Legislación

Acuerdo Marco de Cooperación entre las Repúblicas de Costa Rica y Palestina

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

27 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de segundo debate, el expediente 19482, Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación entre las Repúblicas de Costa Rica y Palestina, así como el expediente 19711 Aprobación de Enmienda del Acuerdo de Marrakech.

De acuerdo con el proyecto del Acuerdo marco de cooperación entre Costa Rica y Palestina, se establece que el objetivo fundamental es la promoción de la cooperación técnica, económica, científica y cultural entre las Partes, a través del desarrollo y ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés común.

Las Partes prestarán facilidades a entidades del sector público y privado, cuando se requiera, para el desarrollo y la ejecución correcta de programas y proyectos de cooperación.

Asimismo otorgarán importancia a la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación de ambos países. Con base en el presente Acuerdo las Partes podrán celebrar acuerdos complementarios de cooperación, en áreas específicas de interés común.

La diputada Sandra Piszk Feinzilber manifestó que votó en contra el acuerdo con Palestina pues dijo que nuestro país no deriva ningún beneficio de un tratado en materia tecnológica con un Estado que no tiene absolutamente ningún desarrollo en esa materia.

“Un acuerdo de esta naturaleza es solamente un pretexto para reconocer la legitimidad de la organización Hamas, que domina Palestina y que ha rechazado sistemáticamente cualquier acuerdo de paz entre dos Estados”, dijo la diputada Piszk.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Eligen tres magistrados suplentes de Corte Suprema de Justicia

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

27 de marzo del 2017 – Jazmín Aragón Cambronero, Rodolfo León Díaz y Maribel Sáenz Murillo fueron escogidos por los diputados en el Plenario Legislativo como magistrados suplentes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque estaba prevista la elección de un cuarto magistrado, los diputados trasladaron la fecha de elección para la próxima semana.

Además se ratificó a la jueza Kattia Mora Cordero en el puesto de Jueza del Tribunal Registral Administrativo.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Contrato de acceso a terminal de contenedores presenta debilidades

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

23 de marzo del 2017 – La Contralora General de la República, Marta Acota Zúñiga, señaló una serie de debilidades y advertencias sobre la construcción del camino definitivo de acceso a la Terminal de Contendedores de Moín y la ruta Nacional 257.

Acosta Zúñiga compareció junto con el Ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Carlos Villalta Villegas, el Director del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), German Valverde González y Sergio Alfaro Salas, Ministerio de la Presidencia, quienes se refirieron a la investigación sobre la terminal.

Señaló que la Contraloría otorgó autorización al CONAVI para llevar a cabo dos procedimientos de contratación directa concursada para la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas, para la ejecución de los estudios previos, diseño y construcción de la Ruta Nacional 257 por un monto de $78.000.000,00.

Añadió que según el cronograma de la contratación preparado por el CONAVI, para lograr los estudios previos, diseño y construcción de la citada ruta, la orden de inicio se debía emitir en el período comprendido entre el 16 y 22 de junio de 2016, sin embargo, ese Consejo se encontraba en el citado período efectuando la evaluación de las ofertas y consecuentemente, no se había emitido el acto de adjudicación de la contratación referida.

En su exposición, la Contralora dijo que desde el año 2012, fue enfática en señalar a la Administración la necesidad de establecer un “plan de abordaje” de manera que se garantizara oportunamente el acceso vial definitivo y con ello, la aplicación de una menor tarifa en beneficio de los usuarios del servicio portuario estipulada en el Contrato de Concesión.

Entre otras advertencias, la Contralora apuntó que la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial de CONAVI había señalado en abril de 2015 que las coordenadas geográficas del acceso provisional construido en el 2014- no coincidían con las coordenadas geográficas del acceso de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y recomendó desde entonces, analizar detenidamente esta situación por considerar que se podían requerir gestiones ante otras instituciones y que la franja de derecho de vía de 60 metros, fue dada con respecto al alineamiento del acceso provisional.

Ante esto, el ministro Carlos Villalta, manifestó la orden de inicio de la obra se dio con dos meses de desfase, pero consideró que con el esfuerzo que están realizando a la fecha, dicho atraso van a poder ser cubiertos o adelantados para poder cumplir con la entrega de las obras en el plazo requerido.

“Reitero que no hay ni error ni pifia, cuando se sacó la licitación a concurso ya sabíamos del ajuste y una gestión para poder asegurarnos para que se diera la conexión entre la ruta definitiva y la Terminal de Contenedores de Moín”, comentó el Ministro.

German Valverde indicó que la obra se compone de una carretera de 2.1 kilometro, con una primera sección a nivel que luego se eleva 6 metros de altura sobre la línea férrea y el Río Moín, para entroncar la Terminal de Contenedores de Moín, el plazo de ejecución es de 20 meses y el monto adjudicado es de 71.85 millones de colones.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Donación de viviendas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron aprobaron en trámite de segundo debate, el expediente 18969 Autorización a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para la donación de viviendas.

La iniciativa establece que para ejecutar el proceso de donación, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias deberá constatar que cada una de las personas a quienes se les otorgue en donación una finca deberá ser a causa de los procesos de reconstrucción atinentes a una emergencia debidamente declarada conforme con la Ley 8488 y según lo establecido en el artículo primero de esta ley.

En caso de que el beneficiario haya fallecido o haya ocurrido una ruptura del núcleo familiar, este derecho de donación podrá heredarse o cederse a quien corresponda.

La Comisión deberá implementar un expediente físico o electrónico donde se documente debidamente la atinencia de la donación.

Los beneficiarios estarán exentos, para este único trámite, del pago de todo impuesto, tasa, timbre o tributo nacionales, excepto las especies fiscales municipales, cuyo pago será asumido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Video: Dirección de Aduanas confirma evasión de impuestos por parte de importadores

Federico Villegas, Pablo Quirós, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de marzo del 2017 – Personeros de la Dirección Nacional de Aduanas confirmaron una evasión fiscal, por parte de 335 empresas importadoras, que asciende a a los 53 mil millones de colones.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Aprobado impuesto a las personas jurídicas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de segundo debate, el expediente 19818 Impuesto a las Personas Jurídicas, que pretende establecer un impuesto a todas las sociedades mercantiles, así como sobre toda sucursal de una sociedad extranjera.

Se establece que dicha sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

El hecho generador para todas las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional ocurre el 1° de enero de cada año.

También el hecho generador para todas las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada que se inscriban en un futuro será su presentación al Registro Nacional.

Para efectos de aplicación de esta ley, el período fiscal será de un año, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año.

El impuesto se devengará, para las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas, el primero de enero de cada año y, para las que se constituyan e inscriban en el transcurso del período fiscal, al momento de presentación de la escritura de constitución ante el Registro Nacional.

El proyecto establece anualmente una tarifa que se pagará como se indica:

Las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional no inscritos en el Registro Único Tributario en la Dirección General de Tributación, pagarán un importe equivalente al quince por ciento (15%) de un salario base mensual.

Las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos menores a ciento veinte salarios base, pagarán un importe equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual.

Las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos en el rango entre ciento veinte salarios base y menor a doscientos ochenta salarios base, pagarán un importe equivalente a un treinta por ciento (30%) de un salario base mensual.

Finalmente las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos equivalente a doscientos ochenta salarios base o más, pagarán un importe equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual.

Eso significa que las sociedades inactivas pagarán 63 mil colones, 106 mil colones las sociedades que generen hasta 50 millones de colones, ₡127 mil, las que generen de 51 millones de colones a 118 millones y finalmente ₡212 mil, las que generen ₡118 millones en adelante

En cuanto al destino del proyecto se establece 90% de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia.

Un 5% de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social.

Y finalmente un cinco por ciento 5% de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la atención del crimen organizado.

La diputada Paulina Ramírez Portuguez manifestó que hoy se está recuperando un impuesto que es tan importante para la seguridad nacional y así mismo venir en contra del narcotráfico y todos los flagelos que se ha sufrido en la seguridad.

“La recuperación de este impuesto que tiene un impuesto específico es importante y positivo porque estos recursos van dirigidos en un 90 por ciento a la inversión en seguridad ciudadana para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial y en la atención de programas”, dijo la diputada.

Por su parte el diputado Mario Redondo Poveda señaló que los inicios del año 2017 muestran señales preocupantes en materia de homicidios en el país, ya que el número sigue siendo importante y costando la vida de niños inocentes víctima de una guerra de narcos en el país.

“La aprobación de este proyecto permitirá fortalecer las finanzas del Ministerio de Seguridad en una suma cercana a los 45 mil millones de colones al igual que con la incursión en el presupuesto nacional para el 2017 de 25 mil millones más, lo que nos da la suma de 70 mil millones de colones adicionales al Ministerio de Seguridad, nunca en la historia de este país seguridad publica va a contar con más recursos que en esta ocasión”, dijo el diputado Redondo.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Video: Director de la DIS desmiente escuchas, fichaje y desaparición de archivos

Rosibel Barrantes, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

15 de marzo del 2017 – El Director de Inteligencia y Seguridad Nacional, Mariano Figueres Olsen desmintió ante la Comisión de Derechos Humanos que dicha institución halla desparecido archivos, haga escuchas de comunicaciones y fichaje de ciudadanos.

Fuente: Asamblea Legislativa.

DIS no realiza escuchas telefónicas asegura director

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

15 de marzo del 2017 – Mariano Figueres, Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), aseguró que esta dirección, no realiza escuchas telefónicas y no cuentan con la capacidad tecnológica para dicho proceso, en su comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

En el tema de escuchas telefónicas reiteró que la Dirección de Inteligencia y Seguridad en Costa Rica no realiza escuchas de telecomunicaciones, pero además desde un punto de vista de capacidad tecnológica, no existe hoy, y para ello, manifestó que han invitado a lo largo del proceso de construcción de esta ley, a diputadas y diputados que puedan verificar en las instalaciones, que existen las capacidades tecnológicas, para hacer intervenciones.

“Producto más bien de gestiones realizadas dentro de este Gobierno por esta Dirección de Inteligencia, hoy se puede decir en Costa Rica, que el único lugar donde se realizan escuchas de comunicaciones, es en el Centro de Intervención Judicial del Poder Judicial, que es una dependencia directa de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, aclaró Figueres.

El compareciente dijo que busca un balance entre dos cosas importantes, los derechos humanos y la seguridad del país, pues consideró que ambos temas fortalecen nuestra democracia.

“Si no tenemos un absoluto respeto de los derechos humanos de nuestras prácticas de construcción de inteligencia, esas prácticas son espurias inaceptables en una democracia y al mismo tiempo, sino tenemos un organismo de inteligencia fuerte, podemos correr el riesgo ante las amenazas regionales que enfrentamos hoy, de caer en una situación que podría incluso ser de un estado fallido, como tenemos lamentablemente vecinos cercanos que están en esa condición”, comentó.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Impuesto podría financiar medicamentos de alto costo para pacientes

Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de marzo del 2017 – Un proyecto de ley que se conoce en la Comisión de Jurídicos pretende aumentar el impuesto a las gaseosas y otras bebidas líquidas para destinar los recursos a la compra de medicamentos de alto costo.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Impuesto a bebidas financiaría medicamentos de alto impacto

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de marzo del 2017 – Representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, (CCSS), propusieron aumentar el impuesto específico a las bebidas no alcohólicas, para adquirir medicamentos de alto impacto financiero en la institución y así brindar calidad de vida, a las personas que requieren dichos productos.

Juan Luis Bermúdez, Asesor de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y Albín Chaves Director de Farmacoepidemiología, comparecieron en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y referirse al expediente 20144 Ley para la adquisición solidaria de medicamentos y vacunas de alto impacto financiero de la CCSS.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, han recomendado que para garantizar el acceso a medicamentos de alto impacto financiero se deben buscar fuentes alternativas de financiamiento, con el fin de garantizar que la política institucional de medicamentos continúe fortaleciendo el bienestar de la población.

La propuesta aumentaría el tributo a las bebidas no alcohólicas con lo que se espera que este incremento le genere a la CCSS la suma de diez mil millones de colones anuales. Chaves aseguró además que el aumento no incide significativamente en el consumidor, el incremento del precio en promedio sea de un 2%, y no afectaría los niveles de consumo de estas bebidas, ni afecte la producción y por ende las fuentes de trabajo en esta industria.

Al aprobarse el proyecto, dijo, el incremento planteado originalmente para estas bebidas seria de 5.5 colones y para las bebidas liquidas envasadas excepto agua es de 4.1 colones.

Finalmente señaló que es necesario fortalecer a la CCSS para seguir garantizando el acceso a los medicamentos a la población, también brindar el tratamiento a las enfermedades de baja prevalencia que requieren medicamentos de alto impacto financiero y finalmente fortalecer los programas de vacunación que representa la máxima expresión de la universalidad del sistema de salud.

Fuente: Asamblea Legislativa.