vigencia de la garantía de
participación, siempre y cuando no se haya establecido por menos del 80% del plazo
señalado en el cartel.]
56.1.2.2 Cualquier error de la garantía de participación relacionado con la identificación
del concurso, si del documento resulta claro que queda debidamente garantizada la
Administración.
56.1.2.3 Anulado por Resolución S4 998-98 [La vigencia de la oferta, siempre y cuando
no se haya establecido por menos del 80% del plazo señalado en el cartel.]
56.1.2.4 La inclusión de datos en unidades de medida diferentes a las del Sistema
Internacional de medidas.
56.1.2.5 La presentación de literatura técnica y complementaria en idioma diferente
al español.
56.1.3 Si la prevención para subsanar no es atendida en tiempo, la Administración
procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza
del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación.
56.2 Cumplida la anterior etapa, la Administración procederá al estudio y valoración
de las ofertas en relación con las condiciones y especificaciones del cartel y con
las normas reguladoras de la materia y declarará fuera del concurso las que incumplan
aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes
con el ordenamiento jurídico.
56.3 Una oferta podrá ser rechazada cuando presente un precio inaceptable, por lo
cual se entenderá:
56.3.1. Excesivo en relación con los precios normales de mercado o por encima de
una justa o razonable utilidad;
56.3.2 Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento
por parte de este de las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribución
establecida, previa indagación con el oferente con el propósito de averiguar si
éste satisface las condiciones de participación y es o será capaz de cumplir los
términos del contrato;
56.3.3 Prácticas de comercio desleal u ofertas colusorias, y
56.3.4 Que exceda la disponibilidad presupuestaria y que la Administración no tenga
medios para la financiación complementaria oportuna;
56.3.5 Estos supuestos deberán ser comprobados y acreditados en el expediente por
la Administración, mediante estudio calificado. Cuando la Administración determine
la presencia de los supuestos del numeral 56.3.3, deberá dar aviso a la Comisión
para Promover la Competencia.
56.4 Luego de establecido cuales ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente,
la Administración procederá a la calificación de estas, de acuerdo con los parámetros
suministrados por el cartel, a efecto de establecer cual resulta más conveniente
a la satisfacción del interés público perseguido.
56.5 Las mejoras, ventajas y descuentos en la oferta que fueren sometidas a la Administración
después de la apertura respectiva no serán tomadas en cuenta en la valoración de
la propuesta, pero obligarán a quienes la formulen una vez firme la adjudicación.
56.6 Si del estudio a que se refieren los artículos anteriores se llegare a establecer
que ninguna de las ofertas cumple con lo ordenado por el cartel, o bien que, aún
cuando cumplieren, no resultan aptas para la satisfacción del interés general perseguido,
la Administración deberá declarar desierto el concurso mediante un acto debidamente
razonado. En estos casos, la Administración comunicará su decisión a los participantes
por los mismos medios empleados para invitar.
57.- Adjudicación
57.1 La licitación debe ser adjudicada dentro del plazo previsto por el cartel,
y en caso de que no se hubiere indicado alguno, dentro de los treinta días hábiles
siguientes a la apertura de las ofertas.
57.2 La adjudicación puede efectuarse a diversos oferentes, cuando se haya contemplado
la posibilidad en el cartel de efectuar adjudicaciones por renglones, y de este
modo se satisfaga de mejor forma el interés general.
57.3 El acuerdo de adjudicación será debidamente motivado y publicado en el Diario
Oficial.
58.- Licitación pública con invitación internacional
58.1 Aparte de la publicación ordinaria del cartel, cuando lo considere conveniente
para los intereses públicos, o cuando así lo hubiere convenido con la entidad pública
internacional que financia el concurso, la Administración podrá invitar a participar
mediante publicación de un aviso en diarios extranjeros o por medio de comunicación
a las legaciones comerciales acreditadas en el país.
58.2 En estos casos, la Administración procurará que todos los avisos se den a la
publicidad simultáneamente, para garantizar el principio de igualdad entre los eventuales
oferentes.
Sección Tercera
La licitación por registro
59.- Supuestos y procedimiento
59.1 La licitación por registro procede en los casos previstos por la Ley de Contratación
Administrativa, en atención al monto del presupuesto ordinario de la Administración
interesada en el concurso respectivo, y a la estimación de la negociación.
59.2 Este tipo de procedimiento de contratación requiere de la existencia de un
registro de proveedores, al cual podrá ingresar todo interesado en contratar con
la Administración, siempre que satisfaga los requisitos de solvencia, antecedentes,
y experiencia. que cada órgano o ente establezca mediante regulación interna debidamente
publicada en el Diario Oficial. En el caso del Gobierno Central, las unidades que
operen desconcentradamente, deberán consultar el Registro que para tales efectos
administra la Proveeduría Nacional.
59.3 A efecto de mantener actualizados dichos registros, la Administración invitará
a los interesados en integrarlo, mediante publicación en el Diario Oficial y dos
diarios de circulación nacional, al menos una vez al año. Todo interesado tendrá
acceso a la información de dichos registros.
59.4 Los órganos o entes sujetos a los procedimientos de contratación administrativa
podrán establecer acuerdos de intercambio de información de sus registros de proveedores
de manera que puedan actualizar y ampliar la información disponible. Igualmente,
aquellos entes que por el volumen de sus operaciones no dispongan de un registro
apropiado, podrán utilizar los registros de otras instituciones.
59.5 Los registros podrán mantenerse en medios electrónicos y si se cuenta con un
sistema confiable, la Administración podrá utilizarlo para enviar las invitaciones
correspondientes, recibir ofertas, aclaraciones u otras comunicaciones oficiales.
59.6 En la licitación por registro se invitará a participar a todos los proveedores
del bien o del servicio, acreditados en el registro correspondiente, mediante comunicación
dirigida a la dirección indicada por el respectivo proveedor. La Administración
podrá adjuntar el pliego de condiciones y especificaciones del concurso, o indicar
la oficina en la cual podrá el invitado retirarlo.
59.7 La Administración dejará constancia en el expediente del concurso, de que la
invitación respectiva ha llegado a su destino.
59.8 Si el número de proveedores inscritos para una determinada prestación es superior
a diez, la Administración podrá invitar a participar en la licitación mediante publicación
en el Diario Oficial y facultativamente en dos diarios de circulación nacional,
o bien dirigir la invitación a todos los proveedores debidamente registrados.
59.9 Cuando el número de proveedores inscritos para una determinada prestación sea
inferior a cinco, la Administración deberá invitar a participar en la licitación
por medio de una publicación en el Diario Oficial y, facultativamente, en dos o
más diarios de circulación nacional.
59.10 Además de los invitados, podrá participar en el concurso cualquier proveedor
no registrado, si antes del vencimiento del plazo para presentación de ofertas,
logra formalizar su inscripción.
59.11 El plazo para recibir ofertas no podrá ser inferior a diez días hábiles. La
apertura se regirá por las reglas de la licitación pública y la adjudicación o declaratoria
de deserción del concurso deberá producirse dentro del plazo que indique el pliego
de condiciones, o en ausencia de indicación expresa, dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la apertura de ofertas. La comunicación de la adjudicación
se verificará por el mismo medio empleado para invitar a participar. Cuando se comunique
por notificación, esta deberá efectuarse a todos los interesados dentro de los tres
días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación. Interpretación conforme
a la constitución por Resolución S4 565-I-98: "El término "firmeza" contenido en
el artículo 59.11 del Reglamento debe ser entendido de manera tal que no obstaculice
ni impida su impugnación de la adjudicación en las licitaciones por registro en
la vía administrativa en aplicación de los artículos 39 y 41 de la Constitución
Política y los principios que integran el debido proceso"
59.12 La Administración aplicará los principios y normas de la licitación pública,
particularmente en lo que concierne la preparación del cartel, los requisitos de
la oferta y las condiciones de selección y adjudicación, en la medida que sea compatible
con la naturaleza de la licitación por registro.
Sección Cuarta
La licitación restringida
60.- Supuestos y procedimiento
60.1 El procedimiento de licitación restringida será de aplicación en los supuestos
previstos por el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, en atención
al monto del presupuesto ordinario de la Administración interesada en el concurso
y a la estimación del negocio.
60.2 Este procedimiento de contratación requiere de la existencia de un registro
de proveedores, a los cuales la Administración podrá cursar invitación a participar
en la licitación, seleccionando entre ellos por lo menos a cinco quienes por sus
antecedentes y atestados garanticen el cumplimiento satisfactorio de la prestación
objeto del contrato .
60.3 Cuando en el registro respectivo el número de proveedores para el objeto que
se interesa sea inferior a cinco, la Administración dejará constancia expresa de
ello en el expediente administrativo correspondiente a la contratación e invitará
a los oferentes acreditados que hubiere.
60.4 Al despachar la invitación respectiva, la Administración incorporará una copia
del pliego de condiciones en un expediente o registro permanente y de fácil acceso
para cualquier proveedor eventual interesado en participar en la licitación, a efecto
de garantizar los principios de igualdad y de libre competencia a eventuales oferentes,
quienes podrán intervenir en el concurso sin que medie la respectiva invitación,
si se encuentra registrado, caso contrario, si se inscribe antes de vencerse el
plazo de recepción de ofertas.
60.5 El plazo para recibir ofertas no podrá ser inferior a tres días hábiles y su
apertura se regirá por las reglas de la licitación pública. La adjudicación o la
declaración de deserción del concurso deberá producirse dentro del plazo fijado
por la Administración, y en defecto de este, dentro de los veinte días hábiles siguientes
a la apertura de ofertas.
60.6 La Administración aplicará los principios y normas de la licitación pública,
particularmente en lo que concierne la preparación del cartel, los requisitos de
la oferta y las condiciones de selección y adjudicación, en la medida que sea compatible
con la naturaleza de la licitación restringida.
Sección Quinta
El remate
61.- Supuestos y procedimiento
61.1 Cuando la Administración, mediante resolución debidamente razonada, considere
el remate como el procedimiento más apropiado para satisfacer sus intereses, podrá
utilizarlo para la venta o el arrendamiento de sus bienes, muebles o inmuebles con
valor comercial.
61.2 En el procedimiento de remate se observarán los siguientes pasos:
61.2.1. Se procederá al avalúo de los bienes que se interesa vender o arrendar,
a efecto de establecer el precio base correspondiente. Dicho avalúo estará a cargo
del personal especializado de la respectiva Administración.
61.2.2. En el Diario Oficial se publicará la invitación a participar en el remate,
con indicación de los bienes objeto de éste, su naturaleza y principales características,
su precio base, lugar, fecha y horas en que podrán ser examinados, con al menos
cinco días hábiles anteriores a la fecha del remate, gravámenes o tributos que los
afectan, hora, fecha y lugar donde tendrá lugar el remate, y demás información que
se estime pertinente.
61.2.3. Entre esta publicación y la fecha de remate debe mediar un plazo no inferior
a diez días hábiles.
61.2.4. La Administración podrá, además, publicar en un diario de circulación nacional
el aviso del remate, con un resumen de los datos relevantes e indicación del número
y fecha del Diario Oficial donde se publicó la invitación a participar en él.
61.2.5. La Administración investirá para el acto de remate al funcionario que lo
presidirá, asistido por un secretario y un pregonero.
61.2.6. Las propuestas verbales que se formulen comprometen al oferente. Se pregonarán
conforme se vayan presentando, así como las mejoras o pujas que se formulen, hasta
que no haya quien mejore la última oferta, con lo cual se cerrará el acto de remate
declarando adjudicatario a quien formuló esta última. Se dejará constancia de los
datos del segundo mejor postor y lugar para notificaciones para el caso que el adjudicatario
incumpla sus obligaciones.
61.2.7. El adjudicatario o rematante deberá cancelar en este mismo acto, en concepto
de garantía de cumplimiento, al menos el equivalente a un diez por ciento (10 %)
del precio de los bienes rematados o de la primera mensualidad del arrendamiento
respectivo, para perfeccionar la adjudicación. Para cancelar el resto del precio,
el interesado dispondrá de tres días hábiles. Sólo entonces podrá retirar o utilizar
el bien.
61.2.8. Si no efectuara la cancelación total del precio, la Administración declarará
de inmediato insubsistente la adjudicación y perseguirá al incumpliente por los
daños y perjuicios irrogados y por las demás responsabilidades en que hubiere incurrido,
sin perjuicio de la pérdida a favor de la Administración de la garantía de cumplimiento
indicada. En el momento de constatarse la falta de cancelación, se adjudicará el
bien al segundo postor, si este manifiesta su anuencia , y se le conferirá un plazo
de tres días hábiles para que cancele la totalidad del precio.
61.2.9. Una vez concluido el remate, el presidente y el adjudicatario suscribirán
el acta dando fe de los bienes rematados, de los adjudicados, del precio respectivo,
del nombre, cédula de identidad y demás datos del adjudicatario y de las incidencias
relevantes del acto.
61.2.10. Una vez cancelado el precio respectivo por el rematante, la Administración,
si así lo requiere la naturaleza del bien rematado, formalizará el contrato con
los datos pertinentes y lo suscribirá conjuntamente con el primero.
61.3 Cuando se trate de bienes sujetos a inscripción en el Registro Nacional, una
vez cancelado el precio respectivo por el rematante, la Administración gestionará,
dentro de los siguientes diez días hábiles, el otorgamiento de la escritura, ante
la Notaría del Estado, en el caso del Gobierno Central, y ante los servicios legales
de la respectiva institución en los demás casos.
Sección Sexta
Modalidades complementarias dentro de los procedimientos de contratación
62.- Modalidades complementarias
La Administración podrá, dentro de los procedimientos ordinarios de contratación,
incorporar las modalidades de licitación con financiamiento, subasta a la baja y
precalificación, cuya justificación debe ser acreditada en el expediente de la respectiva
contratación, con la resolución que acuerde promoverla.
63.- Licitación con financiamiento
63.1 Cuando la Administración requiera el otorgamiento por cuenta o gestión del
contratante, de un crédito para respaldar los gastos originados por la contratación,
podrá utilizar la modalidad de licitación con financiamiento.
63.2 Para iniciar esta modalidad de procedimiento, la Administración acreditará
en el expediente de la contratación el compromiso de incorporar en los presupuestos
de los ejercicios respectivos las partidas necesarias para atender, los pagos por
amortización e intereses, así como de los gastos conexos derivados del financiamiento.
Asimismo la Administración asumirá la obligación de incorporar en los futuros presupuestos
las partidas necesarias para la atención del crédito.
63.3 Antes de promover la licitación respectiva, la Administración deberá obtener
las autorizaciones para el endeudamiento que se encuentren establecidas en el ordenamiento
jurídico.
63.4 Cuando se ofrezca a la Administración un empréstito que constituya una carga
para el Estado, o que requiera su aval, para la validez del contrato respectivo
se requiere la firma o el aval del Poder Ejecutivo, y si se tratare de un empréstito
externo, también requerirá la aprobación legislativa que establece el inciso 15)
del artículo 121 de la Constitución Política.
63.5 Antes del cumplimiento de estos requisitos, la Administración no asume responsabilidad
alguna, ni podrá darse inicio a la ejecución del contrato.
63.6 Transcurridos seis meses desde el recibo de la oferta sin que se cumplan dichos
requisitos, el procedimiento se tendrá por caduco sin responsabilidad para las partes.
63.7 El funcionario que autorice la ejecución del contrato sin que se haya dado
cumplimiento a aquellos requisitos, incurre en falta grave de servicio.
63.8 La Administración podrá reservarse en el cartel, la posibilidad de sustituir
en cualquier momento el crédito propuesto por el oferente.
64.- Adjudicación por subasta a la baja
64.1 El procedimiento de adjudicación por subasta a la baja, como una modalidad
dentro de los procedimientos ordinarios, podrá ser empleado por la Administración
para adquirir productos genéricos.
64.2 Por producto genérico se entenderá todo aquel que se produzca con sujeción
a patrones generales de fabricación y sea distribuido por al menos cuatro proveedores,
siendo indiferente, para la satisfacción del fin perseguido con la contratación,
la marca o el proveedor.
64.3 Cuando la Administración decida incorporar esta modalidad, lo hará saber a
los oferentes mediante una mención expresa en el cartel o pliego de condiciones.
64.4 En estos casos, los oferentes no incluirán una cotización de precios pero si
deberán cumplir el resto de especificaciones del cartel.
64.5 Una vez efectuada la selección de las ofertas elegibles, la Administración
convocará a un acto de recibo de las cotizaciones. Para tales efectos designará
un funcionario que presidirá el acto, asistido por un secretario, quien tendrá a
cargo levantar el acta correspondiente.
64.6 Las cotizaciones se formularán verbalmente en presencia de todos los participantes
debidamente acreditados, quienes podrán aclararlas, ampliarlas y mejorarlas en el
mismo acto de la comparecencia.
64.7 La respectiva contratación se adjudicará al proveedor que ofrezca el precio
más ventajoso.
64.8 En el mismo acto de adjudicación el proveedor respectivo deberá rendir la garantía
de cumplimiento por el diez por ciento (10%) del monto de la contratación, si el
pliego de condiciones contenido en la invitación a participar no disponía otro porcentaje.
64.9 En el acta respectiva deberá constar, junto con las incidencias relevantes
del acto y las objeciones y observaciones que los participantes soliciten incluir,
el nombre, cédula de identidad, calidades y dirección del o de los adjudicatarios,
la identificación de la garantía de cumplimiento, la cantidad y características
del producto objeto de la adjudicación, la fecha de su entrega y demás información
pertinente. Deberá ser suscrita por el funcionario responsable, el adjudicatario
y los participantes que hubieren solicitado que sus observaciones u objeciones quedaren
constando en el acta.
65.- Licitación con precalificación
65.1. Como parte de la licitación pública o de la licitación por registro la Administración
podrá promover una etapa previa de precalificación, cuando lo considere favorable
para el mejor escogimiento del contratista, a fin de seleccionar previamente a los
eventuales participantes, de acuerdo con sus condiciones particulares.
65.2 Cuando la Administración prevea que deberá efectuar varios concursos para adquirir
bienes y servicios de la misma naturaleza, podrá realizar una sola precalificación
para varias licitaciones. Las personas físicas o jurídicas que resulten precalificadas,
podrán participar en una o más de las licitaciones previstas. Para utilizar esta
alternativa conjuntamente con la aplicación de un modelo de precios predefinido,
la Administración deberá disponer de una reglamentación interna que establezca con
precisión las condiciones y los parámetros que regirán la selección y un esquema
de tarifas o precios debidamente autorizado por los órganos competentes.
65.3 Entre la fecha de la escogencia o precalificación y la del término para recibir
ofertas en la licitación o licitaciones que se promuevan, el lapso que medie no
podrá exceder más de un año. Transcurrido éste lapso sin que se hubiere promovido
la respectiva licitación, será necesario actualizar la lista de participantes eventuales,
mediante un nuevo procedimiento de precalificación.
65.4 La Administración iniciará el procedimiento de precalificación mediante la
publicación de un aviso en el Diario Oficial, para que los interesados en participar
en la licitación o licitaciones que se desea promover, las que deberán ser identificadas
muy claramente, presenten referencias, atestados y toda otra información pertinente,
dentro de un término que no podrá ser inferior a diez días hábiles contados a partir
de la publicación del aviso, a efecto de proceder a la precalificación. En los casos
en que por el monto corresponda el procedimiento de licitación pública, se deberá
estar a los plazos mínimos que en dicho procedimiento establece este Reglamento.
En dicho aviso deberá indicarse expresamente los factores a utilizar para el escogimiento
y el valor asignado a cada factor en la respectiva calificación.
65.5 Una vez vencido el plazo para la recepción de atestados, la Administración
procederá a examinar los que hubiere recibido hasta esa fecha y los valorará conforme
las reglas establecidas en el cartel de precalificación. El acuerdo de precalificación
debe ser motivado y publicado en el Diario Oficial, si se trata de una licitación
pública, y comunicado a los participantes, en el caso de licitaciones por registro.
El acuerdo de precalificación podrá ser apelado ante la Contraloría General, cuando
el monto estimado de la respectiva contratación se encuentre en los supuestos del
artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. La apelación procederá en
los términos que señala ese mismo artículo.
65.6 Cuando la estimación de la eventual contratación sea inferior a los montos
señalados por el artículo citado en el inciso anterior, procederá el recurso de
revocatoria ante el órgano que emitió el acuerdo de precalificación o el de apelación
ante el jerarca, cuando no fue éste quien dictó el acto.
65.7 Una vez firme el acto de precalificación, se procederá a tramitar la licitación
respectiva, invitando a participar en el concurso únicamente a las personas físicas
o jurídicas precalificadas, sin que sea dable a la Administración modificar en modo
alguno el resultado de la precalificación,
Sección Sétima
Regulaciones especiales sobre tipos particulares de contratación
66.- Tipos abiertos.-
66.1 La Administración podrá, por vía de reglamento, definir cualquier tipo contractual
a que podrá acudir, siempre que lo haga dentro del marco general y los procedimientos
ordinarios que establece la Ley de Contratación Administrativa y regula este Reglamento,
y justifique que con ello se contribuye a satisfacer el interés general y no únicamente
el interés de la institución.
66.2 Los reglamentos que regulen esta materia deberán ser consultados con anterioridad
a la Contraloría General de la República, con el objeto de armonizar conceptos,
normas y procedimientos sobre la especie. Esta opinión será obligatoria y vinculante.
67.- Contrataciones de obra pública
67.1 Procedimientos aplicables.- Para la Contratación de obras públicas se seguirá
el procedimiento de licitación pública, licitación por registro o licitación restringida,
de conformidad con el monto de la obra y el volumen presupuestario ordinario de
la Administración interesada, salvo cuando la ley disponga otro procedimiento.
67.2 Listado de subcontratación.- En las licitaciones de obra pública, las empresas
participantes en el respectivo concurso que deban subcontratar partes de las obras,
maquinaria, mano de obra, equipo o materiales, deberán presentar con su oferta un
listado de subcontratación. En este listado se indicará los nombres de todas las
empresas con las cuales se va a subcontratar y se aportará una certificación de
los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas
67.3 Límite de la subcontratación. El contratista no podrá subcontrar por más de
un cincuenta por ciento del total de la obra. Para exceder este porcentaje requerirá
autorización previa y expresa de la Administración, cuando circunstancias muy calificadas
así lo justifiquen a juicio de ésta. En todo caso la subcontratación no relevará
al contratista de su responsabilidad por la ejecución total de la obra.
67.4 Estudio de impacto ambiental.-
67.4.1. Todo procedimiento de contratación de una obra pública nueva estará precedido,
tanto de los prerrequisitos que establecen la Ley de Contratación Administrativa
y sus Reglamentos, como de un estudio de impacto ambiental que defina los efectos
de la obra.
67.4.2. Los proyectos respectivos incluirán las previsiones necesarias para preservar
o restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan verse deterioradas por la
ejecución de la obra, todo de conformidad con el estudio mencionado.
67.4.3. La Administración pondrá dicho estudio en conocimiento de los órganos competentes
en la materia a efecto de que, dentro del término conferido al efecto se pronuncien
sobre su calidad y su contenido. Cuando dicho pronunciamiento resultare negativo,
la Administración deberá procurar un nuevo estudio con las correcciones pertinentes.
67.4.4. Los órganos y entidades competentes en la materia deberán participar en
resguardo del medio ambiente en general o del impacto ambiental de la obra en particular,
en todos aquellos procedimientos que procuren preservar o restaurar las condiciones
ambientales afectadas por dicha obra.
67.5 Riesgo del contratista.- En el contrato de obra la ejecución se realizará por
cuenta y riesgo del contratista, sin perjuicio de su derecho a que se mantenga el
equilibrio económico del contrato, en los términos que lo regula el Reglamento respectivo.
La Administración no asumirá ante el contratista más responsabilidades que las previstas
y derivadas de la respectiva contratación.
67.6 Recibo de la obra.
67.6.1 Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso a la Administración
para que establezca fecha y hora para la recepción. La Administración dispondrá
de quince días hábiles para fijar esta fecha, salvo disposición en contrario del
cartel. De esta recepción, que tendrá el carácter de provisional, se levantará un
acta que suscribirán el funcionario representante de la Administración y el contratista,
en donde se consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado
de la obra, si el recibo es a plena satisfacción de la Administración o si se hace
bajo protesta y toda observación relativa al cumplimiento de las partes. Una vez
efectuada la recepción provisional no correrán multas por atraso en la entrega.
La Administración dispondrá de un plazo de dos meses contados a partir de la recepción
provisional para efectuar la recepción definitiva, salvo que en el cartel se haya
contemplado un plazo diferente.
67.6.2 La Administración solo podrá recibir definitivamente la obra, después de
contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de
la contratación, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes
en general y en particular las que se originen en vicios ocultos de la obra. Dicho
estudio formará parte del expediente, lo mismo que el acta a que se refiere el inciso
anterior.
67.6.3 Cuando surgiere discrepancia entre la Administración y el contratista sobre
el cumplimiento de los términos contractuales o sobre las condiciones de la obra,
la Administración podrá recibirla bajo protesta, y así se consignará en el acta
respectiva, La discrepancia podrá resolverse en los términos que lo determine el
cartel o mediante arbitraje, de conformidad con las regulaciones legales y los instrumentos
de derecho internacional vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que procedan,
entre ellas la ejecución de la garantía de cumplimiento en sede administrativa,
previa audiencia al interesado.
67.6.4 La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al contratista
por incumplimientos o vicios ocultos de la obra.
68..- Suministro de bienes
68.1 Procedimientos aplicables.- En atención al monto de la contratación y al volumen
del presupuesto ordinario de la Administración interesada, el suministro de bienes
se regirá por los procedimientos de licitación pública, licitación por registro
o licitación restringida.
68.2 Para el recibo del suministro, la Administración tomará todas las medidas pertinentes
a fin de asegurarse del pleno cumplimiento de las especificaciones requeridas en
los productos. A tal efecto contará con los estudios técnicos que fueren necesarios,
los cuales se incorporarán al expediente respectivo de la contratación, al igual
que el acta de recibo de los suministros, en la cual deben constar las cantidades,
calidades, características y naturaleza de los bienes, así como toda otra información
pertinente y será suscrita por el funcionario representante de la Administración
designado al efecto y el contratista o su representante legal.
69.- Contratación de servicios
69.1 Procedimientos de contratación de servicios.- Para la contratación de servicios
técnicos o profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, la Administración
deberá seguir los procedimientos de licitación pública, licitación por registro
o licitación restringida, de acuerdo con el monto de la respectiva contratación
y el volumen del presupuesto ordinario de la Administración interesada en el contrato,
de conformidad con los parámetros que establece la Ley de Contratación Administrativa.
69.2 Naturaleza.- La contratación de servicios técnicos o profesionales no originará
relación de empleo público entre la Administración y el contratista, y deberá remunerarse
conforme las respectivas tarifas, cuando los servicios se encuentres regulados por
aranceles obligatorios, salvo si la contratación se celebra en los términos del
los numerales 69.5 y 69.6 , en cuyo caso los profesionales o técnicos quedan sujetos
a una relación de empleo público remunerada con un sueldo fijo.
69.3 El cartel.- En los diferentes procedimientos de contratación de servicios técnicos
y profesionales, los respectivos carteles indicarán las condiciones generales y
las especificaciones requeridas y las bases para calificar y comparar las ofertas.
69.4 Criterios de selección.- Para resolver la adjudicación, el precio no constituirá
el único factor determinante en la comparación de las ofertas, sino las condiciones
personales, profesionales o empresariales de los participantes. El acto de adjudicación
debe ser motivado y comunicado por el mismo medio empleado para invitar a participar.
Estará sujeto a los recursos que regula este Reglamento
69.5 Las entidades públicas están autorizadas para contratar con sueldo fijo, utilizando
su régimen ordinario de nombramiento de funcionarios, a los profesionales que requieran
para formalizar las operaciones, los avalúos, los peritajes, la atención de diligencias
judiciales o administrativas o cualquier otro tipo de intervención profesional relacionada
con los servicios que brindan permanentemente. En estos supuestos no operará el
pago que rija por concepto de honorarios para la prestación de la actividad correspondiente.
69.6 Traslado de costos. La institución respectiva no podrá trasladar el costo de
la contratación de aquellos profesionales al usuario de los servicios correspondientes,
pero sí deberá cobrar los demás costos implícitos como los de inscripción de documentos
y pago de alguna exacción.
70.- Enajenación de bienes inmuebles
70.1 Procedimiento aplicable. Para enajenar bienes inmuebles la Administración debe
utilizar el procedimiento de licitación pública o el de remate según convenga al
interés público. En el expediente respectivo debe incorporarse la resolución debidamente
motivada que justifique la enajenación y el procedimiento por el que se ha optado,
así como el inventario y clasificación del bien o los bienes objeto de la enajenación.
70.2 Límites.- Los bienes inmuebles afectos a un fin público, no podrán ser enajenados
por la Administración; pero podrán ser desafectados por el mismo procedimiento utilizado
para establecer su destino actual. Si no consta el procedimiento utilizado para
la afectación, se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa para
su desafectación.
70.3 Determinación del precio.- La base de la venta de los bienes inmuebles pertenecientes
a la Administración, será el que fije pericialmente, el personal especializado en
la materia de la respectiva administración o, en su defecto, la Dirección General
de la Tributación Directa.
71.- Adquisición de bienes inmuebles
71.1 Procedimiento.- Para adquirir bienes inmuebles la Administración debe seguir
el procedimiento de licitación pública, salvos los casos en que leyes especiales
la autorizan para ejercer las facultades de expropiación o compra directa.
71.2 Precio. En el cartel respectivo la Administración indicará que el inmueble
deberá someterse a un avalúo por parte de la Dirección General de la Tributación
Directa, tratándose del Gobierno Central, o de la dependencia especializada de la
respectiva Administración, a efecto de que el precio de adquisición en ningún caso
supere el monto de dicho avalúo.
72.- Concesión de instalaciones públicas
72.1 Fundamento. Para alcanzar un mejor cumplimiento del fin público a que está
afecta una instalación, la Administración Pública podrá darla en concesión a personas
físicas o jurídicas, con el objeto de que la exploten en la prestación de un servicio
complementario del respectivo fin público, a cambio de un precio que se determinará
a través del concurso respectivo.
72.2 Procedimiento. La Administración otorgará la concesión mediante licitación
pública.
72.3 Naturaleza. La concesión de instalación pública otorga al concesionario únicamente
el beneficio de utilizar el bien por el plazo establecido y para el exclusivo cumplimiento
del interés público pactado. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por absolutamente
nula. La concesión no generará relación de inquilinato, derecho de llave ni otro
beneficio diferente del indicado.
72.4 Término.- La Administración podrá poner término a la concesión, cuando lo estime
necesario para la mejor satisfacción del interés público. Lo hará mediante resolución
motivada, previo aviso razonable al concesionario para evitarle perjuicios.
72.5 Cuando las causas de la revocación no sean atribuibles al concesionario, se
le deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados que reclame y demuestre
haber sufrido.
73.- Arrendamiento de inmuebles
73.1 Procedimientos.- La Administración podrá tomar en arrendamiento bienes inmuebles,
con construcción o sin ella, mediante el procedimiento de licitación pública, licitación
por registro o licitación restringida, según corresponda de conformidad con el monto
de su presupuesto ordinario y el de la respectiva contratación, todo según los parámetros
que establece la Ley de Contratación Administrativa.
73.2 Plazo.- El plazo del arrendamiento para todos los efectos se tendrá por tiempo
indefinido, en beneficio de la Administración; pero ésta podrá ponerle término en
cualquier momento sin responsabilidad alguna de su parte, siempre que dé aviso previo
al contratante por el período previsto en las condiciones del concurso, o en su
defecto, avisará con tres meses de anticipación al término, por lo menos. Dicho
aviso deberá hacerse en el domicilio indicado por el contratante al efecto.
73.3 En los arrendamientos de bienes inmuebles por parte de la Administración, el
reajuste de la renta se regirá por los parámetros contenidos en el artículo 67 de
la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, No. 7527 de 10 de julio de
1995.
74.- Arrendamiento de equipo
74.1 Procedimiento. Para tomar en arriendo equipo o maquinaria, con opción de compra
o sin ella, la Administración deberá seguir los procedimientos de licitación pública,
licitación por registro o licitación restringida, de acuerdo con el monto de la
contratación y el volumen de su presupuesto ordinario, todo conforme los parámetros
que establece la ley.
74.2 Estimación del contrato.- Cuando el contrato de arrendamiento contiene la cláusula
de opción de compra, su monto se estimará a partir del precio actual del equipo
o maquinaria respectivo. Cuando no se incluye dicha opción, la contratación se estimará
tomando el monto total de alquileres correspondientes a cuatro años.
Capítulo VII
Materias excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación
75.- Alcances
75.1 Las materias excluidas legalmente de los procedimientos ordinarios de contratación,
podrán ser objeto de negociación directa entre la Administración y el contratante,
con tal que la Administración actúe en ejercicio de su competencia y el contratante
reúna los requisitos legales y reglamentarios para celebrar el respectivo contrato.
75.2 La actividad contractual administrativa excluida legalmente de los procedimientos
ordinarios de contratación, deberá adaptarse en todos sus extremos a los principios
generales, los requisitos previos, los derechos y obligaciones de las partes, los
controles y el régimen de prohibiciones y sanciones previstos en la Ley de Contratación
Administrativa, y se encontrará sometida, en general, a la fiscalización superior
por parte de la Contraloría General. En el caso del Gobierno Central, esta actividad
estará sometida igualmente a la dirección técnica y evaluación de la Proveeduría
Nacional.
75.3 La determinación de los supuestos de prescindencia de los procedimientos ordinarios
es responsabilidad exclusiva de la Administración. En todo caso deberá dictarse
una resolución debidamente motivada y se dejará constancia expresa en el expediente
que al efecto se levante de todas las actuaciones que se realicen.
76. Actividad contractual ordinaria
76.1 Estamos en presencia de actividad contractual ordinaria cuando la prestación
objeto del contrato constituya una actividad que se identifica con la prestación
del servicio y el cumplimiento de los fines de la Administración respectiva. En
estos casos, la actividad podrá desarrollarse dentro del marco legal y reglamentario
respectivo, sin sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación establecidos
en la Ley y el presente Reglamento.
76.2 En todo caso, será considerada como actividad ordinaria:
76.2.1. La prestación de servicios públicos.
76.2.2. Anulado por Resolución S4 06754-98 [La venta de bienes adjudicados por la
Administración como consecuencia de la ejecución de garantías o el pago de obligaciones.
En estos casos, las Administraciones que usualmente desplieguen este tipo de actividad,
establecerán reglamentariamente los procedimientos de venta de dichos bienes, en
donde se garantizará los principios de eficiencia, igualdad de participación y libre
competencia y publicidad.]
77.- Acuerdos con sujetos de derecho público internacional
Los acuerdos y contratos con otros Estados o con sujetos de derecho público internacional,
estarán excluidos de los procedimientos de contratación administrativa, sin embargo,
para su validez y eficacia, deberán documentarse por escrito y suscribirse por los
funcionarios competentes.
78.- Contratos entre entes de derecho público
Los entes de derecho público podrán celebrar entre sí contrataciones sin sujeción
a los procedimientos de contratación. En sus relaciones contractuales deberán observar
el equilibrio y la razonabilidad entre las respectivas prestaciones.
79.- Actividades por naturaleza y circunstancias no sujetas a concurso público.
79.1 Los contratos que tengan por objeto prestaciones que sólo una persona pueda
cumplir, como la provisión de artículos exclusivos producidos por un único fabricante
que no tengan sucedáneos, los repuestos genuinos, los bienes y servicios de carácter
artístico o literario, , podrán celebrarse directamente entre la Administración
y el proveedor En todo caso el precio debe ser razonable y guardar relación con
el de prestaciones similares.
79.2 Cuando la prestación objeto del contrato se relacione con materias que requieran
seguridades calificadas, por lo que no convenga interesar sino a determinadas personas,
se podrá omitir el concurso público y contratar directamente con el proveedor idóneo,
sin perjuicio de que la contratación quede bien documentada en el expediente respectivo,
a efecto de que sea susceptible de controles posteriores.
79.3 Contratos con personas físicas, organizaciones no gubernamentales o entidades
privadas que evidencien su afán de ayuda desinteresada a la Administración y su
ausencia de ánimo de lucrar en la respectiva operación.
79.4 Las contrataciones que por su limitado volumen y trascendencia económica, hagan
que el principio de eficiencia se cumpla en mejores condiciones para el interés
general, prescindiendo de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con la siguiente
clasificación:
79.4.1. Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea superior a cuarenta
mil millones de colones, hasta por la suma de seis millones de colones.
79.4.2. Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a cuarenta
mil millones, pero superior a veinte mil millones de colones, hasta por la suma
de cinco millones de colones.
79.4.3. Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a veinte mil
millones, pero superior a diez mil millones de colones, hasta por la suma de cuatro
millones y medio.
79.4.4. Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a diez mil
millones de colones, pero superior a cinco mil millones de colones, hasta por la
suma de cuatro millones de colones.
79.4.5 Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a cinco mil
millones de colones, pero superior a mil millones de colones, hasta por la suma
de tres millones y medio.
79.4.6. Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a mil millones
de colones, pero superior a quinientos millones de colones, hasta por la suma de
tres millones de colones.
79.4.7 Las administraciones cuyo presupuesto ordinario sea inferior a quinientos
millones de colones se regirán por la tabla que, para tales efectos y mediante resolución,
dicte la Contraloría General.
79.4.8 En los casos anteriores, la Administración acudirá al Registro de Proveedores
para seleccionar al contratista, procurando brindar, en el transcurso del tiempo,
un acceso igual a todos los oferentes. Cuando no exista en el Registro de Proveedores
una persona calificada para la prestación, la Administración podrá seleccionarla
directamente.
79.5 La compra o arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza,
condiciones y situación se configuren como los únicos propios para la finalidad
propuesta. Estas circunstancias deberán quedar debidamente acreditadas en el expediente
mediante resolución motivada firmada por el jerarca respectivo. En estos casos,
la adquisición se hará por el precio que fije la Dirección General de la Tributación
Directa en el caso del Gobierno Central, o el personal especializado, en el caso
del resto de entes y órganos.
79.6 Las contrataciones necesarias para enfrentar situaciones totalmente imprevisibles
que afecten o amenacen gravemente la continuidad de los servicios públicos esenciales.
En estos casos, la Administración podrá efectuar de inmediato las contrataciones
que resulten necesarias y dejará constancia expresa de todas las circunstancias
en el expediente que levantará al efecto. Se entenderá dentro de este supuesto,
entre otros, la situación derivada del incumplimiento en la ejecución de un contrato
de obra en condiciones tales que la paralización amenace su integridad. Para la
selección de los contratistas la Administración deberá utilizar el Registro de Proveedores
y se encontrará obligada a dejar constancia de todas sus actuaciones en el expediente
respectivo. Cuando no exista en el Registro de Proveedores una persona calificada
para la prestación, la Administración podrá seleccionarla directamente.
79.7 Anulado por Resolución S4 2659-01 [Las compras de materiales para la preparación
de la documentación electoral a que se refiere el artículo 33 del Código Electoral
y la contratación de material y espacios publicitarios que efectúe el Tribunal Supremo
de Elecciones.]
79.8 El arrendamiento de los vehículos de los funcionarios de la Administración,
cuando para el cumplimiento de sus funciones deban desplazarse, y resulte más económico
y razonable, que se pague un precio por la utilización de dichos vehículos. Para
que opere esta modalidad de contratación, es necesario que exista un sistema de
control interno eficiente que garantice el uso racional y apropiado y que mediante
una reglamentación interna se establezca con precisión las condiciones de la prestación.
La aplicación de este sistema requiere de la autorización de la Contraloría General,
la cual podrá ordenar su eliminación cuando considere que se ha hecho una utilización
indebida del mismo. También corresponderá a dicho órgano la fijación periódica de
las tarifas correspondientes.
80.- Exclusión de contrataciones realizadas por oficinas en el exterior.
Las contrataciones que tienen por objeto la construcción, la instalación o la provisión
de oficinas y servicios en el exterior, podrán celebrarse sin sujeción a los procedimientos
ordinarios de contratación, pero la Administración deberá procurar que el contratista
sea idóneo y garantice el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales. El
reporte de esas contrataciones deberá hacerse a la Proveeduría Nacional de conformidad
con los requerimientos que ese órgano estipule.
81.- Exclusión de las contrataciones de caja chica.
Las compras que se efectúen con cargo a los fondos de caja chica se regirán por
las disposiciones reglamentarias internas adoptadas por el respectivo órgano o institución,
en donde se deberá establecer los supuestos para su utilización, los mecanismos
de control y los funcionarios responsables de su manejo.
82.- Exclusión por ley o instrumento internacional
82.1 Las contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación
por ley especial o por instrumento internacional vigente en Costa Rica, se regirán
por dichas normas y los respectivos reglamentos.
82.2 Los procedimientos ordinarios de contratación administrativa no se aplicarán
cuando en los instrumentos de empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se
establezca la utilización de procedimientos de contratación especiales, o se haga
remisión a cuerpos normativos elaborados por el organismo internacional de crédito
que suministra los recursos. En estos casos, serán de plena aplicación y vigencia
los principios fundamentales de la contratación administrativa y procederá el ejercicio
de los recursos de acuerdo con las reglas definidas en la normativa nacional. En
el caso del Gobierno Central, la excepción procedimental indicada no afectará los
requerimientos de registro y control que establezca la Proveeduría Nacional.
83.- Autorización de contratación directa
83.1 La Contraloría General podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación
directa en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando
existan razones suficientes para considerar que es la única forma de alcanzar la
debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses
públicos.
83.2 Se entiende especialmente dentro del alcance del anterior numeral, toda medida
de facilitación de las adquisiciones que efectúe el Tribunal Supremo de Elecciones
durante el período siguiente a la convocatoria oficial a elecciones y hasta la declaratoria
oficial de resultados.
83.3 La solicitud que dirija la Administración deberá contener una justificación
detallada de las circunstancias que provocan que la utilización de los procedimientos
ordinarios no sea conveniente, indicará los recursos presupuestarios con que haría
frente a las eventuales erogaciones y detallará la forma en que se tiene previsto
seleccionar al contratista.
83.4 La Contraloría General resolverá la solicitud en el término de diez días hábiles
y podrá establecer procedimientos sustitutivos a los ordinarios.
84.- Materias excluidas de los alcances de la Ley.
Las relaciones de empleo público, los empréstitos públicos y toda otra actividad
sometida por ley a un régimen especial de contratación, se regirán exclusivamente
por su normativa particular.
85.- Procedimientos de urgencia
85.1 Supuestos. Cuando la Administración enfrente situaciones de urgencia, podrá
prescindir de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación,
o crear procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar lesiones al interés
público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas.
85.2 Para utilizar este mecanismo de urgencia, la Administración requiere previamente
la autorización de la Contraloría General.
85.3 La petición respectiva debe formularse con aporte de la información pertinente
ante el órgano contralor, el cual deberá resolverla dentro de los diez días hábiles
siguientes a su presentación. En casos calificados la autorización podrá ser extendida
por la vía telefónica.
85.4 El silencio de la Contraloría General no podrá interpretarse como aprobación
de la solicitud.
Capítulo VIII
Recursos
86.- Clases de recursos.
Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación
administrativa serán el de objeción al cartel o pliego de condiciones y los de apelación
o revocatoria en contra del acto de adjudicación.
Sección Primera
El recurso de objeción
87.- Legitimación y fundamento del recurso.
87.1 Podrá interponer el recurso de objeción al cartel o al pliego de condiciones,
en la licitación pública y en la licitación por registro, respectivamente, cualquier
potencial oferente del bien, servicio u obra requerido. Cuando la objeción la formule
un representante, deberá acreditar dicha condición.
87.2 También podrá interponer el recurso de objeción cualquier organización legalmente
constituida para la defensa de los intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse
la obra o a brindarse el servicio.
87.3 En el escrito de objeción deberá argumentarse al menos sucintamente, la legitimación,
con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto
del concurso, y en el caso del numeral 87.2, la repercusión directa de la contratación
sobre el núcleo de intereses que representan.
87.4 El objetante deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel
o a las especificaciones técnicas, con señalamiento de las violaciones de los principios
fundamentales de la contratación administrativa, de las reglas de procedimiento
o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula
la materia.
88.- Recurso de objeción en procedimientos de licitación pública
88.1 Contra el cartel de las licitaciones públicas procederá la interposición del
recurso de objeción al cartel, ante la Contraloría General, dentro del primer tercio
del plazo para la recepción de ofertas.
88.2 Luego de recibido el recurso, la Contraloría General solicitará el criterio
de la Administración licitante, quien dispondrá de tres días hábiles para responder.
88.3 El recurso será resuelto en el plazo de diez días hábiles contados a partir
de su recepción. Cuando el recurso resulte totalmente improcedente por el fondo
o la forma, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal circunstancia.
En caso que la Contraloría General disponga la modificación del cartel, esta se
ajustará a lo dispuesto por el artículo 47 del presente Reglamento.
88.4 La no resolución del recurso dentro del plazo señalado, se tendrá como una
declaratoria con lugar de las objeciones formuladas.
89.- Recurso de objeción en procedimientos de licitación por registro (Modificado
tácitamente por la Ley 7612 de 22 de julio de 1996, que estableció el recurso de
apelación ante la Contraloría de las licitaciones por registro, por lo que esta
regulación se aplica a la licitación restringida)
89.1 En el caso de procedimientos de licitación por registro, el recurso de objeción
se interpondrá ante el órgano que tramita los procedimientos, dentro del primer
tercio del término para recibir ofertas, contado a partir del momento de que se
recibiera la invitación. En caso que se presentara el recurso en una dependencia
diferente, dentro de la misma Administración, el recurso deberá trasladarse, a más
tardar el siguiente día hábil, al órgano que corresponda. No interesará para estos
efectos la denominación que se le haya dado al recurso, y bastará para que se tramite
como objeción, el hecho que se derive de la gestión un cuestionamiento al pliego
de condiciones.
89.2 El recurso deberá resolverse por el jerarca, mediante acto debidamente motivado,
dentro del plazo de diez días hábiles, caso contrario, se tendrá por acogido en
todos sus extremos. Cuando el procedimiento hubiere sido tramitado por la Proveeduría
Nacional, será su titular quien conocerá del recurso de objeción.
89.3 Resolución y efectos de la declaratoria con lugar.
89.3.1. La resolución en que se resuelva el recurso de objeción deberá ser notificada
al promovente dentro de los siguientes dos días hábiles después de dictada.
89.3.2. Cuando un recurso de objeción es declarado con lugar, la Administración
deberá proceder, dentro de los tres días hábiles siguientes, a efectuar las modificaciones
que correspondan y a comunicarlo a los interesados por el mismo medio empleado para
la invitación a participar. Si de las modificaciones efectuadas se derivare una
variación sustancial del objeto, la Administración deberá ampliar el plazo de recepción
de ofertas, para ajustarlo a los plazos mínimos señalados por este Reglamento.
Sección Segunda
Recurso de apelación
90.- Supuestos.
Los actos de adjudicación de las licitaciones públicas y las licitaciones por registro,
podrán apelarse de acuerdo con los parámetros indicados por el artículo 84 de la
Ley de Contratación Administrativa. Cuando el procedimiento estuviere conformado
por líneas independientes, la Administración continuará con la tramitación de las
líneas no apeladas.
91.- Plazo y legitimación.
91.1 El recurso de apelación del acto de adjudicación se interpondrá, dentro de
los diez días hábiles siguientes a su comunicación, ante la Contraloría General.
Cuando la adjudicación se comunica por notificación, el plazo empezará a correr
al día siguiente de notificada la última de las partes.
91.2 Podrá interponer el recurso de apelación cualquier parte que ostente un interés
legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien
haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un
tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido
acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de
casas extranjeras.
92.- Fundamentación del recurso
92.1 El escrito de apelación deberá indicar con precisión las infracciones sustanciales
que se le imputan al acto de adjudicación o a los actos de procedimiento, con indicación
de las normas o principios que se alegan como quebrantados.
92.2 El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones,
y en caso que discrepe de los estudios técnicos tomados en cuenta por la Administración,
aportará, en la medida de lo posible, estudios técnicos, preparados por profesionales
calificados, que sustenten su posición.
92.3 El ofrecimiento de prueba complementaria deberá hacerse en el escrito de apelación.
93.- Trámite de admisibilidad
Con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa,
la Contraloría General estará obligada a analizar con todo detenimiento, dentro
de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, su admisibilidad
y procedencia general, procurando detectar en esta etapa las gestiones manifiestamente
improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.
94.- Solicitud de expediente administrativo
94.1 Una vez recibido un recurso de apelación, la Contraloría General solicitará
a la Administración, dentro del día hábil siguiente, la remisión del expediente
administrativo de la licitación y copia de las respectivas ofertas. La Administración
estará obligada a remitir el expediente al día hábil siguiente, y a prevenir a los
oferentes para que mantengan o restablezcan la vigencia de las ofertas y de la garantía
de participación.
94.2 Cuando en el expediente existieren líneas independientes que no hubieren sido
apeladas, la Administración enviará en sustitución del original, una copia certificada
del expediente administrativo.
95.- Supuestos de improcedencia manifiesta
La improcedencia del recurso se considerará manifiesta, en los siguientes supuestos:
95.1 Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio
y directo. En todo caso se entenderá que carece de legitimación el apelante que
no resulte apto para resultar adjudicatario, ya sea porque su propuesta resulte
inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente
beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación
que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud
para resultar adjudicatario.
95.2 Cuando la apelación se apoye en fundamentos y argumentaciones sobre los cuales
la Contraloría General ya haya adoptado una posición expresa en sentido contrario
en resoluciones anteriores, y no haya razones suficientes para modificar dichas
tesis.
95.3 Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88
de la Ley de Contratación Administrativa.
95.4 Cuando prevenido el apelante de mantener o restablecer la garantía de participación
o la vigencia de la oferta, no procede de conformidad.
95.5 Por presentación extemporánea.
96. Auto inicial
96.1 El auto inicial que admite a trámite el recurso, deberá adoptarse a más tardar
al décimo día hábil después de vencido el plazo para apelar. De no dictarse este
auto en el plazo indicado, la Contraloría General deberá establecer la responsabilidad
disciplinaria y personal que corresponda al funcionario encargado .
96.2 En este auto se conferirá a la Administración y a la parte adjudicada, un plazo
de cinco días hábiles para que se manifiesten sobre los alegatos del apelante. En
el caso de Ministerios con actividad contractual desconcentrada, también se dará
audiencia a la Proveeduría Nacional.
97. La prueba.
97.1 La Contraloría General deberá manifestarse expresamente, antes de la resolución
final, sobre las solicitudes de prueba de las partes, admitiéndola o denegándola,
mediante resolución motivada. Igualmente, adoptará las providencias probatorias
que sean necesarias para la correcta tramitación de la apelación.
97.2 Todas las dependencias administrativas se encuentran obligadas a prestar su
colaboración gratuita en la aportación de la prueba pericial solicitada de oficio
por la Contraloría General.
98. Conclusiones
De previo al dictado de la resolución final, la Contraloría General concederá a
las partes un plazo de tres días hábiles para que formulen conclusiones sobre el
fondo del asunto. Además deberán las partes manifestarse sobre la procedencia o
no de la aplicación de la sanción administrativa que contempla para el apelante
el artículo 87 de la Ley de Contratación Administrativa.
99.- Resolución final
99.1 La resolución final deberá ser adoptada a más tardar treinta días hábiles luego
de admitido a trámite el recurso. Este plazo podrá ampliarse por quince días hábiles
más, únicamente en el caso que se haya dictado prórroga motivada, originada en la
necesidad de recibir prueba pericial. (Modificado por la Ley 7612 de 22 de julio
de 1996, que modificó el artículo 89 de la Ley de Contratación Administrativa estableciendo
un plazo de cuarenta días, prorrogable por veinte días más cuando haya prueba pendiente).
99.2 Cuando en el conocimiento de un recurso de apelación la Contraloría General
considere que se encuentra en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta
no alegado en el recurso, lo pondrá en conocimiento de la partes por un plazo prudencial
para que manifiesten su posición al respecto.
99.3 Anulado por Resolución S4 998-98 [Al dictar la resolución final, la Contraloría
General analizará el carácter bien fundado o no de la apelación, a efectos de establecer
la procedencia de aplicar la sanción administrativa que señala el artículo 87 de
la Ley de Contratación Administrativa. Si del contexto del expediente se establece
que hubo motivo suficiente para apelar y que tampoco la conducta del apelante puede
considerarse como temeraria o antojadiza, no podrá imponerse esta sanción. ]
99.4 Anulado por Resolución S4 998-98 [Si la Contraloría General no se pronuncia
dentro del plazo establecido, la adjudicación impugnada quedará automáticamente
en firme.]
100.- Efectos de la resolución
100.1 La resolución que declare sin lugar el recurso, tendrá como consecuencia la
firmeza del acto de adjudicación y el agotamiento de la vía administrativa.
100.2 Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la
Contraloría General anulará el acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá
el expediente a la Administración para que, en caso de existir ofertas elegibles
y convenientes a sus intereses, proceda, , a la adopción de un nuevo acto de adjudicación
o, en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración
deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución.
100.3 La resolución final deberá ser notificada a las partes dentro de los tres
días hábiles siguientes, en el lugar señalado para tales efectos dentro del cantón
central de San José o por el medio electrónico que haya designado la parte. En caso
que no se haya efectuado esta indicación, la resolución se tendrá por notificada
dos días hábiles luego de su adopción.
101. Aclaración y adición.
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución, las
partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes
para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General. Esta gestión
deberá ser resuelta dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación
y no impedirá la firmeza del acto de adjudicación.
Sección Tercera
Recurso de revocatoria
102. Supuestos y procedimiento
102.1 En los procedimientos de licitación por registro en que no proceda el recurso
de apelación y en la licitación restringida, el sujeto legitimado, disconforme con
el acto de adjudicación, podrá presentar recurso de revocatoria.
102.2 El recurso será presentado y tramitado ante el órgano que dictó la adjudicación.
Sin embargo, cuando este órgano no sea el jerarca de la Administración respectiva,
el recurrente podrá solicitar que su gestión sea conocida y resuelta por el superior
jerárquico del órgano o ente licitante. Cuando el acto de adjudicación lo haya adoptado
la Proveeduría Nacional, será su titular quien conocerá y resolverá el recurso.
102.3 El recurso de revocatoria deberá plantearse dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la comunicación de la adjudicación y se regirá en cuanto a legitimación,
fundamentación y procedencia, por las reglas del recurso de apelación.
102.4 Si el recurso es manifiestamente improcedente, se ordenará y notificará su
archivo en el término de dos días hábiles.
102.5 Si el recurso resultara admisible, se notificará a la parte adjudicada, dentro
de los dos días hábiles siguientes, para que exprese su posición sobre los alegatos
del disconforme, dentro del plazo de tres días hábiles.
102.6 La Administración deberá resolver el recurso dentro de los quince días hábiles
siguientes a su contestación .
102.7 La resolución que declare sin lugar el recurso dará por agotada la vía administrativa.
102.8 La resolución que acoja el recurso de revocatoria, dispondrá igualmente sobre
la nueva adjudicación o declaratoria de deserción que corresponda según el mérito
del expediente o dispondrá que el órgano a cargo de los procedimientos proceda según
corresponda a los autos , dentro de los quince días hábiles siguientes ..
Capítulo IX
Sanciones
103.- Principios Generales
103.1 Las sanciones a que se refiere el presente capítulo, son las establecidas
por el legislador en el capítulo X de la Ley de Contratación Administrativa. Estas
sanciones son de naturaleza administrativa, por lo tanto su aplicación no excluye
la imposición de las sanciones que prevé la legislación penal, ni el reclamo de
responsabilidades por daños y perjuicios como consecuencia de la misma conducta,
y son compatibles con otras sanciones previstas expresamente en las normas que regulan
las respectivas contrataciones administrativas. En este último caso, si fueren de
orden patrimonial, estipuladas a título de daños y perjuicios, su monto se limitará
al de estos extremos.
103.2 Las sanciones administrativas a las que aquí se hace referencia sólo son aplicables
previa observancia de los procedimientos que en cada órgano o entidad estuvieren
previstos al efecto, con el fin de garantizar la debida defensa tanto del funcionario
público como del particular implicados en la falta.
103.3 En ausencia de regulaciones que garanticen la defensa a que se refiere el
artículo anterior, se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento ordinario
contenidas en el libro segundo de la Ley General de la Administración Pública.
103.4 Los procedimientos conducentes a la aplicación de las sanciones que aquí se
regulan, se sustanciarán en expedientes individualizados.
104.- Prohibiciones a los funcionarios públicos.
De acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa, a los funcionarios públicos
les está prohibido lo siguiente:
104.1 Infringir las prohibiciones de celebrar contratos con la Administración Pública,
contenidas en la ley.
104.2 Suministrar información de cualquier tipo a un oferente, que le dé ventaja
sobre el resto de los proveedores potenciales.
104.3 Solicitar o recibir cualquier dádiva, comisión o regalía, de los proveedores
ordinarios o potenciales del ente u órgano en el cual labora.
104.4 Hacer incurrir a la Administración en pérdidas patrimoniales, si la acción
la realiza con dolo, culpa o grave negligencia en el trámite del procedimiento para
contratar o en el control de su ejecución.
104.5 Asistir dentro o fuera del país a actividades organizadas o patrocinadas por
proveedores, ajenas a los planes de capacitación o al proceso de valoración objetiva
de las ofertas, salvo que el superior jerárquico, en forma razonada, autorice dicha
participación haciendo constar el beneficio para la Administración.
104.6 Incurrir en irregularidad en el curso de los procedimientos de contratación
administrativa, de la que resulte perjuicio para la Administración o algún particular
o se derive en su propio provecho, o el de un tercero, algún beneficio.
105.- Órganos competentes y sanciones
105.1 La Administración procederá de oficio o por denuncia de los particulares.
105.2 La Contraloría General, conforme la normativa que la rige, podrá también sustanciar
la investigación correspondiente, de oficio o por denuncia, con audiencia del funcionario
imputado, que garantice su debida defensa y recomendará a la Administración correspondiente
la aplicación de la sanción que proceda conforme a la ley.
105.3 Los funcionarios públicos cubiertos por la prohibición del inciso a) del artículo
22 de la Ley, que participen directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación
incurrirán en una falta grave ala relación de servicios.
105.4 Cuando un miembro de los Supremos Poderes incurriere en la causal prevista
en el numeral 104.1, el órgano competente para sustanciar el respectivo procedimiento
conforme con la normativa que la rige, es la Contraloría General, la cual pondrá
en conocimiento de la Asamblea Legislativa o del Presidente de la República, en
su caso, el resultado de la información, para que dichos órganos procedan conforme
a Derecho. Cuando se trate de Diputados y ministros de gobierno, la falta acarrea
la pérdida de la credencial, conforme lo dispone la Constitución Política
105.5 Cuando los incurrentes en esta causal fueren los funcionarios a que se refiere
el inciso c) del artículo 22 de la Ley, serán despedidos sin responsabilidad patronal,
conforme con los procedimientos respectivos.
105.6 Las causales mencionadas en los numerales 104.2, 104.3 y 104.4 se sancionarán
con despido sin responsabilidad patronal.
105.7 La causal establecida en el numeral 104.5 constituirá falta grave a la relación
de servicio, sancionable de acuerdo con el régimen de la institución u órgano correspondiente.
106.- Sanciones a los particulares.
106.1 Los particulares que durante el curso de los procedimientos de contratación
Administrativa incurran en las causales previstas en los artículos 99 y 100 de la
Ley de Contratación Administrativa, serán sancionados con apercibimiento e inhabilitación,
respectivamente.
106.2 El apercibimiento consiste en una formal amonestación escrita dirigida al
particular, a efecto de que corrija su conducta, cuando fuere posible, sin perjuicio
de la ejecución de garantías, cuando así procediere y constituye un antecedente
para la aplicación de la sanción de inhabilitación.
106.3 La sanción de inhabilitación consiste en el impedimento para participar en
todo procedimiento de contratación administrativa, por un período de uno a cinco
años según la gravedad de la faltas.
106.4 La Contraloría General o la Administración interesada, de oficio o por denuncia,
tomará el acuerdo de apercibimiento o de inhabilitación, previa audiencia al o a
los presuntos infractores por el término de cinco días hábiles para que formulen
sus alegatos y presenten sus pruebas de descargo. Si de dicha audiencia resultare
necesario obtener alguna prueba por parte de la Administración, producida ésta se
dará nueva audiencia por tres días hábiles a los interesados, transcurridos los
cuales se dictará la resolución definitiva. El apercibimiento y la inhabilitación
deben ser notificados al infractor en el lugar señalado en el expediente respectivo
y a la Contraloría General, cuando es la Administración quien dicta el respectivo
acuerdo, y a la Administración interesada, cuando es la Contraloría General quien
la emite.
106.5 La inhabilitación además será publicada en el Diario Oficial para efecto de
información a toda la Administración Pública.
106.6 Cada Administración, la Contraloría General y la Proveeduría Nacional en el
caso del Gobierno Central, llevarán un registro de las sanciones que dicten respectivamente
y de las que imponga la Administración y la Proveeduría Nacional, en el caso de
la Contraloría General, y de las que esta imponga y que le atañan, en el caso de
cada Administración y de la Proveeduría Nacional. Este registro será de fácil acceso
para cualquier interesado.
Capítulo X
Control de la actividad de contratación
107.- Deber de informar
107.1 Los sujetos que someten su actividad contractual a los términos de la Ley
de Contratación Administrativa, remitirán cada tres meses un informe a la Contraloría
General, en donde detallarán en forma sucinta la actividad contractual desplegada
durante ese período. En el caso del Gobierno Central, esta información se remitirá
a través de la Proveeduría Nacional.
107.2 En el informe se consignará al menos los procedimientos de contratacin iniciados,
los actos de adjudicación, las calidades del contratista, el objeto y el monto de
las operaciones, la partida presupuestaria que respalda la erogación y los demás
datos de interés.
107.3 La Contraloría General podrá indicar, mediante resolución, que otra información
de relevancia deberán contener dichos informes. Igualmente podrá establecer formatos
generales de presentación que faciliten su procesamiento.
108 Control interno del cumplimiento contractual
108.1 En toda Administración deberá designarse una unidad encargada del control
del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los contratistas. Esta unidad
será responsable de desplegar los actos de verificación necesarios para establecer
que la Administración recibe los bienes, obras o servicios dentro de las condiciones
de calidad, plazo y demás condiciones acordadas.
108.2 Cuando por la naturaleza del objeto contractual la Administración contratante
no disponga del personal o equipo necesario para efectuar los estudios o análisis
que le permitan verificar el debido cumplimiento contractual, las dependencias administrativas
que dispongan de esos recursos, estarán obligadas a brindar colaboración.
109.- Vigencia.
Este Reglamento rige a partir del primero de mayo de 1996.
Disposiciones transitorias
110.- Disposiciones transitorias.
110.1 Los procedimientos de contratación iniciados antes de la vigencia de la Ley
de Contratación Administrativa se concluirán, hasta el acto de adjudicación, conforme
a las disposiciones vigentes en el momento de adoptarse la decisión de iniciar el
concurso. A partir del primero de mayo de 1996, la determinación de las adjudicaciones
recurribles y los procedimientos de impugnación se regirán por las normas y parámetros
de la Ley de Contratación Administrativa.
110.2 Los reclamos de reajuste de precios, pendientes de tramitación a la entrada
en vigencia de la Ley de Contratación Administrativa, se concluirán de acuerdo con
las disposiciones que les dieron origen. Mientras no se publique el Reglamento de
reajustes y revisión de precios a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Contratación
Administrativa, los reclamos de reajuste continuarán rigiéndose por las regulaciones
vigentes antes de la vigencia de dicha Ley.
110.3. Todos los permisos de contratación directa sin sujeción a plazo, que haya
otorgado la Contraloría General antes de la entrada en vigencia del presente Reglamento,
continuarán vigentes en los términos y condiciones que se haya indicado en cada
caso particular.
110.4 Todos los entes y órganos bajo la cobertura del presente Reglamento, publicarán
sus Programas de adquisiciones dentro de los dos meses siguientes a la publicación
del presente Decreto Ejecutivo.
110.5 Dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente Decreto Ejecutivo,
las administraciones deberán actualizar y emitir los Reglamentos de registros de
proveedores de acuerdo con las regulaciones de la Ley de Contratación Administrativa.
Dado en la Presidencia de la República.- San José a los seis días del mes de marzo
de mil novecientos noventa y seis.
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