Armando Alonso González, Departamento De Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
1 de febrero del 2013
Fortalecer al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), asegurándole que los recursos que reciben sean presupuestados como propios para que sean utilizados en la atención de esta población, es el objetivo principal del expediente 18462 que actualmente se analiza en la Comisión Permanente de Asuntos sociales.
La iniciativa pretende modificar el artículo 33 de esta manera el Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental con el objetivo de que tenga plena libertad para presupuestar, como propios, los recursos que reciba de cualquier institución o fondo estatal, con la debida aprobación de la Contraloría General de la República, y asignarlos a las partidas cuando lo estime oportuno.
La iniciativa establece que “junto al creciente número de personas adultas mayores, surgen mayores y nuevas demandas de servicios, por lo que el país enfrenta la exigencia de definir políticas y acciones que permitan construir las condiciones para prevenir la aparición o aumento de problemas asociados a las distintas necesidades de este sector de la población, entre ellas, la de los servicios sociales y particularmente las necesidades de acompañamiento directo, transitorio o permanente, que suministre los cuidados acordes a las características de cada persona.”
El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) fue concebido, según la Ley N.º 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, de 25 de octubre de 1999, como un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, adscrito a la Presidencia de la República y rector en materia de vejez.
Para tales efectos, los numerales 34 y 35 de la Ley N.º 7935, le confirieron a esa Institución una serie de fines y funciones para cumplir con su papel de rectoría, así como ejercer el protagonismo que demandan las múltiples necesidades de la población adulta mayor del país.
El CONAPAM financia sus gastos operativos mediante transferencias del presupuesto nacional (giradas por medio del Ministerio de la Presidencia) y desarrolla sus programas sustantivos por medio de los recursos que se reciben de dos leyes, a saber:
La Ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, recientemente reformada por la Ley N.º 8783, de 13 de octubre de 2009, y;
La Ley 7972, Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para Financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo Social, Personas Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, Apoyo a las Labores de la Cruz Roja y Derogación de Impuestos Menores sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente Sustitución.
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