Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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10 de diciembre del 2014 – Las dificultades para poder desarrollar la pesca artesanal en nuestro país afecta de manera directa a cerca de 18 mil familias en la costa del Pacífico.
El presidente de Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (ICOPESCA), Gustavo Meneses explicó a los legisladores que conforman la Comisión Especial Investigadora de Puntarenas que el 50 por ciento de las personas que se dedican a la pesca lo hacen al margen de la ley, debido a que la mayoría no cuentan con los premisos necesarios.
Meneses aseguró que el país tiene una deuda “muy grande” con este grupo de pescadores debido a que “se han postergado las decisiones que se tienen que tomar para apoyar esta actividad”.
La pesca de arrastre de camarón es otro problema porque la Sala Constitucional prohibió otorgar nuevas autorizaciones, renovar las vencidas o reactivar las inactivas, argumentando el serio daño ambiental que provoca este tipo de pesca.
El jerarca de INCOPESCA explicó que existe un proyecto de ley pero que a su criterio, no satisface lo establecido por la Sala y que la discusión se debe dar a nivel nacional.
Meneses fue claro que una de las propuestas para solventar el problema es abrir el diálogo a nivel nacional y realizar una serie de estudios socioeconómicos de los trabajadores que se dedican a este tipo de pesca.
En el 2019 vencen las últimas licencias para pescar.
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