Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
18 de julio del 2016 – El Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Franco Pacheco, explicó ante los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios, una serie de dudas que tiene la entidad con respecto al expediente Nº 19245, Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
Esta iniciativa presenta adiciones al Código Tributario donde se propone crear el artículo 18 bis el cual se refiere al deber que tiene toda persona física o jurídica que desee obtener cualquier autorización, licencia o permiso ante la Administración Pública o municipalidades, de estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y en la presentación de sus declaraciones ante las dependencias del Ministerio de Hacienda.
El proyecto propone en su artículo 4 que el sistema financiero nacional privado y público, deberá requerir como requisito la presentación de las declaraciones del impuesto sobre las utilidades, para efecto de tramitar las solicitudes de financiamiento o aseguramiento, con el fin de que estas sean valoradas para la aprobación o su denegatoria.
Por otra parte, el artículo 5 plantea establecer mecanismos de fomento a la utilización de medios de pago electrónicos con la finalidad de mejorar el control tributario. De esta manera se prevé la posibilidad de conceder una devolución de hasta un punto porcentual de la alícuota del Impuesto General sobre las Ventas por las compras realizadas utilizando estos medios conforme a rangos de actividad y tipos de comercios, lo cual facilita la gestión y fiscalización del Impuesto General sobre las Ventas y paralelamente el Impuesto sobre la Renta.
Según Pacheco, la normativa propuesta podría tener roces constitucionales, en el artículo 106 que se refiere al “Procedimiento para requerir información a las entidades financieras”, donde para la UCCAEP la Constitución habla de confidencialidad y aquí quedaría al descubierto los avalúos.
A criterio del Presidente de UCCAEP el artículo 149 Órganos competentes para sancionar que señala “que las sanciones por las infracciones administrativas establecidas en este Código, serán impuestas por los órganos de las administraciones territoriales o de grandes contribuyentes de la Administración Tributaria, a los que, reglamentariamente, se les asigne competencia para el control del cumplimiento de las distintas obligaciones tributarias, tanto formales como materiales”, violenta el principio de legalidad.
Fuente: Asamblea Legislativa.