Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
14 de noviembre del 2012
El abogado penalista, Juan Diego Castro Fernández compareció ante los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos para referirse al expediente N. º 18546 que busca la reforma de los tipos penales establecidos en los artículos 167, 196, 196 bis, 231, 236 y 288 del Código Penal.
En su intervención el jurista dejo claro que con la actual Ley de Delitos Informáticos no solo se afecta a los periodistas sino también a los ciudadanos y señalo su preocupación por la peligrosa judicialización de la política.
Según indicó Castro Fernández este es uno de los mamarrachos jurídicos más grandes que ha visto en los 30 años del ejercicio de la profesional, que calificó de “enorme sapo antidemocrático” que viene a violar derechos humanos fundamentales como la expresión, libre acceso a la información, y el principio de transparencia.
El expositor indicó que la Ley es muy draconiana y exagerada al imponer penas muy altas que en algunos casos sobrepasan en años cárcel a delitos mucho más graves, con lo cual no se puede imponer el beneficio condicional de la pena.
“Con esta ley no pretenden cerrarnos la boca, sino cortarnos la cabeza para que no pensemos”, sentenció el abogado penalista.
Asimismo instó a los legisladores a investigar quién redacto esta norma que viene a crear una “cortina de hierro” para la política nacional.
Para Castro Fernández en Costa Rica no existe concepto de carácter normativo que defina lo referente a secretos políticos y lo único que existe en la Constitución Política es lo referido a secreto de Estado que está restringido a asuntos de verdadera seguridad nacional.
Para finalizar Castro Fernández abogó por sacar del ordenamiento jurídico lo que calificó de “monstruo” de la democracia costarricense.
Por su parte el diputado Juan Carlos Mendoza García anunció que la fracción de Acción Ciudadana presentó un texto sustitutivo a este proyecto de ley y que trabajan en la redacción de un proyecto para la transparencia y acceso a la información pública.
Mendoza García mostró su preocupación y rechazo al artículo 196 bis de la actual Ley de Delitos Informáticos ya que contiene conceptos propios de una dictadura.
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