Categoría: Comisiones

Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

11 de febrero del 2016 – La visita de los turistas a las diferentes áreas protegidas aumentó considerablemente y de acuerdo a los datos estadísticos, ingresaron más de un millón de turistas, dijo Alberto López Gerente del Instituto Costarricense de Turismo, ICT.

Este aumento del ingreso de turistas son buenas noticias para el país y todo esto se puede conocer, por medio de los datos estadísticos que mantiene el ICT desde hace 30 años, apuntó Lopez, en su comparecencia en la Comisión Permanente Especial de Turismo.

El Gerente del ICT brindó una serie de datos a los diputados sobre la llegada de turistas por diferentes vías, el aumento de los días de estadía en el país y la revisita, que continúa siendo alta.

Explicó que las mediciones de la llegada de turistas al país aportan un dato histórico pues indican claramente la tendencia turística.

En relación con la revisita al país, es un éxito que se cosecha después de muchos años de esfuerzo y campañas promocionales efectivas para convencer a los visitantes a regresar. Del 2010 al 2014 la revisitas fue de un 36.4%, dijo el Gerente del ICT.

Aunque estas revisitas no se dan en el mismo año, se incluyen pues aportan competitividad y pese a que Costa Rica es un país pequeño, el turista se queda 13.5 días. Las revisitas indican que este número de días no es suficiente para el turista y por lo tanto deciden regresar.

En turismo las mediciones son complejas y la metodología utilizada es la aprobada por la Organización Mundial de Turismo con lo establecido por el sistema estadístico nacional. Esto da tranquilidad de poder comparar una misma variable a través de los años, dijo López.

“Esta medición nos permite comparar y marcar tendencias y demostrar como el turismo es una caja abierta que empieza con un proyecto de un año y termina tres o cinco años después”, agregó.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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11 de febrero del 2016 – “La ley no es necesaria, es voluntad lo que se requiere”, dijo Enrique Ramírez, representante de la Cooperativa de Productores de Palma, Región Caribe, al referirse al expediente N. º 18.789, Ley de Biocombustibles, que se discute en la Comisión Permanente Especial de Ambiente.

Para Ramírez el proyecto se desvió de uno de sus objetivos prioritarios, la reactivación del sector productivo y aseguró que para lograrlo se debería incluir la declaratoria de interés público.

El representante de la Cooperativas explicó que en otros países el tema de los biocombustibles ha servido para fortalecer el agro.

El texto base crea el Programa Nacional de Biocombustibles, cuyo desarrollo, coordinación y seguimiento le corresponderá al Minae, quien deberá establecer las políticas públicas para el desarrollo de la industria de biocombustibles. Además, de establecer las especificaciones y criterios técnicos para la producción de biocombustibles. Aparte de crear y administrar el registro de productores de biocombustibles; áreas cultivadas y potenciales para el desarrollo de los mismos.

La iniciativa prevé que la Fundación para el Fomento de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (Fittacori), establecerá mecanismos de financiamiento para captar y administrar recursos públicos y privados, para la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en materia de biocombustibles.

Al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) le corresponderá promover la producción agroindustrial de biomasa (materias primas) para la elaboración de biocombustibles, así como la integración del sector agrícola a la industria nacional de biocombustibles. El MAG velará para que no se comprometa la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria del país.

Mientras que, Recope podrá producir, comprar directamente a los productores del país los biocombustibles o las materias primas que necesite para la elaboración de los combustibles fósiles mezclados. También podrá hacer alianzas estratégicas con empresas públicas o privadas, que le permitan llevar a cabo ésta labor de manera eficiente.

El proyecto establece que los precios de venta y comercialización de los combustibles fósiles mezclados con biocombustibles en los planteles de Recope y al usuario final respectivamente, serán fijados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cual tendrá que elaborar una metodología para tal fin.

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Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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11 de febrero del 2016 – José Manuel Arroyo Gutiérrez, Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, respaldó el expediente 19.645 “Ley de Creación de la Jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica”.

Arroyo Gutiérrez comparenció ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

11 de febrero del 2016 – La Comisión Permanente Especial de Nombramientos inició las audiencias para la elección de ocho magistrados suplentes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Los diputados recibieron a Rosa María Acón Ng, Ronald Cortés Coto, Jorge Enrique Desanti Henderson, Katia Fernández González, María Elena Gómez Cortés, Paul Hernández Balmaceda, Rosibel López Madrigal e Ileana Mora Muñoz.

María Elena Gómez Cortés una de las postulantes señaló a los legisladores que valoró los 20 años de laborar en la judicatura, como jueza y magistrada suplente, así como las distintas comisiones que integra para volver a optar por el puesto.

Próximamente, los legisladores de la Comisión recibirán a Gerardo Rubén Alfaro Vargas, José Jaime Robleto Gutiérrez, Rafael Ángel Sanabria Rojas, Rafael Segura Bonilla, William Serrano Baby, Patricia María Solano Castro, Patricia Vargas González y Sandra Eugenia Zúñiga Morales.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

9 de febrero del 2016 – Allan Blanco Coto, Director de Transporte Eléctrico de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), manifestó que la infraestructura que se necesita para echar a andar vehículos eléctricos en el país ya está caminando, producto de diferentes esfuerzos que están realizando instituciones en todo el país.

El representante de la CNFL compareció en la Comisión Permanente de Gobierno quien se refirió al expediente 19744 Ley de incentivo y promoción para el transporte eléctrico que se encuentra en discusión en esta instancia legislativa..

Blanco Coto comentó que hay iniciativas privadas para contar con centros de cargas para autos eléctricos y para el mes de agosto se podrían incorporar empresas distribuidoras de carros.

Esta iniciativa tiene por objeto estimular y fortalecer el uso del transporte eléctrico en Costa Rica como medida efectiva para reducir el consumo de combustible fósil del país, la contaminación ambiental, los daños en salud pública y el gasto de los usuarios en movilidad.

Costa Rica tiene un liderazgo en materia ambiental, sin embargo el sector transporte es responsable de las dos terceras partes del consumo de hidrocarburos y del 34% de las emisiones totales del país, según datos del Minae. El Gran Área Metropolitana representa el 4% del territorio nacional, donde se concentra el 75% de la flota vehicular, 70% de la industria nacional y 60% de la población del país, según datos del INEC.

El proyecto propone que por el plazo de cinco años se establezcan una serie de incentivos y obligaciones por parte de la Administración Pública, las casas importadoras de vehículos y las empresas distribuidoras de electricidad, que permitan sustituir la flota vehicular actual, la cual como se indicó para el 2014 fue de 1.399.082 vehículos impulsados por combustibles no renovables, a otros movidos por energía eléctrica, la cual es casi 100% renovable.

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Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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4 de febrero del 2016 – La exmiembro de la Junta de Notables de la Caja Costarricense de Seguro Social, Juliana Martínez concientizó a los diputados de la Comisión de Gasto Público de la necesidad de pedir al Ministerio Público agilizar la conclusión de la investigación sobre la crisis financiera.

Martínez no entiende como los directivos acusados penalmente se mantienen en la institución en puestos de decisión.

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Federico Villegas, Mauricio Rojas, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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4 de febrero del 2016 – El Ministro de Seguridad Pública, Luis Gustavo Mata Vega, compareció ante los diputados de la comisión que aborda este tema e insistió en la necesidad de contar con mayores recursos económicos.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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3 de febrero del 2016 – Luis Felipe Arauz, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), manifestó que es necesario dar un salto cualitativo en el agro nacional y para ello es importante darle sostenibilidad financiera al Consejo Nacional de la Producción (CNP).

Arauz, junto con Fernando Rodríguez, Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Carlos Monge, Presidente Ejecutivo del CNP, comparecieron en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios, quienes se refirieron al expediente 19303 Ley para garantizar la sostenibilidad financiera del Consejo Nacional de la Producción.

El Ministro Arauz consideró que el CNP está destinado a ser un ente diferente a lo que se conocía en los años 50, 60 y 70, además de poner en práctica, en un cien por ciento, el mandato de su ley orgánica.

La ley orgánica le da dos mandatos muy claros al CNP, uno es el manejo de la comercialización, lo que ha venido haciendo, y el otro rubro es la promoción de la agroindustria.

Se necesita un salto cualitativo en el agro nacional que es fortalecer y darle sostenibilidad financiera a esta institución, que es estratégica para el sector, para la producción y la dignificación de la actividad.

“Este proyecto tiene solamente cinco artículos que son reformas de algunas leyes para garantizar recursos frescos al CNP. El artículo 1 lo que busca es que el 20% se asigne al CNP de los recaudado al impuesto de bebidas alcohólicas, eso generaría alrededor de 5.117 millones de colones”, explicó.

Por su parte el Viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, señaló que la carga tributaria que pesan sobre los licores son impuestos indirectos, pues no están grabando a la empresa como tal, gravan en este caso al consumo del licor.

Así mismo explicó que el contribuyente no es la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) sino la persona que consume este producto, ya que la fábrica actúa como un agente retenedor que se lo cobra al consumidor y después lo traslada a la administración tributaria.

“Eso tiene dos consecuencias para efectos del proyecto y que todavía estamos revisando para no generar ningún impacto no deseado, por un lado la afectación de la fórmula de cálculo del impuesto como no está dirigida a la fábrica sino al consumo, si la modificamos aquí cualquier otra persona con base en el principio de igualdad tributaria otra empresa podría venir a solicitar el mismo tratamiento tributario”, comentó Rodríguez.

Finalmente Carlos Monge, Presidente Ejecutivo del CNP, señaló que esos recursos son esenciales para un sistema que tiene símbolos, ya que en esta época todos los sectores y el Gobierno han hablado de seguridad alimentaria, como una ruta con un símbolo es la producción diversa, estable y de calidad.

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Pablo Quirós, Eva Sánchez, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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2 de febrero del 2016 – La Comisión de Asuntos Jurídicos recibió a la Magistrada de la Sala II, Eva Camacho Vargas quien habló del Código Procesal de Familia el cual busca organizar y resolver en un solo cuerpo normativo los conflictos familiares.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

2 de febrero del 2016 – Los diputados de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración estudian una modificación a la Ley de Tránsito que tiene como objetivo aclarar una serie de términos que se aplican en esta legislación.

La iniciativa además propone la creación de la Unidad Policial de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía de Tránsito, que estará conformada administrativamente por una dirección, una subdirección y una delegación para cada región programática policial.

El Viceministro de Transportes y Seguridad Vial, Sebastián Urbina, explicó que se busca solventar una serie se vacíos.

En el tema de definiciones se establece como zona de carga y descarga aquel espacio de una vía pública destinado exclusivamente para la carga y la descarga de mercancías de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

Explicó que se busca la creación de las boletas impersonales con la finalidad de sancionar a los conductores que se estacionen en lugares donde exista raya amarilla.

También se presenta un cambio en el término Estacionamiento, donde se señala que todo «vehículo estacionado deberá mantener activado el freno de emergencia».

Además, los vehículos de carga de más de dos toneladas deben calzarse con las cuñas reglamentarias y en zonas urbanas, las llantas del vehículo deben quedar a una distancia no mayor de treinta centímetros (30 cm) del borde de la acera.

El proyecto establece que no podrán circular los vehículos que en los parabrisas cuenten con polarizado tipo espejo o limosina, salvo polarización de fábrica que permita la visibilidad de adentro hacia fuera y viceversa del ciento por ciento (100%), o que se trate de viseras cuyas medidas serán establecidas mediante reglamento. Esta disposición no aplica para lo dispuesto por el Consejo de Transporte Público, en relación con la rotulación e información al usuario que deberán portar las unidades de transporte remunerado de personas.

En el tema de alcohol se lee que “las autoridades de tránsito, en ejercicio de sus competencias y conforme al protocolo establecido, pueden someter a pruebas de alcoholímetros u otros dispositivos bajo control metrológico al conductor sospechoso de conducir bajo los efectos del licor o drogas ilícitas.

Si el resultado de la prueba indiciaria diera positivo, a solicitud del conductor la autoridad de tránsito someterá a este a una segunda prueba conforme al protocolo establecido. El oficial entregará al sujeto sometido a este procedimiento un comprobante de la prueba del alcoholímetro o de otro dispositivo utilizado”.

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