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Rosibel Barrantes, Esteban Salom, Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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3 de setiembre del 2014 – Según el Índice de Gestión Municipal del 2013 realizado por la Contraloría General de la República, los gobiernos locales van mejorando a paso lento pero avanzan.
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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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3 de setiembre del 2104 – La Contralora General de la República, Marta Acosta asistió a la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo para exponer a los diputados los datos del Índice de Gestión Municipal del 2013.
La jerarca resaltó que se logró la participación de los 81 gobiernos locales que se dividieron en cuatro donde las municipalidades de Santa Ana, Paraíso, Mora y Poás lideran su respectivo grupo.
El índice también reveló que Liberia, Santa Bárbara, Upala y Turrubares se ubican en los últimos lugares de cada grupo.
Para llevar a cabo dicho índice, se tomó como referencia el desarrollo y gestión institucional, planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas, gestión de desarrollo ambiental, gestión vial y servicios sociales.
Los resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) 2013, muestran una calificación promedio levemente superior a la registrada en el periodo 2012, lo que revela un ritmo de crecimiento desacelerado respecto de los periodos anteriores.
Según la Contralora algunos de los temas evaluados continúan siendo el mayor reto de mejora para el sector municipal, tal es el caso de los servicios de aseo de vías y sitios públicos, recolección de residuos, depósito y tratamiento de residuos y parques y obras de ornato, el tema de control interno, planificación urbana, información financiera – contable, resultados deficitarios o altas sumas de superávit libre y la baja ejecución de servicios y obras sociales.
La insuficiencia de recursos para cubrir los costos de operación de los servicios comunitarios, producto de la desactualización de las tasas que se cobran para su prestación, influyen no solo en las calificaciones relacionadas con el servicio, sino también en otros indicadores, pues la municipalidad para continuar con su prestación, utiliza otras fuentes de financiamiento, sacrificando erogaciones distintas que podrían favorecer la gestión municipal interna y la proyección a la comunidad con la prestación de más y mejores servicios y en la inversión en obras.
Otro de los señalamientos del informe contralor es que existen 17 municipalidades que registran calificaciones promedio inferiores a 45 puntos en los últimos tres años, con áreas de rezago importantes en control interno, prestación del servicio de parques y obras de ornato, rendición de cuentas, planificación, recursos humanos y tecnologías de información
La ex vicealcaldesa y legisladora de Liberación Nacional, Paulina Ramírez Portuguez, señaló la importancia del informe ya que va acorde con la realidad de los municipios. Asimismo aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de fomentar las alianzas entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
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Juan Pablo Estrada Gómez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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20 de agosto del 2014 – Con el apoyo unánime de los siete diputados presentes, la Comisión de Asuntos Sociales dictaminó el expediente 16992 que busca garantizar el respeto a la libertad de prensa de los periodistas.
Con esta nueva legislación se prohíbe cualquier tipo de coacción, amenaza o censura, en el ejercicio de la profesión y se establecerá que las empresas periodísticas no podrán desarrollar prácticas laborales que limiten de forma ilegítima el ejercicio de la libertad de prensa por parte de los periodistas que laboran bajo sus órdenes.
Se considerarán como prácticas laborales de las empresas periodísticas que limitan ilegítimamente la libertad de prensa de los periodistas las siguientes:
También se prohíbe a las empresas periodísticas el despido sin justa causa de periodistas con motivo de la aplicación de prácticas laborales que limitan ilegítimamente la libertad de prensa, por oponerse a ellas o por denunciarlas ante las autoridades competentes.
El periodista que fuere despedido en violación a esta Ley podrá gestionar ante el juez de Trabajo, su reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus derechos, ofreciendo las pruebas en que sustente su reclamo.
Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los siguientes tres días. Vencido este término, convocará a las partes a una audiencia para evacuar las pruebas ofrecidas. Dentro de los diez días siguientes a la realización de la audiencia, el juez ordenará la reinstalación, si fuere procedente, y, además, le impondrá al empleador el pago de los salarios dejados de percibir.
El patrono o representante patronal que se niegue a efectuar la reinstalación será condenado al pago del equivalente a un día del salario que corresponda, a favor del trabajador afectado, por cada día calendario en que no cumpla con dicha orden.
En caso de que el periodista no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, además del auxilio de cesantía a que tuviere derecho y de los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, una indemnización por concepto de daños y perjuicios ocasionados.
Se establecen igualmente las causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo:
Cuando los periodistas invoquen la cláusula de conciencia porque se les obligue a realizar un trabajo contrario a sus valores o creencias o al Código de Ética Periodística, o porque la empresa para la cual trabajan cambie la política informativa, y su nueva orientación editorial riña con aquellos. En estos casos, los trabajadores deberán manifestarle a su patrono su decisión por escrito, indicando las razones que la motivaron.
La legisladora Patricia Mora Castellanos del Partido Frente Amplio señaló la importancia de la labor de los profesionales en comunicación.
Por su parte, la diputada de Liberación Nacional Sandra Piszk Feinzilber se mostró a favor del dictamen del proyecto de ley.
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Esteban Rojas Sáurez , Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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13 de agosto del 2014 – Los diputados que conforman la Comisión Legislativa con Potestad Plena Tercera, votaron una moción para regresar a primer debate el proyecto 17665, Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal.
El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth, señaló que presentó tres mociones para mejorar el expediente.
Según Guevara Guth, una de las modificaciones busca que los privados de libertad que se encuentran en su vivienda con una medida privativa de libertada por medio por ejemplo de un brazalete electrónico se puedan capacitar de manera virtual y de esta manera reducir la pena.
La iniciativa pretende regular el uso de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad, “sea bajo la modalidad de localización permanente de las personas sujetas a una medida cautelar, o para el control de personas sentenciadas en los casos regulados por ley”.
Durante el año 2009 el ingreso en centros penitenciarios se incrementó en aproximadamente un 300 por ciento de su promedio histórico en los últimos años, que era de un 4,5 por ciento anual.
Según datos del Departamento de Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia y Paz, a junio de este año se contaba con 13.654 personas sentenciadas y 2.899 indiciados, en los programas de institucional, semi institucional, penal juvenil y comunidad.
El Ministerio de Justicia y Paz cuenta con un millón de dólares para iniciar con un plan piloto para poner en funcionamiento el seguimiento con mecanismos electrónicos.
Este sistema generaría un ahorro para el sistema penitenciario debido a que, según datos aportados por la Ministra semanas atrás, cada privado de libertada le cuesta al Estado por mes 887 mil colones, mientras que el costo de los dispositivos electrónicos varía entre los 10 y 25 dólares.
La propuesta señala que se necesita el consentimiento del privado de libertada para poder colocarle el mecanismo electrónico.
La supervisión y seguimiento del cumplimiento de esta medida estará a cargo de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, la cual deberá de informar inmediatamente de algún incumplimiento a la autoridad judicial o administrativa correspondiente.
El proyecto reforma varios artículos del Código Penal y del Procesal Penal.
Se plantea modificar el artículo 66 del Código Penal e incluirle: “Asimismo, el juez por solicitud de la persona condenada, de la defensa o del Ministerio Público, podrá ordenar entre las condiciones, la localización permanente con mecanismo electrónico”.
Además, al artículo 244 del Código Procesal Penal, que incluiría un inciso J, que se leería: “la imposición de la medida de localización permanente con mecanismo electrónico. Para tal efecto, un día bajo localización permanente con dispositivo electrónico equivale a un día de prisión preventiva”.
Además, la iniciativa expone que el Juzgado de Ejecución de la Pena podrá sustituir la modalidad de cumplimiento de la pena privativa de libertad por la detención domiciliaria con localización permanente con dispositivo electrónico cuando deba cumplirla una mujer en estado de embarazo o con un hijo menor de veinticuatro meses de edad, siempre que presente condiciones personales que aseguren la continuación del cumplimiento de la pena.
El Instituto Nacional de Criminología deberá evaluar anualmente la aplicación de este mecanismo y remitirá al Ministerio de Justicia y Paz las recomendaciones que estime pertinentes.
El proyecto establece un transitorio donde explica que “durante el primer año desde la aprobación de esta ley, se aplicará la modalidad de localización permanente con dispositivo electrónico únicamente como medida cautelar, salvo que el Ministerio de Justicia cuente con la infraestructura para desarrollarla en otras áreas”.
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Esteban Rojas Sáurez, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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30 de julio del 2014 – Los legisladores que conforman la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera votaron en primer debate el expediente 18332, modificación al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley N.º 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas, que señala que las coberturas del seguro social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para todas las personas trabajadoras manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario, así como para todas las personas trabajadoras independientes o por cuenta propia.
El legislador del Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, dijo que la iniciativa será enviada a la Sala Constitucional.
Según explica el proyecto de ley, para las personas asalariadas “el monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal”.
Mientras que para las personas trabajadoras independientes el monto de su contribución se fijará con base en la totalidad de los ingresos netos que perciban con motivo o derivados de su trabajo, independientemente de su denominación. La base de dicha contribución no podrá ser menor a los ingresos reportados por la persona trabajadora independiente ante la Dirección Nacional de Tributación del Ministerio de Hacienda.
“Las personas trabajadoras independientes estarán exentas del pago de la cuota patronal. Para las personas trabajadoras independientes afiliados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar la ausencia de la cuota patronal”, indica el texto del proyecto.
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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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30 de julio del 2014 – Los diputados que integran la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera votaron en primer debate el expediente 17665 Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal.
El objetivo es regular el uso de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad, sea bajo la modalidad de localización permanente de las personas sujetas a una medida cautelar, o para el control de personas sentenciadas en los casos regulados por ley.
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Armando Alonso González, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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9 de julio del 2014 – Los diputados de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera archivaron el expediente 16912 Utilización del Software Libre en las Instituciones del Estado luego que se fue retirada una moción de avocación y permitió el envío al archivo del proyecto.
Por unanimidad los legisladores rechazaron la iniciativa luego de que la Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Gisella Kooper Arguedas, compareciera ante la comisión para dar su criterio sobre la iniciativa donde recomendó no retomar el proyecto debido a que el plan no cumple con los principios modernos y adolece en la neutralidad tecnológica.
La jerarca de esa cartera dijo demás que la iniciativa no incluye lo que es el software de código abierto ni software gratuito lo que evidencia precisamente un desfase en el tiempo lo que la catálogo como una ley vieja.
En el artículo segundo, señaló que se refleja la falencia grave al no considerar principios básicos de neutralidad tecnológica, independencia tecnológica, interoperabilidad, libre concurrencia ni libre competencia. Además en el artículo 3 se reflej el incumplimiento de los principios de contratación administrativa.
También mencionó que en el artículo cuarto hay inconsistencia al exigir respaldos de estudios técnicos para software propietario y no para software libre. Tambén la responsabilidad legal recae sobre el director administrativo y jefe de sistema y no se ajusta por lo tanto a lo establecido por la ley General de Administración Pública.
«Por lo tanto las conclusiones de parte del ministerio son que el proyecto no cumple con los principios modernos que deben regir el desarrollo del software en la administración pública adoleciendo de neutralidad tecnológica, el proyecto tampoco contempla a lo señalado por la Contraloría General de la República ni las recomendaciones de la Procuraduría sobre neutralidad tecnológica», puntualizó.
Finalmente dijo que la iniciativa incumple las resoluciones de la Sala Constitucional en materia de libre competencia y libertad de empresa. Así mismo no se contempla la interoperabilidad aspecto fundamental para que las diferentes plataformas de software se comuniquen.
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Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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4 de junio del 2014 – Los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, recibieron en audiencia al presidente ejecutivo del Instituto de desarrollo Rural, Ricardo Rodriguez Barquero.
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29 de mayo del 2014 – La Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público recibió las comparecencias, en sesiones extraordinarias, de los ex ministros del MEP, Leonardo Garnier y Silvia Víquez; así como Juan Antonio Gómez, ex Director del Departamento de Recursos Humanos del MEP, y Mauricio Medrano, ex Director de Asuntos Legales de este mismo ministerio.
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Area Audiovisual. Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
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29 de mayo del 2014 – El ex Ministro de Educación Leonardo Garnier fue el primero en comparecer ante la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público en donde se investiga la situación que se da con el pago a los educadores.
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