Aprueban reforma ley sobre estupefacientes y financiamiento al terrorismo

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

20 de abril del 2017 – Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 19951 Reforma de los artículos 15,15bis, 16, 81 y adicción del artículo 16 bis de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas drogas de uso no autorizado, actividades conexas legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Según la iniciativa para efectos de combatir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, estarán sometidos a esta ley, quienes desempeñen las siguientes actividades:

a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de dinero y transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares.

b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales.

c) Transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio.

d) Administración de fideicomisos o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, que no sean intermediarios financieros.

e) Remesas de dinero de un país a otro.

f) Los emisores de tarjetas de crédito, así como los operadores de tarjetas de crédito, cuando realicen estas actividades bajo los parámetros y definiciones que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ante propuesta de la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Así mismo se crea la Unidad Especializada en Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Dirección Nacional de Notariado, como la instancia encargada de la prevención, capacitación, supervisión, control y sanción sobre esta materia, cuyas funciones serán establecidas vía reglamentaria por parte del Poder Ejecutivo.

Con el objeto de prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales o financiar actividades u organizaciones terroristas, las instituciones sometidas a lo regulado en este capítulo deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: Registrar y verificar, por medios fehacientes, la identidad, la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social de la persona, la fuente u origen de los recursos que justifican las transacciones a realizarse; así como otros datos de su identidad, ya sean clientes ocasionales o habituales.

Esta información debe constar en un formulario, el cual debe estar firmado por el cliente. No será necesaria la firma del formulario cuando se establezcan mediante reglamento a esta ley o normativa prudencial emitida por CONASSIF o la Dirección Nacional de Notariado, los mecanismos sustitutivos en aras de propiciar productos de bajo riesgo destinados a fomentar la inclusión financiera o simplificar trámites, según corresponda.

También se crea en la Superintendencia General de Entidades Financieras la base datos con información de la política conozca a su cliente de los sujetos obligados de acuerdo con las reglas que se establecen en los incisos siguientes:

a) Los sujetos obligados establecidos en los artículos 14 de la presente ley deberán suministrar la información que defina la Superintendencia General de Entidades Financieras.

b) La Superintendencia General de Entidades Financieras podrá informar a las entidades fiscalizadas por cualquiera de las superintendencias, sobre la documentación de los clientes de las entidades en materia de Política conozca a su cliente.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Diputados perderían credencial por violación al principio de probidad

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

19 de abril del 2017 – Los legisladores, por unanimidad, votaron a favor de la admisibilidad del proyecto de ley 19117 Pérdida de credencial de diputados por violación del principio de probidad, mediante reforma del artículo 112 de la Constitución Política.

Así mismo, se nombró la comisión de nueve diputados que analizará este proyecto de ley y estará integrada por Otton Solis Fallas, Marcela Guerrero Campos, Rosibel Ramos Madrigal, Rafael Ortiz Fabrega, Sandra Piszk Feinzilber, Ronny Monge Salas, Gerardo Vargas Varela, Patricia Mora Castellanos y Otto Guevara Guth.

El proyecto de ley consta de un artículo único y es para adicionar un nuevo párrafo final al artículo 112 de la Constitución Política, para que en adelante ese artículo se lea:

Artículo 112. La función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular.

Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni indirectamente o por representación, contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que impliquen privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos.

La violación de cualquiera de las prohibiciones consignadas en este artículo o en el anterior, producirá la pérdida de la credencial del diputado. Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un ministerio de Gobierno, el diputado incurriere en alguna de esas prohibiciones.

La observancia del principio de probidad es de acatamiento obligatorio. La violación comprobada de dicho principio, de acuerdo con la ley, producirá la pérdida de la credencial del diputado. La ley podrá establecer nuevas causales que produzcan la pérdida de la credencial de los diputados.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Ley para Fortalecer el Programa de Comedores Escolares

28 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en segundo debate el expediente 19864 Ley para Fortalecer el Programa de Comedores Escolares y nutrición escolar y adolescente.

Esta ley tiene como objeto promover la equidad, inclusión y prevención del ausentismo de los estudiantes en el sistema educativo costarricense, así como el combate a la pobreza a través del fortalecimiento del programa de comedores escolares y del adolescente.

Se declara de interés público la Ley de Fortalecimiento de los Comedores Escolares y del Adolescente como medio de garantizar la adecuada alimentación y nutrición de estudiantes que se encuentren en riesgo de exclusión social, pobreza y pobreza extrema, durante el período lectivo y no lectivo.

El programa de comedores escolares deberá de garantizar a las y los estudiantes, una alimentación complementaria nutritiva que aporte los requerimientos de energía, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (hierro y calcio), en los porcentajes que se definan para cada modalidad. Así mismo deberán garantizar una adecuada nutrición para personas menores de edad con diagnóstico de enfermedad como diabetes, celiaquía, obesidad y cualquier otra condición de salud especial que deba ser atendida. En los centros educativos en que se desarrolla este programa, se deberá promover hábitos alimentarios saludables, hábitos de higiene y comportamientos adecuados en torno a la alimentación diaria.

El Estado deberá de prestar los servicios de alimentación y nutrición en los centros educativos del país, fuera del período del curso lectivo.

Este beneficio se ofrecerá únicamente en aquellos centros educativos públicos ubicados en la zona rural y urbana, en cuyos distritos exista mayor incidencia y concentración de pobreza y pobreza extrema, según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) haya comunicado oficialmente durante el año anterior, según lo regulado por esta ley.

Para fortalecer el programa de comedores escolares y del adolescente en tiempo no lectivo se financiará a través de, los recursos establecidos en el inciso «e» del Artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N.° 5662 del 23 de diciembre de 1974 y sus reformas de otros aportes incluidos en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Acuerdo Marco de Cooperación entre las Repúblicas de Costa Rica y Palestina

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

27 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de segundo debate, el expediente 19482, Aprobación del Acuerdo Marco de Cooperación entre las Repúblicas de Costa Rica y Palestina, así como el expediente 19711 Aprobación de Enmienda del Acuerdo de Marrakech.

De acuerdo con el proyecto del Acuerdo marco de cooperación entre Costa Rica y Palestina se establece que el objetivo fundamental del Acuerdo, es la promoción de la cooperación técnica, económica, científica y cultural entre las Partes, a través del desarrollo y ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés común.

Las Partes prestarán facilidades a entidades del sector público y privado, cuando se requiera, para el desarrollo y la ejecución correcta de programas y proyectos de cooperación.

Asimismo otorgarán importancia a la ejecución de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación de ambos países. Con base en el presente Acuerdo las Partes podrán celebrar acuerdos complementarios de cooperación, en áreas específicas de interés común.

La diputada Sandra Piszk Feinzilber manifestó que votó en contra el acuerdo con Palestina pues dijo que nuestro país no deriva ningún beneficio de un tratado en materia tecnológica con un Estado que no tiene absolutamente ningún desarrollo en esa materia.

“Un acuerdo de esta naturaleza es solamente un pretexto para reconocer la legitimidad de la organización Hamas, que domina Palestina y que ha rechazado sistemáticamente cualquier acuerdo de paz entre dos Estados”, dijo la diputada Piszk.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Eligen tres magistrados suplentes de Corte Suprema de Justicia

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

27 de marzo del 2017 – Jazmín Aragón Cambronero, Rodolfo León Díaz y Maribel Sáenz Murillo fueron escogidos por los diputados en el Plenario Legislativo como magistrados suplentes de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque estaba prevista la elección de un cuarto magistrado, los diputados no se pudieron poner de acuerdo y trasladaron la fecha de elección.

Además se ratificó a la jueza Kattia Mora Cordero en el puesto de Jueza del Tribunal Registral Administrativo.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Ley para Fortalecer el Programa de Comedores Escolares

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate el expediente 19864 Ley para Fortalecer el Programa de Comedores Escolares y nutrición escolar y adolescente.

Esta ley tiene como objeto promover la equidad, inclusión y prevención del ausentismo de los estudiantes en el sistema educativo costarricense, así como el combate a la pobreza a través del fortalecimiento del programa de comedores escolares y del adolescente.

Se declara de interés público la Ley de Fortalecimiento de los Comedores Escolares y del Adolescente como medio de garantizar la adecuada alimentación y nutrición de estudiantes que se encuentren en riesgo de exclusión social, pobreza y pobreza extrema, durante el período lectivo y no lectivo.

El programa de comedores escolares deberá de garantizar a las y los estudiantes, una alimentación complementaria nutritiva que aporte los requerimientos de energía, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y micronutrientes (hierro y calcio), en los porcentajes que se definan para cada modalidad. Así mismo deberán garantizar una adecuada nutrición para personas menores de edad con diagnóstico de enfermedad como diabetes, celiaquía, obesidad y cualquier otra condición de salud especial que deba ser atendida. En los centros educativos en que se desarrolla este programa, se deberá promover hábitos alimentarios saludables, hábitos de higiene y comportamientos adecuados en torno a la alimentación diaria.

El Estado deberá de prestar los servicios de alimentación y nutrición en los centros educativos del país, fuera del período del curso lectivo.

Este beneficio se ofrecerá únicamente en aquellos centros educativos públicos ubicados en la zona rural y urbana, en cuyos distritos exista mayor incidencia y concentración de pobreza y pobreza extrema, según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) haya comunicado oficialmente durante el año anterior, según lo regulado por esta ley.

Para fortalecer el programa de comedores escolares y del adolescente en tiempo no lectivo se financiará a través de, los recursos establecidos en el inciso «e» del Artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Ley N.° 5662 del 23 de diciembre de 1974 y sus reformas de otros aportes incluidos en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos donará viviendas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

21 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate, el expediente 18969 Autorización a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para la donación de viviendas.

La iniciativa establece que para ejecutar el proceso de donación la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias deberá constatar que cada una de las personas a quienes se les otorgue en donación una finca deberá ser a causa de los procesos de reconstrucción atinentes a una emergencia debidamente declarada conforme con la Ley 8488 y según lo establecido en el artículo primero de esta ley.

Así mismo se incluye que en el caso de que el beneficiario haya fallecido o haya ocurrido una ruptura del núcleo familiar, este derecho de donación podrá heredarse o cederse a quien corresponda.

La Comisión, deberá implementar un expediente físico o electrónico donde se documente debidamente la atinencia de la donación.

Se autoriza a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para que ejecute la contratación de notarios externos que formalicen el traspaso de las fincas objeto de la donación autorizada en esta ley.

Los beneficiarios estarán exentos, para este único trámite, del pago de todo impuesto, tasa, timbre o tributo nacionales, excepto las especies fiscales municipales, cuyo pago será asumido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Aprobado impuesto a las personas jurídicas

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

16 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de segundo debate, el expediente 19818 Impuesto a las Personas Jurídicas, que pretende establecer un impuesto a todas las sociedades mercantiles, así como sobre toda sucursal de una sociedad extranjera.

Se establece que dicha sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

El hecho generador para todas las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional ocurre el 1° de enero de cada año.

También el hecho generador para todas las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada que se inscriban en un futuro será su presentación al Registro Nacional.

Para efectos de aplicación de esta ley, el período fiscal será de un año, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año.

El impuesto se devengará, para las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas, el primero de enero de cada año y, para las que se constituyan e inscriban en el transcurso del período fiscal, al momento de presentación de la escritura de constitución ante el Registro Nacional.

El proyecto establece anualmente una tarifa que se pagará como se indica:

Las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional no inscritos en el Registro Único Tributario en la Dirección General de Tributación, pagarán un importe equivalente al quince por ciento (15%) de un salario base mensual.

Las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos menores a ciento veinte salarios base, pagarán un importe equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual.

Las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos en el rango entre ciento veinte salarios base y menor a doscientos ochenta salarios base, pagarán un importe equivalente a un treinta por ciento (30%) de un salario base mensual.

Finalmente las contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos equivalente a doscientos ochenta salarios base o más, pagarán un importe equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual.

Eso significa que las sociedades inactivas pagarán 63 mil colones, 106 mil colones las sociedades que generen hasta 50 millones de colones, ₡127 mil, las que generen de 51 millones de colones a 118 millones y finalmente ₡212 mil, las que generen ₡118 millones en adelante

En cuanto al destino del proyecto se establece 90% de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia.

Un 5% de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social.

Y finalmente un cinco por ciento 5% de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la atención del crimen organizado.

La diputada Paulina Ramírez Portuguez manifestó que hoy se está recuperando un impuesto que es tan importante para la seguridad nacional y así mismo venir en contra del narcotráfico y todos los flagelos que se ha sufrido en la seguridad.

“La recuperación de este impuesto que tiene un impuesto específico es importante y positivo porque estos recursos van dirigidos en un 90 por ciento a la inversión en seguridad ciudadana para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial y en la atención de programas”, dijo la diputada.

Por su parte el diputado Mario Redondo Poveda señaló que los inicios del año 2017 muestran señales preocupantes en materia de homicidios en el país, ya que el número sigue siendo importante y costando la vida de niños inocentes víctima de una guerra de narcos en el país.

“La aprobación de este proyecto permitirá fortalecer las finanzas del Ministerio de Seguridad en una suma cercana a los 45 mil millones de colones al igual que con la incursión en el presupuesto nacional para el 2017 de 25 mil millones más, lo que nos da la suma de 70 mil millones de colones adicionales al Ministerio de Seguridad, nunca en la historia de este país seguridad publica va a contar con más recursos que en esta ocasión”, dijo el diputado Redondo.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Reelecto magistrado Ramírez en la Sala Tercera

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
Asamblea Legislativa.

14 de marzo del 2017 – Los diputados reeligieron por tercera vez a Jesús Ramírez Aguilar como Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

De los 50 diputados presentes en el Salón de Sesiones y en votación secreta, 28 votaron sí y 22 no para esta reelección.

El Presidente de la Asamblea Legislativa, José Alberto Alfaro Jiménez señaló que al no alcanzarse la mayoría, el magistrado Ramirez quedó electo y el próximo lunes se procederá a la juramentación.

Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos presentaron un informe afirmativo de mayoría y un informe negativo de minoría los cuales fueron discutidos en el Plenario Legislativo.

La diputada Emilia Molina Cruz, quien suscribió el informe negativo de minoría, manifestó que se solicitó traer al Magistrado Ramírez, para que rindiera cuentas de su quehacer, pues dijo que el Magistrado ha estado 32 años en la Corte Suprema de Justicia.

La legisladora Molina Cruz, señaló que el interés de llamar en audiencia a Ramírez, era conocer sus atestados laborales, no era un tema de edad.

“Todos los magistrados que han sido reelectos en esta Asamblea Legislativa en los últimos once años, han venido a la Comisión de Nombramientos han rendido cuentas, solo el magistrado Ramírez no”, dijo la diputada Molina.

Por su parte, el diputado Jorge Rodríguez Araya señaló que la ratificación o no de un magistrado es un tema que debe de conocer el pleno de la Asamblea Legislativa y no la Comisión Permanente Especial de Nombramientos.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Aprobado convenio para combatir corrupción de funcionarios públicos extranjeros

Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa.

2 de marzo del 2017 – Los diputados aprobaron en trámite de primer debate, el expediente 20120 Aprobación del canje de notas entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) constitutivo para la adhesión a la Convención para combatir el cohecho.

La iniciativa establece que el cohecho (delito que consiste en sobornar a una autoridad o funcionario público mediante la solicitud de una dádiva a cambio) es un fenómeno ampliamente generalizado en transacciones comerciales internacionales, incluyendo comercio e inversiones, lo cual plantea serios problemas morales y políticos, minimiza la buena gobernanza y el desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales.

El cohecho de un servidor público extranjero deberá ser castigable con sanciones penales efectivas, proporcionales y disuasivas. El rango de sanciones será comparable al aplicable al cohecho de servidores públicos propios de la Parte y en el caso de personas físicas, deberá incluir privación de libertad suficiente para permitir asistencia jurídica recíproca y extradición.

Se regulan otros aspectos importantes para el abordaje integral del fenómeno del soborno transnacional, entre ellos: reglas de jurisdicción que pretenden asegurar la sanción del delito, con independencia del lugar de comisión de los hechos; se reconoce el lavado de dinero como delito predicado (es el que genera el dinero ilícito); se establecen medidas dirigidas a vigilar la contabilidad de las empresas y finalmente, se establecen compromisos en materia de cooperación jurídica y extradición, aspectos indispensables para el combate efectivo de delito de soborno transnacional, en razón de su naturaleza.

Fuente: Asamblea Legislativa.