Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.
17 de noviembre del 2015 – El Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Ricardo Rodríguez Barquero, consideró muy pronto hacer alguna reforma a la ley que dio origen a la institución, esto debido a que la actual, ha sido implementada en su totalidad.
El jerarca compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, para referirse al expediente 18957 Reforma de varios artículos de la Ley 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
Rodríguez señaló que la Ley 9036 fue analizada y hecha en un contexto muy apolítico, sino de colaboración ciudadana, pues le da un 60% de participación a los Consejos Territoriales, con la empresa privada y un 40% a las instituciones, y ha venido funcionando muy bien.
“En la participación institucional, los alcaldes se respetan, lo que quiere decir que el desarrollo local o cantón está bien desde la creación del Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional, pero la otra instancia es territorial y esto suma actores comunales, empresa privada e instituciones del Estado”, explicó.
El objetivo de esta iniciativa es crear una institución dinámica, ágil en su financiamiento, vinculada a la población de los territorios rurales y que impulse procesos orientados al bienestar con un sentido de equidad y de inclusión.
Asimismo, esta ley abre espacios para la participación de los actores territoriales en las acciones institucionales, especialmente, la de los gobiernos locales, el sector privado y las organizaciones económicas y sociales, con mecanismos eficaces de orientación para la inversión, la integración de cadenas productivas, el desarrollo de la capacidad empresarial, la formación de alianzas público-privadas, la coinversión, así como los instrumentos de control social y rendición de cuentas.
Finalmente esta ley tiene como primer objetivo establecer un marco institucional para el desarrollo rural del país, que permita la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas de Estado en esta materia, así como la creación de mecanismos de planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural en el país, con énfasis en aquellos territorios de menor grado de desarrollo.
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