Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
29 de setiembre del 2016 – Preocupados por el poco o nulo avance en las investigaciones, los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público recibieron al Fiscal General Jorge Chavarría Guzmán.
Para el presidente del foro legislativo, Mario Redondo Poveda es preocupante la sensación de impunidad que se siente en el país y por eso era importante analizar el tema y ver de quien es el problema sí de la Fiscalía o de los Tribunales de Justicia.
Por su parte el legislador Julio Rojas Astorga mencionó que es inquietante ver tan angustiado al jefe del Ministerio Público, pero lo más alarmante es que los jueces estén inventando doctrina o procedimientos.
Jorge Arguedas Mora del Frente Amplio indicó que es alarmante escuchar que tenemos un Ministerio Público tan amarrado e imposibilitado para actuar.
Para el Fiscal General el problema es la incoherencia en la política criminal que se ha implementado en el país y que ha saturado el sistema de justicia al ser tan garantista en los procesos lo cual demora mucho el trámite legal.
El Fiscal aprovecho su comparecencia para solicitar a los legisladores el apoyo para crear una unidad anticorrupción y crimen organizado que conozcan de técnicas de investigación internacional.
Asimismo se mostró anuente a trabaja en conjunto para lograr una verdadera reforma al Código Procesal Penal y de la Ley Anticorrupción.
“No tenemos en Costa Rica un sistema procesal penal moderno es más bien inquisitivo, es un martirio llevar adelante un caso de estos y es peligroso en este contexto de delincuencia organizada”, afirmó el jerarca del Ministerio Público.
Chavarría Guzmán señaló a los diputados que el presupuesto de Fiscalía no debería estar sometido financiera al Poder Judicial ya que se invisibiliza a la Fiscalía y no se les consulta sobre necesidades urgentes del órgano.
Para finalizar los diputados pidieron al Fiscal que envíe todas las propuestas de reforma a la legislación que se requieran para cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida.
Fuente: Asamblea Legislativa.