Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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11 de febrero del 2016 – “La ley no es necesaria, es voluntad lo que se requiere”, dijo Enrique Ramírez, representante de la Cooperativa de Productores de Palma, Región Caribe, al referirse al expediente N. º 18.789, Ley de Biocombustibles, que se discute en la Comisión Permanente Especial de Ambiente.
Para Ramírez el proyecto se desvió de uno de sus objetivos prioritarios, la reactivación del sector productivo y aseguró que para lograrlo se debería incluir la declaratoria de interés público.
El representante de la Cooperativas explicó que en otros países el tema de los biocombustibles ha servido para fortalecer el agro.
El texto base crea el Programa Nacional de Biocombustibles, cuyo desarrollo, coordinación y seguimiento le corresponderá al Minae, quien deberá establecer las políticas públicas para el desarrollo de la industria de biocombustibles. Además, de establecer las especificaciones y criterios técnicos para la producción de biocombustibles. Aparte de crear y administrar el registro de productores de biocombustibles; áreas cultivadas y potenciales para el desarrollo de los mismos.
La iniciativa prevé que la Fundación para el Fomento de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (Fittacori), establecerá mecanismos de financiamiento para captar y administrar recursos públicos y privados, para la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en materia de biocombustibles.
Al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) le corresponderá promover la producción agroindustrial de biomasa (materias primas) para la elaboración de biocombustibles, así como la integración del sector agrícola a la industria nacional de biocombustibles. El MAG velará para que no se comprometa la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria del país.
Mientras que, Recope podrá producir, comprar directamente a los productores del país los biocombustibles o las materias primas que necesite para la elaboración de los combustibles fósiles mezclados. También podrá hacer alianzas estratégicas con empresas públicas o privadas, que le permitan llevar a cabo ésta labor de manera eficiente.
El proyecto establece que los precios de venta y comercialización de los combustibles fósiles mezclados con biocombustibles en los planteles de Recope y al usuario final respectivamente, serán fijados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cual tendrá que elaborar una metodología para tal fin.
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