Categoría: Comisiones

Irene Rodriguez Mena, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

31 de mayo del 2017 – Los expendedores de combustible deberán partir de ahora, llevar cuentas separadas para diferenciar los ingresos y costos de los servicios públicos que prestan de los rubros que no son propios del servicio público para estimar y establecer el margen de utilidad, así fue dispuesto por los diputados de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera al aprobar en segundo debate la reforma del artículo 20 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARESEP.

Artículo 20.- Bienes y servicios de los prestadores

No serán objeto de las disposiciones de esta ley, los bienes y servicios de los prestadores que no estén dedicados a brindar un servicio público. Los prestadores de estos servicios llevarán contabilidades separadas que diferencien la actividad de servicio público de las que no lo son. En todo caso, los ingresos y costos comunes deberán consignarse de acuerdo con las normas técnicas que permitan una distribución que no perjudique la actividad del servicio público.

En el caso de los prestadores del servicio público definido en el numeral 2, inciso d) del artículo 5 de esta ley, llevarán contabilidades separadas de los ingresos y costos del servicio público que prestan, contra los costos e ingresos incorporados o atribuibles a otros sujetos relacionados con la prestación del servicio público de suministro de combustible derivado de petróleo destinado al consumidor final. Para la imposición de obligaciones tributarias, estos responderán por los ingresos y costos que les son atribuibles exclusivamente a ellos.”

No obstante, el costo fijado al consumidor final tiene incorporado todos los componentes que corresponde pagar, dígase impuestos, costo del producto en plantel, costo de distribución, margen de comercialización de estaciones de servicio, entre otros.

Consecuentemente, el expendedor del combustible al cobrar este precio al consumidor final, en realidad no lo hace por cuenta propia, sino por cuenta de RECOPE, quedando en su haber como único ingreso el margen de utilidad por comercialización, previamente autorizado por el ente regulador.

El diputado Otto Guevara Guth razonó su voto afirmativo indicando que es válido el espíritu del proyecto, ya que se debe facturar por el servicio público y el impuesto debe ser sobre el servicio público y dejar de lado los servicios adicionales que presta.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

31 de mayo del 2017 – La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el primer presupuesto extraordinario de este año el cual le devuelve los 47831 millones de colones recortados al Patronato Nacional de la Infancia.

El reintegro de los recursos se realiza tras una resolución de la Sala Cuarta que declaró inconstitucional el rebajo que se hizo a esa institución en el presupuesto nacional para el 2017.

El Presupuesto extraordinario consta de más de 79 mil millones de los cuales más de 72 mil millones de colones se financian con la colocación de títulos valores y el resto corresponde a ingresos corrientes.

Se incorporan también casi tres mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad que financiarán el equipamiento de la Escuela Nacional de Policía que se espera entre en funcionamiento en agosto de este año.

El proyecto contempla además cinco mil millones de colones para el Poder Judicial para construcción de edificaciones del Ministerio Público y OIJ afectadas por el huracán Otto en localidades como Upala.

El proyecto contó con el voto de los dos diputados de Acción Ciudadana que forma parte de la comisión así como de los dos representes del Frente Amplio y Abelino Esquivel Quesada de Renovación Costarricense.

El legislador de Acción Ciudadana Henry Mora Jiménez afirmó que dio su respaldo a la iniciativa porque la lucha para combatir la vulnerabilidad de la niñez en el país se está perdiendo.
Audio Henry Mora Jimenez, diputado Acción Ciudadana.

Por su parte el legislador liberacionista Rolando González Ulloa justificó el voto en contra por parte de su fracción cuestionando el financiamiento del presupuesto el cual en su mayoría se hace con la colocación de bonos.

Mientras tanto el diputado Otto Guevara Guth del Movimiento Libertario dio su voto en contra asegurando que el PANI es incapaz de ejecutar en seis meses esa cantidad de dinero, pues la institución subejecuta el 21% del presupuesto que se le otorga cada año.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

30 de mayo del 2017 – Una mayor preferencia de los costarricenses por el ahorro en dólares y un ligero repunte en las importaciones, fue la causa por la que el precio del tipo de cambio del dólar se disparó considerablemente en la última semana, según indicó el Presidente del Banco Central de Costa Rica, Olivier Castro.

El jerarca de esa cartera, compareció junto con los miembros de la Junta Directiva en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, quien se refirió al de tipo de cambio del dólar que ha afectado a muchos costarricenses que tienen préstamos en esa moneda.

“Las personas se deshacen de los colones compran dólares y afecta el tipo de cambio en el mercado y se deposita en los bancos del sistema”, explicó el Presidente del Banco Central de Costa Rica.

Así mismo indicó que desde el punto de vista del país, se tiene una fuga de divisas, catalogado como un comportamiento fuerte, sin embargo, Castro dijo que al banco como tal, le preocupa las incidencias que esas implicaciones puedan tener sobre la meta de inflación y desde luego eso deteriora el premio por ahorrar en colones.

Desde hace un tiempo muchos agentes económicos vienen trabajando, es evidente que si se remonta un poco de lo que ha venido pasando, muy poca gente habla del déficit fiscal y se evidenció que es el gran responsable de lo que estamos viendo ahora y en el futuro.

“La sociedad no es capaz de resolver el problema del déficit y la primera consecuencia que vimos el año pasado, es que las calificadoras nos bajaron la calificación, eso es una señal para un evento económico de que eso pueda pasar”, aseguró.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

17 de mayo del 2017 – El Regulador General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Roberto Jimenez Gómez, avaló exonerar del pago de bus a personas con discapacidad, pues lo catalogó como una propuesta muy loable.

El jerarca de esa dependencia, compareció en la Comisión Especial de Discapacidad para que diera su opinión con respecto al proyecto expediente 19623 Ley de Exoneración del pago de tarifas en transporte público modalidad autobús a las personas con discapacidad.

“En cuanto al proyecto consideramos que es loable e importante sin embargo por el carácter técnico y pensar en darle sostenibilidad a una iniciativa de esta índole, es importante sustentar los coeficientes, por ejemplo el punto 5 y algunos a otros criterios en información técnica que permita entonces tener mucho más claridad de la sostenibilidad financiera de las organizaciones que prestan servicios y de otra forma que se cumpla el principio de servicio al costo”, explicó el Regulador.

Señaló que hay varios elementos que quiere brindar, con el fin de que pueda ser mejorada la propuesta y teniendo en cuenta las características de los servicios de transportes, en este sentido añadió que la propuesta en general que es de autobús, los sistemas de transportes tienen que estar integrados y articulados en las diferentes, para que la modalidad sea mucho más fácil, si se quiere dar un beneficio.

“Dicha propuesta lo vemos con buenos ojos y es una población que requiere un trato especial, pero es importante buscar la sostenibilidad y que se haga como en los otros servicios de adultos mayores o de niños que se reste a la demanda para que los otros que si van a pagar la tarifa se pueda redefinir esa tarifa y este cubierto esta población”, dijo el Regulador.

La iniciativa establece que la población con discapacidad en este país alcanza más de un diez por ciento (10%), del total de los habitantes de nuestra nación; existen más de 300.000 personas con algún tipo de discapacidad y un cincuenta y cuatro por ciento (54%) carece de empleo, esto según los datos suministrados por el censo nacional efectuado en el año 2011.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de mayo del 2017 – El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí manifestó que la pérdida de credencial de los diputados es oportuna pero solicitó mejorar el procedimiento para llegar a una sanción proponiendo la reforma del artículo 262 del Código Electoral.

El proyecto de ley pretende reformar el artículo 112 de la Constitución Política y en criterio de Chinchilla Sandí la misma es oportuna, atinada y con buen contenido.

El Magistrado de la Corte Suprema de Justicia compareció en la Comisión Especial que actualmente se encuentra analizando la reforma constitucional, donde el diputado perdería su credencial por violación al principio de probidad.

Agregó la existencia de una laguna o un vacío de regulación con respecto a incluir el deber de probidad como causal para la perdida de credencial del diputado, por ello la reforma constitucional es esencial y es básica.

“Sin esa reforma no es posible hacer ninguna sanción tal y como indicó la Sala Constitucional, lo que si se podría mejorar es el procedimiento para llegar a una sanción, es necesario que el artículo 262 del Código Electoral sea remozado, ampliado y darle un contenido importante”, explicó el Magistrado.

“Los vacíos que tiene el artículo 262 del Código Electoral son determinaciones, plazos y términos, me parece una regulación más cercana al debido proceso y aspectos propios de lo que es un procedimiento normal, no tiene que ser tan extenso pero si por lo menos principios básicos para hablar del debido proceso”, comentó.

Según la iniciativa en el año 2008, mediante voto 18564, la Sala Constitucional se pronunció sobre el vacío procedimental existente para sancionar a un diputado o diputada por violación al principio de probidad, declaró la incompetencia del Tribunal Supremo de Elecciones para esos efectos y designó al mismo Plenario Legislativo como el órgano responsable de establecer el procedimiento necesario para imponer la sanción que resulte pertinente a un diputado o diputada por haber violado el deber de probidad.

A pesar de que dicho vacío procedimental se intentó subsanar en el año 2009, mediante las competencias y procedimientos que el artículo 262 del nuevo Código Electoral le otorga al Tribunal Supremo de Elecciones.

En el 2010, mediante voto 11352, la Sala Constitucional declara que existe reserva constitucional en cuanto al establecimiento de las causales de pérdida de credencial de las diputadas y los diputados, por lo que la ley ordinaria no es la vía para establecer este tipo de sanciones a las y los diputados.

Actualmente existe un procedimiento y un órgano competente para sancionar la violación al deber de probidad por parte de los legisladores -el Tribunal Supremo de Elecciones-, pero en la Constitución Política no se establece que la violación al deber de probidad sea una casual para que un diputado o diputada pierda su credencial .

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

9 de mayo del 2017 – Julio Jurado, Procurador General de la República, está de acuerdo con el proyecto de reforma al artículo 12 de la Constitución Política que establece la perdida de credencial del diputado, por violación al principio de probidad.

Jurado compareció en la Comisión Especial que estudia el expediente 19117 y señaló que la Procuraduría General de la República lo ve con buenos ojos pues es un proyecto que viene a solventar una exigencia establecida por la Sala Constitucional en una de sus sentencias, indicando que la sanción era reserva constitucional, por lo tanto debía estar contemplada en la Carta Magna.

En cuanto al órgano competente, la Sala Constitucional señaló que debe ser el mismo legislador al emitir el Código Electoral y reglamentar en el artículo 262 el cuerpo normativo que le correspondería al Tribunal Supremo de Elecciones la aplicación de esta sanción.

El proyecto establece que en el año 2008, mediante voto 18564, la Sala Constitucional se pronunció sobre el vacío procedimental existente para sancionar a un diputado o diputada por violación al principio de probidad, declaró la incompetencia del Tribunal Supremo de Elecciones para esos efectos y designó al mismo Plenario Legislativo como el órgano responsable de establecer el procedimiento necesario para imponer la sanción que resulte pertinente a un diputado o diputada por haber violado el deber de probidad.

A pesar de que dicho vacío procedimental se intentó subsanar en el año 2009, mediante las competencias y procedimientos que el artículo 262 del nuevo Código Electoral le otorga al Tribunal Supremo de Elecciones; nuevamente en el año 2010, mediante voto 11352, la Sala Constitucional declara que existe reserva constitucional en cuanto al establecimiento de las causales de pérdida de credencial de las diputadas y los diputados, por lo que la ley ordinaria no es la vía para establecer este tipo de sanciones a las y los diputados.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

27 de abril del 2017 – Contribuir a la solución judicial de conflictos jurídico penales y penales juveniles con una mayor humanización, propiciando un abordaje integral que atienda las necesidades individuales y colectivas de las partes, forma parte del proyecto de ley de Justicia Restaurativa dictaminado positivamente en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

El proyecto de ley es una iniciativa del diputado Antonio Álvarez Desanti y tiene como objetivo establecer con carácter permanente y con carácter nacional la elaboración, aplicación y evaluación de políticas y procesos de Justicia Restaurativa como un medio de resolución alterna de conflictos en conocimiento del Poder Judicial.

Se establece en esta iniciativa proporcionar a la víctima un espacio para obtener una reparación o restitución del daño sufrido, con el fin de contribuir a la paz social, a la prevención general y especial de delitos y a mantener la seguridad ciudadana.

Se desarrollará mediante al menos tres programas:

a) Programa de Justicia Penal Restaurativa para personas ofensoras mayores de edad en conflicto con la ley penal.

b) Programa de Justicia Juvenil Restaurativa para personas ofensoras menores de edad en conflicto con la ley penal juvenil.

c) Programa de Tratamiento de Drogas bajo supervisión Judicial como un proceso de justicia restaurativa destinado a las personas a las que se les imputa un delito y tienen asociado un consumo problemático de drogas. Las personas imputadas se someten a un plan de tratamiento de drogas, encausado a la reinserción social así como la reparación del daño ocasionado a la víctima y al tejido social.

El Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica inició en mayo de 2012 con un proyecto piloto en materia penal ubicado en el Primer Circuito Judicial de San José. Actualmente funciona en el Tercer Circuito Judicial San José (sede Pavas), Circuito Judicial de Heredia, Primer Circuito Judicial Zona Sur (Pérez Zeledón), Segundo Circuito Judicial Limón (Pococí), y a la fecha cuenta con resultados reveladores.

Su funcionamiento ha sido producto de un trabajo conjunto impulsado desde el despacho de la magistrada de la Sala Tercera Doris María Arias Madrigal, quien ejerce además cómo la directora del Programa, en coordinación con el Ministerio Público, la oficina de Atención a Víctimas del Delito, la Defensa Pública, el Departamento de Trabajo Social y Psicología, y el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

26 de abril del 2017 – Diputados de Liberación Nacional y de la Unidad Socialcristiana integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios manifestaron su oposición a que se le devuelvan al Patronato Nacional de la Infancia, PANI, los casi 47 mil millones de colones que les fueron rebajados en el presupuesto nacional.

Mediante el presupuesto extraordinario que tramita esta instancia legislativa se pretende devolver estos recursos a la institución tras un fallo de la Sala Cuarta que declaró inconstitucional dicho recorte.

Los legisladores de oposición aprovecharon la audiencia de Ana Teresa León, Presidenta Ejecutiva del Patronato para arremeter contra la trasferencia de los recursos.

La diputada del PUSC y Presidenta de la Comisión, Rosibel Ramos Madrigal aseguró que los recursos servirán para duplicar la burocracia de la institución pues se contempla la creación de 800 nuevas plazas.

Además la congresista reprochó la ausencia de dineros suficientes para financiar proyectos de prevención.

A las críticas de la diputada Ramos se unió la legisladora Paulina Ramírez Portugués del PLN quien cuestionó la creación de las 800 plazas sin que estén acondicionadas las oficinas en las cuales van a laborar.

A los cuestionamientos añadió la decisión por parte del PANI de destinar más de mil 400 millones de colones a consultorías para la contratación de más personal, lo que aseguró se suma al aumento en el número de plazas.

La liberacionista además aseguró que es materialmente imposible la ejecución de los 47 mil millones de colones por parte del PANI en lo que resta del año, aunque exista un mandato legal para entregárselos.

La Presidenta Ejecutiva de la entidad, Ana Teresa León defendió el reintegro de los recursos a la institución, asegurando que el nombramiento de las 800 personas se hará hasta ahora porque el Ministerio de Hacienda irrespeto un plan maestro establecido desde el 2015 recortándoles los recursos para su ejecución.

Destacó que “esta es una oportunidad para hacer un salto cuantitativo en favor no del PANI sino de la niñez costarricense”.

Recordó que en el país hay más de siete mil niños que no estudian, un aumento en los embarazos de adolescentes y agresiones constantes entre los mismos jóvenes, lo que justifica un incremento en los recursos de la institución para atender estos problemas.

Corresponderá a los nuevos miembros de la Comisión de Hacendarios tomar la decisión sobre el presupuesto extraordinario que contiene el reintegro de los casi 47 mil millones de colones al PANI.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

26 de abril del 2017 – El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), Carlos Villalta, como los representantes de le empresa China, Check, reiteraron su compromiso con la construcción de la ruta 32, y en ese sentido anunciaron que el próximo 15 de agosto arrancarán las obras de la carretera a Limón.

El jerarca del MOPT manifestó que su cartera se encuentra en la etapa de construcción y finalización del diseño final, junto con la empresa Check y señaló que es una prioridad de la actual administración para que el proyecto salga adelante.

“El Ministerio de Obras Públicas y Transportes está interesado en el proyecto de la ruta 32, específicamente el mejoramiento y la ampliación de la ruta que va desde Rio Frio hasta Limón, en estos momentos estamos con un contrato de diseño, construcción y ejecución”, dijo el Ministro.

Por su parte German Valverde, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), reiteró que el proyecto es de gran importancia para el país, pues significa la ruta de acceso a la terminal de contenedores de Moin.

El representante de la empresa Check, manifestó que el próximo 30 de junio se concluirán con todos los diseños de construcción de la obra y el próximo 15 de agosto arrancarán las obras de la carretera.

Sin embargo se comprometió ante los legisladores que están trabajando para lograr, que tanto los diseños de construcción como el inicio de las obras se puedan adelantar de la fecha prevista, para así concluir la obra lo antes posible.

El diputado Luis Vásquez Castro, señaló que es una obra diferente de cualquier otra hecha en el país, los pueblos tienen que irse adaptando a este diseño, que es la obra principal y que lo importante es que no quede ningún lugar enclavado.

“Tenemos claro que eso no va a suceder, que todos vamos a tener salidas, e ingresos, pero frenarnos un minuto más es frenar el progreso de este país y frenar a Limón. La ruta debe de arrancar de acuerdo al contrato de préstamo, firmado con la empresa Check a partir de agosto, reactivar económicamente a través de las fuentes de empleos que esto va a generar y garantizar con obras complementarias que tiene garantizar el Gobierno a través del MOPT y CONAVI que ninguna persona se sienta aislada, de esta obra para el ingreso y la salida”, explicó el diputado.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

25 de abril del 2017 –  En el primer presupuesto extraordinario que tramita la Comisión de Asuntos Hacendarios se restituyen los 47831 millones de colones recortados al Patronato Nacional de la Infancia en el presupuesto ordinario de este año.

El reintegro de los recursos se realiza tras una resolución de la Sala Cuarta que declaró inconstitucional el rebajo que se hizo a esa institución en el presupuesto nacional para el 2017.

El Presupuesto extraordinario consta de más de 79 mil millones de los cuales más de 72 mil millones de colones se financian con la colocación de títulos valores y el resto corresponde a ingresos corrientes.

Se incorporan también casi tres mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad que financiarán el equipamiento de la Escuela Nacional de Policía que se espera entre en funcionamiento en agosto de este año.

El proyecto contempla además cinco mil millones de colones para el Poder Judicial para construcción de edificaciones del Ministerio Público y OIJ afectadas por el huracán Otto en localidades como Upala.

El Ministro de Hacienda Helio Fallas quien fue recibido por la Comisión para que se refiriera a los contenidos del presupuesto, aprovechó para manifestar su preocupación por la situación en que se encuentra en este momento la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto, la cual está cerca del límite, manifestó.

El titular de Hacienda recalcó la necesidad de una reforma hacendaria que contemple el IVA, así como el impuesto a la renta cuyas disposiciones aseguró se encuentran muy desactualizadas.

Aunque sostiene que actualizar esas disposiciones no es la solución al problema, al menos contribuyen a mejorar la recaudación de los recursos que se deben percibir por esos rubros.

Dentro de las medias que a criterio del ministerio son necesarias se encuentran el combate de los destinos específicos que concentran el 95% del presupuesto nacional lo que deja poco margen de maniobra de los recursos.

Fuente: Asamblea Legislativa.