Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
2 de abril del 2013
Ulises Blanco, Representante de la Comisión Representativa de los Pueblos del Caribe Norte, manifestó que el proyecto de ley expediente 17838 Ley para brindar seguridad jurídica a los poseedores sobre la finca inscrita a nombre de Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), es muy importante porque da seguridad jurídica tanto a comunidades asentadas en esas tierras, como a diversas instituciones que se encuentran en el lugar.
Blanco compareció en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, junto con Hilda Zamora Arias, Presidenta de dicha comisión quienes se refirieron al proyecto de ley.
“El problema de la seguridad jurídica y de la tenencia y el uso del suelo en Costa Rica es muy serio, no solamente el sector del Atlántico es afectado sino que otras partes del territorio nacional, pero lo concreto de lo que dispone el proyecto de ley 17838 queremos decir que es inconcebible que en un país de derecho el Estado sea el que incumpla las leyes”, mencionó Ulises Blanco.
El compareciente comentó que la misma ley de JAPDEVA del año 1993, establece realizar un censo o bien determinara la problemática de tenencia de suelos, lo que se deja ver que desde esa época ya había ocupantes en ese territorio.
Sin embargo no se realizó y cuando se creó el Parque Nacional Tortuguero, también en esa misma ley se ordena la titulación de los terrenos que están en propiedad de terceros.
“Cuando se hace la extensión del Parque Tortuguero, a través de la Fundación Neotrópica, ésta le compró a los finqueros, su territorio y se lo dio al Parque, entonces quiere decir que todos esos territorios han estado ocupado, y que cuando se creó el Parque, la misma ley decía que el Estado a través de JAPDEVA, debía de titular las posesiones en propiedad privada”, explicó.
“Lo que queremos decir es que la historia nos dice claramente que cuando el legislador de aquel entonces hizo la Ley de JAPDEVA no era para que ellos se dejaran el territorio ni era para hacer un área de conservación, era para acelerar un desarrollo agropecuario porque esa era la tendencia de aquel entonces”, puntualizó.
Por su parte Ana Lorena Guevara, Viceministra de Ambiente y Energía, manifestó que reconoce la situación de los ocupantes de esos territorios, sin embargo dijo que han venido trabajando fuertemente en proyectos de ley para solucionar su situación.
“Consideramos que no necesariamente todo el patrimonio natural, tiene que estar bajo la administración directa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que mucho de este patrimonio natural del Estado podría quedarse en manos de las entidades que lo poseen por ejemplo en este caso JAPDEVA”, mencionó la Viceministra.
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