Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
6 de junio del 2013
Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público investigarán todo lo relativo al caso de la Refinería, que pretenden desarrollar conjuntamente la Refinadora Costarricense de Petróleo, RECOPE y la compañía china CNPCI a través de la empresa SORESCO.
La moción, para esta investigación, fue presentada por los diputados del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro y Adonay Enríquez establece la creación de una refinadora tendrá una capacidad para procesar 65.000 barriles de crudo diarios y convertirlos en combustible para la venta.
El proyecto requiere una inversión de $1.500 millones, de los cuales $900 millones son provenientes de un crédito del Banco de Desarrollo Chino y el resto tendría que aportarlo las partes.
“No obstante, diversos cuestionamientos acerca de la rentabilidad, riesgo y costo ambiental del proyecto, así como el aparente aumento en los precios del combustible a pesar de la refinadora y otras dudas hacen necesario investigar a fondo todo lo relativo con esta”, indica el texto de la moción aprobada.
Para referirse a la refinadora se llamará a comparecer a Jorge Villalobos Clare, Presidente Ejecutivo de RECOPE, Leiner Vargas Alfaro, economista de la Universidad Nacional, Enrique Castillo Barrantes, Ministro de Relaciones Exteriores, René Castro Salazar, Ministro de Ambiente y Energía, Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República y Ofelia Taitelbaum Defensora de los Habitantes.
Presupuesto 2012
Por otro lado los diputados recibieron en audiencia a Ovidio Valerio, Director de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, para que explicara el informe sobre la liquidación del Presupuesto Nacional del año 2012.
Valerio mencionó que la Contraloría General de la República para el caso de la liquidación de ingresos y egresos no avaló los documentos que le presentó el Ministerio de Hacienda básicamente por varias razones, una de ellas fue que en el caso del Régimen de Pensiones persisten problemas de información y no se cumple con el principio presupuestario, ya que la emisión de los euro bonos solo se utilizó una parte y la otra no.
“Además señala que no se cumple en principio del artículo 6 de la ley 8131 que es que los gastos corrientes deben de ser financiados con ingresos corrientes. Luego hay un problema observado el año anterior sobre el pago de la planilla del Ministerio de Educación Pública, tres de estas observaciones son repetición del año anterior”, explicó Valerio.
Finalmente mención que en cuanto a la evaluación, igualmente la Contraloría no le da su aval señalando que no fue posible que Hacienda se pronunciara sobre los programas, además no existe un método uniforme para medir los indicadores.
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