Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
18 de marzo del 2014 – El Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán explicó que el proyecto de ley de Extinción de Dominio que se discute en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración debe mejorarse debido a que no define el concepto de extinción de dominio.
La iniciativa busca que el Estado pueda tomar posesión de los bienes privados de personas u organizaciones que estén involucradas en actividades ilícitas y evitar que los fondos que estas generen puedan ingresar al sistema financiero.
Si la persona logra demostrar que sus bienes vienen de fuentes licitas estos se le devolverían, pero si no se le aplicaría el concepto de presunción que vienen de fuentes ilegales y podrían ser secuestradas por el Estado.
El Fiscal también criticó que la iniciativa faculta a los investigadores a realizar intervenciones telefónicas y otras acciones que pueden ser invasivas de la intimidad de las personas.
Según el proyecto, la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y Crimen Organizado coadyuvará en materia de inteligencia financiera con la Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio durante el desarrollo del proceso y la información que brinde será de carácter confidencial y exclusivamente para fines de inteligencia.
A pesar de esta crítica, para el Fiscal General, el tema de extinción de dominio es fundamental para la lucha contra la legitimación de capitales.
Chavarría Guzmán indicó que se debería definir mejor quién se haría cargo de la administración de los bienes incautados. Para el Fiscal este es uno de los temas más complicados, “no hay burócrata capaz de manejar una empresa”.
El proyecto señala al Instituto Costarricense sobre Drogas, por medio de la Unidad de Recuperación de Activos y Extinción de Dominio (URA), como el órgano encargado de custodiar y administrar los bienes incautados o cuyo dominio haya sido extinguido.
Sobre este tema, Celso Gamboa Sánchez, Comisionado Nacional Antidrogas fue enfático en el proyecto le da capacidad a la URA para firmar contratos para que los negocios puedan seguir funcionando.
La diputada del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña Castro se mostró preocupada por las posiciones encontradas alrededor del proyecto.
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