Categoría: Comisiones

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

18 de marzo del 2015 – Como parte del expediente N.º 19299, Investigación sobre la realidad de los derechos humanos de la población afrodescendiente que analiza la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, representantes de la Asociación de Emprendedores y Profesionales Afro descendientes (EMPROA) solicitan igualdad de oportunidades tanto en educación como en empleo para este sector de la población.

El vicepresidente de la Asociación, Pablo Duncan informó que la población afro descendiente en el país enfrenta serios problemas de discriminación y dificultades para acceder a empleos de calidad a pesar de contar, en muchas ocasiones, con los estudios superiores que los acreditan para obtener el puesto.

Comentó que las mujeres son las que sufren mayores dificultades, porque a pesar de tener estudios, se le dificulta llegar a los puestos de jefaturas y ocupan empleos en el sector terciario de la economía.

El desempleo en este grupo es entre tres y cuatro por ciento superior que en otros grupos.

Duncan señaló que se deberían dictar las políticas diferenciadas para atender las necesidades de esta población además de implemantar campañas de sensibilización.

Los representantes de EMPROA pidieron también, una legislación integral contra la discriminación, con la aplicación de sanciones civiles y penales acordes a los actos cometidos en público o privado.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Rosibel Barrantes, Esteban Salom, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

17 de marzo del 2015 – Representantes del Servicio Nacional de Salud Animal SENASA se refirieron a algunas denuncias efectuadas recientemente en la Comisión de Agricultura por parte de agricultores afectados.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

17 de marzo del 2015 – Francisco Segura, Director General del Organismo de Investigación Judicial asistió a la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia para exponer sus criterios sobre el expediente Nº 19356. Ley de Creación del Sistema de Alerta para la Protección de la Niñez Costarricense.

El jerarca hizo hincapié en uno abrir el tema a todas las desapariciones ya que se perdería el impacto de la ley, así como analizar el tema de los recursos asignados ya que la logística de la investigación e muy grande y demanda de un equipo profesional capacitado por lo que se debería reforzar el trabajo del OIJ

Igualmente apoya la creación de un registro de niños con datos que permitan su identificación más fácilmente y señalo que esa labor se puede desarrollar en conjunto con las autoridades del ministerio de Salud o de Educación Pública.

Según agregó los aporte de la iniciativa son que obliga a varias instituciones a interesarse en este problema entre ellas al Patronato Nacional de la Infancia y se establece que los medios de comunicación deben pasar la fotografía del niño apenas desaparece y no varias horas después.

Segura pidió a los legisladores centrase en casos de menores de 12 años dada su condición de vulnerabilidad.

Pidió también establecer que para una mayor centralización y control de las investigaciones sea el OIJ el ente que reciba las denuncias de desaparición de menores.
Los legisladores también aprobaron un texto sustitutivo al expediente 19399 Ley para prevenir, erradicar y sancionar el acoso estudiantil.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de marzo del 2015 – El Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, expuso ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos las razones por las cuales busca una segunda reelección en el cargo por 8 años.

Rivas Loáiciga es abogado y notario público, además cuenta con dos maestrías, una en Administración de Empresas y otra en Derecho Empresarial. Cuenta con 39 años de carrera en distintas entidades judiciales del país y fue electo en el año de 1999 magistrado propietario de la Sala Primera, cargo que ocupa hasta la fecha.

Dentro de lo planteado sostuvo que aspira a continuar con el trabajo desarrollado para generar una buena gestión, una mayor agilidad y una mayor calidad de las sentencias que se emiten.

El Magistrado indicó ante los legisladores que es indispensable la pronta aprobación del Código Procesal Civil.

Al ser cuestionado por el diputado de Acción Ciudadana, Ottón Solis Fallas sobre la importancia de los 30 viajes realizados a la fecha, el Magistrado los justificó como invitaciones a capacitaciones y coordinaciones de acuerdo con las comisiones de trabajo de las que forma parte.

“Estos viajes me han permitido un gran intercambio de ideas, experiencias y propuestas que se han visto reflejadas en el trabajo diario de la Sala”, acotó Rivas Loáiciga

La comisión definirá la próxima semana si recomiendan o no la reelección del Magistrado.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de marzo del 2015 – Ronald Arrieta Calvo, Ingeniero de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, manifestó que el Estado no tiene la capacidad para fiscalizar las emisiones que pueden salir de las plantas incineradoras en el país.

El ingeniero compareció en la Comisión Permanente Especial de Ambiente para referirse al tema de generación de energía a través de incineración y gasificación. Señaló que además no existe personal para poder determinar la cantidad de dioxinas y otros contaminantes que se emanan de estas plantas.

“En los procesos de incineración hay además enormes emisiones de bióxido de carbono, hay producción de cenizas altamente toxicas, hay una enorme incapacidad de parte del Estado de hacer cumplir la legislación, no tiene capacidad para fiscalizar, las emisiones que pueden prevenir de las plantas incineradoras, no existe personal para determinar la cantidad de dioxinas y otros contaminantes que se emanan y estos procesos son muy complicados y requieren de una alta especialización”, dijo el compareciente.

En este mismo sentido agregó que La Ley 177 del año 1949 obliga a las municipalidades a elaborar abono orgánico a partir de los desechos biodegradables pero ningún Ministro de Agricultura ni de Salud ha sido capaz de hacerla cumplir.

“Además establecía desde 1973 que las municipalidades podían costear el servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos cobrado una tasa municipal a los usuarios, esta misma ley tampoco ningún ministro fue capaz de hacerla cumplir y ninguna municipalidad tampoco”, puntualizó.

Comentó que desde el año 2010, era necesario resolver el problema de los desechos sólidos, sin embargo fueron muy pocas las municipalidades, que plantearon al menos un plan de manejo.

“En 1991 por la inacción nos metieron en un embudo, en aquel momento visualizaban solo los rellenos sanitarios como una solución y nosotros advertimos que eso no era una solución, era aplicar la ley que ya estaba desde 1973, y desde 1949, sin embargo se impuso la solución de relleno sanitario que ya vemos que se nos está agotando”, manifestó.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de marzo del 2015 – La solicitud de un procedimiento de compra directa presentada por el Ministerio de Hacienda para adquirir el edificio el Tobogán fue calificada por la Contralora General Marta Acosta como improvisada.

Según explicó la contralora a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, la solicitud contenía errores de bulto por lo que solicitaron detalles del proceso para adquirir el inmueble.

Entre lo solicitado por la Contraloría se encuentra los pormenores de un estudio de arrendamiento pues la información entregada por Hacienda es considerada por el ente contralor como omisa.

Otra de las preocupaciones de la Contraloría es que aunque el edificio está valorado por el oferente en 121 millones de dólares, el Ministerio de Hacienda informa que no cuenta con los recursos necesarios por lo que se incorporarían en un presupuesto extraordinario.

Para la Contralora es indispensable un estudio más exhaustivo pues sostiene que la administración pretende la adquisición del inmobiliario sin acreditar las razones para la compra directa.

De acuerdo con Hacienda, la adquisición del inmueble satisface las necesidades de seguridad, respaldo, eficiencia, operación y mantenimiento que requiere el ministerio, resolviendo el problema de hacinamiento que enfrentan en este momento.

Añaden que la compra del inmueble permitirá generar eficiencia y ahorro en el consumo de agua y energía así como la unificación espacial institucional, facilitando la labor de los funcionarios.

La Contralora llamó la atención de la intención del Ministerio de Hacienda de comprar un edificio cuando en el proyecto Ciudad Gobierno se contempla la edificación de instalaciones para los ministerios de Obras Públicas, Educación, Planificación y Hacienda que se estiman estarán concluidas en el 2018.

Además informó que el desarrollo del proyecto Ciudad Gobierno está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que sorprendió a algunos legisladores que desconocían dicha directriz, entre ellos Otto Guevara Guth del Movimiento Libertario y Ottón Solís Fallas del PAC.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de marzo del 2015 – Con el apoyo unánime de las diputadas integrantes de la Comisión Permanente Especial de la Mujer se dictaminó una reforma a varias leyes que sancionan todo tipo de relaciones con personas menores de edad.

Dentro de las nuevas disposiciones se reforma el artículo 161 del Código Penal para que se sancione con pena de tres a ocho años a quien realice de manera abusiva actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz siempre que no constituya delito de violación.

Igualmente en el artículo 159 del Código Penal se sanciona con pena de prisión, quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona menor de edad en los siguientes supuestos siempre que no constituya delito de violación:

• Con pena de prisión de tres a seis años cuando la víctima sea mayor de trece y menor de quince años de edad, y el autor sea cinco o más años mayor que esta en edad.
• Con pena de prisión de dos a cuatro años cuando la víctima sea mayor de quince y menor de dieciocho años, y el autor sea cinco o más años mayor que esta en edad.
• Con pena de prisión de cuatro a diez años siempre que el autor tenga respecto de la víctima, la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana, primo o prima por consanguineidad o afinidad, sea tutor o guardador, o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con respecto de la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.

También queda legalmente prohibido el matrimonio entre quien adopta y la persona adoptada y sus descendientes; hijos e hijas adoptivos de la misma persona; la persona adoptada y los hijos e hijas de quien adopta; la persona adoptada y el ex cónyuge de quien adopta; y la persona que adopta y el ex cónyuge de quien es adoptado.

La suspensión de la Patria Potestad será aplicada cuando la persona menor de edad haya sido objeto de violación, abuso sexual, corrupción o lesiones graves o gravísimas de quienes la ejerzan.

La representante de la bancada de la Unidad Socialcristiana, Rosibel Ramos Madrigal indicó que por años la sociedad se ha querido tapar los ojos ante está triste realidad.

Por su parte la congresista de Liberación Nacional, Maureen Clarke Clarke señaló que estas reformas son muy necesarias, porque la sociedad ha visto por años este tipo de relaciones como normales.

La presidenta del foro legislativo, Carmen Quesada Santamaría calificó “como un paso muy importante en defensa de las niñas y jóvenes del país, que se incluyera la prohibición de matrimonio a menores de dieciocho años”.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Púbicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

12 de marzo del 2015 – Los diputados que integran la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, dictaminaron positivamente tres convenios internacionales, que tienen que ver con intercambio de información en materia tributaria, evitar la doble imposición y delimitación marítima entre Costa Rica y Ecuador.

El primer convenio aprobado es el expediente 18840 Aprobación del Convenio entre Costa Rica y Ecuador sobre intercambio de información en materia tributaria, que pretende para el caso de nuestro país, intercambiar información para administrar y ejecutar las leyes nacionales relativas a los tributos comprendidos, incluida la información para la determinación, liquidación y recaudación de los tributos, el cobro y la ejecución de créditos tributarios y la investigación o persecución de presuntos ilícitos tributarios.

Los beneficios que se obtienen por medio del mecanismo de intercambio de información no solo inciden en cumplimiento de estándares internacionales e inserción en mercados comerciales globalizados.

El acceso a la información es un mecanismo que también ayuda a mejorar significativamente la capacidad de la Administración Tributaria costarricense para aplicar eficazmente las leyes tributarias adoptadas por la Asamblea Legislativa.

La cooperación y la asistencia mutua a través del intercambio de información tributaria constituyen un elemento fundamental en la lucha contra prácticas tributarias nocivas, en el marco de una creciente globalización. La necesidad de implementar mecanismos de asistencia administrativa, facilitando el cumplimiento de los objetivos fiscales nacionales observando los principios básicos de equidad, respeto y beneficio mutuo, está en constante crecimiento en la comunidad internacional.

Así mismo se dictaminó en forma positiva el expediente 19122 Aprobación del Acuerdo entre Costa Rica y Alemania para evitar la doble imposición de impuestos sobre renta, que se refiere a los problemas que puedan originarse como consecuencia del cobro de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

Para efectos nacionales, este instrumento jurídico internacional resulta aplicable para los impuestos sobre la renta, sobre bienes inmuebles y sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves.

En definitiva, este tipo de instrumentos internacionales es un medio no solo para la solución técnico-tributaria al fenómeno de la doble imposición internacional y para fomentar una fiscalidad neutral, sino que también contemplan una serie de consecuencias y efectos positivos de índole jurídica, económica, técnica y política.

Cabe indicar que este acuerdo tiene como principal función el proporcionar reglas claras para la eliminación de situaciones de doble imposición, las cuales definirán los métodos y procedimientos a seguir independientemente de que estos se encuentren descritos previamente en la legislación interna de cada uno de los Estados.

El diputado Michael Arce Sancho manifestó, que el caso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), han hecho un esfuerzo importante para mitigar los efectos de la competencia fiscal prejudicial y favorecer la transparencia fiscal internacional, ya que Costa Rica fue identificada en el año 2009 como un paraíso fiscal.

Finalmente los diputados dictaminaron en forma positiva el expediente 19340 Aprobación del Convenio sobre Delimitación Marítima entre Costa Rica y Ecuador.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Federico Villegas, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

11 de marzo del 2015 – Representantes de la Corporación Ganadera (CORFOGA) fueron recibidos por la Comisión de Agropecuarios con el fin de hacer una sesión de trabajo, con miras al trámite del expediente que pretende una reforma a la Ley Senasa.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.

Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

10 de marzo del 2015 – La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibió a Shirley Saborío, Directora Ejecutiva de la Unión de Cámaras UCCAEP y Allan Saborío Asesor Legal, quienes manifestaron su preocupación por algunas de las disposiciones contenidas en el expediente 19245 Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

Una de ellas, manifestó Allan Saborío es el cobro en sede administrativa, pues la iniciativa le otorga esa facultad a los funcionarios del Ministerio de Hacienda lo que a su criterio es inadmisible.

El Asesor Legal de la Unión de Cámaras expresó que autoridades de Tributación Directa han admitido que los traslados de cargos se le caen a la administración entre un 30 y un 40% en sede judicial.

Añadió que a pesar de esta situación se pretende que finalizada la actuación de la administración tributaria se decomisen los bienes de los contribuyentes, se rematen y se adjudiquen a esta instancia.

Allan Saborío enfatizó que las nuevas disposiciones llevarán a la quiebra a muchas de las empresas especialmente a las más pequeñas y objetó además la responsabilidad solidaria que se le pretende atribuir a los contadores.

Shirley Saborío, Directora Ejecutiva de la UCCAEP manifestó que es inadmisible pretender trasladar a la administración tributaria acciones que son propias de los tribunales.

Además recalcó que en el país sólo el 5% de las empresas tienen más de cien trabajadores lo que demuestra que la mayoría son pequeñas y de aprobarse el proyecto de ley se estaría promoviendo su salida del sector formal.

2015 Derechos Reservados Asamblea Legislativa.