Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
12 de noviembre del 2013
El próximo jueves los diputados arrancan con la discusión para la elección de dos magistrados propietarios de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, luego de que se rechazará una apelación que deja en firme la resolución que dicto el Presidente del Congreso, donde se establece horarios para la discusión y votación de dichas plazas.
Se trata de los puestos que dejaron vacantes, Luis Paulino Mora por su fallecimiento y Ana Virginia Calzada por acogerse a su jubilación.
La Resolución que dicto el Presidente del Directorio Legislativo, Luis Fernando Mendoza Jiménez, establece el inicio de la discusión a partir del 14 de noviembre, dentro del siguiente horario, los días lunes, martes y jueves, a partir de las 3:30 una vez concluido el espacio de control político, los diputados deberán discutir las sustituciones de ambos puestos y dedicar 30 minutos cada uno de ellos.
Así mismo dicha medida establece que si al próximo 2 de diciembre aún no se ha concluido la discusión de esos puestos, se dará por discutido y se pondrá a votación el tema.
Esa resolución fue apelada por varios diputados al considerar, que se reducía la posibilidad de hacer denuncias en el control político, la diputada Carmen Muñoz Quesada, señaló que con la resolución se lesiona el control político, que pretende acallar las voces disidentes y disonantes con el estado de cosas que requieren ser cambiadas.
«Queda establecido Presidente, que este plazo del artículo 163 constitucional es meramente ordenatorio y que respecto del mismo nunca se ha acusado mora en su incumplimiento, así que, no estamos frente a un término infringido en nuestra Constitución Política que pueda ser citado por usted y su resolución, además de carrereada conlleva a graves vicios en contra de las minorías parlamentarias dinámicas y del principio democrático» explicó la diputada Muñoz.
Por su parte el Presidente del Congreso, Luis Fernando Mendoza manifestó, que la mora no es una falacia, sino que es una omisión al deber constitucional que tiene la Asamblea Legislativa de integrar correctamente la Corte Suprema de Justicia, ya que la inactividad del Congreso es un hecho público evidente y notorio que no necesita prueba.
Sin embargo, dijo se puede comprobar, por medio de las simples lecturas de las comunicaciones que el Poder Judicial cruzo a esta asamblea, que propone que la ausencia definitiva de dos magistrados propietarios, en consecuencia es verdadero que el Congreso incurre en mora porque no actúa dentro de un plazo constitucionalmente para ejecutar un nombramiento.
«El artículo 163 de la Constitución Política señala un plazo para acordar el nombramiento, la Constitución no es un Código Procesal, dispone norma general de acción verdaderos mandatos que deben ser cumplidos de buena fe y de acuerdo a principios de buena razón» comento Mendoza.
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