Autor: Editor

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

29 de setiembre del 2015 – Los recursos destinados a las transferencias y las pensiones consumen la mayor parte del presupuesto asignado al Ministerio de Trabajo, explicó el titular de esta cartera Víctor Morales Mora a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

Morales Mora participó en una audiencia para referirse a los recursos que se le asignan al Ministerio de Trabajo en el presupuesto nacional del próximo año el cual asciende a dos billones de colones.

Al Ministerio de Trabajo se le otorgarán 400.374 millones de colones lo que consiste en un aumento del 3.2% con respecto a los dineros destinados para este año.

Morales Mora recordó que el 95% de los dineros que recibirán el próximo año deben transferirlos por ley a otras entidades, así como a Asignaciones Familiares y pensiones.

Recalcó que los recursos propiamente del Ministerio son muy bajos y la mayoría son destinados a remuneraciones y cargas sociales pero aseguró que se harán reducciones en partidas como viáticos al exterior, electricidad y consultorías.

El Ministerio de Salud es otra entidad cuya mayoría de recursos se destinan a transferencias, según lo expuso su titular Fernando Llorca quien también fue recibido en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

De los 283 377 millones de colones que se otorgarán al Ministerio de Salud, el 71% se debe transferir a entidades tales como el IAFA, ICODER y la Cruz Roja entre otras, indicó Llorca.

Aunque el presupuesto de Salud registra un incremento de un 5.5% con respecto al de este año, casi el 100% lo consumen las transferencias, dijo el Ministro.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de setiembre del 2015 – De innecesario calificó el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro el proyecto que busca eliminar el llamado “enganche” de los salarios de los profesionales en ciencias médicas al de otros trabajadores.

El expediente 19168, que se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, presentado por el legislador del Partido Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo Poveda, pretende evitar que cuando se incrementa el salario de los empleados públicos se reajuste el pago de los profesionales en ciencias médicas, frenar los aumentos a los profesionales en ciencias médicas y hacer justicia a los trabajadores de menos ingresos.

La Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, aprobada en 1982, establece la obligación de elevar el salario de los médicos cuando la Administración Pública decreta un alza para sus empleados.

Alfaro sostuvo que por medio del decreto firmado en 1998, se reguló el modo en cómo se realizaría el cálculo de los incrementos salariales de los profesionales en ciencias médicas, luego de una huelga de más de 40 días que se presentó en los años 80.

Según el proyecto de Redondo Poveda se busca “generar justicia y equidad en los estratos de servidores públicos menos calificados, por medio de la desvinculación de las modificaciones generales de salarios que se dan en el Gobierno central, tanto las de orden general (cada semestre), como las que se otorgan a grupos específicos como los policías, oficinistas, técnicos, misceláneos, choferes y otros; y cualquier incremento en sobresueldos de estos y otros grupos del Poder Ejecutivo con las de los profesionales contemplados en la Ley de Incentivos Médicos”.

Para Alfaro esto es innecesario debido a que en enero de este año, luego de una negociación con los profesionales en ciencias médicas, se modificó el decreto de 1998, haciendo que el salario de las clases no profesionales no impacte en los ajustes a los profesionales en ciencias médicas.

El Ministro explicó además que existen fallos de la Sala Constitucional que avalan la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas de 1982.

“La ley surge después de una huelga de más de 40 días que forzó a entrar en un proceso de negociación y se produjo un acuerdo social que se refleja en una ley”, indicó el jerarca.

Además, advirtió que una modificación a esta Ley podría generar entrar de nuevo en un proceso de confrontación.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de setiembre del 2015 – Representantes de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina asistieron a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para solicitar el archivo del expediente 19256 Ley para la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial.

Daniel Pizarro Torres de la Academia Nacional de Ciencia indicó que mientras no haya suficientes estudios científicos que demuestren resultados significativos sobre los beneficios del cannabis no es recomendable que se apruebe ningún proyecto en ese sentido.

Por su parte, el presidente de la Academia Nacional de Medicina Dr. Carlos Arrea Baixench se mostró en contra de la iniciativa ya que esta abriría un portillo muy peligroso ya que el país no tendría la posibilidad de controlar la producción y comercialización con lo cual también se daría un aumento de violencia.

Arrea Baixench señaló que analizaron cerca de 200 estudios revisados sobre el uso medicinal del cannabis.

El diputado y jefe de fracción de Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós instó a continuar con la investigación del uso para un mejor aprovechamiento de la planta y lo que pueda aportar para mejorar calidad de vida de la ciudadanía.

Para el proponente de la iniciativa, Marvin Atencio Delgado se debe eliminar el tabú sobre este proyecto de ley y permitir la investigación médica.

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Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de setiembre del 2015 – La Comisión de Ciencia y Tecnología dictaminó un proyecto de ley que vendría a derogar las sanciones impuestas en el artículo 17 de la Ley de Radio, promulgada en el año 1954.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de setiembre del 2015 – Con un fuerte llamado a nivelar la cancha para competir en igualdad de condiciones llegó la Rectora de ULACIT Silvia Castro Montero a la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación a referirse a las propuestas para reformar el Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP).

“Costa Rica ocupa una ley integral para la educación privada”, acotó Castro Montero.

Castro Montero indicó a los legisladores que para fiscalización por parte del CONESUP se destinan menos de 28 mil colones por sede ya que en la actualidad el 36% del presupuesto se dirige al pago de dietas de los miembros.

Otro de los puntos señalados por la Rectora de la ULACIT es que únicamente dos carreras nuevas por año se aprueban en el país.

Castro Montero agregó la imposibilidad de la actualización de carreras cada cinco años tal y como se plantea en el texto del Ministerio de Educación, así como pide más escalas de sanciones, la acreditación de otras carreras como Derecho y Contaduría y se presentan plazos muy largos al CONESUP para responder a las universidades.

Para la Rectora es ilegal la estructura de costos que se plantea en el texto presentado por el Poder Ejecutivo ya que viola la libertad de empresa.

Asimismo mostró su preocupación con la idea de la acreditación obligatoria de las universidades ya que eso podría ir en detrimento de los niveles de calidad.

Por su parte Rosa Monge Monge, Presienta de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) reafirmó el compromiso de las 24 universidades afiliadas con la calidad de la educación universitaria costarricense.

“CONESUP no debe solo controlar a las universidades privadas sino ser también un facilitador para el desarrollo de las mismas”, sentenció Monge Monge.

La Presidenta de UNIRE señaló a los congresistas que muchas de las debilidades actuales se podrían solucionar con una efectiva labor de fiscalización de CONESUP.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de setiembre del 2015 – De los más de 13 mil menores internados al año en el Hospital Nacional de Niños, cerca de 400 infantes pasan más de un mes en el centro médico, víctimas de algún padecimiento y requieren ser cuidados por uno de sus padres.

La directora de este centro hospitalario, la doctora Olga Arguedas explicó que las familias se ven afectadas no solo por la enfermedad sino también porque el padre o la madre deben trabajar en el cuido del menor.

“La persona que debe cuidar al enfermo es muchas veces la encargada de mantener económicamente a la familia y es por esta razón que se busca darle una licencia económica a los padres”, dijo la Directora en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

Según el texto del expediente 19433, Ley para garantizar el interés superior del niño en el cuido de la persona menor de edad gravemente enferma, “toda persona activa asalariada que, por el procedimiento señalado en esta ley, se designe responsable de cuidar a un paciente en fase terminal, o a una persona menor de edad agudamente enferma, gozará de licencia y subsidio en los términos que adelante se fijan, siempre que se trate de una colaboración y no medie retribución alguna”.

Las personas menores gravemente enfermas son aquellas en tratamiento, a criterio del médico tratante, requiere del concurso de algunos de los tutores legales de la persona menor.

Arguedas aseguró a los legisladores que este beneficio se le brindaría a un máximo de 200 personas por año.

La iniciativa expone que la licencia y el subsidio se otorgarán por el plazo de la enfermedad terminal, o bien por el que determine el médico tratante para el caso de personas menores gravemente enfermas. Durante este lapso, la licencia se renovará cada treinta días calendario y podrá ser levantada antes de su vencimiento, a juicio del médico tratante.

El subsidio se pagará por períodos vencidos según la periodicidad del salario recibido por el trabajador.

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Julio Arrieta, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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24 de setiembre del 2015 – La Comisión Permanente Especial de Turismo recibió a la Municipalidad de Quepos y a la Junta Directiva del Parque Recreativo Manuel Antonio para referirse a los problemas que actualmente presenta este centro turístico.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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24 de setiembre del 2015 – La Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA, Ann Mc Kinley Mesa, negó que esta entidad tenga alguna responsabilidad en la construcción de un muelle privado para la pesca en Portete por parte de un empresario limonense y que no contó con los permisos respectivos.

Así lo manifestó ante las preguntas que le hicieran diputados de diferentes fracciones de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, donde se aprobó una moción para investigar el caso.

La funcionaria aseguró que JAPDEVA solo tiene injerencia y responsabilidad de los llamados muelles de altura, o sea lo que se construyen para la importación y exportación de productos.

Según explicó, la construcción de ese muelle es responsabilidad de la Municipalidad la cual debe otorgar los respectivos permisos, también responsabilidad del ICT pues el terreno es propiedad de esa entidad y de INCOPESCA porque el mismo es utilizado para la pesca.

La presidenta Ejecutiva de la entidad sí aceptó que JAPDEVA realizó un estudio de pre inversión realizado en el 2008 por un monto de 48.5 millones de colones para la construcción de un muelle.

La jerarca dijo que desconocía cuando se construyó la terminal a pesar de que según manifestaron legisladores de Liberación Nacional se realizó durante la presente administración.

Mc Kinley aceptó haber estado en sus instalaciones en dos ocasiones en reuniones pero enfatizó que lo hizo en condición de invitada por su interés en los temas de la provincia.

La terminal que se utilizará para la pesca, tiene un valor de dos millones de dólares, informó el diputado Rolando Gonzalez Ulloa de Liberación Nacional.

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Pablo Quirós, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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23 de setiembre del 2015 – En la Comisión de Economía Social Solidaria, el Ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora solicitó contemplar el fortalecimiento del cooperativismo y solidarismo como parte de la Economía Social.

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Julio Arrieta, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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23 de setiembre del 2015 – En la Comisión de Gobierno y Administración, el proyecto de ley 18821 que consiste en fortalecer la Imprenta Nacional, se votó negativamente y se archivó, debido que la Ministra Carmen María Muñoz manifestó su disconformidad con la iniciativa.

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