Categoría: Comisiones

Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

18 de noviembre del 2014 – Los postulantes que se presentaron ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos señalaron  la mora en las resoluciones como uno de los principales problemas que enfrenta la Sala Primera.

Rodrigo Campos explicó que la Sala Primera tiene cerca de 1032 expedientes por resolver y que se tarda en promedio 22 meses para solventar cada caso.

“Ustedes han escuchado que los magistrados están enfocados muchas veces en temas administrativos que les absorben buena parte del tiempo”, comentó Campos.

Aprovechó su comparecencia para criticar que los jueces sean nombrados por los magistrados argumentando que “es cuestionable porque se podría prestar para el tráfico de influencias”.

Por su parte, Alner Palacios García explicó a los diputados la conveniencia o no de que los abogados litigantes puedan participar como candidatos para asumir un puesto como magistrado suplente.

Afirmó que esta es una decisión que le corresponde tomar a los congresistas, pero que en su criterio, sería mejor que los magistrados suplentes sean jueces de carrera.

Mientras que Edgar Alvarado indicó que trabajó 27 años como juez y que cuenta con amplia experiencia dentro del Poder Judicial. Propuso a los legisladores que la Sala debería implementar de una manera más eficiente la oralidad y el expediente electrónico.

Los diputados analizan sesionar de manera extraordinaria el miércoles y el jueves con la finalidad de enviar una terna al Plenario Legislativo la próxima semana.

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Federico Villegas, Esteban Salom, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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17 de noviembre del 2014 – La Comisión Permanente Especial de Nombramientos inició el proceso de entrevistas para escoger un magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

13 de noviembre del 2014 – 4.981 millones de colones en un plazo de seis años es lo que debe desembolsar el Estado para la compra de seis fincas del Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio, para el traslado de las oficinas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

La viceministra de Ambiente, Patricia Madrigal explicó a los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público que ya se pagaron 1.500 millones de colones y que el compromiso adquirido por la administración es pagar 490 millones por año hasta el 2021.

Madrigal aseguró que les preocupa de dónde saldrán los fondos para saldar la deuda adquirida. Los terrenos tienen una dimensión de 71.893 metros cuadrados de los cuales, 50 mil son área boscosa.

La viceministra señaló que el primer desembolso que se hizo fue por cerca de 2 mil millones, de los cuales 500 se guardaron para el acondicionamiento de las oficinas y para realizar el traslado del personal.

En febrero de este año, el MINAE le solicitó a la Procuraduría General de la República proceder con la escritura, el 4 de abril el Banco Improsa le devuelve al INBio las fincas que estaban en un fideicomiso, la Notaría del Estado da fe de que están libre de gravámenes y deudas, se firma la escritura contra un pago de 1.500 millones de colones, recursos provenientes del Ministerio de Hacienda.

Madrigal indicó que para el 2015, 418 millones de colones tendrían que salir del fondo de Parques Nacionales para abonar al pago de la deuda. Con este desembolso se disminuye el fondo en un cinco por ciento, que se podría haber utilizado para el mejoramiento de las instalaciones para los visitantes.

Randall García, Director del INBio Parque explicó a los legisladores que a partir del 2011 se analizaron alternativas  para afrontar la caída de la cooperación internacional.

“En el 2013 don René Castro y la viceministra de Agricultura comunican la decisión del Estado costarricense de empezar a buscar la forma de adquirir esa propiedad y se inicia el proceso de una manera mucho más pública”, y la decisión que se toma es que sea adquirido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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13 de noviembre del 2014 – Los miembros de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos recomendarán al Plenario Legislativo a Soraya Long Saborío como Defensora Adjunta de los Habitantes luego de finalizadas las entrevistas a tres personas propuestas por la Defensora Montserrat Solano.

Los legisladores entrevistaron entre martes y jueves a Juan Manuel Cordero González, Soraya Long Saborío y a Gloriana López Fuscaldo.

La votación secreta quedó cuatro votos a favor de Long Saborío y un voto para Cordero González.

El presidente de este foro legislativo, el diputado del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís Fallas resaltó la experiencia administrativa y el recorrido por temas de Derechos Humanos de Long Saborío.

“Fue una persona articulada que conoce las funciones de la Defensoría y la mayoría se inclina por recomendarla a ella al Plenario”, comento Solís Fallas.

El legislador del Partido Unidad Social Cristina, Jorge Rodríguez Araya señaló que los tres candidatos contaban con muy buenas capacidades para asumir el puesto.

“La Defensora de los Habitantes hizo una muy buena escogencia de la terna, no fueron nombrados los tres, tenía que buscarse alguna cualidad, desgraciadamente cuando uno llega a una entrevista o se pone muy nervioso o hay preguntas que no desarrolla bien, porque los currículum de los tres son excelentes”, dijo Rodríguez Araya.

La próxima semana los diputados iniciarán la discusión del expediente Nº 19369 Elección de un(a) magistrado(a) de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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12 de noviembre del 2014 – Los representantes de Coopesantos, Coopealfaroruiz y Coopelesca comparecieron ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios para referirse al expediente Nº 18093 Ley de Contingencia Eléctrica.

El asesor legal de las cooperativas de electrificación, Rubén Zamora Castro señaló que el proyecto de ley no tiene un enfoque adecuado con relación a las empresas distribuidoras de energía.

“Las cuatro empresas rurales y las dos empresas municipales concentran el 23% de los clientes del país, juntos distribuimos el 21% de energía pero generamos menos del 6%, con lo que existe una distorsión entre la energía que llega a usuarios y lo que producimos”, acotó el Asesor Legal.

Zamora Castro instó a los legisladores a permitir en la ley que las cooperativas y empresas municipales puedan realizar proyectos propios para beneficio de los usuarios.

Dentro de las modificaciones planteadas está que no se permita que por una ley se puedan definir las tarifas, así como que se pongan límites en la generación distribuida y eficiencia energética.

El Gerente General de Coopesantos, Elías Calderón planteó que si se da una tarifa de generación distribuida está debe ser inferior porque si superior se va a presentar un daño.

Noylin Cruz Suarez, Subgerente General de Coopelesca indicó que este proyecto nace para dar una solución al precio de la electricidad en el país.

La Subgerente General mencionó que se debe buscar un trato igualitario para llevar beneficio a las regiones del país y así resolver el problema que se presenta.

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Vera V. Solano, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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12 de noviembre del 2014 – El dictamen positivo dado por la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos al expediente 16887 Adición de un nuevo capítulo a la Ley general de salud sobre los derechos en salud sexual y reproductiva, permite a esta iniciativa avanzar en su trámite en la Asamblea Legislativa.

El proyecto por la exdiputada Ana Helena Chacón contiene tres objetivos: el establecimiento de las responsabilidades del Estado en la materia, el reconocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva de todas las personas, y los derechos de algunos grupos de población en particular.

De esta manera se establece que el Estado y las políticas públicas deben procurar la modificación de los patrones estereotipados de comportamiento de uno y otro sexo y su valoración social, eliminando los prejuicios y prácticas basadas en ideas de inferioridad o superioridad de los mismos.

Además con el fin de que de todas las personas, puedan tomar y ejercer las decisiones sobre su salud sexual reproductiva, deben contar con información, educación y orientación, así como con servicios de atención integral y con los medios o métodos adecuados para ello.

Particularmente, se reconoce que todas las personas tienen derecho a ser informadas y asesoradas con el fin de lograr la vivencia de su salud sexual, libre de riesgos, especialmente de infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos no deseados.

Se reconoce el uso de la anticoncepción de emergencia como una manera de prevenir embarazos no deseados.

En relación con algunos grupos de población en particular, se busca reconocer los derechos de los adolescentes a ejercer en forma responsable su sexualidad y su reproducción sin discriminación, tanto en el acceso a servicios como a la información para preservar su salud sexual y reproductiva.

Se presta especial atención al derecho de las mujeres con discapacidad y a las adultas mayores, a la toma de decisiones enfocadas en el marco de los derechos humanos, tomando en consideración los convenios internacionales al respecto.

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Rosibel Barrantes, Emiliano Gamboa, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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11 de noviembre del 2014 – Unos 1.197 beneficiarios, entre personas físicas y jurídicas que tienen una parcela otorgada por el Instituto de Desarrollo Rural y que cuentan con deudas con dicha institución podrían ser condonadas.

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Orietta Vargas Cavallini, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
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11 de noviembre del 2014 – Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos recibieron en audiencia a Juan Manuel Cordero González, Soraya Long Saborío y el próximo jueves se recibirá a Gloriana López Fuscaldo.

Juan Manuel Cordero quien labora en la Defensoría señaló que la entidad debe tener un rol más protagónico en momentos en que se ha perdido la confianza en la institucionalidad.

Por su parte, Soraya Long Saborío dijo que la entidad necesita una transformación y lograr un balance entre la acción de la institución por el tema de las denuncias pero también la capacidad propositiva para mejorar las condiciones de los ciudadanos.

Los candidatos Cordero González, Long Saborío y López Fuscaldo fueron propuestos por la Defensora Monserrat Solano Carboni para el puesto de Defensor Adjunto de los Habitantes.

Al finalizar las audiencias, la Comisión hará su recomendación al Plenario Legislativo.

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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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11 de noviembre del 2014 – Los representantes de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) y de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) expusieron sus criterios sobre el proyecto de contingencia eléctrica ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios.

Juan Antonio Solano Ramirez Gerente General de la JASEC mostró su respaldo la propuesta ya que se vendría a beneficiar a los 90 mil abonados, pero aprovecho la oportunidad para señalar algunas modificaciones al texto.

Dentro de esos cambios indicó que es necesario definir mejor los conceptos de la ley para que no queden tan indefinidos que se puedan prestar para interpretaciones, también aboga por una clara definición sobre las tarifas.

Solano Ramirez pidió a los legisladores permitir una mayor participación en la generación eléctrica que no se sea restrictiva y que venga a dar un trato igualitario a todas las partes.

Por su parte el Ingeniero Pablo Soto Ortega en representación de la ESPH mencionó de entrada que la propuesta no tiene una estructura suficientemente clara ya que no se incluye a las cooperativas ni a los consorcios de electrificación rural.

Agregó que se dan un trato desigual en beneficio del ICE y de la CNFL a la hora de realizar los trámites para la concesión de agua, igualmente indicó que la definición sobre generación distribuida contenida en el proyecto de ley no es exacta y esto puede llevar a confusión.

Soto Ortega instó a que se defina si la electricidad debe verse como una mercancía o como un servicio público.

El presentante de la ESPH pidió a los legisladores incluir en la ley la posibilidad para que las empresas municipales puedan establecer fideicomisos o consorcios.

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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
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11 de noviembre del 2014 – Funcionarios de la Bolsa Nacional de Valores y representantes de la Cámara de Puestos de Bolsa se refirieron al expediente 19111, Ley Reguladora del Mercado de Valores Costarricense, que se discute en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

El proyecto busca regular los mercados de valores e instrumentos financieros, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente, los actos o contratos, los valores e instrumentos financieros, las actividades y servicios que se realicen. La ley tambien establece un régimen de supervisión, inspección y sanción. Igualmente se regla la conformación y funciones del CONASSIF, así como aspectos comunes a las Superintendencias del Sistema Financiero.

José Rafael Brenes, Gerente General de la Bolsa Nacional de Valores, comentó que si bien la iniciativa viene a modificar la legislación actual que data de 1998 y que se dio en la coyuntura del momento, ahora “ha cambiado muchísimo la filosofía de supervisión que regula y protege los intereses del público al acudir al Mercado de Valores”.

Brenes explicó que se dejó por fuera del proyecto de ley el reconocer que un régimen de protección al inversionista no aplica por igual a todos los inversionistas.

Damaris Ulate de la Cámara de Emisores de Títulos Valores manifestó ante los legisladores que para los emisores, el proyecto contiene elementos importantes que le dan mayor simplificación a la tramitología del registro de emisiones, además, de los artículos que le dan mayor seguridad jurídica a la participación de los emisores en el mercado.

No obstante, Ulate señaló que hay elementos que se quedaron por fuera como una reforma al Código de Comercio.

Por su parte, Lucrecia Quesada, representante de la Cámara de Puestos de Bolsa, señaló que hay pocos elementos “trascendentales para el desarrollo de un mercado de valores”. Aseguró que desde su punto de vista, el proyecto de ley carece de elementos sustanciales para desarrollar un mercado accionario.

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