Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
4 de junio del 2013
El Plenario Legislativo aprobó en su trámite final el proyecto 17870 con el voto de 43 diputados que busca sancionar la violencia en espectáculos deportivos.
Esta Ley será aplicable a personas mayores de edad, tres horas antes, durante y tres horas después de un evento deportivo oficial y de competición y en un perímetro de al menos cinco kilómetros del recinto deportivo en el que se efectúe.
La nueva ley establece que se contará con un sistema de información integrado que llevará el registro de la información relacionada con los hechos de violencia, que quedará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.
Este sistema se denominará Sistema de Información para la Seguridad en Eventos Deportivos (SISED) y su objetivo será recabar, coordinar y respaldar la labor de prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos.
La nueva normativa sanciona con la prohibición de asistir a actos deportivos por seis meses a quien impida o entorpezca el normal funcionamiento del transporte tres horas antes, durante y tres horas después de un evento deportivo.
Se le impedirá el ingreso al recinto deportivo y será sancionado con la prohibición de concurrir a eventos deportivos hasta por un año a quien efectúe actos de violencia contra un medio de transporte u ocasionare daños en vías o lugares públicos.
Quien ingrese armas será expulsado del recinto deportivo y además será sancionado con la prohibición de concurrir a eventos públicos hasta por un año.
Para quien impida, temporal o definitivamente la realización de un evento deportivo la sanción será la prohibición de asistir a actos deportivos hasta por un año. Esta sanción se agravará a un año y medio cuando la conducta sea realizada por dos o más personas.
Será expulsado del recinto deportivo y no podrá volver a entrar hasta por seis meses, quien sin estar autorizado, ingresare al campo de juego, vestuarios, baños o camerinos de los equipos, u otros lugares restringidos.
La sanción será de un año a quien arroje al área de juego, objetos contundentes, envases con líquido o vacíos, papeles encendidos, antorchas, objetos o sustancias que pudieren causar daños o molestias a los jugadores, a los jueces de campo o a terceros.
Quien tres horas antes, durante y tres horas después de un evento deportivo y en un perímetro de al menos cinco kilómetros del recinto deportivo en el que se efectúe, participe en una riña, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiera acarrear, no podrá concurrir a recintos deportivos por tres años.
Finalmente quien sea sorprendido en posesión, consumiendo o tratando de ingresar al recinto deportivo bebidas alcohólicas o drogas ilícitas, será expulsado del recinto deportivo y no podrá volver a ingresar hasta por un año.
La legisladora proponente de la iniciativa del Movimiento Libertario Damaris Quintana Porras manifestó que con su aprobación se pretende que las familias puedan disfrutar de los eventos deportivos sin temor a la violencia.
Recursos para infraestructura
Los diputados también aprobaron en segundo debate del expediente 18700 Aprobación del contrato de préstamo suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que permitirá a las universidades estatales mejorar su infraestructura e invertir en desarrollo tecnológico.
El préstamo es por 200 millones de dólares y beneficiará a la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Instituto Tecnológico y la Universidad Estatal a Distancia, las cuales recibirán 50 millones de dólares cada una.
Con los recursos se pretende responder al rezago histórico de la inversión en infraestructura, equipamiento y formación de recurso humano, así como consolidar un esfuerzo común en el desarrollo de ciencia y tecnología y otras áreas prioritarias.
A partir de esta inversión se busca que cada universidad mejore su desempeño, lo cual les permitirá aumentar su capacidad para elevar la admisión de estudiantes y ampliar los cupos en las carreras que lo requieran.
La inyección de recursos permitirá además reforzar la capacidad científico tecnológico, expandiendo la infraestructura física, el equipamiento, las becas a los profesores, y la ampliación de los servicios estudiantiles, incluyendo residencias.
La congresista Elibeth Venegas Villalobos expresó que con estos recursos se beneficiarán estudiantes de las tres universidades estatales al contar con mejores instalaciones
Otro de los proyectos que recibió el segundo debate es el expediente 18703 Reforma del inciso ch) del artículo 23 de la Ley de Regulación de Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas, Ley Nº 7391 y sus Reformas, el cual permitirá a las cooperativas el manejo de las cesantías.
Entre la lista de proyectos que también recibieron el segundo debate se encuentran el expediente Nº 18.565 Desafectación de un terreno propiedad de la Municipalidad de Barva de Heredia y autorización para que lo done a la Asociación Administrativa del Acueducto de San Pedro y el expediente Nº 18.091 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica.
Instalación de comisiones
El Presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza Jiménez concluyó la instalación de las comisiones permanentes especiales con la elección de sus respectivos presidentes y secretarios.
En la Comisión Permanente Especial de Nombramientos se eligió como presidenta a la diputada liberacionista Carolina Delgado Ramírez y como secretario al jefe de fracción del PUSC Rodolfo Sotomayor Aguilar.
El también liberacionista Oscar Alfaro Zamora fue nombrado como presidente de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en la secretaria fue designada su compañera de fracción Ileana Brenes Jiménez.
Finalmente la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad designó al diputado liberacionista Luis Gerardo Villanueva Monge en la presidencia mientras que la secretaría la obtuvo el congresista de Acción Ciudadana Manrique Oviedo Guzmán.
Además el Plenario Legislativo conoció la comunicación de la Corte Suprema de Justicia informando de la decisión de la Presidenta de la Sala Cuarta Ana Virginia Calzada Quesada de acogerse a la jubilación.
La comunicación fue remitida por un plazo de 22 días a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos para que se inicie el trámite de la elección de un nuevo magistrado.
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