Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
21 de julio del 2014 – Luego de analizar pruebas, revisar videos y recibir a las partes, los legisladores que conforman una comisión especial para estudiar el caso del magistrado Óscar Gonzalez, acusado por violación y acoso sexual, acordaron solicitar su destitución al Plenario Legislativo.
Antonio Álvarez Desanti, presidente de este foro legislativo, afirmó que 21 de los 22 magistrados, encontraron a su compañero culpable y tomaron la decisión de que es una falta gravísima.
“Concluimos, tal como lo ha calificado la Corte, la falta es una falta gravísima y de acuerdo con nuestra consciencia, también llegamos a la conclusión que hay elementos y condiciones ameritan en este caso solicitarle al Plenario la revocatoria del nombramiento del magistrado”, señaló Álvarez Desanti.
Según el informe emitido por la comisión especial, “valoramos que el magistrado ha faltado a la probidad y decoro que se requiere para ejercer su cargo, que él debe ser ejemplo por su posición al ocupar el más alto cargo para el ejercicio de la administración de justicia que existe en el país, lo cual significa también que su comportamiento debe ser medido con una mayor severidad”.
Álvarez Desanti explicó que la Corte Plena no puede por sí sola destituir al magistrado de manera unilateral pero puede solicitar a la Asamblea que proceda con la destitución.
“La Corte no puede destituir y la Asamblea no puede iniciar un procedimiento de destitución sin que la Corte tome un acuerdo y remita el expediente”, dijo Desanti.
La legisladora del Movimiento Libertario, Carmen Quesada Santamaría, indicó que en casos de acoso sexual no se puede permitir que la ley quede solo en el papel.
Por su parte el diputado de Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, aseguró que se descartó cualquier tipo de persecución política en contra del magistrado por los fallos que este emitió desde la Sala Primera.
Los legisladores recomendaron al Plenario Legislativo que la sesión donde se discuta el tema debe ser pública pero se debe mantener en reserva absoluta el nombre de la ofendida. Además, se deben considerar los hechos “cuya divulgación pueda afectar la intimidad o el decoro de las partes involucradas”.
Durante la votación también se debe conocer cómo votó cada diputado y se solicita que la votación final sea con el mecanismo de voto nominal establecido por el artículo 102 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y no por medio de votación secreta.
Los diputados no podrán votar la destitución o no destitución del funcionario judicial debido a una suspensión dictada por la Sala Constitucional el pasado 17 de julio a causa del recurso de amparo N 14-011263-0007-CO presentado por el magistrado.
Según el informe de la comisión, “se debe informar y solicitar al Presidente de la Asamblea se tome las medidas necesarias para que no se dicte el acto final sancionatorio, hasta que la Sala resuelva el amparo o disponga lo contrario”.
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