Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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19 de marzo del 2014 – Tanto el Fiscal Adjunto de Trata y Tráfico de Personas, Mauricio Borachi Hernández, como el Decano de la Facultada de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino Sánchez, coincidieron en que el proyecto de Extinción de Dominio que se discute en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración debe perfeccionarse.
Con esta iniciativa se busca luchar contra el crimen organizado y el lavado de dinero, permitiendo al Estado incautar y administrar los bienes de personas o empresas que se sospeche que fueron adquiridos con fondos ilícitos y no puedan demostrar cómo los obtuvieron.
Borachi Hernández aseguró que el proyecto es “absolutamente necesario” para la lucha contra el crimen organizado, pero que se deben realizar mejoras y el texto se puede tomar como una base de discusión.
Por su parte, el Decano de la Facultada de Derecho de la Universidad de Costa Rica se mostró preocupado, ya que afirma que con la iniciativa se podrían violentar principios constitucionales.
El proyecto indica que las disposiciones legales referentes a la confidencialidad o secreto de la información bancaria, bursátil o tributaria, no se aplican a las autoridades judiciales o administrativas encargadas de las investigaciones para lograr la extinción de dominio.
La Fiscalía Adjunta de Extinción de Dominio, será el órgano encargado de la valoración de los casos bajo su conocimiento, de bienes que pudieran llegar a considerarse ilícitos. La Fiscalía desarrollará la investigación que corresponda y, de observar mérito en sus resultados, formulará la pretensión de extinción de dominio. Sobre este tema el Fiscal explicó que el proyecto deja de lado a los investigadores del Organismo de Investigación Judicial.
Borachi Hernández defendió que las personas o empresas investigas sean las encargadas de demostrar cómo obtuvieron sus bienes. “No es necesariamente el Estado el que tiene que decirle a esa persona, usted hizo esto mal, la persona tiene que tener la obligación de explicarnos a nosotros de dónde sacó esa plata”.
La acción de extinción de dominio será iniciada por la Fiscalía General de la República de oficio o a solicitud de cualquier persona, cuando esta considere que existe la probabilidad de que los bienes fueron adquiridos o trabajan con fondos ilícitos.
Las diputadas del Partido Acción Ciudadana, Yolanda Acuña Castro y María Ocampo Baltodano de Liberación Nacional fueron enfáticas en que el proyecto 18964 Extinción de Dominio requiere todavía mucho más análisis antes de ser dictaminado por la Comisión de Gobierno y Administración.
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