Com. Especiales – Página 8

Comisión recomienda 5 suplentes para Sala Primera

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

4 de marzo del 2013

La Comisión Especial de Nombramientos acordó hoy recomendar al Plenario Legislativo a 5 candidatos a Magistrado (a) suplente a la Sala Primera de la Corte Suprema.

Los recomendados son: Jorge Alberto López González, Jorge Isaac Solano Aguilar, Damaris Vargas Vásquez, Ana Isabel Vargas Vargas y Lupita Chaves Cervantes.

Precisamente estas dos últimas candidatas expusieron hoy ante el panel legislativo las razones por las cuales presentaron sus atestados para el cargo de suplentes.

Para la candidata Lupita Chaves Cervantes su experiencia como representante de los abogados litigantes ante el Consejo Superior por más de 5 años le ha dado una visión integral y una mayor relación con los despachos judiciales.

Chaves Cervantes busca seguir fortaleciendo el acceso a la justicia del adulto mayor y otro el programa en el cual participa activamente es el de “hacia cero papel”, que nace en el 2010 para buscar mayor oralidad y modernización de la justicia.

Según Ana Isabel Vargas Vargas, segunda candidata en ser reciba, el nuevo Código Procesal Contencioso ha sido un éxito y ha dado muchos resultados.

Vargas Vargas aprovechó la ocasión para abogar por la pronta aprobación de la reforma presentada al Código Procesal Contencioso.

También planteo la necesidad de flexibilizar la admisión de recursos de casación para dar una justicia pronta y cumplida.

Para darle celeridad a las competencias de la Sala Primera señalo que se podría establecer que las ejecuciones de sentencia puedan ser apeladas ante los Tribunal de Apelaciones y no ante la Sala para evitar saturación.

La presidenta de la Comisión de Nombramientos, Carolina Delgado Ramirez resaltó el avance del proceso.

A ex diputado y familiares: CCSS tendrá que dar cuentas por catering

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de octubre del 2012

Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) deberán enfrentar en el nuevo año, una nueva investigación sobre las aparentes irregularidades ocurridas en la contratación del servicio de alimentación para el Hospital de Ciudad Neily.

Para finales de enero del 2013 deberán acudir a la Comisión Especial que investiga la problemática de Puntarenas, la Presidenta Ejecutiva de la Caja Ileana Balmaceda y la Gerente Médica María Eugenia Villalta.

A ellos se suma Navil Campos Paniagua Gerente de Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República; Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno y Alexander Nájera Prado Jefe del Área de Servicios Administrativos de la Auditoría Interna de la CCSS.

La solicitud de convocatoria de las autoridades de salud fue hecha por los legisladores Jorge Angulo Mora de Liberación Nacional y Jorge Gamboa Corrales del Partido Acción Ciudadana quien viene dándole seguimiento a la denuncia presentada desde junio del 2010.

El diputado Gamboa Corrales indicó que el servicio de alimentación de los pacientes de este centro hospitalario era administrado por la Asociación Solidarista de Empleados de la CCSS quienes la perdieron y le fue asignada a la empresa de Olivier Jiménez, cuando aun no era diputado.

De acuerdo con la información, el 16 de febrero del 2010 se le adjudicó a la empresa Katherine Service J y V S.A. una licitación por “contratación de servicios de alimentación a pacientes hospitalizados, personal y donadores de sangre del Hospital de Ciudad Neily, por un monto superior a los 385 millones de colones.

Esta empresa pertenece a una hija del ex diputado Jiménez y le fue otorgada cuando aún ocupaba una curul en el Congreso.

Gamboa Corrales agregó que hace más de dos años presentaron la denuncia ante la Contraloría General de la República donde entregaron toda la documentación respectiva y se determinó que se iniciara un debido proceso.

“Hasta la fecha no hemos conocido si la Caja inició el debido proceso. Si sé que auditoría trasladó esto a la Dirección Regional que está a cargo del doctor Albin Castro.

“Este es un proceso que viene desde hace muchos años y una serie de anomalías que existen en el Hospital de Ciudad Neily que no han podido ser investigadas por esta relación digamos, no de parentesco, pero medio familiar en este sentido…” afirmó Gamboa Corrales.

Servicio Social a la CCSS sera obligatorio

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

28 de noviembre del 2012

Con la aprobación unánime de la reforma a la Ley 7559 los diputados de la Comisión Especial que analiza la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social buscan establecer que todos los especialistas médicos que se capaciten con recursos de la institución tengan la obligación de realizar durante un año el servicio social en cualquier lugar del país y mediante sorteo.

El diputado socialcristiano y presidente de la comisión, Walter Céspedes Salazar se mostró a favor del proyecto de ley ya que se envían médicos especialistas a zonas alejadas.

Para el diputado del Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada esta reforma es muy necesaria para el país.

Por su parte la diputada y sub jefa de fracción de Liberación Nacional, Sianny Villalobos Arguello este proyecto es beneficioso ya que debe existir el servicio en las zonas rurales que por años han sido marginadas, “con esta reforma buscamos dar mayor equidad en el servicio que se presta a los todos los asegurados”.

Los diputados también dictaminaron positivamente la reforma al artículo 22 de la Ley 8653, con lo cual a partir de ahora los agentes de seguro deberán ser asegurados por parte del Instituto Nacional de Seguros y otras empresas privadas de seguros.

Según datos aportados por el diputado Walter Céspedes Salazar desde el año 2000 que los agente de seguros dejaron de pertenecer a la planilla del INS la CCSS ha dejado de percibir cerca de 40 mil millones de colones.

Para la diputada Sianny Villalobos Arguello a pesar de que la fracción de Liberación Nacional apoya la seguridad social del país, su bancada no puede aprobar este proyecto ya que no queda claro el tema de la relación laboral.

Tesorero del PAC: Cumplimos con todos los requisitos exigidos

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

26 de noviembre del 2012

El Tesorero Nacional del Partido Acción Ciudadana (PAC) Minor Sterling, aseguró que actuaron apegados al reglamento que emitió el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y al Código Electoral; por lo que los gastos de campaña que presentan cumplían con los requisitos que establece el ordenamiento jurídico en esa materia.

Insistió en que los documentos con los que se pagó por “servicios profesionales” a muchas personas, fueron certificados por un contador público autorizado (CPA) y pagados posteriormente por el TSE.

Sterling dio sus declaraciones ante los diputados que forman parte de la Comisión Especial que estudia lo actuado por los partidos políticos en la última campaña electoral, a donde acudió esta mañana —y deberá regresar el próximo lunes— para seguir contestando cuestionamientos de sus integrantes.

El visitante se mostró molesto con el accionar del TSE a quien criticó por haber aceptado como buenos los certificados y el sistema que se utilizó y posteriormente decir que esto no era así.

“Lo que establece el reglamento es un procedimiento de cómo se hace un registro contable en una cuenta; más no es una definición técnica y es lo único que existe en este reglamento; pero ¿de quién es esta responsabilidad?, es absolutamente del Tribunal Supremo de Elecciones, no de los partidos políticos”, afirmó Sterling.

De acuerdo con el Tesorero del PAC para comprobar el gasto de servicios especiales y el traslado de propiedad de los certificados de cesión a las personas beneficiarias se exige a los partidos utilizar el formulario 315 denominado “Recibo por entrega de certificados por la prestación de bienes y servicios”, pero dicho formulario no existe, sólo está su nombre.

En criterio de Sterling otro de los aspectos que pudo dar problema a los partidos en la aplicación del nuevo Código Electoral, es que el TSE no les dio ningún tipo de capacitación sobre la aplicabilidad del mismo.

Sostuvo que dicho reglamento se publicó tres semanas después de que inició formalmente la campaña política. “… nos dejaron en estado de indefensión; prueba de ello es que prácticamente todos los partidos políticos nacionales y muchísimos cantonales están siendo investigados”, afirmó.

El tesorero del PAC aseguró que el Tribunal debe asumir la responsabilidad que les corresponde, porque ellos autorizaron dichos pagos y posteriormente aducen que están mal hechos.

Establecen mecanismo de control, regulación y fijación de precios de medicinas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

21 de noviembre del 2012

Restablecer un mecanismo permanente de control, regulación y fijación de precios de los medicamentos en el mercado nacional a través de la determinación de márgenes de utilidad, fijación específica de precios y otros mecanismos similares, es el objetivo del expediente 17738 Control de Precios de los medicamentos que fue dictaminado positivamente esta mañana.

La iniciativa fue aprobada en la Comisión Especial que investiga las irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la que se propone reformar la legislación vigente, dotando al Estado de las herramientas necesarias para frenar los abusos en la fijación de precios que afectan a la población. Además se plantea la creación un órgano técnico especializado encargado de aplicar efectivamente dichas herramientas.

El plan señala que la regulación de los precios de las medicinas no solo es indispensable para garantizar el derecho humano fundamental a la vida y a la salud de todas las personas, tutelado en los artículos 21 y 73 de la Carta Magna, sino que es plenamente conforme con los principios del ordenamiento constitucional, que incluyen la potestad del Estado de intervenir en la economía para procurar “el mayor bienestar a todos los habitantes del país” (artículo 50 de la Constitución Política).

Así mismo la regulación de los precios de los medicamentos podrá realizarse mediante la fijación de precios, el establecimiento de topes o márgenes de comercialización o cualquier otra forma de control. Siempre que sea necesario para proteger el derecho a la vida y la salud de las y los habitantes de la República, el Poder Ejecutivo podrá establecer, mediante decreto ejecutivo debidamente motivado, márgenes de utilidad inferiores a los establecidos en la ley.

El diputado José María Villalta proponente de la iniciativa y miembro de la comisión manifestó que el proyecto es de gran importancia para el pueblo de Costa Rica porque lo que busca es regular y frenar los abusos que se están cometiendo con los precios excesivos de las medicinas, tanto en el mercado privado como las medicinas que tienen que comprar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Es un problema grande para la ciudadanía porque en materia de medicina la gente tiene que comprar los medicamentos cueste lo que cueste porque está en juego su vida, no tienen posibilidad de decir no los compro están muy caros. Producto de esta situación se dan abusos hay comercializadores que se aprovechan y están fijando precios abusivos hay diferencias exorbitantes entre un negocio y el otro hay prácticas monopolísticas, hay competencias des leal”, explicó el diputado.

PAC también tenía estructura paralela

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

19 de noviembre del 2012

Representantes de diversas fracciones políticas son del criterio que el Partido Acción Ciudadana (PAC) también manejó una estructura paralela en la pasada campaña política.

De este criterio fueron los legisladores Annie Saborío Mora del Partido Liberación Nacional, Walter Céspedes Salazar de la Unidad Social Cristiana y Danilo Cubero Corrales del Movimiento Libertario, todos miembros de la comisión especial que conoce lo actuado por las diversas agrupaciones en la última contienda electoral.

Estas afirmaciones se las hicieron los congresistas a la Secretaria General del PAC Margarita Bolaños Arquín, quien este día compareció ante los congresistas acompañada por el ex diputado de esa agrupación Olivier Pérez.

La Secretaria Bolaños reiteró en varias oportunidades que sólo ella y el Tesorero de la agrupación Minor Sterling estaban autorizados para firmar los contratos millonarios con que se pagó a muchos de los colaboradores así como el servicio de transporte.

Sin embargo, la legisladora liberacionista Saborío Mora, con copia de los documentos en mano, —suministrados por el Tribunal Supremo de Elecciones— dijo que han detectado más de 100 contratos en situaciones irregulares.

“Muchos de ellos no tienen la fecha en que fueron emitidos, no tienen firma o la firma no coincide, o bien la fecha que portan es posterior al día de las elecciones”, sostuvo la congresista verdiblanca.

El socialcristiano Céspedes Salazar también se unió a las afirmaciones hechas por Saborío Mora e insistió en que si al TSE llegaron documentos que deberían estar firmados por Bolaños o Sterling y no es así; entonces quien los imprimió?, quien los firmó? y quien los mandó?

Ante estos cuestionamientos la Secretaria del PAC afirmó desconocer estas irregularidades aduciendo que no cuentan con una copia de los documentos mencionados ya que su partido cometió el error de enviar al TSE todos los originales.

“Lamentablemente cuando hicimos la liquidación no había un cinco en caja; eran 150 mil fotocopias; no habían los recursos y era muchísimo dinero, me habría tocado que pagarlas a mí”, afirmó.

De acuerdo con la visitante, en cinco oportunidades han hecho forman solicitud al TSE para que les brinde una copia de los documentos mencionados pero no han obtenido una respuesta positiva a pesar de que el Partido Liberación Nacional tiene en su poder ocho “ampos” completos con documentos fotocopiados, que les fueron suministrados por el ente rector electoral.

Guardias médicas no forman parte del pago de carrera hospitalaria

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

14 de noviembre del 2012

Gilbert Alfaro Director Jurídico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), manifestó que las guardias y disponibilidades médicas, no deben de ser considerado como un plus salarial, para calcular nuevamente el pago de la carrera hospitalaria de los médicos del país.

El jerarca de esa institución compareció ante los diputados que integran la Comisión Especial que investiga las irregularidades de la CCSS, para referirse al expediente 18533 Interpretación Autentica de los artículos 5 y 13 de la Ley 6836 de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas.

“La posición institucional es que ciertamente en materia salarial de los médicos hay una especificidad que es el artículo 5 y esto tiene efectos prácticos” apuntó que la Procuraduría lo analizo en su oportunidad y apuntó que no puede considerarse como parte del salario ordinario médico.

“El salario total, las guardias medicas son una forma de tiempo extraordinario que existe en la institución, estos son rubros, que como son variables son eventuales, no forma parte de ese salario, que es lo que está sucediendo en la práctica”, dijo Alfaro.

Añadió que existe cerca de dos mil juicios que han presentado este año los médicos contra la institución, donde pretenden que esa carrera hospitalaria, que está contemplada en el artículo 5 del proyecto como parte del salario base de ellos, se les pague, pero una vez que se le haya inyectado los rubros que hayan generado por tiempo extraordinario como las guardias o las disponibilidades medicas.

Esto según dijo, podría generar un total de 18 mil millones de colones anuales para la institución y por la situación que está enfrentando la CCSS no estaría en condiciones de pagarlos.

“Por eso es que se les pide respetuosamente a la Asamblea Legislativa, previo al análisis del caso que interprete entonces que es lo que finalmente compone el salario de estos médicos”, explicó el Director Jurídico de la CCSS.

Representante de DESAF: «Nosotros solo transferimos recursos»

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

8 de noviembre del 2012

Amparo Pacheco Presidenta Ejecutiva de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) dejó en claro que en ningún momento supervisaron los recursos que le fueron girados al Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense ((FAESUP).

Pacheco dio sus declaraciones en la comisión especial integrada por los diputados de todas las fracciones que representan a la provincia de Puntarenas, en donde están conociendo las aparentes irregularidades surgidas en la administración de los recursos de dicho fondo.

“Es poco lo que la Dirección General de Desarrollo Social puede aportar en este tema, en razón de que únicamente le correspondió transferir recursos, sin ningún tipo de responsabilidad”, afirmó la visitante.

Sobre este punto en particular fue clara en que la Contraloría General de la República, en su pronunciamiento de octubre de 1999, determinó que los programas financiados con recursos de DESAF y otorgados por leyes específicas, pasan a ser parte del patrimonio de la institución beneficiada y podrán ser gastados en el cumplimiento de sus competencias legales.

El Fondo Puntarenense quedó formalmente constituido como una institución administrativa y financiera en el año 2006, fecha en que DESAF procedió a girarle recursos por más de 247 millones de colones y al año siguiente la suma rondó los 249 millones de colones.

El objetivo de este Fondo es el financiamiento de becas y otros programas de estudios universitarios, técnicos y de postgrado de estudiantes de escasos recursos.

Inspección de la CCSS reconoce derechos de aseguradores

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de noviembre del 2012

La Directora de Inspección de la CCSS, Odilie Arias Jiménez, compareció ante los miembros de la Comisión Especial que analiza la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social para referirse al expediente N. º 18403 que busca la reforma al artículo 22 de la Ley N. º 8653.

En su intervención la funcionaria indicó que se dio un cambio de modalidad en la contratación de los agentes del Instituto Nacional de Seguros (INS) ya que antes estaban incorporados a la planilla normal de la institución.

Sostuvo que ante la investigación se logró determinar que en efecto se les modifican los contratos con lo cual se está variando los derechos laborales al no reconocerlos como funcionarios pese a que mantienen el vinculo.

Indicó que lo único que vario fue el tema de los derechos laborales por cuanto ya no iban a estar protegidos por el INS como trabajadores, se logró demostrar que existe poder de dirección y subordinación respecto a los agentes, que existe exclusividad y un sistema de remuneración propio del INS, que se ha mantiene en el tiempo.

“Técnicamente se configura la relación obrero-patronal y así se le notifico al Instituto Nacional de Seguros con lo se procedió a agotar la vía administrativa por lo que el INS tuvo que cancelar las planillas bajo protesta”, acotó la Directora de Inspección de la CCSS.

Por su parte el presidente de la comisión, Walter Céspedes Salazar aprovechó la ocasión para dejar en claro que no busca con este proyecto de ley incluir a los agentes de seguros en la convención colectiva del INS.

Magistrado Sobrado: 0.19% del PIB es demasiado para deuda política

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

5 de noviembre del 2012

Si bien fue claro en insistir que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa decidir si disminuye el monto de la deuda política, el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), magistrado Luis Antonio Sobrado, aseguró que el monto actual que reciben las agrupaciones políticas es muy alto.

A esto agregó que la institución que representa vería con muy buenos ojos el que prosperara cualquiera de las iniciativas que con el objetivo de reducir este porcentaje, se encuentran en la corriente legislativa.

Por segundo lunes consecutivo el magistrado Sobrado dio sus declaraciones en la Comisión Especial que estudia las actuaciones de los partidos políticos en la pasada campaña electoral (expediente 18114), luego que la semana anterior no se concluyera con todos los cuestionamientos que mantienen los legisladores.

El Presidente del Tribunal sostuvo que a nivel personal considera que el monto que se distribuye actualmente entre las agrupaciones que participan en la contienda electoral —0.19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) — “es mucho dinero”.

Como la semana anterior, Sobrado propuso nuevamente el uso de las franjas electorales en los medios de comunicación para que todos los partidos tengan acceso a ese tipo de propaganda.

“Lo que se propone… es que los empresarios de radio y televisión cedan gratuitamente a favor de los partidos y como parte de su derecho a usar un bien del Estado, —como lo es el espectro electromagnético— tengan la obligación de ceder ese espacio para colocar propaganda de partidos…”

Aclaró que la intervención del TSE sería en la distribución de los espacios, esto significaría mayor equidad en la contienda, pero también campañas más baratas, de menor impacto para el Estado y menos presión financiera para los partidos, con la consecuente disminución de la dependencia respecto de los grandes contribuyentes.

Otro de los temas a los que el Magistrado Sobrado hizo serias críticas se relaciona con los certificados o bonos de la deuda política, a los que calificó como “un factor básico de opacidad financiera”.

De acuerdo con el Presidente del TSE como no hay un límite para la emisión de bonos de la deuda —se emiten de acuerdo a las expectativas que tienen los partidos— estos se convierten en “un instrumento inequitativo de financiamiento; una manera de legitimar donaciones ilegales y tienen valor para los partidos grandes pero no para los pequeños ni emergentes”.

De acuerdo con los datos suministrados por el visitante, tanto en la campaña política del 2006 como en la del 2010 las agrupaciones participantes en la contienda emitieron bonos por el doble de lo que recibieron por contribución del Estado “lo que permite ilustrar lo que vengo diciendo”, afirmó el visitante.