Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
28 de mayo del 2014 – Los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos votaron por unanimidad una moción para crea una subcomisión de trabajo que estudie posibles modificaciones a la Ley de Jurisdicción Constitucional y eventualmente proponer un proyecto de ley para ser acogido por los diputados interesados.
La subcomisión estará conformada por tres legisladores que deberá definir el presidente de la Comisión, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana Rafael Ortiz Fábrega. Este órgano tendrá un plazo de tres meses para rendir un informe.
La moción establece que la subcomisión podrá llamar a comparecer a funcionarios de la Sala Constitucional, aparte de juristas y particulares que puedan aportar su visión sobre el tema.
El diputado de Liberación Nacional, Carlos Arguedas Ramírez, señaló que es clave la participación de los miembros de la Sala Constitucional con la finalidad de poder llegar a acuerdos.
El magistrado Paul Rueda Leal dijo que la idea de hacer una propuesta que sea realista y pragmática.
Sobre el proyecto 17743, Ley de Reforma de la Jurisdicción Constitucional, el presidente de la Sala Constitucional, Gilberth Armijo Sancho señaló que una de las debilidades que presenta el sistema es que lo que se resuelve no tiene valor vinculante para todos los casos.
El Magistrado puso como ejemplo la huelga de los educadores, donde hay 800 asuntos en la Sala completamente iguales, donde lo único que cambia es el nombre y la calidades.
De acuerdo con Armijo, el “amparo es subjetivo, la persona que reclama se le da el derecho, pero pueden haber otros 700 en la misma situación pero tiene que venir de uno en uno a la Sala para que se les resuelva, lo que implica un gran desgaste y una gran inversión de recursos”.
Armijo expresó que si existiera la posibilidad, una vez resuelto un recurso, a todos los casos iguales se les podría aplicar de manera obligatoria la misma disposición, “en lugar de 800 o 700, tendríamos uno”.
Adujo que la Ley de Jurisdicción Constitucional fue plantada en una Costa Rica diferente donde las instituciones acataban las disposiciones sin cuestionarlas. Armijo explicó que tienen un enorme problema para que se acaten cierto tipo de resoluciones “cuando hay dinero de por medio”, como el Ministerio de Educación ó la Caja Costarricense de Seguro Social.
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