Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
9 de octubre del 2014 – Los legisladores que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales dictaminaron de manera unánime el expediente 18383, aprobación de la adhesión al convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial. Esta iniciativa pretende a través de cartas rogatorias y por funcionarios diplomáticos o consulares y por comisarios, lograr la obtención de este tipo de documentos.
El proyecto establece que en materia civil o comercial, la autoridad judicial de un Estado Contratante podrá, conforme a las disposiciones de su legislación, solicitar a una autoridad competente de otro Estado Contratante, mediante una Carta Rogatoria, obtener pruebas, así como realizar alguna otra actuación judicial.
Se establece que no deberá usarse una Carta Rogatoria para obtener pruebas que no se vaya a utilizar en un proceso judicial, ya iniciado o futuro.
El presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Guillermo Rivas explicó ante los diputados que el proyecto permite la colaboración directa entre los Poderes Judiciales, “ya obvia el paso por las cancillerías, por el Poder Ejecutivo y establece esta colaboración directamente los Poderes Judiciales”.
El artículo 2 del proyecto señala que “cada Estado Contratante nombrará a una Autoridad Central, que estará encargada de recibir las Cartas Rogatorias expedidas por una autoridad judicial de otro Estado Contratante y de remitirlas a la autoridad competente para su ejecución. La Autoridad Central estará organizada conforme a su propia ley”.
Por su parte, el magistrado Jorge López mostró sus dudas en relación con el artículo 4 de la iniciativa, que plantea que “una Carta Rogatoria debe estar redactada en el idioma de la autoridad requerida o ir acompañada de una traducción a ese idioma.
Sin embargo, cada Estado Contratante deberá aceptar una Carta Rogatoria redactada en inglés o en francés, o que vaya acompañada de una traducción a uno de esos idiomas, a menos que hubiere formulado la reserva autorizada en el Artículo 33”.
López indicó que es conveniente hacer reserva en cuanto al tema del idioma y que ya varios países han planteado esta posibilidad.
El legislador del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja consideró que el convenio es necesario, pero señaló su preocupación por el artículo 4. “Nos hubiese gustado que de alguna manera se exigirá o se rectificara esta situación, por un asunto de dignidad nacional, por un asunto de soberanía de respeto a nuestro idioma oficial”.
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