Irene Rodríguez Mena, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
26 de enero del 2017 – La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico dictaminó de forma unánime la reforma al artículo 56 de Código Penal que incluye un artículo 56 bis cuyo objetivo es brindar la opción de la prestación de servicios de utilidad pública a privados de libertad que cumplan con los requisitos estipulados en dicha reforma.
Los privados de libertad realizarán servicios comunitarios y socioeducativos, a favor de instituciones públicas y será el Ministerio de Justicia el encargado de promover en las instituciones públicas esta ley, así como garantizar el control y llevar un registro de las labores, con un informe que presentara ante el Poder Judicial.
El diputado Marco Vinicio Redondo Quirós señaló que esta reforma permite una salida alterna a las personas que tienen un conflicto con la ley, pues en algunas condiciones establece el cumplimiento de la pena con trabajo comunal.
“Hay muchas personas en riesgo social que terminan delinquiendo porque no conocen otra manera de ver la vida y este tipo de pena las involucra en ambientes diferentes”, dijo Redondo Quirós.
La figura de “prestación de servicios de utilidad pública” ya se encuentra en la legislación costarricense en el artículo 50 del Código Penal de la Ley 4573, sin embargo no existen los requisitos ni un mecanismo de aplicación, lo que provoca que su aplicación y alcances sean limitados.
Los privados de libertad que cumplen con requisitos y se sometan a este procedimiento serían cerca de 2000, según los datos proporcionados por los centros carcelarios consultados.
Dentro de los requisitos más importantes que se incluyeron en esta reforma es que la pena impuesta no debe ser superior a los cinco años y no hayan de por medio armas ni violencia física sobre la víctima, así como que el sentenciado tenga voluntad para resarcir el daño causado.
Fuente: Asamblea Legislativa.