Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
11 de diciembre del 2012
Un fuerte enfrentamiento se produjo esta mañana entre los legisladores de la comisión investigadora y los responsables de la construcción de la carretera 1856, más conocida como Trocha Fronteriza, quienes continúan insistiendo en que actuaron apegados a la legalidad.
Los extensos cuestionamientos sustentados por congresistas como Manrique Oviedo Guzmán (Partido Acción Ciudadana), Walter Céspedes Salazar (Unidad Social Cristiana), Jorge Rojas Segura y Carolina Delgado Ramírez (Liberación Nacional) chocaron de frente con la posición sostenida por el técnico Miguel Ramírez y el ingeniero Manuel Serrano; supervisor y encargado de la construcción, respectivamente.
Además de Ramírez y Serrano comparecieron también los ingenieros Gerardo Prada Arroyo, José Manuel Sáenz Scaglietti, Rodolfo de León Rivers y Roberto Cambronero Cordero, todos funcionarios de la Empresa CACISA.
Las diferencias también afloraron entre la posición de Ramírez y Serrano con la que mantienen los ingenieros representantes de CACISA quienes aseguraron que cuando asumieron responsabilidades el desorden era tal que no encontraron ni siquiera una lista de la maquinaria que estaba trabajando en la construcción.
“No sólo hay que ser bueno, sino que parecerlo” dijo la legisladora Carolina Delgado quien mencionó como la auditoría el CONAVI habla de facturas repetidas, falta de controles y verificación de las obras.
De igual manera Ramírez afirmó que de las reuniones que se llevaron a cabo en Casa Presidencial relacionadas con el tema, se levantaban minutas y —aunque sin confirmar— mencionó a una funcionaria de apellido Calderón como la presunta responsable de elaborarlas.
Volvió a reiterar que la Viceministra de Obras Públicas y Transportes María Lorena López, estaba plenamente informada de los acontecimientos y tomó la dirección de las obras cuando se produjo el ingreso de CACISA.
Serrano por su parte negó que la trocha se hubiera desarrollaron en un total desorden, de tal manera que ni siquiera se sabía cuál era la maquinaria que estaba trabajando ni la capacidad de la misma.
Las contradicciones llegaron al extremo que ninguno de los visitantes supo decir con claridad quien firmó las autorizaciones para cobro de facturas que por un monto que ronda los 152 millones de colones mantienen cinco empresas.
Este costo sería producto de la supuesta inspección de los trabajos. Dichas facturas aún no se han pagado. Serrano por su parte reconoce que solo firmó una de ellas.
Pero el enfrentamiento más duro se dio entre el legislador liberacionista Jorge Rojas Segura y el técnico Miguel Ramírez, quien la semana anterior dijo tener una empresa —dedicada a rondas y chapias— con la que ha logrado un patrimonio de 2700 millones de colones, pero a la vez, es un funcionario de gobierno que gana 600 mil colones mensuales.
La respuesta de Ramírez fue virulenta, al punto de retar al congresista a los golpes y asegurar que no era culpa suya tener dinero “o que haya un montón de gente…ese montón de limpios…”
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