Plenario

Aprobado impuesto a las personas jurídicas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de segundo debate, el expediente 19818 Impuesto a las Personas Jurídicas, que pretende establecer un impuesto a todas las sociedades mercantiles, así como sobre toda sucursal de una sociedad extranjera.

Se establece que dicha sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

El hecho generador para todas las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional ocurre el 1° de enero de cada año.

También el hecho generador para todas las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada que se inscriban en un futuro será su presentación al Registro Nacional.

Para efectos de aplicación de esta ley, el período fiscal será de un año, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año.

El impuesto se devengará, para las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas, el primero de enero de cada año y, para las que se constituyan e inscriban en el transcurso del período fiscal, al momento de presentación de la escritura de constitución ante el Registro Nacional.

El proyecto establece anualmente una tarifa que se pagará como se indica:

Las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional no inscritos en el Registro Único Tributario en la Dirección General de Tributación, pagarán un importe equivalente al quince por ciento (15%) de un salario base mensual.

Las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos menores a ciento veinte salarios base, pagarán un importe equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual.

Las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos en el rango entre ciento veinte salarios base y menor a doscientos ochenta salarios base, pagarán un importe equivalente a un treinta por ciento (30%) de un salario base mensual.

Finalmente las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos equivalente a doscientos ochenta salarios base o más, pagarán un importe equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual.

Eso significa que las sociedades inactivas pagarán 63 mil colones, 106 mil colones las sociedades que generen hasta 50 millones de colones, ₡127 mil, las que generen de 51 millones de colones a 118 millones y finalmente ₡212 mil, las que generen ₡118 millones en adelante

En cuanto al destino del proyecto se establece 90% de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia.

Un 5% de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social.

Y finalmente un cinco por ciento 5% de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la atención del crimen organizado.

La diputada Paulina Ramírez Portuguez manifestó que hoy se está recuperando un impuesto que es tan importante para la seguridad nacional y así mismo venir en contra del narcotráfico y todos los flagelos que se ha sufrido en la seguridad.

“La recuperación de este impuesto que tiene un impuesto específico es importante y positivo porque estos recursos van dirigidos en un 90 por ciento a la inversión en seguridad ciudadana para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial y en la atención de programas”, dijo la diputada.

Por su parte el diputado Mario Redondo Poveda señaló que los inicios del año 2017 muestran señales preocupantes en materia de homicidios en el país, ya que el número sigue siendo importante y costando la vida de niños inocentes víctima de una guerra de narcos en el país.

“La aprobación de este proyecto permitirá fortalecer las finanzas del Ministerio de Seguridad en una suma cercana a los 45 mil millones de colones al igual que con la incursión en el presupuesto nacional para el 2017 de 25 mil millones más, lo que nos da la suma de 70 mil millones de colones adicionales al Ministerio de Seguridad, nunca en la historia de este país seguridad publica va a contar con más recursos que en esta ocasión”, dijo el diputado Redondo.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Reelecto magistrado Ramírez en la Sala Tercera

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de marzo del 2017 – Los diputados reeligieron por tercera vez a Jesús Ramírez Aguilar como Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

De los 50 diputados presentes en el Salón de Sesiones y en votación secreta, 28 votaron sí y 22 no para esta reelección.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, José Alberto Alfaro Jiménez señaló que al no alcanzarse la mayoría, el magistrado Ramirez quedó electo y el próximo lunes se procederá a la juramentación.

Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos presentaron un informe afirmativo de mayoría y un informe negativo de minoría los cuales fueron discutidos en el Plenario Legislativo.

La diputada Emilia Molina Cruz, quien suscribió el informe negativo de minoría, manifestó que se solicitó traer al Magistrado Ramírez, para que rindiera cuentas de su quehacer, pues dijo que el Magistrado ha estado 32 años en la Corte Suprema de Justicia.

La legisladora Molina Cruz, señaló que el interés de llamar en audiencia a Ramírez, era conocer sus atestados laborales, no era un tema de edad.

“Todos los magistrados que han sido reelectos en esta Asamblea Legislativa en los últimos once años, han venido a la Comisión de Nombramientos han rendido cuentas, solo el magistrado Ramírez no”, dijo la diputada Molina.

Por su parte, el diputado Jorge Rodríguez Araya señaló que la ratificación o no de un magistrado es un tema que debe de conocer el pleno de la Asamblea Legislativa y no la Comisión Permanente Especial de Nombramientos.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Aprobado convenio para combatir corrupción de funcionarios públicos extranjeros

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

2 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de primer debate, el expediente 20120 Aprobación del canje de notas entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) constitutivo para la adhesión a la Convención para combatir el cohecho.

La iniciativa establece que el cohecho (delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante la solicitud de una dádiva a cambio) es un fenómeno ampliamente generalizado en transacciones comerciales internacionales, incluyendo comercio e inversiones, lo cual plantea serios problemas morales y políticos, minimiza la buena gobernanza y el desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales.

El cohecho de un servidor público extranjero deberá ser castigable con sanciones penales efectivas, proporcionales y disuasivas. El rango de sanciones será comparable al aplicable al cohecho de servidores públicos propios de la Parte y en el caso de personas físicas, deberá incluir privación de libertad suficiente para permitir asistencia jurídica recíproca y extradición.

Se regulan otros aspectos importantes para el abordaje integral del fenómeno del soborno transnacional, entre ellos: reglas de jurisdicción que pretenden asegurar la sanción del delito, con independencia del lugar de comisión de los hechos; se reconoce el lavado de dinero como delito predicado (es el que genera el dinero ilícito); se establecen medidas dirigidas a vigilar la contabilidad de las empresas y finalmente, se establecen compromisos en materia de cooperación jurídica y extradición, aspectos indispensables para el combate efectivo de delito de soborno transnacional, en razón de su naturaleza.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Video: Plenario condena acciones en contra del acceso a la información

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

27 de febrero del 2017 – El Plenario Legislativo aprobó una moción para condenar cualquier tipo de acción que restrinja o amenace la libre circulación de ideas y limitaciones que afecten el acceso a la información.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Aprobado convenio sobre ciberdelincuencia

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de febrero del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de primer debate, el expediente 18484 Aprobación de la Adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, que pretende proteger a la sociedad de dicho mal mediante la adopción de legislación apropiada.

Dicho convenio pretende que cada parte miembro del Consejo de Europa y los otros Estados signatarios del presente Convenio, consiga una unión más estrecha entre los miembros, además de reconocer el interés de intensificar la cooperación con cada parte en el presente Convenio.

Así mismo, convencidos de la necesidad de aplicar, con carácter prioritario, una política penal común destinada a proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, entre otras formas, mediante la adopción de la legislación apropiada y el fomento de la cooperación internacional; Conscientes de los profundos cambios suscitados por la digitalización, la convergencia y la globalización continua de las redes informáticas preocupados por el riesgo de que las redes informáticas y la información electrónica sean utilizadas igualmente para cometer delitos y que las pruebas relativas a dichos delitos, sean almacenadas y transmitidas por medio de esas redes.

Se establece también la necesidad de una cooperación entre cada parte y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia, así como la necesidad de proteger los legítimos intereses en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información, en la creencia de que la lucha efectiva contra la ciberdelincuencia requiere una cooperación internacional en materia penal reforzada, rápida y operativa.

“Convencidos de que el presente Convenio resulta necesario para prevenir los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos, mediante la tipificación de esos actos, tal y como se definen en el presente Convenio, y la asunción de poderes suficientes para luchar de forma efectiva contra dichos delitos, facilitando su detección, investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional, y estableciendo disposiciones que permitan una cooperación internacional rápida y fiable”, dice el proyecto.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Video: Beneficiarios de vivienda construidas en emergencia serán propietarios

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

13 de febrero del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de primer debate, el expediente 18969 Autorización a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para la Donación de Viviendas.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República de Costa Rica y Palestina

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

13 de febrero del 2017 – El acuerdo establece un mecanismo bilateral de consulta sobre cooperación que estará presidido por los viceministros de Relaciones Exteriores o los directores generales de Cooperación Internacional de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países.

Manifestando el interés de Costa Rica en fortalecer las relaciones de cooperación, económica, política, científica, técnica con Palestina, se elabora el proyecto en miras de un apoyo mutuo, de respeto a la dignidad de la persona humana, de la familia, de la niñez, del adulto mayor. Es un convenio de cooperación en el cual se pretende al igual que con otros países del mundo, estrechar lazos en la parte de turismo, economía, agricultura, cooperativismo, ciencia, tecnología.

Se trata de un acuerdo de cooperación Sur-Sur donde sus principales funciones es la identificación de los sectores de interés común, en los que sea necesario el desarrollo de proyectos de cooperación, estableciendo un compromiso bilateral que contemple modalidades como envío de expertos, investigadores, profesionales, desarrollo de servicios, seminarios, intercambio, así como la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación de ambos países.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Diputados aprueban reforma a ley de JUDESUR

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

9 de febrero del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de segundo debate, el expediente 20208 Reforma de los artículos 3 inciso b), 59 y transitorio IV de la Ley 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR).

Esta reforma, fue presentada por el diputado liberacionista Olivier Jiménez Rojas y Gerardo Vargas Rojas modifica varios artículos de la Ley Orgánica de JUDESUR, con el fin de captar más recursos y subsanar una serie de necesidades que se estaban presentando en el plano administrativo.

Así mismo se reforma el artículo 59 de la Ley N. °9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para que los ingresos netos contemplados en el inciso a) del artículo 3, de esta ley se distribuirán de la siguiente manera:

a) Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos netos, luego de deducir las comisiones bancarias y el pago del convenio con el Ministerio de Hacienda, se destinarán a gastos de administración, operación, funcionamiento, construcción y mantenimiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).
b) Hasta un diez por ciento (10%) para la publicidad y el mercadeo, el equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito.
c) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas para educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a favor de estudiantes de escasos recursos que sean residentes de los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, o bien, que se trasladen temporalmente, por razones estrictamente de estudio, fuera de estos cantones ante la oportunidad de preparación académica calificada que no se brinde en ellos, situación que debe ser debidamente motivada.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Aprueban proyecto para crear fideicomisos para infraestructura

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

7 de febrero del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de segundo debate, el expediente 19497 Ley que Autoriza el desarrollo de infraestructura de transporte mediante fideicomisos, que pretende autorizar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), o ambos conjuntamente, para constituir fideicomisos de interés público.

Dichos fideicomisos serán con cualquiera de los bancos comerciales del Estado a efectos de planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento a la obra de infraestructura de transporte.

El plan establece además que se autoriza y faculta al Instituto Costarricense de Ferrocarriles para constituir fideicomisos de interés público con cualquiera de los bancos comerciales del Estado a efectos de planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento a la obra de infraestructura ferroviaria, así como a la maquinaria de transporte ferroviario.

Para obtener financiamiento los fideicomisos podrán acceder a fuentes de recursos financieros privados y públicos, otorgados por entidades nacionales e internacionales, mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios.

Los contratos de fideicomiso serán refrendados por la Contraloría General de la República, de conformidad con la normativa vigente.

La constitución de cada fideicomiso según la presente ley, deberá contar con la autorización del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica.

Dichos fideicomisos deberán responder a la planificación institucional y priorización de proyectos estratégicos definidos en el Plan Nacional de Transportes y en el Plan Nacional de Desarrollo.

Así mismo se autoriza a las instituciones de la Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias, de la Administración Pública descentralizada y las empresas públicas del Estado, así como a las empresas públicas no estatales, a las municipalidades, a los bancos del Sistema Bancario Nacional y a las operadoras de pensiones de capital público respecto a los fondos que administran, a invertir recursos en los fideicomisos referidos en esta ley, en tanto no se ponga en riesgo el cumplimiento de los fines que justifican su creación. Podrán utilizar los mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando en cada caso, la normativa aplicable.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Video: Multarán a conductores que se nieguen a hacer la prueba de alcoholemia

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

2 de febrero del 2017 – El Plenario Legislativo aprobó una serie de reformas a la Ley de Tránsito para que tenga mayor precisión.

Fuente: Asamblea Legislativa.