Propiedad Intelectual en Costa Rica
Stephanie Cerdas, Emiliano Gamboa. Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
28 de julio del 2015 – La Comisión de Asuntos Hacendarios dictamina proyecto de ley para la Capitalización del Banco Central de Costa Rica, pretende actuar sobre las causas estructurales que dificultan el control de la inflación por parte del Banco Central.
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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas, Presa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.
28 de julio del 2015 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales acordaron llamar a comparecer al Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro Salas para que se refiera al expediente 19168 Ley para frenar los aumentos abusivos a los profesionales en Ciencias Médicas y hacer justicia a los trabajadores de menos ingresos.
El proyecto pretende derogar el artículo 12 de la Ley de Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas, Ley N.º 6836 de 22 de diciembre de 1982 y sus reformas y es iniciativa del diputado Mario Redondo Poveda.
Esta legislación, de acuerdo con el diputado Mario Redondo, tiene un componente muy especial, en su artículo 12, el cual establece un nexo, una vinculación, un “enganche” por medio del cual, cada vez que en el Gobierno central (ministerios, por ejemplo), establece un incremento salarial, este, automáticamente, repercute en el salario base del personal médico, por medio de una fórmula de cálculo que partiendo de ese artículo 12, quedó desarrollada en un reglamento por medio del Decreto Ejecutivo N.º 26944-MTSS, del año 1998.
Con esta fórmula, cada seis meses, el personal médico nacional recibe un incremento salarial a la base, superior al de aquellos que laboran en el Gobierno central.
El salario base del personal médico crece más que los reajustes semestrales generales del Gobierno central, y aunado a ello sí a algunos gremios dentro de este, se le otorgan incrementos salariales extraordinarios o específicos, pues también los salarios médicos se verán aumentados con todo y sus pluses.
Así mismo se establece una reforma al artículo 15 de la Ley de Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas, Ley N.º 6836 de 22 de diciembre de 1982 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:
“Artículo 15.- Las instituciones públicas contratantes de profesionales en ciencias médicas quedan autorizadas por esta ley, a establecer los ajustes y mecanismos, y a destinar las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con los incrementos e incentivos que por esta ley se establecen.”
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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Presa y Protocolo.
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28 de julio del 2015 – Elián Villegas Valverde, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, hizo varias observaciones al expediente 19585 Ley para Promoción del Seguro Agropecuario, que actualmente se analiza en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios.
El jerarca de esa institución mencionó que al hablar de seguro agropecuario, hay que tener presente que es más amplio, el seguro de cosechas es un seguro agrícola e internacionalmente se maneja como seguro agrícola, no como seguro agropecuario.
En este mismo sentido añadió que si se quiere mantener como un seguro agropecuario, debe realizarse los ajustes legales a la ley de seguro integral de cosechas, pues como está en el proyecto tiene un choque con la ley de seguro integral de cosechas.
“Hay que tener presente que la comercialización de un seguro agropecuario implica la necesidad de realizar ajustes actuariales y ajuste de tarifas, no es lo mismo un seguro de cosechas que un seguro agropecuario, si lo vamos a manejar de esa forma entonces tiene que haber ajustes en la tarifa del seguro”, explico el jerarca.
Así mismo señaló que es importante revisar si este seguro tiene condiciones particulares, pues indicó que el INS no está de acuerdo con la utilización de la reserva técnica para fines distintos para su creación y que esa reserva actualmente está respaldando el programa de seguros de cosechas de la institución.
“Por otro lado el subsidio de primas no ha demostrado un aumento sostenido en el uso de seguro de cosechas y además ha sido utilizado normalmente por el mismo grupo de asegurados, no consideramos que subsidio de primas, sea un mecanismo adecuado para incentivar de forma sostenida a utilizar el seguro de cosechas”, recalcó.
Finalmente consideró que si se utiliza el seguro como un instrumento de gestión de riesgo dentro del sistema de banca para el desarrollo, eso sí funciona como un incentivo directo de desarrollo de seguro de cosechas.
“Es importante que este seguro sea viable para todos los sectores, y no ser un seguro para un solo sector”, concluyó.
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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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28 de julio del 2015 – La Comisión Permanente especial de Ciencia, Tecnología y Educación acordó convocar nuevamente a la Ministra de Educación Sonia Marta Mora para que se refiera a la situación actual de la educación así como las reformas que se pueden plantear.
La comisión archivó el expediente 19112 Ley de gobierno y tecnologías de educación, según los criterios recopilados por las entidades consultadas.
Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia ampliaron los plazos a subcomisiones que analizan los proyectos que se encuentran en la agenda.
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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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21 de julio del 2015 – Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos recibieron en audiencia a los miembros de la Cámara de Factoreo para que se refirieran al expediente N° 19072 Ley marco del contrato de factoreo.
Fredy Mayorga, Secretario de la Cámara explicó que el tema es necesario para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, pero que el texto en discusión debería ser más amplio por lo que proponen un texto sustitutivo.
El factoreo es una operación que instrumenta la prestación de una serie de servicios de la entidad financiera o empresa especializada a un cliente, vinculados con la atención financiera, administrativa y contable de su cartera de créditos, por un precio previamente estipulado. En nuestro país, normalmente combina el descuento de facturas y créditos con el servicio de cobro de ellas, lo cual permite a las empresas enfrentar la agresiva competencia y asegurar su permanencia en el mercado, sin necesidad de invertir grandes cantidad de recursos en el manejo de la cartera crediticia.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el contrato de factoreo es un instrumento esencial y optativo más de financiamiento, porque permite la administración eficiente de la cartera de cuentas por cobrar.
Mayorga señaló que esta propuesta que inició con factura cambiaria pretende también que la actividad de descuentos se realice de manera electrónica.
En esta ley introduce el concepto de factura cambiaria que consiste en emitir la factura original por duplicado, con el fin de que el segundo original, denominado factura cambiaria, sea objeto de negociación. Esto se justifica por el hecho de que una de las situaciones que más dificultades ha generado en la práctica, es la inseguridad jurídica en que se encuentran las empresas de factoreo para ser reconocidas por terceros, como legítimos titulares de los créditos que le son traspasados por sus clientes.
La iniciativa establece además el concepto de factura electrónica que será un documento comercial con efectos jurídicos y tributarios, expresados y transmitidos en un formato electrónico, debidamente autorizado por la Administración Tributaria. Deberá formalizarse un documento en el cual se endosa la factura donde consten las respectivas firmas digitales de los contratantes, y se notificará al deudor de la obligación.
El proyecto de ley “prohíbe todo acuerdo, estipulación o actuación de cualquier naturaleza que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de un crédito que consta en una factura.
También se prohíbe la retención, destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia cedible de una factura, así como su respectivo recibo y la negativa de entregarlo. En este supuesto se impondrá la sanción contenida en el delito de supresión, ocultación y destrucción de documentos”.
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Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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21 de julio del 2015 – Mantener la seguridad jurídica para las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas, es considerado por el vicepresidente de AZOFRAS Carlos Wong Zúñiga fundamental para la permanencia de las mismas en el país.
La advertencia la hizo el empresario ante el temor de una posible aprobación del expediente 19531 Ley de regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos su otorgamiento y control sobre su uso y destino que se tramita en loa Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.
El temor se fundamenta en que el proyecto le otorga un poder al Ministerio de Hacienda por encima de Comercio Exterior para descalificar a las empresas que operan en el país bajo ese sistema.
Esa disposición aseguró Wong limitaría la expansión de las zonas francas que según aseguró da empleo a más de 75 mil personas en todo el país y genera entrada de divisas.
“La estabilidad jurídica y el personal calificado es lo que ha permitido que el régimen de zonas francas se mantenga en el país y que incluso se ha extendido a zonas fuera del Gran Área Metropolitana”, expresó el empresario.
Para Wong un cambio en la ley generaría la salida de este tipo de empresas del país pues aseguró que las mismas tienen la ventaja de contar con flexibilidad para operar en otros lugares como Colombia, México o Malasia, por lo que abogó por mantener las condiciones actuales del régimen.
El representante de las zonas francas destacó el aporte que han dado estas empresas en campos como la manufactura en la implementación de componentes médicos.
Aseguró que Costa Rica se ha convertido en un importante exportador en América Latina de implementos médicos, ocupando el séptimo lugar en Estados Unidos.
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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
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21 de julio del 2015 – Ajustar la Ley del Colegio de Médicos y Cirujanos a las nuevas necesidades del ejercicio profesional y de regulación por parte del Estado, fueron los planteamientos dados en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración para dictaminar positivamente el expediente 19129.
Esta iniciativa fue planteada originalmente por la exdiputada Edine Von Herold Duarte y al vencerse el plazo cuatrienal, el legislador William Alvarado Bogantes tomó la iniciativa junto con representantes el Colegio de Médicos y Cirujanos y se trabajó en la actualización de un nuevo texto.
En el mismo se establece la naturaleza, el objeto y las finalidades del Colegio de profesionales; además regula lo relativo a los procesos de acreditación para el ejercicio de la profesión y la incorporación al Colegio.
Este proyecto establece las regulaciones pertinentes que aplican a los miembros del Colegio, como los deberes y derechos; pero también define los criterios para la administración y la autorización de profesionales de ramas dependientes.
En lo que respecta a los procesos de acreditación, el proyecto establece una nueva metodología con filtros reales y no discriminatorios para los graduados en medicina de cualquier universidad, ya sea pública, privada o extranjera. Esta acreditación pasa a ser una condición fundamental, junto con la incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos, para el ejercicio de la medicina y sus especialidades en el país, de tal forma que solo las personas acreditadas e incorporadas en el Colegio podrán desempeñarse en estas áreas (tanto en lo público como lo privado).
Así se crea una Comisión Nacional de Acreditación Profesional (CONAME) que estará adscrita al Colegio de Médicos y que estará integrada por representantes del Colegio de Médicos y Cirujanos como de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE), el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social.
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Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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20 de julio del 2015 – El jerarca del Instituto Costarricense de Electricidad, Carlos Obregón aseguró ante los diputados de la comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, que RACSA cerrará el año con un equilibrio entre lo que recibe y gasta, o al menos con pequeñas pérdidas.
2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.
Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de julio del 2015 – La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente el expediente 17341 que consiste en una reforma al Código Penal para eliminar la pena de cárcel para quienes participen en manifestaciones sociales.
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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de julio del 2015 – Gustavo Meneses Castro, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), desmintió que en nuestro país se haga pesca indiscriminada de tiburón, más bien aseguró que Costa Rica, no se ubica entre los 20 países que capturan más tiburones a nivel mundial.
El jerarca de esta institución, compareció en la Comisión Permanente Especial de Ambiente para referirse a este tema, aunque si comentó que la pesca de tiburón es la más antigua en nuestro país.
En su argumentación, mostró unas estadísticas de la FAO sobre captura de tiburones y rayas de Costa Rica y corresponde en promedio desde 1950 al año 2013 un 0,28% de la captura mundial, pues aseguró que la pesca tica de tiburones es una pesca marginal frente a toda la pesquería de tiburones en el mundo.
“Podemos ver que Costa Rica no se encuentra entre los países que desembarcan tiburón en el top 20 según las estadísticas de la FAO, sobre captura de tiburón, Costa Rica no se ubica entre los 20 países que capturan más tiburón, es importante esto porque causó mucha sensación en internet y que se defunción. Costa Rica solo pesca el 0,28% de las capturas que a nivel global que se dan de tiburón”, aseguró.
Otros de los datos que señaló el representante de INCOPESCA es que la suma de aletas exportadas por Costa Rica secas y congeladas no sobre pasan las mil toneladas métricas ya que la máxima cantidad de aletas de tiburón exportadas por nuestro país entre 1994 al 2014 corresponde a 80 toneladas métricas para el año 2011, información que maneja el Banco Central de Costa Rica y COMEX.
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