Categoría: Comisiones

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Pública, Prensa y Protocolo.
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2 de octubre del 2015 – Una reducción de los recursos para la ejecución de obras en el presupuesto del próximo año, afectará la realización de proyectos a nivel nacional, informó el Ministro de Obras Públicas y Transportes Carlos Segnini Villalobos a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

A pesar de que el monto total que se le asigna al MOPT pasa de 34 mil millones de colones a más de 40 mil millones de colones, el crecimiento se debe a que se incluyen los recursos para la construcción de un nuevo edificio para la entidad.

“Dejando por fuera esos dineros el presupuesto del MOPT más bien decrece un 20%», enfatizó el Ministro.

Recalcó que los situación fiscal obligó al ministerio a rebajar 46 mil millones de colones lo que provocará una disminución en la producción de asfalto y por lo tanto menos kilómetros atendidos.

El titular de Obras Públicas, manifestó que en caso de que el fenómeno El Niño afecte al país la institución podría verse obligada a solicitar un presupuesto extraordinario para afrontar las obras que sean necesarias.

La disminución en los recursos además obligará al MOPT a reducir el número de operativos en seguridad vial, aseguró Segnini y enfatizó que un recorte mayor en el presupuesto podría obligarles a bajar aún más los controles en carretera.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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1 de octubre del 2015 – El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth cuestionó la forma en que salió a concurso la construcción de la nueva sede del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes, por considerar que el modelo constructivo de piezas prefabricadas limitaba la participación de otros oferentes, diferentes a los que presentaron su nombre para la adjudicación de la obra.

Días atrás la Contraloría General de la República frenó la concesión de los trabajos de construcción del nuevo edificio.

Luis Gerardo González, Director de Edificaciones del MOPT, explicó a los diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público que la decisión de un modelo prefabricado se tomó debido a que se debía devolver un terreno que ocupa el Ministerio con oficinas y talleres propiedad del Liceo de Costa Rica.

González, comentó que en el 2012 se dio un voto de la Sala Constitucional donde se ordena la devolución de los terrenos y ante esta situación, se valoraron dos opciones, la primera alquilar otro edificio, cuyo costo podría llegar a más de 750 millones de colones al año o la construcción de una nueva sede.

A su criterio, la mejor opción era la construcción de un edificio prefabricado, donde participaron en el cartel tres empresas, mismo que fue frenado por la Contraloría, ya que, algunas empresas alegaron que el plazo para presentar las propuestas fue muy corto.

Guevara Guth, cuestionó el plazo de la devolución del terreno al Liceo de Costa Rica, alegando que se tenía tiempo hasta el 2018 para hacerlo.

Heidy Román, de la Proveeduría del MOPT, indicó que la contratación fue avalada por la Contraloría.

Por su parte, el legislador del Frente Amplio, Jorge Arguedas Mora mostró su preocupación, debido a que considera que se violentó el derecho de participación.

El Ministro, Carlos Segnini Villalobos, señaló que según el fallo de la Contraloría se sigue con el plazo establecido “que dice un mínimo de tres días y se dieron cinco días. Se invita a tres empresas que es lo que se había certificado”.

“Lo que cuestiona la Contraloría y anula es el hecho de que primero Edificaciones Nacionales ante una solicitud de prórroga de plazo dirige un oficio a la proveeduría diciendo que está de acuerdo con que se extienda en 13 días, eso por transparencia se sube al expediente administrativo que está en compra red”, explicó el jerarca.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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1 de octubre del 2015 – El Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESC) Gustavo Meneses, negó tener alguna responsabilidad sobre la legalidad y construcción de un muelle ubicado en Portete de Limón, pues señaló que el único compromiso es regular sobre las capturas que se hacen en el lugar.

Meneses compareció hoy junto con el Alcalde de Limón, Néstor Mattis, y Gilberth Bell Fernandez, ante los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico para que se refirieran a la existencia de un muelle ubicado en Portete de Limón, que actualmente se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía.

El diputado Rolando González Ulloa consultó al Presidente Ejecutivo de INCOPESCA que si es responsabilidad de la operación de dicho muelle y Meneses respondió “las competencias del instituto que presido se refieren directamente a la inspección del producto que se está descargando”.

En este mismo sentido el jerarca de INCOPESCA insistió en que el instituto tiene competencias muy establecidas que responden únicamente a los controles e inspecciones que se realizan sobre las capturas que han sido pescadas.

“Que entre o salga una embarcación de ahí no corresponde al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y no preciso a quien corresponde esa responsabilidad”, aclaró Gustavo Meneses al diputado Rolando González.

Dijo además que dentro de los procedimientos establecidos de cualquier embarcación que salga a navegar, necesita previamente un permiso de navegación y específicamente sobre la actividad que se va a realizar, es por ello que INCOPESCA lo que le compete es atender el control de aquello que se ha pescado.

Por su parte el Alcalde de Limón Néstor Mattis, manifestó que nunca recibió ninguna solicitud de permiso para la construcción de un muelle en Portete, y mucho menos no sabe quién es el propietario de dicha construcción, sin embargo dijo que envió a los inspectores de la Municipalidad de Limón donde clausuraron la obra en tres ocasiones por no tener permiso.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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30 de setiembre del 2015 – La comisión de Asuntos Hacendarios recibió al Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas quien se refirió a los recursos asignados al ministerio a su cargo y la Presidencia de la República.

En total ambas instituciones recibirán 25 mil millones de colones e incluye al Ministerio de Comunicación, transferencias para la Comisión Nacional de Emergencias, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Instituto Costarricense sobre Drogas y la DIS.

El titular de la Presidencia recalcó que el presupuesto de estas entidades ha ido disminuyendo en los últimos años, lo que demuestra un esfuerzo de recorte.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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30 de setiembre del 2015 – Edwin Solano, de la Unión Médica Nacional, se opuso rotundamente al expediente 19168 Ley para frenar los aumentos abusivos a los profesionales en ciencias médicas y hacer justicia a los trabajadores de menores ingresos.

El galeno, compareció en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales para que se refiriera a tal iniciativa que actualmente se encuentra en estudio en esta instancia legislativa.

“Nos oponemos rotundamente a proyecto de ley 19168 que desde su título ataca a los trabajadores de la salud, a los profesionales de la salud y específicamente a los médicos cuando dice que es una ley para frenar los aumentos abusivos”, externó el médico.

En este mismo sentido añadió que dicho título del proyecto, es inaceptable para el cuerpo médico, puesto que según dijo cree que no hay aumentos abusivos en la Ley 6836, así mismo dijo que es como devolverse al año de a 1982, cuando le tocó ser parte en lo que sucedió este año, con el cuerpo médico y los trabajadores de la salud de este país, cuando en ese entonces muchos salarios de personas que no eran profesionales se acercaban a los salarios de los médicos, lo que motivo negociar con el Gobierno de turno.

“Los legisladores en aquel momento entendieron claramente que hay diferencias entre profesionales, y cuando hay que hablar de carga académica, de consecuencia de error, de responsabilidad social en todos los países del mundo y el Gobierno de Costa Rica no hay excepción cuando se hace una escala salarial”, comentó Edwin Solano.

Reiteró que los argumentos presentados en el proyecto no justifican, “no puede ser posible que el proyecto se base en salarios que no demuestran el salario promedio de los trabajadores médicos, la Ley 6836 aplica solamente a los salarios ordinarios, esta ley no aplica para salarios extraordinarios”, puntualizó.

Finalmente manifestó que la Sala Constitucional se ha pronunciado con claridad en relación con esta ley, y esta ley no crea salarios desproporcionados, y mucho menos que crea salarios abusivos.

“En 11 ocasionales esta ley ha pasado por el tamiz de la Sala Constitucional y en muchas ocasiones las dos últimas en el 2013 y vuelve la Sala a decir que los salarios que se generan con la ley 6836 no son abusivos desproporcionados y no son discriminatorios eso ha dicho la sala en 11 ocasiones”, señaló.

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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de setiembre del 2015 – Los recursos destinados a las transferencias y las pensiones consumen la mayor parte del presupuesto asignado al Ministerio de Trabajo, explicó el titular de esta cartera Víctor Morales Mora a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

Morales Mora participó en una audiencia para referirse a los recursos que se le asignan al Ministerio de Trabajo en el presupuesto nacional del próximo año el cual asciende a dos billones de colones.

Al Ministerio de Trabajo se le otorgarán 400.374 millones de colones lo que consiste en un aumento del 3.2% con respecto a los dineros destinados para este año.

Morales Mora recordó que el 95% de los dineros que recibirán el próximo año deben transferirlos por ley a otras entidades, así como a Asignaciones Familiares y pensiones.

Recalcó que los recursos propiamente del Ministerio son muy bajos y la mayoría son destinados a remuneraciones y cargas sociales pero aseguró que se harán reducciones en partidas como viáticos al exterior, electricidad y consultorías.

El Ministerio de Salud es otra entidad cuya mayoría de recursos se destinan a transferencias, según lo expuso su titular Fernando Llorca quien también fue recibido en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

De los 283 377 millones de colones que se otorgarán al Ministerio de Salud, el 71% se debe transferir a entidades tales como el IAFA, ICODER y la Cruz Roja entre otras, indicó Llorca.

Aunque el presupuesto de Salud registra un incremento de un 5.5% con respecto al de este año, casi el 100% lo consumen las transferencias, dijo el Ministro.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de setiembre del 2015 – De innecesario calificó el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro el proyecto que busca eliminar el llamado “enganche” de los salarios de los profesionales en ciencias médicas al de otros trabajadores.

El expediente 19168, que se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, presentado por el legislador del Partido Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo Poveda, pretende evitar que cuando se incrementa el salario de los empleados públicos se reajuste el pago de los profesionales en ciencias médicas, frenar los aumentos a los profesionales en ciencias médicas y hacer justicia a los trabajadores de menos ingresos.

La Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, aprobada en 1982, establece la obligación de elevar el salario de los médicos cuando la Administración Pública decreta un alza para sus empleados.

Alfaro sostuvo que por medio del decreto firmado en 1998, se reguló el modo en cómo se realizaría el cálculo de los incrementos salariales de los profesionales en ciencias médicas, luego de una huelga de más de 40 días que se presentó en los años 80.

Según el proyecto de Redondo Poveda se busca “generar justicia y equidad en los estratos de servidores públicos menos calificados, por medio de la desvinculación de las modificaciones generales de salarios que se dan en el Gobierno central, tanto las de orden general (cada semestre), como las que se otorgan a grupos específicos como los policías, oficinistas, técnicos, misceláneos, choferes y otros; y cualquier incremento en sobresueldos de estos y otros grupos del Poder Ejecutivo con las de los profesionales contemplados en la Ley de Incentivos Médicos”.

Para Alfaro esto es innecesario debido a que en enero de este año, luego de una negociación con los profesionales en ciencias médicas, se modificó el decreto de 1998, haciendo que el salario de las clases no profesionales no impacte en los ajustes a los profesionales en ciencias médicas.

El Ministro explicó además que existen fallos de la Sala Constitucional que avalan la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas de 1982.

“La ley surge después de una huelga de más de 40 días que forzó a entrar en un proceso de negociación y se produjo un acuerdo social que se refleja en una ley”, indicó el jerarca.

Además, advirtió que una modificación a esta Ley podría generar entrar de nuevo en un proceso de confrontación.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de setiembre del 2015 – Representantes de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina asistieron a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos para solicitar el archivo del expediente 19256 Ley para la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial.

Daniel Pizarro Torres de la Academia Nacional de Ciencia indicó que mientras no haya suficientes estudios científicos que demuestren resultados significativos sobre los beneficios del cannabis no es recomendable que se apruebe ningún proyecto en ese sentido.

Por su parte, el presidente de la Academia Nacional de Medicina Dr. Carlos Arrea Baixench se mostró en contra de la iniciativa ya que esta abriría un portillo muy peligroso ya que el país no tendría la posibilidad de controlar la producción y comercialización con lo cual también se daría un aumento de violencia.

Arrea Baixench señaló que analizaron cerca de 200 estudios revisados sobre el uso medicinal del cannabis.

El diputado y jefe de fracción de Acción Ciudadana, Marco Vinicio Redondo Quirós instó a continuar con la investigación del uso para un mejor aprovechamiento de la planta y lo que pueda aportar para mejorar calidad de vida de la ciudadanía.

Para el proponente de la iniciativa, Marvin Atencio Delgado se debe eliminar el tabú sobre este proyecto de ley y permitir la investigación médica.

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Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de setiembre del 2015 – La Comisión de Ciencia y Tecnología dictaminó un proyecto de ley que vendría a derogar las sanciones impuestas en el artículo 17 de la Ley de Radio, promulgada en el año 1954.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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29 de setiembre del 2015 – Con un fuerte llamado a nivelar la cancha para competir en igualdad de condiciones llegó la Rectora de ULACIT Silvia Castro Montero a la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación a referirse a las propuestas para reformar el Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP).

“Costa Rica ocupa una ley integral para la educación privada”, acotó Castro Montero.

Castro Montero indicó a los legisladores que para fiscalización por parte del CONESUP se destinan menos de 28 mil colones por sede ya que en la actualidad el 36% del presupuesto se dirige al pago de dietas de los miembros.

Otro de los puntos señalados por la Rectora de la ULACIT es que únicamente dos carreras nuevas por año se aprueban en el país.

Castro Montero agregó la imposibilidad de la actualización de carreras cada cinco años tal y como se plantea en el texto del Ministerio de Educación, así como pide más escalas de sanciones, la acreditación de otras carreras como Derecho y Contaduría y se presentan plazos muy largos al CONESUP para responder a las universidades.

Para la Rectora es ilegal la estructura de costos que se plantea en el texto presentado por el Poder Ejecutivo ya que viola la libertad de empresa.

Asimismo mostró su preocupación con la idea de la acreditación obligatoria de las universidades ya que eso podría ir en detrimento de los niveles de calidad.

Por su parte Rosa Monge Monge, Presienta de la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) reafirmó el compromiso de las 24 universidades afiliadas con la calidad de la educación universitaria costarricense.

“CONESUP no debe solo controlar a las universidades privadas sino ser también un facilitador para el desarrollo de las mismas”, sentenció Monge Monge.

La Presidenta de UNIRE señaló a los congresistas que muchas de las debilidades actuales se podrían solucionar con una efectiva labor de fiscalización de CONESUP.

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