Categoría: Com. Especiales

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

7 de abril del 2015 – El Presidente Ejecutivo el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Guillermo Santana, manifestó que es necesario que el país haga una inversión fuerte de recursos, en el mantenimiento de las vías férreas, para suplir las necesidades de los usuarios que utilizan este medio de transporte.

Santana compareció en la Comisión Especial Investigadora de la provincia de Cartago para referirse a los problemas en el servicio de trenes a la ciudad de Cartago.

El jerarca mencionó que en los próximo 3 o 4 años, es necesario hacer una inversión fuerte en el mantenimiento de esas vías y no en la compra de más unidades, para suplir la demanda de los usuarios, ya que señaló que se requiere de mucha mejora para que de esa manera se pueda contar con más equipos rodantes.

“Esto para mí es un paso importante, porque detrás de tener equipos eléctricos hay una necesidad de electrificar la vía férrea primero que nada, y dos, todavía más importante hay una necesidad de contar con doble vía, sin esa doble vía no vamos a poder cumplir con las necesidades que tienen los pasajeros, porque a pesar de que compremos 10 o 15 o más trenes no vamos a poder operarlos en una sola vía”, recalcó.

En este mismo sentido dijo, que con dicha inversión, permitía tener tres cosas que le interesan a un usuario, frecuencias altas de trenes, velocidad alta, y tarifas adecuadas.

“Cuando hablamos de ese atascamiento en estaciones, estamos hablando no de carencias de trenes, estamos hablando de carencias de altas frecuencias de ese servicio de tren. Mi apuesta es que para los próximos dos o tres años es h que el dinero que podamos recibir de transferencias del Estado lo podemos utilizar para aumentar las frecuencias de los trenes, a través de un programa de mantenimiento adecuado, con lo cual no contamos hoy en día y dos con una racionalización de las rutas”, mencionó el jerarca.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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12 de marzo del 2015 – Numerosas irregularidades planteadas por la Contraloría General de la República durante la gestión de la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), originaron que el Poder Ejecutivo interviniera esa institución.

Así lo dio a conocer el Ministro de la Presidencia, Melvin Jimenez, quien compareció ante los diputados que integran la Comisión Especial investigadora de Puntarenas, para que se refiriera a este tema.

Dijo que la intervención se basa en dos elementos de peso, una de ellas consiste en que desde el 2003 y hasta el 2013 se encontraron alrededor de 6 informes de los muchos que realizó la Contraloría, donde se destacan una serie de elementos que debían cumplirse y que a lo largo de los años no se han ejecutado.

Se encontraron, según dijo, una serie de anomalías, tales como la inexistencia de un plan regional de integración integral de desarrollo, la ausencia del compromiso tanto de JUDESUR como de las organizaciones beneficiarias, en el cumplimiento de los requisitos para asignación de recursos para presentar la liquidación.

“La mala gestión realizada por la administración superior, la incapacidad para cumplir su cometido de desarrollo de la zona sur, así lo sostenía la Contraloría General de la Republica quien realizo vehementes excitativas en todos los informes a los poderes de la república para buscar una solución a la cantidad de problemas encontrados, de manera permanente en sus informes”, comentó.

Indicó que desde el 2006 el límite de gasto de JUDESUR se ha incrementado sistemáticamente pero la institución ha sido incapaz de ejecutar los presupuestos en beneficio de la zona, que es una de las zonas más pobres del país.

“También es importante recalcar que la institución enfrentaba varias demandas, por los locales que han sido destruidos por incendios ocurridos en el 2011, estos procesos no se habían enfrentado y le generaron una primera perdida a JUDESUR de más de 2500 millones por lo que se conoce que hubo una defensa deficiente”, dijo el Ministro.

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Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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24 de febrero del 2015 – La Comisión Especial de Discapacidad dictaminó afirmativamente el expediente 19268 que propone la exoneración de vehículos para personas de dicha población y regiria para automotores importados o comprados en el país.

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Melissa Pacheco Soto, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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19 de febrero del 2015 – Los diputados que conforman la comisión especial sobre cuerpos policiales recibieron a Vivian Mejía Serrano, funcionaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como a Paola Hernández, Directora del Diario Extra.

Mejía Serrano relató que laboró para la Dirección de Protección y Seguridad Institucional (DPSI) del ICE por ocho años. Recordó que uno de los casos particulares en los que participó fue el de un seguimiento realizado al señor Jorge Arguedas Mora, quien en ese momento era parte del sindicato del ICE, y que ahora es diputado por el Partido Frente Amplio.

Afirmó que ella nunca estuvo de acuerdo con ese seguimiento y que a causa de esa negativa fue víctima de acoso laboral. A raíz de esto tuvo que interponer una denuncia, por lo cual fue trasladada de área, pero que aun así el acoso continuó, “yo ahorita tengo temor por mi integridad, así como la de mi familia, ya que después de haber interpuesto la denuncia, uno de los funcionarios de ese departamento se atrevió a escupirme”, aseveró.

En su testimonio la funcionaria contó que el seguimiento específico del señor Arguedas Mora se dio a raíz de una directriz de Juan de la Cruz Brenes Solera, Director de la DPSI, con el objetivo de constatar todas las actividades que realizaba durante el día y comprobar que no estaba trabajando.

Para este operativo se dispuso de ocho funcionarios de esta Dirección, se rentaron vehículos, se tomaron fotografías y video, se utilizaron sistemas corporativos para hacer el seguimiento vía telefónica, entre estos sistemas se empleó uno que es conocido como Locatix con el cual se puede saber la ubicación exacta de la persona a través de la señal del teléfono celular. También se utilizó un sistema para poder acceder a los mensajes de texto.

Señaló que en algunas ocasiones se presentaban funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a realizar trabajos en conjunto con la DPSI, relacionados con secuestros, narcotráfico, asaltos, entre otros.

Al ser consultada de que si existían otras entidades, aparte del OIJ, que solicitaban información a la DPSI, aseveró que si llegaban otras instituciones que solicitaban información vía correo electrónico, en concreto se refirió al Banco de Costa Rica y al HSBC quienes solicitaban direcciones IP.

La funcionaria indicó que en esta dependencia existen las herramientas para dar seguimiento a líneas celulares tanto de llamadas como de mensajes de texto sin ningún tipo de restricción o control.

Los diputados miembros de esta comisión manifestaron su preocupación al saber que exista una figura de este tipo dentro del ICE, no adscrito a ningún cuerpo policial del país, que opera con semejante equipo y que vulneran la privacidad de todos los costarricenses.

Por otro lado, la Directora del Diario Extra, Paola Hernández, señaló que lo expuesto por la señora Vivian Mejía Serrano, no es ajeno para ella ni para la empresa para la que labora, pues denunciaron meses atrás la intervención telefónica a periodistas de este medio.

“En ese momento nos encontrábamos ante un hecho de espionaje descarado que los medios de comunicación no podíamos tolerar, menos cuando se trataba de información pública y de interés público, que afectaba a los ciudadanos como es el tema del crimen organizado y el manejo de las informaciones en la policía judicial”, aseguró.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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18 de febrero del 2015 – El Ministro de Economía Industria y Comercio, Welmer Ramos, manifestó que una de las acciones que está impulsando, es la simplificación de trámites, con el objeto que los ciudadanos puedan crear pequeños negocios, y así promover el desarrollo del país.

El jerarca de esa cartera compareció ante los diputados que integran la Comisión Especial Investigadora de la provincia de Puntarenas, para que se refiriera al tema de fuentes de empleos para la provincia porteña.

El ministro señaló que la simplificación de trámites incide directamente en el accionar económico y social de la península, pero que son cosas a nivel de país, pues el Consejo de Gobierno aprobó una directriz para realizar dicha simplificación, ya que es fundamental para que los ciudadanos puedan iniciar negocios.

“Tenemos un país sumamente entrabado y cualquiera que quiera empezar un pequeño negocio, en cualquier zona del país, se encuentra hoy en día con una serie de en trabamientos, que le hacen perder mucho tiempo, dinero, esfuerzo y en eso hemos logrado que 55 entes públicos entren en un plan de simplificación de trámites, con un cronograma para el año 2015 y que se van a ir ejecutando acciones para que las cosas sean más fáciles para el ciudadano y para el que este emprendiendo”, comentó.

De esas 55 entidades, dijo, se propusieron simplificar 140 trámites, de los cuales 14 son para iniciar pequeñas empresas a nivel nacional, como por ejemplo, permisos sanitarios, certificados veterinarios, requisitos previos para construir, creación de sociedades, instalar empresas en régimen especiales, ya que sin esto es difícil empujar al país para adelante.

“35 de esos trámites es para facilitar las operaciones de empresas con registros de productos en salud, en exoneración de insumos agropecuarios, en lo que son certificaciones con el exterior, en trámites migratorios, para trabajadores, permisos para transportistas, requisitos para importar, entre otras”, indicó el ministro.

Sin embargo, explicó que esto todavía lo puede facilitar aún más, si pudieran incluir a las municipalidades, porque el tema de la dificultad para emprender negocios, es un tema que no es solo del aparato del Poder Ejecutivo, sino que tiene que ver también con los Gobiernos municipales.

“Justamente tenemos una reunión con la Dirección de la Federación de Municipalidades del Pacifico Central, para comenzar a actuar de esa manera, hemos logrados cosas importantes a nivel de municipalidades, las municipalidades de la región Brunca, Osa y demás, han convertido una ventanilla de simplificación de trámites, donde alguien que va a iniciar un negocio pueda llegar ahí y hacer todos los tramites en la misma ventanilla”, comentó.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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12 de febrero del 2015 – Elpidio Calderon Caves, Jefe de Unidad Tecnológica Informática del Organismo de Investigación Judicial, negó tener relación alguna con el Sistema de Consulta Integrada que originó los accesos que se realizaron al Jugador Keylor Navas.

Calderon, compareció ante los diputados que integran la Comisión Especial Investigadora sobre la obtención, uso y manipulación de información obtenida por los cuerpos policiales de inteligencia del país, para que se refiriera al caso de las consultas realizadas al jugador.

“Respecto al Sistema de Consulta Integrada, que es el sistema que ha originado esta comisión y los accesos que se hicieron al señor Keylor Navas, ese sistema de información de Consulta Integrada no es desarrollado por personal que está a mi cargo, los desarrolladores pertenecen a la plataforma de Información Policial, cuya jefatura es don Rodolfo Arce y él ya vino a un audiencia acá”, informó.

En este sentido añadió que su unidad administra 25 servidores físicos, pero el desarrollo del sistema, las interfaces, los perfiles de usuarios, las entregas de contraseñas, para el uso de la plataforma es gestionado por otros.

Así mismo señaló que en cuanto a las intervenciones telefónicas, en la unidad a su cargo no manejan información al respecto.

“Yo no manejo información al respecto de lo que son intervenciones telefónicas, la Unidad de Informática nuestra, somos 11 personas, manejamos algunos sistemas de información, propios, algunas bases de datos y lo que corresponde a la Plataforma de Información Policial, nosotros administramos las bases de datos, de los sistemas de información que ellos crean”, agregó.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de enero del 2015 – Katia Morales Navarro, Directora de la Dirección de Tecnologías de la Información del Poder Judicial, manifestó que su dependencia no tiene ningún rol en el proceso de las intervenciones telefónicas, que pueden solicitar las autoridades correspondientes.

Morales compareció ante los diputados que integran la Comisión Especial investigadora que indaga la obtención, uso y manipulación de información obtenida por los cuerpos de inteligencia, para que se refiriera al trabajo que tienen ese unidad de tecnología dentro del Poder Judicial.

“Con respecto al protocolo recién aprobado, este busca a través de procedimientos regular el acceso a la información y estableciendo mecanismo de permisos y autorizaciones, para que el que acceso la información sea mediante la persona indicada, en este sentido desde una perspectiva de usuaria, podemos decir que el protocolo viene a regular los acceso a través de la plataforma”, dijo la funcionaria.

Sin embargo comentó que se debe tener una política de autorización con claves de acceso a la información pero la Dirección de tecnología no tiene control sobre esto indicando que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con su unidad de tecnología y con la Plataforma de Información Judicial (PIJ) es independiente de ellos en materia tecnológica.

“A nivel de tecnologías nosotros si apoyamos al OIJ, en dos áreas muy específicas, las más grandes quizás que son el Complejo Médico Forense, donde todos los desarrollos si son hechos por nosotros y las bases de datos están almacenadas en servidores administrados por nosotros y el ECO que es el expediente criminal único que es cuando ya existe una demanda y todo el proceso de investigación”, señaló.

También manifestó que el OIJ maneja otro dominio de información distinto al de ellos, del cual no manejan las claves, ni tienen acceso.

“Nosotros tenemos acceso, quizás al fierro, que es el servidor donde se almacenan los datos, pero no tenemos acceso a las bases de datos, toda esa información está custodiada y respaldada realmente por la PIJ, que es la responsable de esto”, mencionó.

Finalmente Orlando Castrillo Vargas, Subdirector de la Dirección de Tecnologías de la Información del Poder Judicial, reiteró que  la información que se conoce es en forma indirecta, ya que ellos no tienen injerencia en el proceso.

“El permiso para realizar una intervención telefónica está basado en el la ley y no en cualquier caso se faculta la intervención telefónica, el juez de la causa tiene que hacerle la solicitud a las empresas de telecomunicaciones”, aclaró.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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22 de enero del 2015 – Zarela Villanueva Monge, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que, el análisis hecho sobre las consultas realizadas en la Plataforma de Investigación policial, (PIP), sobre Keylor Navas, fue por curiosidad, y que no puede relacionarse con algún hecho del crimen organizado.

La jerarca del Poder Judicial, compareció ante los diputados que integran la Comisión Especial Investigadora, que se conformó para indagar el hecho.

Villanueva Monge señaló que la PIP está a cargo del Organismos de Investigación Judicial (OIJ) directamente del Director. La plataforma se creó por la Ley contra la Delincuencia Organizada en el artículo 11 y señala que la responsabilidad es del OIJ.

“Como conclusiones del proceso de investigación con relación a las consultas hechas en la plataforma de Investigación Policial sobre Keylor Navas, la Corte dejó en firme el nuevo protocolo del uso de la plataforma judicial, que el análisis demostró en estos momentos que el uso incorrecto fue por curiosidad, no puede relacionarse con crimen organizado, no hay elementos para decir que se utilizó por cuestiones organizadas por crimen organizado”, dijo.

Así mismo indicó que los informes de la plataforma se obtienen en tiempos más cortes y permiten una mayor rigurosidad diaria, quincenal, mensual y por cuatrimestres.

“En cuanto a las acciones ya tenemos como resultado este protocolo que es el resultado directo de la acción de la Corte Plena, de octubre a diciembre se aprobó este reglamento, la auditoria actualmente está en fase de entrevista al personal de la misma plataforma a la inspección judicial ya la fiscalía, hay un respaldo y revisión de bitácoras, análisis normativo e informes estadísticos y la inspección judicial mantiene medidas cautelares a las 29 personas que están involucradas en el caso”, concluyó.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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10 de diciembre del 2014 – Las dificultades para poder desarrollar la pesca artesanal en nuestro país afecta de manera directa a cerca de 18 mil familias en la costa del Pacífico.

El presidente de Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (ICOPESCA), Gustavo Meneses explicó a los legisladores que conforman la Comisión Especial Investigadora de Puntarenas que el 50 por ciento de las personas que se dedican a la pesca lo hacen al margen de la ley, debido a que la mayoría no cuentan con los premisos necesarios.

Meneses aseguró que el país tiene una deuda “muy grande” con este grupo de pescadores debido a que “se han postergado las decisiones que se tienen que tomar para apoyar esta actividad”.

La pesca de arrastre de camarón es otro problema porque la Sala Constitucional prohibió otorgar nuevas autorizaciones, renovar las vencidas o reactivar las inactivas, argumentando el serio daño ambiental que provoca este tipo de pesca.

El jerarca de INCOPESCA explicó que existe un proyecto de ley pero que a su criterio, no satisface lo establecido por la Sala y que la discusión se debe dar a nivel nacional.

Meneses fue claro que una de las propuestas para solventar el problema es abrir el diálogo a nivel nacional y realizar una serie de estudios socioeconómicos de los trabajadores que se dedican a este tipo de pesca.

En el 2019 vencen las últimas licencias para pescar.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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4 de diciembre del 2014 – Francisco Segura, Director General del Organismo de Investigación Judicial, (OIJ), manifestó, que las personas que hicieran la consulta sobre la vida privada del jugador del Real Madrid, Keylor Navas, están totalmente identificados, ya que el sistema de consulta de la plataforma de información judicial, dio una alerta y se determinó quienes eran los que habían participado en ese hecho.

Segura compareció en la Comisión Especial Investigadora de los cuerpos judiciales, que indagara la obtención, uso y manipulación de la información obtenida por los cuerpos de inteligencia del país, relacionada con los ciudadanos, san figura pública o no.

“Si estamos claros sobre la violación que sufrió la familia de Keylor Navas y el mismo Navas, tanto es así que nosotros denunciamos, porque nos pareció un abuso el que estuvieran investigando en este caso a este señor, simple y sencillamente porque a alguien se le ocurrió hacerlo, ese abuso y esa preocupación quedó patente, el mismo día que se hizo la bitácora y el mismo día que se pasaron los documentos a la inspección judicial y a la fiscalía para que ellos hicieran lo que correspondía”, explicó el Director del OIJ.

En este mismo sentido añadió que también se le hizo el traslado de la denuncia al Ministerio Publico, porque habrían también fiscales que habían hecho consulta sobre este señor y los familiares y serán ellos los que tengan que explicar, si lo van hacer, porque tienen un derecho como imputado en una causa penal y como indagados en una causa administrativa que lo hagan o no lo hagan.

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