Vera V. Solano Salazar, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Asamblea Legislativa
20 de junio del 2013
Profesionalizar los cuerpos policiales con que cuenta el país es el objetivo primordial del expediente 18751 Ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, al cual el Ministro de Seguridad, Mario Zamora pidió su aprobación ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
En una sesión de trabajo el jerarca manifestó a los legisladores la necesidad de modernizar la estructura policial existente, permitiendo resolver los problemas que aseguró sufre el principal cuerpo policial como es la fuerza pública con más de 14 mil efectivos.
La propuesta plantea varias reformas entre ellas la institucionalización de órganos que operan en la actualidad de hecho como es el Consejo Superior de Oficiales que facilitará la toma de decisiones aseguró Zamora.
El proyecto permite la designación de agregados policiales nombrados por el Consejo Superior de Oficiales que serán funcionarios de alto perfil y amplia experiencia y solvencia moral que representarán al país en naciones como Nicaragua, Panamá, México y Colombia entre otros.
Además crea el Tribunal de Conducta Policial que resolverá los asuntos relacionados con la materia disciplinaria policial y en los casos en que la sanción a imponer sea el despido, elevará las diligencias al Poder Ejecutivo para la emisión del respectivo acuerdo.
El Ministro dijo que esto permitirá una mayor rigurosidad a la hora de supervisar a los oficiales policiales para ser más exigentes en los procesos de indagación.
Una de las novedades de la propuesta es que se propone el cambio de nomenclatura de la Fuerza Pública, pues aseguró el ministro Zamora, el nombre actual refiere a la integración de las fuerzas armadas lo que a nivel internacional da una idea equivocada de lo que tiene el país por lo que se propone el de policía civil.
Otro de los cambios que se introduce explicó Zamora, es la creación de un programa que permite que los recursos sobrantes de cada año se destinen a un fideicomiso operativo a cargo de un banco público para destinarlos a financiar proyectos a largo plazo.
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