Categoría: Comisiones

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

11 de febrero del 2015 – Carlos Alvarado Quesada, Presidente Ejecutivo Mixto de Ayuda Social (IMAS), manifestó que el proyecto de Ley expediente 18626 Reforma a la Ley 8563 de Fortalecimiento Financiero del IMAS, pretende ampliar la figura de fideicomisos, con el propósito de que se pueda invertir más en inversión social.

Alvarado compareció ante los diputados que integran la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, con el propósito de que se refiriera a esa iniciativa, al respecto mencionó que el plan tiene su objetivo fundamental en el fortalecimiento, fundamentalmente financiero del IMAS.

“Lo que planteamos acá es que podamos ampliar esa figura del fideicomiso, así como otras instancias lo pueden hacer hoy, siempre para la administración de recursos destinados a programas sociales, y también que nos pueda servir para infraestructura”, dijo.

En este mismo sentido añadió que actualmente el IMAS, invierte anualmente aproximadamente unos 3 mil millones de colones en obras de infraestructura comunal y también infraestructura propia, ya que según informó cuentan con 37 oficinas regionales, la mayoría en alquiler, sobre todo fuera del área metropolitana.

“Vemos como una estrategia positiva generar este tipo de fideicomiso tanto como para inversión social como para construcción de infraestructura propia comunal, lo que genera un mecanismo ágil con los controles respectivo, que permite agilizar e incrementar la inversión social, generando programas. Por ejemplo el año pasado aprobamos la construcción de la sede regional del IMAS en Limón, por una inversión de aproximadamente mil millones de colones”, comentó.

Señaló que el IMAS desde su creación estaba exento de tasas o impuestos, considerando la naturaleza misma de la institución, es decir la inversión social, del cual el IMAS por ley debe de tener una estructura que se denomina 70-30, es decir, 70% de sus recursos destinados a la inversión social y un 30% para otro tipo de gastos, esa relación hoy en día es de aproximadamente 85-15, 85% en inversión social y 15 por ciento en gastos administrativos o de otro tipo.

“Con esta precisión que se hace en la ley, nos daría la exención de algunos impuestos, pues mejoramos la relación que tenemos de 85-15 y eso nos permitiría más en la parte social que es el fin mismo de la institución, en un movimiento que es circular, y que permite avanzar más en la parte de inversión social”, manifestó Alvarado.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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10 de febrero del 2015 – Costa Rica podría contar con más colegios científicos con el objeto de lograr la formación integral de sus estudiantes luego de que los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología dictaminaran en forma positiva una iniciativa con ese fin.

El proyecto bajo el expediente 19263 Reforma del artículo 56 de la Ley 7169 Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, fue dictaminado por unanimidad y pretende impulsar la creación de colegios científicos en todos los cantones del país.

La iniciativa establece que dichos centros educativos es una opción eficaz para mejorar la enseñanza de las ciencias, sin menoscabo de otras alternativas que puedan desarrollarse. Se persiguen el desarrollo cultural y social (fomentando la participación de los estudiantes en actividades como campamentos y festivales artísticos), con el fin de formar personas hábiles y más integrales en los distintos ámbitos.

Para la creación de los colegios, se requiere una concreción real por parte del Ministerio de Educación Pública, en coordinación con las instituciones de educación superior universitaria estatales, sean estas, la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y todas aquellas instituciones que sean creadas y que lleguen a formar parte de la educación superior universitaria costarricense.

La diputada socialcristiana Rosibel Ramos Madrigal, quien impulsó la iniciativa, manifestó que con la aprobación de esta reforma, siempre y cuando exista factibilidad presupuestaria, con la autorización del Consejo Superior de Educación, una demanda estudiantil y una adecuada infraestructura, se está incentivando la creación de colegios científicos en cada cantón de nuestro país.

“Hoy en día existen cantones que ni siquiera cuentan con una escuela, y mucho menos con un colegio académico, pero es de suma importancia que desde ya dejemos las puertas abiertas a los costarricenses y con una visión futurista, dejemos las bases para una eventual creación progresiva de los colegios científicos”, acotó.

En este mismo sentido dijo que en cada comunidad de nuestro país existen niños y niñas brillantes, jóvenes con capacidades impresionantes a los cuales están en la obligación de brindarles la posibilidad de explotar sus capacidades y que se desarrollen de acuerdo a sus habilidades.

Por su parte el presidente de la comisión Javier Cambronero Arguedas, señaló que el Ministerio de Educación Pública, se lleva casi la cuarta parte del presupuesto ordinario de la República, lo cual creció este año un 11% lo que significa que hay recursos suficientes y necesarios para que Costa Rica siga apostando en esa ruta de la innovación, del desarrollo científico y tecnológico, y de democratización sobre todo para enseñanza secundaria.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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10 de febrero del 2015 – Mario Sanabria Ramírez, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) señaló ante los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia la necesidad de reformar la ley que los rige desde hace 33 años y que se ha vuelto obsoleta para poder regular de mejor manera a las 53 universidades privadas.

El jerarca indicó que se ven imposibilitados a imponer sanciones con relación a las deudas de las universidades con la Caja Costarricense del Seguro Social y que lo único que pueden realizar es suspender por 10 días el trámite de las solicitudes que presenten las universidades que se encuentran morosas.

Otra de las limitantes expuestas es la falta de personal con que cuenta la institución para realizar labores de inspección ya que solo tienen 9 funcionarios para dichas tareas que deben también revisar los expedientes de los estudiantes que se van a graduar de cada universidad.

Sanabria Ramírez mencionó que no se puede contar con la lista actualizada de deudores ya que los entes pueden llegar a acuerdos de pago con la Caja Costarricense del Seguro Social.

Daver Rojas Chaves, asesor legar del CONESUP explicó el proceso a los que se ven expuestos los deudores al realizar trámites en la institución.

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Melissa Pacheco Soto, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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10 de febrero del 2015 – Representantes de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras comparecieron ante la Comisión de Hacendarios. El objetivo de esta audiencia era manifestar su punto de vista con relación al Proyecto de Ley que contempla la incorporación del artículo 106 Quater al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Anabelle Ortega, Directora Ejecutiva de esta entidad, recordó que este proyecto es parte de del proceso de implementación de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas en el Extranjero (“Fatca”), la cual tiene como objetivo promover la transparencia fiscal a nivel internacional.

En el caso de Costa Rica, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, conformó un foro técnico, el cual en coordinación con el Ministerio de Hacienda tienen el propósito de dar cumplimiento con este compromiso país. Aseveró que para dar cumplimiento a esta ley todavía se requieren algunas reformas que son las que plantea este proyecto de ley.

Ortega acotó que observaron que existen posibilidades de mejora y precisión, por ejemplo en que el primer párrafo se utiliza la palabra “usuarios” la cual no aplicaría en este caso.

Luis Ortiz, asesor legal, agregó que en el artículo 106 bis se hace una definición de entidades financieras muy restrictiva, considera que se deja por fuera información sobre fondos voluntarios de pensiones, pólizas de componentes financieros, asociaciones solidaristas, las cuales también captan dinero del público.

Ottón Solís Fallas, presidente de la Comisión, manifestó que lo que él percibe es que existe un acuerdo en acelerar el proceso en plenario y propuso una reunión con los Jefes de Fracción para presentar una moción 154 con plazo definido para que regrese a comisión y se sustituya el texto vigente con las observaciones hechas para ser analizadas.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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9 de febrero del 2015 – Mario Rivera Turcios, ex gerente del Banco de Costa Rica, (BCR), explicó que esta entidad bancaria, sustituyó en el año 2004, el sistema que estaba vigente, de incentivo por mérito, por uno de productividad, generando un ahorro cercano a los 23 mil millones de colones, a la fecha.

Rivera compareció ante los diputados que integran la Comisión de Ingreso y Gasto Público, para referirse a las 3 auditorías que realizó la Contraloría General de la República, con relación a incentivos pagados al personal de varios bancos estales.

Explicó que el en año de 1997 el entonces Poder Ejecutivo emitió una política salarial, que permite adoptar en los bancos, sistemas de remuneración acorde con un mercado en competencia, y fue en este año 2004 cuando el BCR modifica sustancialmente su régimen laboral, en temas de vacaciones, jornadas laborales, evaluación del desempeño, y política salarial.

Sin embargo, dijo, que fue en ese año, cuando la entidad toma una serie de decisiones en el tema de política salarial, amparado en la ley orgánica del sistema bancario nacional, que establece entre otras cosas, un salario único nominal, acorde con el mercado financiero, para todas las personas que ingresan a partir del 2004.

Así mismo se acordó eliminar el sistema de incentivo con base en méritos, que era una evaluación de tipo cualitativo, no era por resultados, que equivale un porcentaje que rige entre un 4 y un 6% del salario base y tienen un efecto multiplicador, así como las demás anualidades, eliminando así lo que se denominan los pluses.

“A raíz de este eliminación se establece un nuevo modelo de gestión del desempeño, y es un modelo cuantitativo que busca premiar la productividad, no como el antiguo sistema que era cualitativo y no iba sobre resultados. La competencia era abierta, habría problema de contratación de personal calificado y la banca privada tenía una serie de ventajas, en modelos más modernos orientados a los resultados”, dijo el ex gerente.

En este mismo sentido añadió que a partir del 2004 se da un cambio en los sistemas salariales del banco, y un esquema de salario base más pluses, un esquema de salario único nominal, que permitiría una diferencia aproximada respecto a los salarios base más pluses, alrededor del 25%, derivado del concepto de pluses.

“Muy importante es que a partir del 2004 el sistema de mérito y antigüedades desaparece en el BCR. Hoy la población del BCR el 73% de la población del banco tiene un esquema de salario único nominal y un 27% sigue manteniéndose en este esquema por temas de derechos adquiridos, y además de eso a partir del 2004, se logró ampliar la jornada laboral de 38 horas 45 a 44 horas por semana”, puntualizó.

Finalmente señaló que si el BCR hubiese mantenido el sistema de méritos que se sustituyó por este nuevo modelo, habría erogado un estimado de 23.3 millones de colones más, a partir del año 2004.

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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5 de febrero del 2015 – Tanto el Presidente de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica Ronald Solis Bolaños y el Gerente General Mario Barrenechea Coto, se excusaron de comparecer esta tarde, ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, para que explicaran los informes de auditoría que dio a conocer la Contraloría General de la Republica, sobre los incentivos salariales que reciben funcionarios por productividad.

La Contralora General de la República, en esta misma comisión, advirtió el pasado 3 de febrero, en un informe de auditoría, que dichos pagos son excesivos, dada su tendencia creciente a través de los años y que están acentuando diferencias en el modelo de empleo público, en el contexto de una crítica situación fiscal del país.

Sin embargo ante la ausencia de dichos personeros, comparecieron Roger Muñoz, Secretario del Sindicato del Banco de Costa Rica y su secretario adjunto Geovanny Benavides González, quienes explicaron las negociaciones que sostuvieron con la administración de ese banco para cambiar el modelo de incentivo que existía por mérito, por uno de productividad, donde actualmente todos los empleados bancarios lo reciben, si alcanzan los objetivos por productividad.

“El Informe de la Contraloría es amplio, no tengo que contarles mucho, nosotros antes en el Banco de Costa Rica, el modelo que existía era el pago de un plus por méritos, se ganaba facilísimo, con solo cumplir años ya se pagaban a uno y le subía el salario un 4%. Cuando nos sentamos a negociar, precisamente parte de lo que le decía de la dinámica de este sindicato, de cambiar algunas cosas, lo que se vendió en ese momento era, la posibilidad de esa calificación, de acuerdo a productividad”, explicó Roger Muñoz.

En ese mismo sentido añadió que en el Banco de Costa Rica lo que existe es un incentivo por productividad, que se sustituyó en el año 2005, donde se cambió el incentivo del plus de méritos, por el del modelo de incentivo que se iba a implementar, llamado en aquel momento SIPRE, Sistema de Incentivo por Resultados, que estuvo vigente del 2005 al 2007.

“Cuando nos sentamos a negociar el incentivo, lo que primero se habla es que la Contraloría General de la República, no permitía tener dos incentivos, dentro de una institución, en ese momento el mérito era considerado un incentivo, porque venía pegado al plus de la antigüedad. Actualmente tenemos ya un incentivo, tantos los pluses de antigüedad, como de mérito dejaron de existir en el año 2005, el incentivo que tenemos y que ha evolucionado desde el 2005 a la fecha, tenía una metodología, basada en indicadores de productividad, cada empleado en el Banco de Costa Rica, del 2005 a la fecha tiene un indicador que mide su productividad, sea cualitativa o cuantitativa, depende de la ubicación donde este”, explicó el secretario adjunto del sindicato, Geovanny Benavides González.

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Melissa Pacheco Soto, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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5 de febrero del 2015 – El Director del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones, Juan Luis Jiménez Chaves, compareció ante la Comisión Investigadora sobre el uso y manipulación de la información obtenida por los cuerpos de inteligencia del país relacionada con los ciudadanos, sean figuras públicas o no.

El funcionario de esa dependencia explicó que desde el año 2005 el Poder Judicial se preocupó por la necesidad de concentrar las intervenciones telefónicas en un centro debido a la problemática que enfrentan los jueces penales de tener que llevar las intervenciones telefónicas además de abarcar el resto de sus agendas de despacho.

A raíz de esa preocupación, en el año 2009 se elaboró un informe de planificación donde se desprendió una propuesta a la Corte para la creación del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones. Para este centro se destinaron 13 plazas de jueces más 7 plazas de analistas en criminología y el mismo estaría ubicado dentro de la Ciudad Judicial, en San Joaquín de Flores.

El Director señaló que el centro como tal no ha empezado a operar, porque según las evaluaciones que se hicieron en relación con la edificación, la estructura no cumplía con las condiciones óptimas para albergar el equipo que se requiere para el funcionamiento del centro.

Para la remodelación del edificio se contó con la financiación del Instituto Costarricense sobre Drogas. En estos momentos se encuentra en esta etapa de remodelación y se espera que para marzo se empiece con el funcionamiento del centro.

Jiménez Chaves acotó que tal como lo demanda la ley el centro va a operar 24 horas al día, los 365 días del año y para esto se han generado roles de trabajo con los jueces y los analistas.

Ya se cuenta con un reglamento donde se indica cómo va a operar el centro y de acuerdo con la ley 8754, el centro deberá recibir las órdenes de intervención que los demás jueces penales del resto del país y la ejecución de la escucha se hará en el seno del centro.

Ante la consulta de los diputados sobre cuál garantía tienen los ciudadanos costarricenses de no ser intervenidos telefónicamente, a no ser por una investigación judicial, el funcionario aseveró que las intervenciones que se van a realizar serán solamente las que los jueces ordenen.

El equipo que se instalará permite realizar auditorías, las cuales se harán semestralmente para informar a la corte plena que las intervenciones que realizaron y que coincidan con las órdenes que emanaron de los demás jueces.

Además, quienes realicen las escuchas son jueces de garantía que precisamente están para velar que no se violen los derechos fundamentales de la ciudadanía. El apoyo de los analistas es posterior a la escucha y no tendrán acceso primario a las mismas.

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Melissa Pacheco Soto, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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4 de febrero del 2015

El Ministro de Ambiente y Energía (MINAE), Edgar Gutiérrez Espeleta, y el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Julio Jurado Fernández comparecieron ante los diputados que conforman la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.

Los funcionarios dieron sus puntos de vista con relación al proyecto de ley para que el Ministerio de Ambiente y Energía realice un estudio técnico integral en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte para el reconocimiento de derechos a sus ocupantes.

El jerarca aseveró que este es un tema de gran importancia para el país no sólo en el contexto de la protección y conservación de los recursos ambientales que caracteriza a nuestro país, sino por la ubicación geográfica de este refugio.

Este proyecto permitiría elaborar una Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte y formular una propuesta de ley de régimen especial para su administración institucional conjunta.

El Director del SINAC manifestó, que tanto en el MINAE como en el SINAC, están, muy interesados en que este proyecto salga adelante.

Apuntó que en el Artículo 3 del proyecto se establece que en el marco y condiciones establecidas en la Ley N. º 9073 “Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales”, ninguna institución pública podrá proceder a desalojar a las personas que actualmente ocupan terrenos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, lo cual considera es el punto clave de este proyecto, ya que esto permitiría realizar el estudio con la tranquilidad necesaria, sin que haya la conflictividad que genera el hecho de que haya mucha tenencia ilegal de tierra como lo es en este caso, y se pueda trabajar en un tiempo prudencial sin necesidad de desalojo.

El Ministro del MINAE manifestó que es importante tener en cuenta, que a la fecha que esa zona fue declarada refugio, la misma ya contaba con ocupantes. Considera que muchas veces se cometen injusticias con los desalojos, ya que muchas de esas personas han vivido históricamente en esas zonas.

El directivo del SINAC agregó que ya se inició con un estudio como el que se plantea en el proyecto, pero el mismo requiere de un mínimo de nueve meses para poder tener los resultados. Por lo que insistió la importancia de aprobar un artículo que garantice que no se va a desalojar a las personas mientras no se obtengan los resultados del estudio

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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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4 de febrero del 2015 – Ana María Montano, representante de Asociación Concesionarios Depósito Libre Comercial de Golfito (ACODELGO), manifestó a los diputados de la Comisión Investigadora de la provincia de Puntarenas que es necesario fortalecer a la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), para que los recursos que genera lleguen a los diferentes cantones de la zona.

Montano compareció en esta instancia legislativa, para que se refiriera a la situación que está viviendo JUDESUR con la intervención que hizo el Poder Ejecutivo a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur.

“Para nosotros es de gran preocupación, no solamente por la intervención de JUDESUR, porque creemos que la institución necesita urgentemente ser una institución mucho más eficiente en la distribución de los recursos, a esos cantones que tanto lo necesitan, para las diferentes obras”, dijo la compareciente.

En este mismo sentido añadió que JUDESUR deja de existir si recibe menos recursos del depósito, ya que según indicó que desde hace más de un año han estado preocupados por el tema de la competitividad, y así se destinaron recursos en publicidad y promoción provocando que más visitantes llegaran a la zona.

“Si el depósito no ofrece diversidad de productos, no ofrece diferencias de precios y un lugar adecuado y si además de eso tenemos instalaciones que carecen de todo mantenimiento, no podemos competir contra la promoción de otros lugares”, comentó.

Así mismo señaló que es delicado que siga esperando por una buena administración de parte de JUDESUR, “es urgente que le demos al depósito un nuevo aire por decirlo de esa manera, tenemos 14 locales que no están operando en estos momentos, esos son 140 empleos directos que no se están generando.»

“Nosotros hemos estado haciendo los mejores esfuerzos para que las personas entiendan la gravedad del asunto, y caminar de la mano, porque el deposito es la gasolina de JUDESUR, están matando al ente generador, necesitamos un JUDESUR muy fortalecido para que esos recursos sean destinados a los cantones”, puntualizó la compareciente.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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4 de febrero del 2015 – El Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, Sergio Alfaro Salas explicó a la Comisión de Asuntos Agropecuarios la posición sobre el proyecto de Seguro Agropecuario.

Este proyecto prevé la creación de un fondo de subsidio a la prima de las pólizas de seguros agropecuarios como un elemento para disminuir su costo para los productores e incentivar a las empresas a ofrecer nuevos y mejores productos de seguro.

El proyecto propone que el porcentaje de subsidio a la prima no supere el 50% para los medianos productores. Para los micros y pequeños productores agropecuarios, los cuales en un plazo de dos años a partir de la solicitud de subsidio al seguro podrán gozar de un subsidio de hasta el setenta por ciento el primer año y no superior al sesenta por ciento para el segundo año. A partir del tercer año el subsidio será igual para todos los participantes.

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