Comisiones – Página 113

Penalista: «No es una ley mordaza sino una guillotina»

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

14 de noviembre del 2012

El abogado penalista, Juan Diego Castro Fernández compareció ante los integrantes de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos para referirse al expediente N. º 18546 que busca la reforma de los tipos penales establecidos en los artículos 167, 196, 196 bis, 231, 236 y 288 del Código Penal.

En su intervención el jurista dejo claro que con la actual Ley de Delitos Informáticos no solo se afecta a los periodistas sino también a los ciudadanos y señalo su preocupación por la peligrosa judicialización de la política.

Según indicó Castro Fernández este es uno de los mamarrachos jurídicos más grandes que ha visto en los 30 años del ejercicio de la profesional, que calificó de “enorme sapo antidemocrático” que viene a violar derechos humanos fundamentales como la expresión, libre acceso a la información, y el principio de transparencia.

El expositor indicó que la Ley es muy draconiana y exagerada al imponer penas muy altas que en algunos casos sobrepasan en años cárcel a delitos mucho más graves, con lo cual no se puede imponer el beneficio condicional de la pena.

“Con esta ley no pretenden cerrarnos la boca, sino cortarnos la cabeza para que no pensemos”, sentenció el abogado penalista.

Asimismo instó a los legisladores a investigar quién redacto esta norma que viene a crear una “cortina de hierro” para la política nacional.

Para Castro Fernández en Costa Rica no existe concepto de carácter normativo que defina lo referente a secretos políticos y lo único que existe en la Constitución Política es lo referido a secreto de Estado que está restringido a asuntos de verdadera seguridad nacional.

Para finalizar Castro Fernández abogó por sacar del ordenamiento jurídico lo que calificó de “monstruo” de la democracia costarricense.

Por su parte el diputado Juan Carlos Mendoza García anunció que la fracción de Acción Ciudadana presentó un texto sustitutivo a este proyecto de ley y que trabajan en la redacción de un proyecto para la transparencia y acceso a la información pública.

Mendoza García mostró su preocupación y rechazo al artículo 196 bis de la actual Ley de Delitos Informáticos ya que contiene conceptos propios de una dictadura.

Regularán barras de equipos de fútbol

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2012

Los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales dictaminaron afirmativamente el proyecto que busca sancionar la violencia en espectáculos deportivos.

Esta ley será aplicable a personas mayores de edad, dos horas antes, durante y dos horas después de un evento deportivo oficial y de competición y en un perímetro de al menos cinco kilómetros del recinto deportivo en el que se efectúe.

Esta nueva ley establece que se contará con un sistema de información integrado que llevará registro de la información sistematizada en relación con los hechos de violencia derivados de los eventos deportivos oficiales y de competición que quedará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.

Se denominará Sistema de Información para la Seguridad en Eventos Deportivos (SISED) y su objetivo será recabar, coordinar y respaldar la labor de prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos.

La nueva normativa sanciona con la prohibición de asistir a actos deportivos por seis meses a quien impida o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes dos horas antes, durante y dos horas después de un evento deportivo.

Se le impedirá el ingreso al recinto deportivo y será sancionado con la prohibición de concurrir a eventos deportivos hasta por un año a quien efectúe actos de violencia contra un medio de transporte u ocasionare daños en vías o lugares públicos.

Quien ingrese armas será expulsado del recinto deportivo y además será sancionado con la prohibición de concurrir a eventos públicos hasta por un año.

Para quien impida, temporal o definitivamente la realización de un evento deportivo la sanción será la prohibición de asistir a actos deportivos hasta por un año. Esta sanción se agravará a un año y medio cuando la conducta sea realizada por dos o más personas.

Será expulsado del recinto deportivo y no podrá volver a entrar hasta por seis meses, quien sin estar autorizado, ingresare al campo de juego, vestuarios, baños o camerinos de los equipos, u otros lugares restringidos.

La sanción será de un año a quien arroje al área de juego, objetos contundentes, envases con líquido o vacíos, papeles encendidos, antorchas, objetos o sustancias que pudieren causar daños o molestias a los jugadores, a los jueces de campo o a terceros.

Quien dos horas antes, durante y dos horas después de un evento deportivo y en un perímetro de al menos cinco kilómetros del recinto deportivo en el que se efectúe, participe en una riña, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiera acarrear, no podrá concurrir a recintos deportivos por tres años.

Finalmente quien sea sorprendido en posesión, consumiendo o tratando de ingresar al recinto deportivo bebidas alcohólicas o drogas ilícitas, será expulsado del recinto deportivo y no podrá volver a ingresar hasta por un año.

La proponente de la iniciativa, Damaris Quintana Porras del Movimiento Libertario se mostró a favor del avance de la iniciativa dada la importancia ante los hechos de los últimos meses.

Asimismo de forma unánime los diputados aprobaron un texto sustitutivo al proyecto de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos, que fue enviado a consulta a instituciones públicas del sector.

La diputada de Accesibilidad Sin Exclusión, Rita Chaves Casanova abogó por que el Poder Ejecutivo convoque este proyecto en el periodo de sesiones extraordinarias para poder avanzar en la discusión.

Por su parte la congresista del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro Murillo sostuvo que contar con el apoyo de expertos de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud es muy importante para blindar el proyecto.

Similar es la posición de la diputada socialcristiana, Gloria Bejarano Almada quien agradeció el acompañamiento de diversos profesionales.

“Esperamos que este proyecto sea pronto Ley de la República para poder sancionar y prevenir el tráfico de órganos y que a la vez seamos ejemplo en Centroamérica”, acotó la diputada Bejarano Almada.

Eliminar costos administrativos mejora precios de combustible

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2012

El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Luis Dobles Ramírez solicitó eliminar algunos costos administrativos en los combustibles, con el propósito de que los pescadores de nuestro país obtengan un precio más competitivo en la gasolina.

El jerarca compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para que se refiera al proyecto expediente 17103 Interpretación Autentica del artículo 45 de la Ley de creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.

“Son costos que deberían de exonerarse al sector pesqueros, de alguna manera lo que siempre quiso establecer el legislador costarricense en la mención del artículo 45 era buscar ese precio competitivo para el sector”, dijo Dobles.

En este mismo sentido añadió que se han vendido haciendo cambios y ajustes en la aplicación de la fórmula que lo que se hace es incorporar nuevos costos adicionales en los combustibles, que se ven en los costos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

“Entonces hay aspectos que en forma respetuosa se inventan o hacen para que el costo de alguna manera y los porcentajes empiecen a subir y eventualmente cada vez que incorporamos elementos nuevos de esa naturaleza evidentemente el precio del combustible se aleja más cada vez del espíritu del legislador, al hablar de que debe de tratar de buscar un precio competitivo para el sector”, dijo el Presidente Ejecutivo.

Finalmente mencionó que algunos costos administrativos en el precio de los combustibles que deben de eliminarse como son los costos de depreciación, o los costos portuarios, lo que hacen es encarecer el precio en los combustibles para los pescadores de nuestro país.

Caso Trocha Fronteriza: Contraloría presentó denuncias ante Ministerio Público

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2012

Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, manifestó que durante el proceso de la investigación que realizaron el caso de la Ruta 1856 conocida como la Trocha Fronteriza, detectaron hechos que eventualmente podrían acarrear responsabilidades de tipo penal.

La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, donde se refirió al tema de la investigación de la Ruta 1856.

“En cuanto a la investigación lo que puedo comentarles, también decirles que la Contraloría General, durante el proceso de su investigación detectó hechos que eventualmente podrían acarrear responsabilidades de tipo penal, por lo tanto inmediatamente procedimos a elaborar la correspondiente denuncia penal que hoy día se encuentra en el Ministerio Público.

También en este sentido hay rigurosas reglas que no me permiten dar los detalles como lo es el artículo 295 del Código Procesal Penal, pero quiero que sepan que eso es una gestión que se encuentra hoy día en el Ministerio Público”, comentó la Contralora.

Acosta mencionó además que la investigación se enfocó en funcionarios que tuvieron participación directa con estas situaciones, a quienes eventualmente se les podría atribuir además responsabilidad disciplinaria, pues en la investigación se determinaron, en principio, hechos que pudieron haber infringido la Ley General de Control Interno.

“Esta investigación que elaboró y finalizó la División de Fiscalización de la Contraloría General, pasó inmediatamente la División Jurídica de la entidad, en donde se está valorando la apertura de procedimientos administrativos. Quiero ser muy enfática de que en el caso que la División Jurídica encuentre merito, este procedimiento se va a abrir, ese trámite se va a llevar adelante con todo el cuidado, con toda la diligencia y la rigurosidad que este caso amerita”, expresó.

En este mismo sentido añadió que la División Jurídica es quien va a tramitar y quien emitiría eventualmente una decisión final, que podría acarrear para las personas involucradas sanciones de tipo disciplinario, pero también la prohibición de ingresos y reingresos a la hacienda pública para funcionarios y ex funcionarios que tuvieron relación directa o participación directa con estos hechos.

Avanza lucha por cerrar brecha digital

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

13 de noviembre del 2012

Niños de centros educativos públicos podrán recibir una educación mejor, a la altura de la nueva tecnología y de la información, al dictaminarse afirmativamente el expediente 17749 Ley de alfabetización digital en escuelas públicas primarias.

El visto bueno a la propuesta se la dieron los diputados de la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología y Educación la cual busca cerrar la brecha digital que existe aún en el país.

El proponente de la iniciativa y presidente de la Comisión, el liberacionista Oscar Alfaro Zamora resaltó que “hoy es un día especial para la educación pública”.

“Se está dando un impulso a la educación a través de la tecnología de la información y la comunicación donde se hace una triangulación entre los contendidos académicos, el acceso a la internet y la computadora” expresó.

Añadió que esa triangulación permitirá que niños de escuelas públicas tengan acceso a los avances en las comunicaciones, con lo cual no solo se cierra la brecha digital y social.

Considera el proponente que si bien en el país se han hecho esfuerzos para acercar a la población a las nuevas tecnologías todavía muchas personas no tiene acceso a esta tecnología, creando así la denominada brecha digital, que es sinónimo de iniquidad.

Añadió que el éxito de esos planes radica en no limitarlos a la entrega de un aparato informático, sino que comprenda redes, servidores, electrificación, aplicaciones, capacitación y el servicio de mantenimiento, constituyéndose en una nueva y victoriosa experiencia en comunicaciones para la educación e integración social.

En cuanto a la forma en que se financiará el programa, el legislador liberacionista explicó que entidades como la superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el Ministerio de Educación estarán a cargo de asegurar los recursos.

Magistrado interesado en implementación de reforma procesal laboral

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Pública, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

12 de noviembre del 2012

El magistrado de la Sala Segunda Orlando Aguirre Gómez manifestó a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos su interés en ser reelecto en su puesto un periodo más para continuar participando en la implantación de la reforma a le Ley procesal laboral.

Aguirre resaltó la labor realizada por la Corte Suprema de Justicia junto a otras organizaciones en la tramitación de la iniciativa por parte de la Asamblea Legislativa,

Después de aprobarse la reforma recalcó se debe trabajar en la implementación de la ley, donde destaca la defensa laboral gratuita lo que obliga a tomar las medidas necesaria para asegurar su aplicación.

La reforma crea los tribunales unipersonales lo cual expresó el magistrado Aguirre permite la distribución del personal de forma racional por lo que no implicará un aumento en el número de funcionarios.

El mayor reto de la Corte Suprema de Justicia reconoció el magistrado es la implementación de la asistencia letrada gratuita por la cantidad de defensores que se requerirán para efectuar esa labor.

La comisión de nombramientos deberá presentar un informe al Plenario Legislativo sobre la solicitud de reelección planteada por el magistrado Orlando Aguirre. Será precisamente el Plenario Legislativo quien tome la decisión final sobre dicha petición.

Comisionado antidrogas: Debe eliminarse indispensabilidad de la prueba

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

8 de noviembre del 2012

Hasta que concluye un proceso de investigación se puede determinar cuál es el valor que tiene una prueba, si esta es indispensable o no para llevar adelante un juicio por la comisión de un delito por drogas, por eso exigir que una prueba sea “indispensable” es muy peligroso.

Así lo manifestó el Comisionado Carlos Alvarado V. Director del Instituto Costarricense sobre drogas (ICD) quien compareció, esta tarde, ante los diputados que conforman la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

Alvarado fue convocado para referirse al proyecto 18317 Reforma Integral de la Ley sobre Registro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.

El representante antidrogas enumeró a los legisladores, cuáles son los principales cambios que se le deben introducir a la ley que regula las intervenciones telefónicas cuando se lleva a cabo una investigación sobre narcotráfico.

Dijo que el hecho de que una prueba de intervención tenga que ser indispensable en un juicio, complica mucho el trabajo.

Indicó que otro de los principales cambios que se debe introducir tiene que ver con la obligatoriedad de que el juez que tramita la causa penal tenga que estar escuchando la intervención telefónica en todo momento, ya que los jueces no tienen tiempo para cumplir con este requisito.

Agregó que la ley también tiene una imposibilidad para que personal especializado de la policía que conoce la jerga de los antisociales los pueda ayudar en la comprensión de la tramitología y metalenguaje utilizado por las personas intervenidas.

Alvarado propone que se autorice a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a contribuir en la realización de las escuchas.

También pidió la incorporación de la Policía de Control de Drogas en este tipo de investigaciones.

Otro tema que para Alvarado es importante modificar, se relaciona con la cantidad de copias de las grabaciones de escuchas que se debe tener —el juez, el fiscal y la policía—. En este punto fue claro en que es peligroso que se cuente con muchas copias.

“No es recomendable abrir la posibilidad de fuga de información. Muchas manos con dominio sobre la información puede hacer que esta se fugue y no nos conviene desde el punto de vista táctico”, explicó.

Especificó que el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones que estará a cargo del Poder Judicial ya cuenta con sus instalaciones, las que funcionarán las 24 horas al día, donde se podrá garantizar el proceso constitucional de intervención de las comunicaciones.

Impulsan una pensión de vejez universal

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de noviembre del 2012

Dotar de una pensión de vejez a todas las personas del país universalizando este beneficio, es el objetivo que persigue el proyecto de ley contenido en el expediente 18495 y que se denomina Ley de Pensión- Consumo.

Así lo explicaron a los legisladores el ex diputado Walter Coto Molina y Luis Diego Garro, quienes esta tarde comparecieron en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios donde proporcionaron detalles de la propuesta.

La iniciativa pretende que del 13 por ciento del impuesto de ventas que pagamos todos los costarricenses, se separe el 3 por ciento y se acredite en una cuenta del Sistema Financiero Público, a cada persona para formar un ahorro capitalizable y un seguro de desempleo.

“Esta es una fuente de financiamiento universal porque todos consumimos productos, desde antes de nacer y hasta el momento en que estamos muriendo”, sostuvo el proponente.

Los sistemas de pensión han estado construidos sobre la planilla salarial, sobre los aportes de los beneficiarios que ahorran para ese fin, o sobre los presupuestos del Estado que aporta recursos para las pensiones del régimen no contributivo, lo que es insuficiente para dotar de una pensión a todos los que la necesitan.

Por su parte Juan Diego Garro agregó que este proyecto produce una equidad contributiva porque entre más consume la persona mayor será la cantidad del monto acumulado en la cuenta de la persona y mayor el monto de su pensión.

De igual manera una parte de los aportes de las personas de ingresos más altos se destinará a alimentar las cuentas individuales de las personas de bajos ingresos.

Este sistema también permitirá producir una mayor eficiencia tributaria porque se incrementa la recaudación fiscal sin que se aumenten los impuestos y de esa manera no se afectarán los intereses del Estado.

Los costarricenses se acostumbrarán a pedir la factura, en cada una de las compras que hagan porque estarán conscientes que de no hacerlo disminuirá el monto de la pensión que les va a corresponder más adelante.

De acuerdo con Garro, una pensión de este tipo vendrá a producir una redistribución de la riqueza y a disminuir la pobreza, reduciendo así tanta desigualdad social que se presenta en el país.

Cambio de nombre para el Colegio de Secretariado

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de noviembre del 2012

El cambio de nombres y de otros detalles menores aprobó la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para el Colegio de Secretariado Profesional de Costa Rica que ahora pasará a llamarse Colegio de Profesionales en Secretariado de Costa Rica.

La legisladora Marielos Alfaro Murillo del Movimiento Libertario, detalló que uno de los principales aspectos de esta ley es que para ejercer las labores de secretario o secretaria en el ámbito público será obligatorio estar colegiado, pero no en el ámbito privado.

También se hicieron pequeños ajustes en unos ocho artículos en temas como la administración de fondos, deberes y responsabilidades de los y las afiliadas, etc. “Lo que se hizo fue una actualización de una ley que es bastante viejita”, especificó la congresista.

Con relación a la propuesta 18278 Ley para Proteger el Empleo de los Saloneros y Meseros se aprobó recibir en audiencia a los representantes de la Cámara de Restaurantes y Afines y de la Cámara de Patentes Heredianas.

La iniciativa 18079 Ley de Respeto a la Propiedad Privada en la Declaración de Patrimonio Histórico Arquitectónico, se aprobó enviarlo a consulta al Ministerio de Cultura, Ministerio de Hacienda, Procuraduría y Contraloría Generales de la República y el Instituto de Conservación del Patrimonio.

El proyecto 18080 Ley que garantiza la Aplicación de Medidas Temporales para la Protección del Empleo en Momentos de Crisis y el 18081 Ley para Proteger el Empleo en Tiempos de Crisis, se enviaron a consulta a la Procuraduría y Contraloría Generales de la República, Ministerio de Trabajo, las municipalidades, instituciones autónomas y semiautónomas y la Unión Costarricense de Asociaciones de Empresas Privadas.

El Consejo Superior de Educación deberá manifestar su posición sobre la iniciativa 18326 Declaratoria de Héroe Nacional y Defensor de la Libertad al Coronel Nicolás Aguilar Murillo.

Experto constitucionalista: «Entre personas del mismo sexo no hay desigualdades»

Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa

7 de noviembre del 2012

El experto constitucionalista Fernando Zamora Castellanos, aseguró que en la unión entre personas del mismo sexo, no se presentan desigualdades y por lo tanto legislar en ese sentido no tiene razón de ser.

Zamora dio sus declaraciones ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, donde se conoce el expediente 17844 Ley de Regulación de las Uniones de Hecho Entre Personas del Mismo Seo.

De acuerdo con el experto constitucionalista, todo lo que se relaciona con aspectos patrimoniales ya está regulado y si lo que se quiere es proteger al conviviente, se puede hacer “sin que el Estado obligue a ello”.

Fue claro en indicar que todas las instituciones establecidas para regular aspectos patrimoniales en el matrimonio surgieron porque en esta institución había desigualdades, pero en el caso de las personas del mismo sexo esas desigualdades no se presentan.

Puso como ejemplo un matrimonio heterosexual en el cual uno de los miembros —fundamentalmente la madre— asume la responsabilidad de la procreación, la crianza y educación de los hijos y por lo tanto en muchas ocasiones ella no puede salir a trabajar y es la que resulta perjudicada en el campo patrimonial.

Dijo que la desigualdad que se presenta en materia de género en una pareja heterosexual no se da en una de carácter homosexual, ya que ambos tienen plenos derechos de aportar con su trabajo y ninguno tendrá como labor esencial la atención de menores.

“Este proyecto desnaturaliza la condición de la madre en la sociedad y devalúa una institución que fue desarrollada para proteger al menor y al progenitor”, sostuvo el visitante.

Este día también se recibió en audiencia al Ministro de Educación Pública Leonardo Garnier Rímolo, a quien se le convocó para que se refiriera al proyecto 16887 Adición de un Nuevo Capítulo III Referente a los Derechos en Salud Sexual y Salud Reproductiva, al Título I del Libro I de la Ley General de Salud.

En una participación sumamente breve Garnier indicó que el proyecto de ley por el que fue llamado, no tiene ninguna relación con las competencias que le corresponden como titular en el campo de la educación, por lo que era poco lo que en esa condición podía aportar a la iniciativa.

Con relación a la iniciativa 18546 que impulsa la reforma de varios tipos penales del Código Penal, se aprobó una moción para convocar en audiencia a Carlos Serrano Castro, Juan Diego Castro Fernández y Ernestina Aguirre Vidaurre.

Por último se integró una subcomisión con los legisladores Luis Antonio Aiza y Jorge Angulo Mora (Liberación Nacional) además de Adonay Enríquez Guevara (Movimiento Libertario) para que en el plazo de un mes preparen un informe sobre el proyecto 18525 que impulsa una Modificación al Artículo 11 de la Ley del Registro y Archivos Judiciales.