Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
13 de agosto del 2015 – Tanto el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría y el Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, se pronunciaron favor del expediente 19571 Ley de Extinción de Dominio, al considerar que es una ley novedosa e importante para el país, que permitirá quitar bienes a las bandas del crimen organizado.
Ambos comparecieron en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, para que se refirieran a la iniciativa que actualmente se encuentra en estudio en esta instancia legislativa.
El magistrado manifestó que esto es una consecuencia patrimonial de pérdida de bienes que son originados y destinadas a actividades iliciticas o delictivas, pues el proceso dirigido a la extinción de dominio, no se dirige contra personas, se dirige contra patrimonios, contra bienes, ya que existen personas que ostentan estos bienes físicos o jurídicos.
“No es un proceso dirigido contra personas, eso quiere decir que no es un proceso penal, ni de ninguna otra naturaleza, sino que tiene su propia esencia y naturaleza jurídica, esto es algo importante porque no lo conocíamos, no lo tenemos en nuestra legislación, y genera una distinción relevante con respecto a ciertas indicaciones de lo que pueda ser su naturaleza jurídica”, comentó el Magistrado Chinchilla.
Concluyó que es una iniciativa muy importante para el país, pues sería un golpe muy fuerte para las bandas criminales, para el narcotráfico y la criminalidad organizada, ya que lo que más puede golpear a las bandas es quitarles sus haberes económicos.
Por su parte el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, sostuvo que la esencia de la iniciativa, trata de un procedimiento que no es contra la persona, sino que es un procedimiento que va contra la “cosa”.
“Costa Rica es un país que más casos ha hecho de legitimación de capitales, eso reconocido internacionalmente, porque es un delito difícil de probar, porque hay que probar el delito que dio origen, a los bienes y eso es muy difícil de probar”, señaló el fiscal.
Chavarría dijo además que con este proyecto no habrá ninguna persona en la cárcel, pero las organizaciones participantes se les quitará sus bienes, lo que significaría que se les debilite y afectando, ya que es la intención del proyecto de ley.
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