Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
23 de febrero del 2017 – Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales dictaminaron en forma positiva, el expediente 20063 Aprobación del acuerdo entre la República de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización.
Este Acuerdo, en términos generales, contempla la normativa comprendida en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de febrero de 1946, siendo Costa Rica Parte de esta Convención, la cual ha sido tomada por nuestro país como modelo para otros Convenios sobre esta materia.
El artículo 1 define los términos necesarios para la aplicación del Acuerdo: “archivos de la Organización”; “cargas para fines de seguridad social o pensión”; “expertos”; “Gobierno”; “reunión convocada por la Organización”; “Miembros”; “participantes no- miembros”; “funcionarios”; “Organización”; “locales de la Organización”; “bienes de la Organización”; y “Representantes”.
Además reconoce a la OCDE su personalidad jurídica, que la faculta para celebrar contratos, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y para entablar acciones legales (artículo 2).
Igualmente, se establece que la “Organización gozará de los privilegios, exenciones e inmunidades que establece el presente Acuerdo y cualquier otro privilegio, exención e inmunidad más favorable que el Gobierno hubiera acordado otorgar a alguna otra organización internacional” (artículo 3).
Asimismo, se contempla que la Organización y sus bienes, dondequiera que se encuentren y quienquiera que los posea, gozarán de toda inmunidad de jurisdicción, salvo que en algún caso en particular renuncie expresamente a su inmunidad. No obstante, se entiende que dicha renuncia no será extensible a una medida de ejecución (artículo 4).
Siguiendo con el tema de los bienes de la Organización, cabe resaltar que estos no serán objeto de allanamiento, requisición, confiscación, expropiación o cualquier otra forma de interferencia, ya sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa (artículo 5).
Igualmente, se establece la inviolabilidad de los locales de la Organización, los que se encontrarán bajo su exclusivo control y autoridad (artículo 6). Además, se prevé que los archivos de la Organización serán inviolables dondequiera que se encuentren (artículo 7).
Fuente: Asamblea Legislativa.