Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
31 de marzo del 2014 – El proyecto de ley que recibió el apoyo de 41 de 45 diputados presentes en su trámite de primer debate, establece que el agua es un bien de dominio público cuyo uso prioritario es el consumo humano y contempla la gestión participativa a nivel de cuenca hidrográfica.
Asimismo, la nueva ley busca, entre otras cosas, aumentar los cánones por uso comercial del agua y establecer mayores medidas de protección de los mantos acuíferos.
La iniciativa reconoce el acceso al agua y su saneamiento como derecho humano fundamental, además de establecer el carácter no lucrativo de los servicios públicos de abastecimiento poblacional.
Esta ley regula el aprovechamiento y el uso sostenible del agua continental y marina que se considera un recurso limitado y vulnerable. Por lo que su gestión será integrada de tal forma que garantice su acceso universal, solidario y equitativo en calidad y cantidad adecuada.
La norma deberá aplicarse tomando en cuenta la vulnerabilidad de adaptación y mitigación al cambio climático que afecta directa e indirectamente al agua y a los ecosistemas asociados.
En este nuevo marco jurídico se crea el sector hídrico del Estado para facilitar la planificación y las acciones del recurso constituido por la administración pública centralizada, descentralizada, instituciones autónomas, semiautónomas, municipalidades, empresas públicas y del Estado que tengan dentro sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua.
El proyecto establece también la creación de la Dirección Nacional de Recurso Hídrico, un órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que se encargará de investigar, proteger y fomentar el uso del agua en el país.
También se incorpora políticas de limpieza de cauces de ríos, se regula la descarga de aguas pluviales y el tratamiento de aguas residuales.
El congresista de la Unidad Socialcristiana, José Roberto Rodríguez Quesada señalo que con esta Ley se viene a modernizar el manejo, uso y protección del recurso hídrico al reformar y actualizar la ley vigente que dada de 1942.
Para el presidente de la comisión dictaminadora, Alfonso Pérez Gómez esta nueva ley es un gran avance para el país.
Según agregó Pérez Gómez se le da más tareas a la Dirección de Agua y se le asignan cerca de 4500 millones al año.
“Con esta ley consagramos el dominio público del agua, dotados al país de nuevos recursos y respetados las potestades de otras instituciones, pero lo más significativo es que le permitimos al pueblo también legislar”, acotó el legislador Pérez Gómez.
Por su parte el legislador de Acción Ciudadana y miembro de la Comisión de Ambiente, Claudio Monge Pereira sostuvo que han sido promotores del proyecto.
Monge Pereira resaltó que miles de ciudadanos trabajaron por años para tener una mejor ley de aguas.
“Dimos un paso enorme y cualitativo, le hemos dicho al país que la Ley de Iniciativa Popular vale”, sentenció el diputado de Acción Ciudadana.
El diputado unipersonal del Frente Amplio José María Villalta Florez-Estrada catalogo como un gran avance esta ley y más la posibilidad de darle más poder a la ciudadanía.
Villalta Florez-Estrada señalo como un avance en justicia social y derecho humano que se estableciera el permiso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para poder extraer agua de áreas protegidas en caso necesario.
Para el diputado Victor Emilio Granados Calvo, miembro de la Comisión de Ambiente, se logró dar un gran paso con este tema pero nos falta el gran desafió de trabajar en la ley de cambio climático
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