Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
28 de agosto del 2014 – Los diputados que conforman la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público buscaron respuesta al porqué la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) contrató a Price Waterhouse para realizar un estudio salarial.
Los miembros de la Junta Directiva del ente regulador explicaron a los legisladores que el incremento salarial se realizó porque así está establecido por ley. Los diputados criticaron el ajuste salaria en el cual el monto pagado al máximo jerarca se incrementó en un 16 por ciento.
El Regulador General, Dennis Meléndez fue enfático en que la Ley dice que los funcionarios de la ARESEP no pueden participar en ninguna decisión que los beneficie personalmente. Meléndez explicó que si los funcionarios participan “pueden ser incluso despedidos, puede ser una causal de que se les despida”.
Por su parte, Silvia Saborío, presidenta ad hoc de la Junta Directica, refiriéndose a la contratación de Price Waterhouse, comentó que mientras exista un impedimento legal van a tener que seguir acudiendo a la contratación de una empresa para que realice los estudios. “Esta es la empresa más especializada y más reconocida”, dijo Saborío.
Rodolfo González, Gerente General de la ARESEP, puntualizó que cuando se han realizado los procesos de contratación para elaborar los estudios salariales siempre se han cumplido con lo establecido en la ley de contratación.
Los legisladores también cuestionaron los modelos de fijación de tarifas aplicados por el órgano regulador asegurando que muchos están desactualizados.
Ante esta interrogante, Meléndez contestó que muchas de las metodologías vienen desde hace muchos años y que una de las primeras tareas a la que se avocó fue a la modernización y actualización de las metodologías tarifarias.
Además durante la comparecencia de los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, se cuestionó el alquiler de un edificio en el sector de Escazú cuando la entidad cuenta con una edificación en el sector de Sabana.
El Regulador explicó que el edificio alquilado cuenta con mayor capacidad y por concepto de alquiler se pagan 761 millones de colones al año. Al mismo tiempo recibe por el alquiler del edificio de la Sabana 382 millones.
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