Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
16 de abril del 2013
La Contralora General, Marta Acosta Zúñiga y los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) comparecieron ante los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para defender las actuaciones de dichos órganos en la adjudicación y refrendo de la cesión del contrato de construcción de la ruta San José – San Ramón.
La jerarca del ente contralor aseveró que buscan aclarar e informar ya que existe una enorme desinformación sobre los alcances del refrendo ya que estos son más que todo un proceso de legalidad y no de oportunidad, ni conveniencia, por lo que no implica un análisis integral del contrato, ni pueden entrar a realizar recomendaciones debido a que no les corresponde.
Acosta Zúñiga sostuvo ante los legisladores que la Contraloría General se tomó el tiempo necesario para revisar el contrato y para eso se destino a diez profesionales de diversas áreas a estudiar el contrato, “quiero ser vehemente, que es gente seria, responsable y honesta fue la que revisó el contrato”.
Dentro de los principales aspectos verificados en la concesión de San José San Ramón mencionó:
- Coherencia en los estudios técnicos y jurídicos que conllevaron a la modificación contractual por razones de reequilibrio, actualización a nuevas condiciones y bancabilidad.
- Pago de especies fiscales correspondientes.
- Claridad y consistencia de las cláusulas contractuales modificadas.
- Concordancia entre las modificaciones y las normas jurídicas aplicable.
- Existencia de un acto administrativo dictado por la Administración en el cual se expusieran las razones de interés público que justificaron la decisión de oportunidad yconveniencia que conllevó a la cesión de contrato, como alternativa a las otras soluciones que tenía la Administración.
- Estudios técnicos que demuestren que la nueva contratista cumple con los requisitos particulares del cartel.
- Capacidad de representación por parte de los suscribientes.
“El refrendo no constituye un procedimiento administrativo, no es una auditoría ni de investigación, el análisis de legalidad se analiza por un estudio del expediente dado por la administración. No es a la CGR a la que le corresponde fijar tarifas ni el tipo de obras, tampoco tenemos la potestad de decir, no queremos concesión, queremos otra cosa, eso está fuera de nuestro alcance”, aseguró Acosta.
Por su parte el Ministro de Planificación Nacional, Roberto Gallardo se refirió, en representación de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para hacer el recorrido cronológico que ha tenido el proceso de concesión e indicar que no se ha estado actuando de manera precipitada sino que este ha sido un procedimiento que lleva más de once años.
Señalo el Ministro de Planificación que se ha presentado en todos estos años una incapacidad del Estado por realizar las expropiaciones y aprovecho la ocasión para pedir la pronta aprobación de las reformas en materia de ley de expropiaciones.
El Ing. Edwin Rodríguez Aguilera, Secretario Técnico del CNC aseveró que el diseño de la obra fue realizado por la empresa Autopistas del Valle y revisado por la empresa Compañía de Asesoría en Construcción e Ingeniería (CACISA) que era el ente supervisor del momento.
CACISA fue contratada por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) para el diseño de los planos y supervisión de algunos procesos, trabajos por los que cobró cerca de tres millones de dólares entre 2004-2006.
El diputado de Acción Ciudadana, Manrique Oviedo Guzmán señaló y cuestionó el trabajo de la Contraloría al indicar que lo único que hizo fue un check list y no un análisis profundo del contrato.
La presidenta de la comisión de gasto público, Patricia Pérez Hegg le planteo a la Contralora General la posibilidad de renunciar al cargo si se logra comprobar actos irregulares, a lo que Acosta Zúñiga contesto que está segura de que el trabajo se dio apegado a la ley.
Por su parte el diputado Luis Fishman Zonzinski dijo que no se podía declarar de interés público el refrendo dado que por once años no se realizo ninguna obra y señaló que la Contraloría debió haber rechazado ad portas la solicitud de refrendo de cesión a favor de la empresa OAS.
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