Shirley Gutiérrez Araya, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
10 de octubre del 2012
Inconsistencias que lo hacen insostenible fueron detectadas y enumeradas por los tres especialistas convocados esta mañana a la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, donde se conoce una propuesta para la modificación de varios artículos del Código Penal para introducir los delitos informáticos.
Esta propuesta está contenida en el expediente 18546, Reforma de los Tipos Penales Establecidos en los Artículos 167, 196, 196 BIS, 231, 236 y 288 del Código Penal, Ley 4573.
Los especialistas que emitieron sus criterios son Carlos Chinchilla Sandi Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Juan Marcos Rivero Sánchez Abogado y catedrático de la Universidad de Costa Rica y José Francisco Salas Ruiz Director de la Procuraduría de Derecho Informático, de la Procuraduría General de la República.
Hubo casos específicos en que los tres expertos coincidieron, que se presentan problemas, como en la inclusión del delito de espionaje y de los términos informaciones secretas políticas.
“Este es uno de los artículos más polémicos de la propuesta” dijo el magistrado Chinchilla Sandí, al referirse al espionaje, y detalló que fue incluido con referencia al espionaje informático que es una de las mayores tendencias internacionales.
Sin embargo aclaró que en los 25 años que tiene de ser magistrado nunca se ha aplicado esta legislación “porque es ajena a nuestra realidad, pero se le considera letra positiva; un derecho penal simbólico”.
En cuanto a las informaciones secretas políticas la recomendación particular del Procurador Salas Ruiz es cambiar dichos términos por información confidencial de Estado o de los cuerpos de policía nacionales.
Las críticas más duras a la iniciativa fueron hechas por el catedrático universitario Juan Marco Rivero, quien aseguró que no debe haber delito para ninguna persona que enarbole la defensa del interés público.
Para Rivero en este caso en particular se está haciendo una justicia especializada o de clase, que solo rige para un determinado grupo profesional, —los periodistas— lo que no deja de representar, desde el punto de vista jurídico, un gran cuestionamiento “porque es incompatible con el principio de universalidad de las normas jurídicas”.
Audio del catedrático universitario Juan Marco Rivera
Planteó la hipótesis de que en el país un grupo económico poderoso, una persona que maneje narcotráfico o de un grupo terrorista podría comprar o fundar un medio de comunicación y con esta legislación tendrá impunidad para realizar espionaje, apropiarse de datos privados y confidenciales o realizar espionaje informático, etc.
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