Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
10 de noviembre del 2015 – Los trabajadores de las plantaciones bananeras que se vieron afectados por el uso de nematicidas tóxicos, serían indemnizados si comprueban haber sufrido exposición al producto “1.2 dibromo, 3 cloropropano”, conocido como DBCP, como consecuencia de haber sido utilizado en el país.
El proyecto de ley corresponde al expediente 18802, reforma de los artículos 1, 2, 10, 11, 14 y 16 y adición de un capítulo IV a la Ley de determinación de beneficios sociales y económicos para la población afectada por el “DBCP”, Ley N.º 8130, y sus reformas.
Así, los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, recibieron en audiencia al doctor, William Campos Montero, del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, quien expresó su preocupación debido a que en la mayoría de los textos, solo se refieren a la infertilidad en varones y no en los daños que produjo el químico en los testículos en su totalidad.
“Es un daño generalizado y no solo en la producción de esperma”, dijo Campos Montero.
El Nemagón es un pesticida que se aplicó en las bananeras que operaban en Costa Rica para acabar con la plaga de nemátodos que afectaba al cultivo del banano y se demostró científicamente que el químico causaba efectos degenerativos en el ser humano y enfermedades crónicas.
Las personas afectadas sufrieron una serie de daños y padecimientos en su vida y su salud, tales como daño degenerativo testicular, disfunción reproductiva, trastornos en el comportamiento sexual, repercusiones psicológicas, sociales y otras patologías.
También hay estudios que vinculan la exposición a este químico tóxico con una mayor incidencia de cáncer.
La Ley Nº 8130 de 6 de setiembre de 2001 y su posterior reforma establecieron la obligación del Estado costarricense de indemnizar, a través del Instituto Nacional de Seguros (INS), “a quienes comprueben haber sufrido un daño físico y/o moral objetivo como consecuencia de haber sido utilizado en el país” el Nemagón.
El proyecto establece que para poder reclamar la indemnización el interesado debe presentar, ante la unidad ejecutora técnica, un reclamo administrativo.
Además, debe aportar los documentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Banco Popular o la empresa para la cual se laboró, con lo cual se demuestre haber sido trabajador bananero o trabajadora bananera dentro del lapso de años 1967 a 1979.
Mientras que a los hombres ex trabajadores y trabajadores, o a las mujeres ex trabajadoras y trabajadoras, las indemnizaciones se les reconocerán con base en los años de exposición al DBCP.
La iniciativa establece que “el monto total de la indemnización que se reconozca de conformidad con esta ley, será superior a la suma de seiscientos ochenta y tres mil colones (¢683.000,00), determinada según el estudio actuarial elaborado por el INS, en el que se consideró el salario devengado por los trabajadores bananeros calculado al valor actual.
Este monto deberá ser indexado conforme al índice de precios al consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley hasta la fecha en que a cada persona afectada se le haga efectivo el pago de la respectiva indemnización”.
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