Abogados en temas monetarios cuestionan proyecto de fraude fiscal

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Publicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

19 de julio del 2016 – Los abogados Adrián Torrealba del bufete Facio y Cañas y Humberto Pacheco del bufete Pacheco y Coto plantearon cuestionamientos y correcciones al proyecto de lucha contra el fraude fiscal que se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Humberto Pacheco cuestionó el registro de accionistas que se pretende establecer en el proyecto de ley asegurando que ningún país cuenta con una disposición como esa.

El especialista en temas fiscales sostiene que Costa Rica si tiene registro de accionistas porque en los bancos públicos y privados no se abre una cuenta corporativa en la que no se establezca el último beneficiario físico.

El legislador Otto Guevara del Movimiento Libertario recordó que el proyecto de ley lo que pretende es un registro centralizado de accionistas al cual tenga acceso la Dirección de Tributación Directa sin una orden judicial.

Pacheco es del criterio que Tributación directa no necesita conocer a los accionistas para controlar los movimientos de dinero pues sostiene que para eso con una orden judicial puede acceder a esa información.

Por su parte, Adrián Torrealba considera innecesario que el proyecto de ley establezca que solo en el domicilio del contribuyente se pueda entregar las notificaciones eliminando la posibilidad de hacerlo en las oficinas de los abogados.

Además cuestionó el plazo que se establece en la ley para la realización de las Investigaciones pues en muchos casos no se toma la decisión afectando al contribuyente por lo que a su criterio no debería ser mayor a tres años.

El proyecto establece un plazo de 5 años sobre las penas afirmó que las mismas son desproporcionadas al establecerse hasta cinco años de cárcel, lo cual afirmó dificulta el papel del delito fiscal

Con respecto a la prescripción, el especialista sostiene que debería abarcar la responsabilidad civil del delito penal.

Fuente: Asamblea Legislativa.