Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
20 de agosto del 2014 – Con el apoyo unánime de los siete diputados presentes, la Comisión de Asuntos Sociales dictaminó el expediente 16992 que busca garantizar el respeto a la libertad de prensa de los periodistas.
Con esta nueva legislación se prohíbe cualquier tipo de coacción, amenaza o censura, en el ejercicio de la profesión y se establecerá que las empresas periodísticas no podrán desarrollar prácticas laborales que limiten de forma ilegítima el ejercicio de la libertad de prensa por parte de los periodistas que laboran bajo sus órdenes.
Se considerarán como prácticas laborales de las empresas periodísticas que limitan ilegítimamente la libertad de prensa de los periodistas las siguientes:
- Prohibir o impedir al periodista investigar o informar sobre determinados hechos noticiosos o asuntos de interés público.
- Obligar o presionar al periodista a ocultar información sobre asuntos de interés público, omitiendo publicarla o recortando reportajes periodísticos con el fin de favorecer los intereses particulares de algún grupo o persona, en perjuicio del derecho de la ciudadanía a obtener información veraz y oportuna.
- Obligar o presionar al periodista para que le dé un determinado sesgo u orientación a sus reportajes informativos, favoreciendo alguna posición o a excluir otros puntos de vista.
- Sancionar o perjudicar ilegítimamente en el ejercicio de sus derechos laborales al periodista por publicar algún tipo de información siempre y cuando haya cumplido con las normas que rigen el ejercicio de la profesión.
También se prohíbe a las empresas periodísticas el despido sin justa causa de periodistas con motivo de la aplicación de prácticas laborales que limitan ilegítimamente la libertad de prensa, por oponerse a ellas o por denunciarlas ante las autoridades competentes.
El periodista que fuere despedido en violación a esta Ley podrá gestionar ante el juez de Trabajo, su reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus derechos, ofreciendo las pruebas en que sustente su reclamo.
Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los siguientes tres días. Vencido este término, convocará a las partes a una audiencia para evacuar las pruebas ofrecidas. Dentro de los diez días siguientes a la realización de la audiencia, el juez ordenará la reinstalación, si fuere procedente, y, además, le impondrá al empleador el pago de los salarios dejados de percibir.
El patrono o representante patronal que se niegue a efectuar la reinstalación será condenado al pago del equivalente a un día del salario que corresponda, a favor del trabajador afectado, por cada día calendario en que no cumpla con dicha orden.
En caso de que el periodista no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, además del auxilio de cesantía a que tuviere derecho y de los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, una indemnización por concepto de daños y perjuicios ocasionados.
Se establecen igualmente las causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo:
Cuando los periodistas invoquen la cláusula de conciencia porque se les obligue a realizar un trabajo contrario a sus valores o creencias o al Código de Ética Periodística, o porque la empresa para la cual trabajan cambie la política informativa, y su nueva orientación editorial riña con aquellos. En estos casos, los trabajadores deberán manifestarle a su patrono su decisión por escrito, indicando las razones que la motivaron.
La legisladora Patricia Mora Castellanos del Partido Frente Amplio señaló la importancia de la labor de los profesionales en comunicación.
Por su parte, la diputada de Liberación Nacional Sandra Piszk Feinzilber se mostró a favor del dictamen del proyecto de ley.
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